Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con los comuneros de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria. 

Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con la población de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la posición de la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria. 

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente

n el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro "la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal". En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.  

Finalmente, los ronderos aseveran: "Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

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Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.  

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: "Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana"

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

 

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

El Papa verde

Feb 18, 2018

“La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”. Estas palabras, recogidas de la encíclica Laudato Si y no de El Capital de Carlos Marx, fueron escritas y suscritas por el papa Francisco. Y por si no había quedado clara la idea, más adelante sostiene de forma rotunda y concluyente: “el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral ni la inclusión social” (p.86).

Jorge Mario Bergoglio, publicó tres documentos apenas subió al poder como pontífice de El Vaticano: el primero fue la encíclica Lumen Fidei; después la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y el tercero, en honor a San Francisco de Asís, lo tituló con el epíteto que el santo inicia su famoso Canto de las criaturas: “Alabado sea” (Laudato si). Se trata de un cuestionamiento profundo al consumismo, al crecimiento a toda costa, a la acumulación capitalista, al acopio de datos informativos que no se llega a convertir en conocimiento, y durante todo el texto insiste permanentemente que en la tierra todo está interconectado; que no es posible hablar de una propuesta ecológica sin parar el consumismo tecnológico, sin replantear profundamente la necesidad de crecimiento (niega la teoría del crecimiento ilimitado) y sin vincularlo a una propuesta social.

En la encíclica hay una crítica al antropocentrismo —lamentablemente no al androcentrismo ni al patriarcado— y a la visión del ser humano de percibirse como “domine” de la naturaleza. Para el papa Francisco, los seres humanos estamos en el mismo rango que el resto de seres, con la diferencia de que somos responsables. Por eso mismo, esta encíclica cuestiona la extracción de bienes considerándolos “recursos” sin mediar otra lógica que la del enriquecimiento; e incluso va más allá, cuando también cuestiona que la tecnología de la biología —en cuanto a mejoramiento de semillas o investigaciones médicas— sea dependiente de la comercialización y, por lo tanto, lucro de unos cuantos.

Por eso, la encíclica propone “la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural […] recuperando los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano” (p.90). Precisamente considera que aquella forma de vida opuesta al consumismo, que hoy ha devenido en una contracultura, es una resistencia que debemos tomar en consideración para recuperar lo esencial del ser humano: “la apertura a un ‘tú’ capaz de conocer, amar y dialogar [que] sigue siendo la nobleza de la persona humana” (p.93).

En esta visita tan esperada del Papa Francisco yo desearía que, junto con su defensa del medio ambiente contra el extractivismo, y el amparo a los defensores del medio ambiente asesinados en distintas circunstancias —desde los cinco de Conga hasta el último asesinado en Chaparrí— también pueda tener unas palabras para aquellos otros defensores y defensoras de los derechos humanos, que durante tantos años han luchado por justicia, verdad y memoria y que hoy, además de ser descalificados, olvidados y no escuchados, han sido pisoteados en sus derechos. Ojalá PPK y sus ministros no intenten tergiversar esta visita para seguir justificando su propuesta espuria de reconciliación

El Papa criticó la forma en como se está amenazando hoy en día, la existencia de las comunidades campesinas y nativas esta mañana en el “Encuentro con los Pueblos de la Amazonía” que se realizó en Puerto Maldonado, al que asistieron comunidades andinas y amazónicas del Perú y de Ecuador.

En el coliseo, como asistente en primera fila, estuvo presente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien también pudo escuchar los testimonios de los representantes de las comunidades quienes dieron a conocer sus sufrimientos por los impactos que generan las actividades extractivas minera y petrolera, planteando sus demandas y problemas con la esperanza que Papa Francisco pueda pronunciarse al respecto.

Los representantes de los pueblos originarios contaron la situación de vulnerabilidad que padecen. “Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos convertidos en aguas negras de la muerte”, refirió Yesica Patiachi Tayor representante del pueblo Harakbut.  “Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. Si logran quitarnos nuestro territorio, podemos desaparecer”, afirmó la representante Harakbut

Tras escucharlos, el Papa Francisco se refirió al extractivismo que está dañando a las comunidades.  “He querido venir a visitarlos y escucharlos. Reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, de la Tierra, defensa de la cultura”, comentó. “El neo extractivismo y la fuerte presión de intereses económicos” afectan a los pueblos originarios, afirmó. “Los grupos económicos negocian para acaparar las tierras y para los pueblos originarios los recursos naturales se vuelven inaccesibles”, dijo refiriéndose a la problemática por el territorio.

El Pontífice hizo referencia al dialogo intercultural, lo asume como necesario, “principalmente en grandes proyectos que afecten sus espacios”. Resalta el dialogo como el camino contra la exclusión y la discriminación. Hizo un llamado a que se den políticas en salud intercultural para atender a los pueblos originarios.

“Para algunos, ustedes son considerados un obstáculo, ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado que es cuidar la casa común”, acotó. “No son un modelo de vida de antaño, son un modelo de vida que debemos recuperar “, dijo en referencia a la preservación de costumbres y modelo de vida de los pueblos andino-amazónicos, que más que desechar y despreciar, debemos resaltar por su respeto a la naturaleza, por buscar el bien común y poner a la persona como centro.

Cabe recordar, que RED MUQUI y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, enviamos una carta al Papa Francisco por medio de la Nunciatura Apostólica el pasado 15 de diciembre, donde le dimos a conocer la problemática ambiental minera que viven las comunidades campesinas y nativas en el país, evidenciando las contradicciones del gobierno peruano que busca desregular en materia ambiental y eliminar las garantías de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, en favor de los intereses económicos, todo lo contrario al mensaje de Papa Francisco, que llama al respeto de la tierra de los pueblos originarios y de nuestra naturaleza.

"Solo durante el presente gobierno del señor Kuczynski, entre octubre 2016 y marzo 2017, el gobierno emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de su objetivo, estos cambios en los marcos normativos han propiciado un clima de conflictividad social en el país, porque la mayoría de estos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general", indicaba nuestra carta.

“Existe la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados”, suscribe Red Muqui.

La carta también da a conocer aspectos, recogidos hoy por el Santo Padre, sobre las alternativas al desarrollo que tienen las comunidades. “Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, agrega.

Esperamos que el mensaje de Papa Francisco hoy, haga reflexionar a nuestras autoridades y a los grupos de poder económico, que en realidad con la presión que ejercen son los que gobiernan el país, para que entiendan, como ha dicho el Papa Francisco en su momento a los movimientos populares que debemos decir “NO a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye”.

Desde RED MUQUI insistimos en el llamado de Papa Francisco por el respeto de las tierras de nuestros pueblos originarios, por la existencia de nuestras comunidades ancestrales, y por priorizar el cuidado del ambiente que nos rodea, pues todos somos parte de una misma naturaleza que nos integra. 

Las organizaciones que conforman Red Muqui, junto a la Red Latinoamericana Iglesias y Minería enviaron una carta al Papa Francisco que busca resaltar su llamado al cuidado de la Casa Común y dar a conocer las problemáticas ambientales y sociales que viven las comunidades campesinas a raíz de las decisiones políticas del gobierno peruano.  El Sumo Pontífice llegará a Lima este 18 de enero y recorrerá tres regiones: Lima, La Libertad y Madre de Dios. Se espera que en su mensaje se incluya su preocupación por el respeto a las comunidades campesinas y nativas, y la protección de nuestro planeta Tierra.

En la encíclica Laudato Sí, publicada en el 2014, que plasma la postura del papa Francisco contra el consumo y abuso de la naturaleza. Allí, el Papa habla sobre los problemas ambientales, afirma que la causa principal del calentamiento global es la propia acción del ser humano, y ante ello, es necesario cambios “profundos” en los estilos de vida, modelos de producción y consumo. Critica el consumo masivo de bienes y hace un llamado a no seguir desgastando el planeta.

Red Muqui resalta, en la misiva, que el gobierno peruano actúa de forma incoherente al mensaje papal en la encíclica Laudato Sí. De forma que “se establecen políticas medioambientales que son permisivas frente al daño ambiental y social”.

"Solo durante el presente gobierno del señor Kuczynski, entre octubre 2016 y marzo 2017, el gobierno emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de su objetivo, estos cambios en los marcos normativos han propiciado un clima de conflictividad social en el país, porque la mayoría de estos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general", se añade en la carta.

Red Muqui reitera la preocupación de la sociedad civil por la forma en que el gobierno ha actuado irresponsablemente con el medio ambiente al flexibilizar estándares de calidad ambiental para facilitar inversiones en desmedro de la vida y salud de las personas.

Se concluye en la carta: “Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensajes de su santidad Papa Francisco en el Perú, contribuyan a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera, es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del gobierno peruano”.

La misiva ya fue canalizada a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica en diciembre. Se le hará llegar al Papa Francisco a su llegada al Perú el18 de enero.

El 17 de enero Red Muqui realizará el foro “Papa Francisco te esperamos escuchar” en Trujillo (Centro Cultural del Banco de la Nación: Calle Orbegoso N° 652), donde se expondrán detalles de la carta y se presentarán testimonios de comunidades afectadas.

Por su parte, a nivel nacional el 20 del mismo mes, un colectivo de organizaciones, entre ellas Red Muqui, están organizando una Vigilia por la Tierra y nuestros derechos. La actividad principal será en Lima desde las 5 de la tarde en el frontis la Nunciatura Apostólica, cuadra uno de la Avenida Salaverry, donde descansará el Papa Francisco.

Lee la carta completa AQUI

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcciónFedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

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