En RED MUQUI acompañamos desde el año 2009 a la población organizada del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa en la defensa de sus derechos frente a la imposición del proyecto minero Tía María, y no podemos estar ajenos, una vez más, a las decisiones que toma otro gobierno, ésta vez el del Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de favorecer la realización del citado proyecto.

Nos referimos a la resolución final del Consejo de Minería, instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente ha declarado improcedentes los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa , la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos, respecto de la Resolución N° 0328 -2019-MINEM-DGM/V de la Dirección General de Minería que aprobó el otorgamiento de la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María.

Reiteramos que el proyecto minero, como lo han previsto especialistas nacionales e internacionales, es un grave riesgo para el Valle de Tambo por el probado impacto que la explotación de los dos tajos abiertos, La Tapada y Tía María, generaría en las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; en las actividades económicas agrícolas y agroindustriales del valle; en el empleo a nivel macro regional; y por consiguiente en la salud y medios de vida de las poblaciones del Valle de Tambo y la provincia de Islay.

Lamentamos que no se hayan considerado hasta ahora los antecedentes de 12 infracciones cometidas por la empresa minera Southern Perú en Moquegua por impactos ambientales generados en Ilo, según el Ministerio Público; así como la carta que las poblaciones afectadas en México por el Grupo México, al que pertenece Southern, y que le hicieran llegar al Presidente Vizcarra, informando los graves impactos ambientales y sociales generados por la mencionada transnacional, en que resultaron personas fallecidas y heridas.

Es lamentable que los grupos de poder económico, en particular del sector minero, hayan nuevamente presionado al gobierno, aprovechando la coyuntura política y el impulso del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, para insistir en la realización del proyecto minero. Nuevamente, días después de presentada la “Agenda País 2.0” por la CONFIEP al Presidente Vizcarra, como ocurrió cuando se aprobó en julio la licencia de construcción en cuestión, luego de algunos días de ser presentada dicha agenda en su versión 1.0; es que finalmente se confirma la licencia.  

El gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de abordar el problema, dando una solución política y pacífica al conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Es su responsabilidad no haberla aprovechado, priorizando su relación con el empresariado y subestimando y atizando con ello la conflictividad, no sólo en Arequipa, sino en toda la macro región sur.

Consideramos que la anunciada intervención preventiva de OEFA en el caso de revisión del EIA del proyecto minero Tía María, si era tal pudo haberse realizado antes y no en éste momento de convulsión social; y en todo caso no va a generar un cambio en la realización o no del mismo, porque sólo podría propiciar una modificación de EIA como ha adelantado Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, pero en la lógica de realizarse el proyecto; que es con lo que no está de acuerdo la población del Valle de Tambo.

Luego de la resolución del Consejo de Minería, lo que si queda claro es que el proyecto minero legalmente ya puede iniciar sus operaciones, pues la exigencia de la “licencia social” tan insistida por el gobierno, no exige una aprobación en particular de la instancia competente; es sólo una exigencia “declarativa”. Es por este tema y otras medidas que el caso Tía María exige la necesidad de una nueva ley general de minería y la revisión de los marcos legales complementarios de los demás sectores involucrados.

El caso también nos plantea la necesidad de ampliar el debate por la protección de nuestras tierras agrícolas productivas a nivel nacional, que sólo ocupan el 6% del territorio nacional, y como en el caso de un Valle tan productivo como el de Tambo no tiene ningún nivel de protección que permita mantener los recursos necesarios para cubrir nuestra canasta familiar.  

Finalmente, el caso Tía María es uno de los primeros casos en que ya se ha aplicado la figura de los “activos críticos” con el puerto de Matarani, y con ello la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto social, lo que es un serio riesgo pues se desnaturaliza su función, y se pone en mayor riesgo a una población que ya sufre 10 años continuos de intervención policial y conflicto, con el gran impacto en la salud mental que ello genera en la población.

Pese a la decisión del Consejo de Minería, aún el gobierno del Presidente Vizcarra tiene en sus manos el logro de una salida política y pacífica, y así evitar un avivamiento del conflicto socio ambiental. Recordemos que en setiembre del 2009, en consulta popular realizada en la provincia de Islay, más del 90% de la población ya había decidido priorizar su actividad agrícola rechazando la actividad minera por el riesgo que ésta conlleva.

En medio de las protestas en el Valle de Tambo, que volvió a paralizar todas sus actividades desde el sábado 26; más de 15 organizaciones y movimientos de México hicieron llegar una carta a Vizcarra el lunes 28 de octubre a través de Red Muqui y uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo, que entregó la carta a Mesa de Partes de la presidencia de la República. A través de las redes sociales como Twitter, las organizaciones mexicanas también se dirigieron al presidente, haciendo pública la carta.

En días en que el Consejo de Minería debe definir la viabilidad de la construcción del proyecto Tía María operado por la Corporación Southern, del que el Grupo México es el accionista mayoritario; las organizaciones mexicanas exhortan al presidente Vizcarra a que no otorgue ninguna licencia a la empresa Southern debido al actuar “criminal” del Grupo México en su país. Dos ejemplos claros que señalan en la carta son:

  • “El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados”.
  • “En el 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”.

La carta finaliza expresando la solidaridad con el pueblo del valle de Tambo, “ante un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.

 

Descargar la carta completa à Carta en formato pdf 

 

 

Valle de Tambo articula fuerzas en Lima

 

Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, además de entregar la carta de las organizaciones mexicanas a la presidencia de la República, también participó de un Foro el viernes 25 en la universidad San Marcos, en el que hizo un balance de los 11 años de resistencia del valle frente a la imposición del proyecto minero Tía María.

 

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Asimismo, el sábado y domingo participó del 1er Encuentro Sindical Popular organizado por el Comité de Lucha Sindical y Popular, en el que articuló alianzas con organizaciones estudiantiles, sindicales y barriales, con el objetivo de impulsar acciones de solidaridad con la lucha del valle de Tambo.

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El lunes participó, también, del plantón organizado por el recién formado Comité de Solidaridad Sindical y Popular de Lima con el valle de Tambo, que se llevó a cabo desde las 6pm en plaza San Martín, en el que la Federación Textil, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (SITOBUR), entre otros sindicatos, y colectivos barriales y vecinos y vecinas de Lima mostraron su solidaridad con la lucha del pueblo de valle de Tambo y se comprometieron a continuar acciones de solidaridad con las comunidades que resisten a la imposición extractivista en sus territorios.

 

Martes 29 de octubre.

 

 

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