Este lunes 29 de enero se realizó una nueva audiencia por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte de las organizaciones nacionales representantes indígenas andinos y amazónicos en contra de la Ley 30230. Esta fue parte del Paquetazo ambiental dado entre os los años 2013 – 2014 en el gobierno de Ollanta Humala para debilitar la institucionalidad ambiental y favorecer la ocupación de predios para proyectos de inversión, sin tomar en cuenta la superposición en territorios de comunidades campesinas y nativas, sin aplicar la Consulta Previa.

El Magistrado Augusto Ferrero Costa escuchó a los representantes de las comunidades, quienes dieron a conocer cómo afecta dicha Ley sus tierras, territorios y la desprotección ambiental que se ha generado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada con el amparo de más de 10 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, recolectadas por organizaciones del Pacto de Unidad de los pueblos indígenas, y contó con el respaldo de organizaciones civiles que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del cual forma parte Red Muqui.

En la audiencia la representante de ONAMIAP, Ketty Marcelo, afirmó: “La Ley 30230 vulnera nuestros territorios. Para nosotros nuestro territorio significa la vida misma, eso es lo que queremos que entienda el Tribunal Constitucional”.

Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA) aseguró que “se busca expropiar a las comunidades en beneficio de las empresas. Dejemos claro que nadie está en contra del desarrollo, lo que queremos es que el Estado consulte a los pueblos antes de tomar decisiones sobre sus tierras”.

Los abogados Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC), y Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del ambiente y Desarrollo Sostenible sustentaron ante el Magistrado del TC la acción de inconstitucionalidad.  “Estamos cuestionando el artículo 19 de la Ley 30230 porque le retira a OEFA la competencia de multar, eso ya ha sido incluso cuestionado dentro del mismo Congreso. La propia presidenta de OEFA ha dicho que esto atenta contra el derecho a fiscalizar adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Cuninico, no se multó y eso generó impunidad. Otro aspecto que cuestionamos de esta norma es que impide crear zonas reservadas y esto amenaza el derecho a un ambiente sano y saludable” afirmó Henry Carhuatocto.

 “Esta Ley nace para generar inversión, buscando para ello flexibilizar procedimientos administrativos. Asimismo, esta norma ha venido debilitando el marco de derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, aseguró Luis Hallazi, abogado del IBC. Agregó, también, que esta Ley debió pasar por Consulta Previa porque afecta derechos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, no se realizó este proceso. “Esto es una muestra más del carácter inconstitucional de esta Ley”, indicó.

“En el caso de territorio de las comunidades, el 40% no están tituladas, se está fomentado otorgar derechos sobre tierras no tituladas”, concluyó Hallazi.

¿Qué esperan las comunidades del veredicto del Tribunal Constitucional?

“Seguimos  en este proceso porque nos motiva la defensa del derecho de la consulta previa y el amparo del convenio 169. La defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestros pueblos es fundamental, y la Ley 30230 busca fomentar la inversión sin pasar por el proceso de consulta, eso nos vulnera” comentó el dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Jorge Prado.  

“Me quedé con la sensación de que los procuradores no entienden lo que implica la consulta Previa. Nuestros territorios se van a ver afectados y nosotros estamos defendiéndolos”, opina Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP , también, afirmó que es un hito que el Tribunal Constitucional haya escuchado a los representantes de las comunidades y  espera que la decisión sea en salvaguarda de los derechos de las poblaciones originarias.

Culminó la semana de actividades de Papa Francisco en el Perú, y sus palabras dejan una estela de temas pendientes de tratar en nuestro país.

Desde RED MUQUI queremos rescatar los temas de respeto a nuestros pueblos originarios, minería legal e ilegal y corrupción, entre los muchos que nos ha planteado Su Santidad.

Es lamentable que haya tenido que venir una figura emblemática de la Iglesia Católica, para que recién nuestras autoridades, grupos de poder económico y periodistas, consideren estos temas como parte de nuestra agenda nacional. Muchas veces cuando se habla de ellos, han tildado a quienes los proponen como quienes están contra el desarrollo, contra las inversiones o incluso de ser terroristas, con la grave connotación que tiene ello en nuestro país. Evidentemente se ha buscado desprestigiar éstas propuestas y demandas, porque son incomodas para el gobierno y los intereses económicos. Pero, ésta vez no se han atrevido a decirle lo mismo al Papa, al contrario, como él los plantea ahora, si son temas de agenda pues.

Pero lo importante ahora es que efectivamente se aborden éstos temas y se incorporen en la agenda nacional, en la discusión sobre el futuro del Perú y el modelo de “desarrollo” económico que hoy nos rige, y no sólo quede como un mensaje y anécdota de la semana en que Papa Francisco nos visitó.

El problema es que la duda queda de que tanto habrá calado el mensaje del Papa en nuestras autoridades, cuando sólo un día después que Papa Francisco dejara nuestro país, luego de su mensaje a los pueblos indígenas y originarios en Puerto Maldonado, el Congreso de la Republica promulga la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción en zonas de frontera en Ucayali, en los territorios de comunidades nativas, sin consultarles previamente ni considerar el llamado que hiciera Yesica Patiachi Tayor representante del pueblo Harakbut, quien delante del Papa Francisco, y con el Presidente Kuczynski en primera fila, le pidió “que nos defienda”. “Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. Si logran quitarnos nuestro territorio, podemos desaparecer”, les dijo. Ojala todo no quede en anécdota y el buen recuerdo.

El gobierno del Presidente Kuczynski, presionado por los intereses económicos, en lugar de priorizar la eliminación de garantías para las tierras de las comunidades como ha hecho con el Decreto Legislativo 1333, y antes con las leyes 30230 y 30327, debe abordar con prioridad la problemática de los pueblos indígenas u originarios, eliminando los riesgos que sufren sus tierras más bien, facilitando la aplicación de la consulta previa antes de imponerles un supuesto “desarrollo”.

Como ha dicho Papa Francisco en Puerto Maldonado “No son un modelo de vida de antaño, son un modelo de vida que debemos recuperar “, refiriéndose a los modos de vida de nuestros pueblos indígenas y originarios, de quienes debemos aprender para cambiar nuestras perspectivas de vida frente al modelo de desarrollo actual, basado en “el neo extractivismo y la fuerte presión de intereses económicos”, como cito el Papa en su mensaje.

El tema de la minería informal es otro tema de importancia, por los graves impactos ambientales como la desaparición de bosques y de salud de las personas que genera con la contaminación, y sociales que deja como la trata de personas, que es el que especialmente ha denunciado Papa Francisco en Puerto Maldonado.

Pero es el gobierno que con sus decisiones facilita que no se formalice la minería informal. Sólo le interesa que lo haga por el aporte económico que puede brindar con los impuestos, pero con los decretos legislativos 1244, 1293, 1320 y 1336, facilita que las empresas mineras “formales”, mantengan el circulo vicioso de la minería informal, permitiendo que se mantengan operando en las concesiones de las que son titulares, y se elimine el delito penal con el solo hecho de presentar declaraciones juradas sobre los permisos para uso de tierras donde operan, y las medidas ambientales que van a tomar, sin considerar que no hay niveles de fiscalización adecuados a nivel regional. 

El tercer tema que nos plantea dar seguimiento Papa Francisco es el de la corrupción. En el sector minero se evidencia en las denominadas puertas giratorias. Ingresan funcionarios de empresas mineras al sector público minero, y aprueban estudios ambientales, sociales y de factibilidad, de grupos económicos en los que han prestado servicios, o luego son contratados por las empresas a las que les aprobaron dichos estudios. El sector público también, en algunos sectores, realiza estudios para empresas financiados por ellas.

Son temas de agenda que a los que es necesario dar seguimiento, en base a una premisa planteada por el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si: “Los seres humanos y la naturaleza no pueden estar al servicio del dinero”.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

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