Se usa la fuerza policial contra población civil en zonas de conflicto socio ambientales y existen convenios que entre la policía nacional peruana y empresas mineras, así lo sustentaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. La Audiencia se realizó este lunes 1 de octubre en EE.UU. La Comisión Interamericana cuestionó estos convenios y fue enfática al señalar el conflicto de intereses en estas acciones.

Organizaciones como la Red Muqui, Derechos Humanos sin Fronteras, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); GRUFIDES presentaron información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso irregular de las fuerzas policiales en el Perú con el fin de proteger los intereses de empresas privadas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales.

En el documento de solicitud de la audiencia se afirma que “dicho patrón viene consolidándose en desmedro de los derechos fundamentales de personas y comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos de inversión”. Un ejemplo claro de ello, sería el uso de fuerzas policiales para desalojo de pobladores en Las Bambas, donde las organizaciones han reportado varios atropellos y violencia hacia poblaciones vulnerables.

Existen 23 convenios entre la policía y empresas extractivas, así lo reconoció el Procurador del Estado peruano, Carlos Reaño Balazero Afirmó a la Comisión Interamericana que se establece convenios con empresas mineras dentro de un marco normativo, respetando a los derechos humanos. También, aseveró que el Ministerio del Interior (MININTER) por resolución aprueba los convenios y que no hay relación de subrogación de los policías a las empresas, el pago se realiza al MININTER. “Esta actividad no limita cumplir con sus funciones a la policía”, aseguró. Sin embargo, las organizaciones sociales mostraron en su informe que la realidad es otra.

Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, declaró que en el Sur del Perú, en la zona del Corredor minero entre Cusco y Apurímac existe uso de la fuerza indebida. Así, hasta el día de hoy esta zona de encuentra en Estado de Emergencia, anulando derechos fundamentales como la libertad de reunión. También afirmó que existe una persecución sistemática hacia líderes sociales, dirigentes y organizaciones de derechos humanos en la zona.

Por su parte, el Comisionado de CIDH, Joel Hernández, aseveró que “no queda claro el contenido del convenio. En que consiste la obligación a cargo de la policía nacional, cuál es la retribución que recibe la policía nacional por brindar ese servicio”. Fue enfático al señalar que “en otros países hay asociaciones de derecho privado y no se entra en conflicto de tener que distraer a la policía nacional de sus tareas”. Aseguró que en la práctica, quien dirige es la empresa privada.

El representante del Estado peruano respondió que el objetivo del convenio es mejorar los servicios en la zona de influencia del proyecto minero, para preservar el orden interno, orden público y seguridad ciudadana y pidió disculpas por los fallecidos durante los conflictos sociales. Sin embargo, ratificó que el uso de la fuerza se hace dentro del marco constitucional.

En el informe presentado ante la Comisión, las organizaciones sustentaron la desnaturalización de la función constitucional y de la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y, el pago irregular de dinero por parte de empresas mineras a la Policía Nacional por servicios de seguridad privada, así como la ausencia de fiscalización y control, por parte del Ministerio Público, de los convenios firmados entre tales empresas y el Ministerio del Interior.

El caso del sur andino peruano (Regiones del Cusco y Apurímac), el informe presentando ante la Corte, demuestra el patrón en torno a los pagos irregulares que empresas mineras han realizado a la Policía Nacional del Perú. Así entre los años 2010 al 2014 la retribución económica de las que fueron beneficiarias las fuerzas policiales por parte de las empresas mineras Quechua, Las Bambas, Hudbay y Tintaya fluctúa entre montos muy semejantes; además se debe precisar que en el caso de la minera las Bambas y Hudbay la retribución económica se extendía a los oficiales superiores que se encontraban a cargo del convenio; entiéndase a éstos como los que firmaban el convenio o se les designaba alguna labor respecto al convenio sin que se encuentre en el destacamento minero

Los montos que los convenios contemplan pueden verse en el siguiente cuadro:

Minera Quechua Minera Las Bambas Minera Hudbay Minera Tintaya
Jefe de destacamento 100.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día
Efectivo policial 80.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día
Oficiales superiores supervisores del convenio o a cargo el convenio -- 110.00 soles por día 110.00 soles por día --

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de de Red Muqui, afirma que estos convenios y pagos irregulares que se dan entre la Policía y las empresas vulneran la Convención interamericana de Derechos Humanos, más allá de que en el Perú sean legales. Así nada garantiza la protección de  los derechos de  las personas en zonas de conflictos sociales. Comisionado de CIDH, Joel Hernández, finalmente, hizo mención que a pesar de que la policía actué en tiempo libre, como señaló el procurador se trata de agentes del estado que representan al país, y se sujetan a normas del país e internacionales.

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Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una "excepción". No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.  

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Foto: El Comercio

Monseñor Barreto, declarado Cardenal el pasado 28 de junio, impulsó la implementación de la Encíclica papal Laudato Sí en el Perú.

Pedro Barreto, un obispo que hizo la mayor parte de su trabajo en Huancayo y en la Amazonía, conocido por su compromiso social y ambiental. Fue declarado Cardenal el 28 de junio en el Vaticano por el Papa Francisco. Como se ha dado a conocer en los medios, Barreto tiene una trayectoria de defensa de la tierra y ha denunciado los problemas ambientales ocasionados por la minería en La Oroya. Fue, también, impulsor de la implementación de la encíclica Laudato Si en el Perú. Hay religiosos que como él no dudan en comprometerse con las luchas justas y acompañar a los más afectados.

Barreto participó en el proceso de la elaboración de la carta pastoral que fue publicada en enero del 2018 por los obispos del CELAM de Latinoamérica y que sienta las bases para la implementación de Laudato Sí en América Latina. Formó parte de DEJUSOL (Departamento de Justicia y Solidaridad - Consejo Episcopal Latinoamericano) entre el 2011-2015. El 19 de marzo del 2015 el CELAM, a través del DEJUSOL, participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese año, DEJUSOL denunció en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la constante violación de los derechos humanos de las poblaciones autóctonas de la Pan-Amazonía. advirtió que “los denominados conflictos socio-ambientales no solo han sido fuente de inestabilidad social en los países de la región, sino que también han vulnerado los derechos de las personas y se ha favorecido a la inversión privada en desmedro de estos, a lo que hay que sumar los casos de corrupción que esto acarrea”.

Lo que sigue es la desgravación de la intervención de Mons. Barreto ante la CIDH, donde da testimonio sobre la problemática del extractivismo en el país:

(...) "Nuestro propósito en esta audiencia es testimoniar la angustia y el sufrimiento de muchos hermanos y hermanas por las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética.

El papa Francisco afirma que, si bien "el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia". (EG 183)

Somos testigos cercanos de enfermedades graves que han sufrido y sufren las poblaciones campesinas e indígenas a causa de los humos tóxicos de la fundición de La Oroya en el Perú, por ejemplo, y la destrucción ambiental del aire, agua, suelos que afectan a toda la región. Ellos son una fuente destructiva del tejido social, de vulneración del derecho de las personas y de una creciente y angustiante conflictividad social.

A esto se añade la criminalización de la protesta y en ocasiones se da una inadecuada o excesiva respuesta estatal.

(…) dispongamos hacer instrumentos de paz y de responsabilidad compartida para ejercer nuestros deberes y servir al bien común de la sociedad con el respeto irrestricto de los derechos de las personas y los bienes de la creación."

Han pasado 3 años desde que el Cardenal Barreto dio este discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la situación no ha cambiado mucho para el Perú. Solo este año, la Defensoría del Pueblo informó que existen alrededor de 169 conflictos socio ambientales latentes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) señalan que regiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac figuran entre las más pobres, a pesar de tener como una de sus principales actividades la minería.

Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.

En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo que acompañó la reunión, LuisSamaniego Ríquez, comentó a Red Muqui que tras retirarse de la reunión el viceministro,Miguel Incháustegui, los asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paró en Morococha y en la carretera central.

Las familias afectadas llegaron hasta la puerta del MINEM alrededor de las 10 de la mañana con pancartas y exigiendo, además, que se cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental. En el comunicado que publicó la Municipalidad distrital Morococha se afirma que “la población ha venido sufriendo una serie de atropellos por parte del Estado y la empresa minera, exigimos el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y exhortamos el cumplimiento del canon respectivo”. Las familias esperaron 5 horas en la puerta del MINEM alguna respuesta de parte del ministro o sus representantes.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, comentó que con el reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco, “incluso se ha llegado a prohibir que otras empresas mineras les den trabajo a los pobladores”, afirmó.

Por su parte, Elvir Mayta, regidor del distrito de Morococha, aseveró que “el gobierno central no está cumpliendo con el proceso de reasentamiento de forma adecuada, no ha hecho respetar nuestros derechos". Agregó que exigen que no se le otorgue a la minera esas 34 hectáreas donde hay población porque es una decisión arbitraria de parte del Estado.

Rossy De la Rosa Rojas, del Frente amplio de defensa por los Intereses de Morococha, declaró que “la empresa ni el Estado han logrado solucionar la problemática en Morococha, hace un tiempo ancianos, niños, pobladores están sufriendo atropellos de parte de la empresa. Hay vigilancia sobre cada uno de nuestros actos”. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua contiene pasivos mineros de alto riesgo, las familias que aún permanecen en esa zona, aseguran que no tienen otro lugar donde vivir y no se les ha asegurado condiciones dignas de subsistencia.

Cabe señalar que cuando se emitió el decreto el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advirtió se estaba utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria.

Como lo anunciaron semanas atrás, los ronderos de de Ayabaca, Huancabamba y la comunidad de Segunda y Cajas, marcharon por las calles de Piura el día de hoy. Los ronderos exigen que no se lleve a cabo minería en los páramos, porque desean preservar los ecosistemas y continuar su modelo de desarrollo en base a la agricultura.Se demanda al Estado que se otorgue carácter vinculante la consulta vecina realizada en setiembre del 2007, donde la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. "La reapertura del "Proyecto Minero Río Blanco" vuelve a romper la estabilidad y la paz social alcanzada estos últimos años en la sierra de Piura, lo que nos obliga a movilizarnos para exigir al Estado peruano el respeto de la Consulta Vecinal, dice el comunicado del Colectivo por Ayabaca.

INFOGRAFIA PARAMOS2

El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que 

"El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación"

La vida no vale un cobre es el primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera en el sur de Perú. La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por esta actividad.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, otros- forman parte del documental transmedia La vida no vale un cobre. Su formato permite al espectador conocer de cerca los conflictos que genera la mina en la provincia de Espinar, Cusco, donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore, que viene extrayendo de esta provincia más de 160 mil toneladas de concentrado de cobre al año para ser llevados hasta China.

Espinar cumple este año 36 años de explotación de minerales, sin embargo las cifras de pobreza no se han revertido en la zona.

El documental cuya producción duró año y medio, da un principal protagonismo a las mujeres en sus diversas piezas, como el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida,video arte Otros tiempos y el teaser del largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

Corto animado La Vida no vale un cobre:https://bit.ly/2H17MHm

La segunda pieza de La vida no vale un cobre es el teaser del largometraje Melchora, que se estrenará en noviembre de este año, cuyo personaje principal es una dirigente social de Alto Huancané (Espinar), Melchora Surco, quien a raíz de los resultados de estudios oficiales del Censopas (Minsa) inicia su lucha, recorrerá todas las instituciones nacionales e internacionales denunciando que toda su comunidad consume agua contaminada por la actividad minera. El teaser relata cómo su vida y la de sus vecinos ha cambiado desde que ingresó el gigante de cobre que prometía prosperidad a su localidad. Ella tiene más de 10 metales en su cuerpo, los habitantes de su comunidad también están enfermos, Melchora suplica al Estado nacional, local y regional que sean atendidos con salud especializada y con acceso al agua.

Teaser Melchora: https://bit.ly/2GZEIjG

La directora del documental Magali Zevallos señala que el objetivo del proyecto es visibilizar la alarmante contaminación ambiental que hay en Espinar y el daño irreversible en la salud de su población. Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña han demostrado que cerca a 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) tienen metales pesados tóxicos en su organismo y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados. Asimismo desde el 2012, el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos -instaladas hace seis años a raíz del conflicto social- que se identificarían las causas de la contaminación en la zona, han pasado seis años y no hay respuesta del Estado.

“Desde hace 16 años se alerta de la contaminación en la zona mediante monitoreos ambientales. Desde hace ocho años el Estado ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto. Estamos frente a un Estado indolente, que no está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente”, señala Zevallos.

Añade que hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar. “Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo, tras el conflicto de Espinar, se ha comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la ciudadanía en la zona. Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta  alarmante situación”.

El documental recoge a través de sus infografías animadas cifras y data oficial sobre temas sociales, pues según el Censo del 2007 del INEI, el 64.7% de la población de la provincia de Espinar es pobre, el distrito de Espinar: 56.3%. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

En 2007 la desnutrición crónica afectaba al 42,1% y el 2009 al 47,1% de los niños menores de cinco años de la provincia, lo que significaba que hubo 2,916 y 3,567 niños con desnutrición crónica entre 2007 y 2009.  Según la Micro Red Yauri (2014) de las 764 mujeres evaluadas, 445 presentaban anemia entre leve (231), moderada (213) y severa.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones,  el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos. Proyecto que tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, Cuba.

 

Se puede revisar el documental AQUI:  http://lavidanovaleuncobre.com/

Derechos Humanos Sin Fronteras informa

Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

 

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

 

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

 

 

El Grupo Perú, Ambiente y Clima, plataforma de la que forma parte RED MUQUI, junto a otras instituciones de la sociedad civil que velan por la protección del ambiente, enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra. En la misiva saludan la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climática por unanimidad en el Congreso de la República y solicitan que el Ejecutivo la apruebe a brevedad posible.

"Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser el primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las politicas públicas en adaptacion y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenes u originarios", señala la carta.


El Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgar leyes aprobadas por el Congreso. El Plazo de la Ley Marco de Cambio Climático se cumple este 24 de abril. La carta enviada al presidente ha sido respaldada por 150 instituciones y organizaciones sociales, activistas, iglesias, ONGs preocupadas por que se tomen desiciones estatales en favor del bienestar social y del ambiente.

Carta Abierta al presidente de la República/ Grupo Ambiente y Clima by prensamuqui on Scribd

Se prometió un nuevo Gabinete. El presidente Martín Vizcarra presentó a sus ministros de Estado el lunes 2 de abril. Tres de ellos estan vinculados a empresas mineras, ello abre la pregunta sobre cómo dialogará el gobierno con poblaciones afectadas por la minería o con comunidades que no desean proyectos mineros en sus territorios como es el caso del Valle del Tambo en Arequipa o Ayabaca y Huancabamba en Piura.

En el perfil de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Producción figuran contratos y trabajos asociados a empresas mineras que han tenido cuestionamientos por su comportamiento con las poblaciones. La cartera de Energía y Minas quedó en manos de Francisco Ísmodes, quien fue gerente de la empresa minera Milpo.

Cabe recordar que Milpo figura en el ranking de empresas con multas ambientales por afectación al medio ambiente con más de 300 mil dólares. La empresa ha sido señala por pobladores de Cerro de Pasco como la causante de contaminación de aguas. Incluso, una familia de Pasco, Hernan Pahuará e Hilda Monago llegó a Lima hace un mes para denunciar que sus hijas padecían intoxicación por metales pesados. Afirmaron que la contaminación que llega a su hogar era causada por la empresa Milpo.

La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien también es abogada, fue gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American Quellaveco.

Finalmente, el ministro de Producción, Daniel Córdova estuvo al frente de la empresa Invertir, que realiza servicios de responsabilidad social para empresas mineras como Southern Copper, Volcan y Minsur, como figura en su página web. En información difundida por el portal La Mula en el 2015, se afirma que Córdova condecoró al presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, en una ceremonia donde se le nombró como “Hombre de cobre del año”.

En la página web de Invertir se destaca que la empresa que dirigía el ministro gestionó la Audiencia pública en el caso de la ampliación del Proyecto minero Toquepala en el 2014.

“Logramos llevar a cabo una audiencia pública exitosa, donde se presentó el EIA del Proyecto Minero- Ampliación de Toquepala. Gracias a un trabajo constante de relacionamiento, comunicación y mesas de diálogo se obtuvo la “Licencia Social” de la ciudadanía involucrada con el proyecto”, se señala.

Sin embargo, en información difundida por La República en la época se menciona, que, en principio, la audiencia pública dividió a las autoridades de la región. Durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, un grupo de personas protestaron en los exteriores del local y la empresa colocó resguardo policial para que no ingresen.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, afirmó que “Preocupa los vínculos de los ministros con empresas mineras, ¿cómo va hacer el gobierno para remediar pasivos ambientales? ¿Va exigir a las empresas mineras como Volcan y Southern que se hagan cargo de los problemas ambientales que han ocasionado?”.

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