RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Lima, 15 de agosto de 2019     

En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
  2. Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
  3. Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
  4. Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
  5. Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
  6. Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.

Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.    

Lima, 04 de julio de 2019

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