El día de ayer se difundieron varios videos donde se daba a conocer una supuesta compra de congresistas de parte del Bloque de Kenji Fujimori para beneficio del ejecutivo y con el fin de evitar la vacancia presidencial. En uno de los videos de habla sobre el amarre de corrupción y lo “rápido” que pueden salir los proyectos con la venia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este trato “preferencial” contrasta con el que se da a la comunidades o poblaciones cuando solicitan reuniones con el Ejecutivo para atención de emergencias como atención de salud por intoxicación o remediación de pasivos ambientales.

El congresista Bienvenido Ramírez afirma en uno de los videos: “En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, evidenciando de esta forma arreglos internos y acuerdos bajo la mesa para facilitar beneficios personales.

En contraste, en otras situaciones, los ministerios han dado largas a procesos de diálogo, atención en salud, etc. El caso de los afectados por metales tóxicos es un ejemplo. Ante la indiferencia de las autoridades, familias del distrito más afectado por la minería en Cerro de Pasco se encadenaron en las rejas del Ministerio de Salud. Desde el 2012, que se declaró Emergencia ambiental, se venía exigiendo la atención primaria y especializada de las personas, especialmente niños, afectados por metales tóxicos, una clínica de desintoxicación, entre otros, pero cinco años después no había mayores avances.

Otros afectados por metales tóxicos de Espinar, Chiriaco, Junín, San Mateo, Cuninico han solicitado reuniones con ministerios. El 28 de enero pasado estuvieron esperando 3 horas afuera de la oficina del ministro Salinas para poder agendar una reunión, que luego fue reprogramada. Ante esta indiferencia del Estado,  el ingeniero economista y especialista en conflictos sociales, Juan Aste Daffos señala que “al gobierno no le importa lo que digan las comunidades, va querer llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, afimó.

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