Exigen política de salud especializada y se comprometen a realizar vigilancia ambiental

Llegaron de todas partes del Perú para hacerse escuchar. Afectados por metales pesados estuvieron en Lima reunidos para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y pasivos que afectan sus vidas. Representantes de casos emblemáticos como Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno conformarán una comisión para exigir una Política de salud integral y atención especializada al Estado peruano.

“El Gobierno lleva años de espalda a los que nos sucede”, comentó Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya. Ella afirma que la fundidora Doe Run sigue operando y emitiendo gases tóxicos al ambiente, aunque el gobierno se ha empeñado en negar que está operando. En el último informe de salud presentado por RED MUQUI, se comprobó que los niños, a los que se les tomó pruebas de sangre, tenían hasta 4 tipos de metales con diferentes grados de afectación. Se les encontró, por ejemplo, arsénico, un cancerígeno, sobre el que la Organización Mundial de la Salud ha dado alerta.

En Pasco, el panorama sigue siendo desolador. Los pasivos ambientales continúan a la espera del presupuesto asignado por el Estado para su remediación, como afirmó el regidor de la Municipalidad de Simón Bolívar, Jaime Silva. Mientras tanto, “tenemos niños con casos de cáncer, leucemia que no son atendidos” comentó Hugo Sosa, parte de la delegación de Cerro de Pasco.  Por eso “pedimos que el Estado priorice la atención en la salud integral, que esto sea asumido como una política y que nuestros niños sean tratados de forma urgente”, puntualizó.

Ismael Julon López de Bambamarca comentó que en dicha región de Cajamarca la minería ha proliferado al punto de que la tierra y el agua se han visto afectadas y ya no se puede cultivar, asimismo, la población está afectada por enfermedades y desnutrición. “Tampoco contamos con especialistas que se dediquen a tratar problemas de salud ambiental. Necesitamos profesionales que traten la afectación de por metales tóxicos en la población”, aseveró.

Agnita Saboya viene de Cuninico, distrito donde ha ocurrido un derrame de crudo en setiembre, ella contó que una persona había fallecido el día 28 de noviembre a consecuencia de intoxicación con petróleo. “Nosotros no tenemos ninguna atención del estado, vivimos olvidados del Estado. Antes teníamos pescado, yuca, plátano para comercializar, ahora ya no tenemos recursos”, declaró a RED MUQUI.

Genaro Aguilar es de San Mateo, una zona de la sierra de Lima donde proliferan pasivos mineros. Él declaró a la prensa que no se trata de oponerse a la minería sino de exigir un trabajo responsable por parte de las empresas. "No estamos en contra del progreso, queremos calidad de vida, salud para las poblaciones", señaló. 

En el acta que ha sido suscrita por los representantes de las regiones afectadas por metales tóxicos se resalta la necesidad de una Política integral de salud especializada y donde se cuenten con protocolos establecidos. Se solicita al Estado que dote de agua de calidad a las poblaciones para evitar que se sigan contaminando. Se pide, además, que se dé prioridad a la remediación de pasivos ambientales.

Por su parte, las dirigentes se comprometieron a realizar monitoreo y vigilancia ambiental para prevenir mayores desastres ambientales, así como, a fomentar la educación ambiental de las poblaciones.  Ellos consideran que las comunidades deben actuar como protectoras de la tierra, lagunas, ríos y fuentes de agua.

Puedes leer AQUÍ el acta de acuerdos

El encuentro de afectados por metales pesados fue promovido por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran RED MUQUI, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú.

En el marco de la Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país –desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre-, diversas organizaciones sociales vinculados al tema de derechos humanos, poblaciones indígenas, entre otros, vienen organizando una serie de actividades enfocadas a políticas de salud en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas.

 

Primer encuentro de afectados por metales pesados se realizará en Lima. Uno de los temas que se abordarán será sobre la necesidad de medidas urgentes que debe emprender desde el Estado peruano para que se desarrollen políticas públicas con enfoque de prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas. La Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país se desarrollará desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre.

 

El lunes 27 se realizará el conversatorio “Espinar sigue esperando: entre la desidia del Estado y la urgencia de una población que sufre la contaminación con metales pesados”. El miércoles 29 se desarrollará el Foro Público Internacional: “Lineamientos de política de salud pública para atender zonas contaminadas por metales pesados”, que se llevará a cabo en Auditorio del Colegio Médico del Perú, Miraflores a las 6pm. Los representantes y poblaciones de las zonas críticas afectadas solicitarán a diversas instituciones del Estado respuesta a sus demandas de atención especializada y prevención como una prioridad de la política pública en el sector salud en el país, sobre todo, en zonas que han sido declaradas en Emergencia Ambiental como el caso de Cerro de Pasco.

Pese a las evidencias de los graves impactos en la salud en varias zonas con presencia de actividades extractivas en el país, poco es lo que se ha hecho en materia de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones.  Lourdes Mendoza, madre de un niño afectado por contaminación con metales pesados en Pasco, afirma que su hijo padece de serios problemas. Su hijo Benjamín perdió la vista a causa de una enfermedad relacionada con la contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco. A raíz de ese problema, ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo, ahora el único ingreso del hogar está a cargo de su esposo y resulta insuficiente para la atención médica que necesita. “El gobierno nos ha dicho que pronto habrá una clínica de desintoxicación y que se atenderá a nuestros niños, pero luego no hemos tenido mayores noticias”, asegura.

 

 

El médico ambientalista Fernando Osores evaluó a 24 niños de Pasco y La Oroya para realizar un Informe de Atención de salud para Red Muqui.  Este concluye que existe un elevado riesgo de exposición e intoxicación crónica en seres humanos principalmente de plomo por inhalación de aire contaminado en la zona de las ciudades de La Oroya y de Cerro Pasco. Otros metales como el arsénico, mercurio y cadmio afectan gravemente la salud de las personas en la zona ya que se ingieren con agua contaminada. Ante esta situación el Ministerio de Salud aún no ha respondido.

El caso de Cerro de Pasco es solo uno de los casos que se abordarán en las actividades, donde participarán además personas afectadas por metales pesados de Espinar (Cusco), ,Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), Comunidades nativas del Río Chiriaco (Región Amazonas), de Puno y El Callao.

 

Estas actividades vienen siendo promovidas por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental conformada por CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú y Red MUQUI.

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.  

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

El Documental “Historias de Agua” se presentará este viernes 17 de noviembre en Huancayo, en el auditorio de Passdih Jr. Lima 415- Huancayo a las 4 PM. Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Dejando claras evidencias de los abusos y negligencias tanto del gobierno como de la empresa privada, y de los intereses personales que existen desde hace décadas por parte de grupos políticos mayoritarios dentro de nuestro actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

Red Muqui presentó informe y documental en el Congreso donde alerta sobre la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos mineros en Cerro de Pasco, La Oroya, y la Cuenca de San Mateo. El foro "Estudios en poblaciones afectados por metales pesados" fue coorganizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Centro Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar. Las organizaciones expusieron sobre la afectación a la salud de la concentración de metales y pasivos.

 

Un inmenso cráter y una chimenea humeante son la herencia y el símbolo de los que fueron dos de los motores económicos mineros más potentes del país.  Y en medio de este escenario cenizo, las arterias fluviales que nutren estas tierras se tiñeron de colores amarillentos y rojizos que, a través de sus aguas sinuosas, y del  hollín, contaminaron las aguas, aire y  vidas de las poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya, zonas relacionadas hidrográficamente con el río Mantaro, y la Cuenca de San Mateo, cabecera donde nace el río Rimac,

24 niños de Cerro de Pasco y La Oroya, a quienes se les realizó un dosaje, están expuestos de manera crónica a arsénico, cadmio,  plomo, mercurio, superando todos los niveles permisibles por el Ministerio de Salud, es la conclusión del Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016, elaborado por la Red Muqui. "El arsénico y el cadmio son cancerígenos, tal y como reconoce  la Organización Mundial de la Salud, y el plomo y el mercurio son dos venenos que tienen una gran predilección por el sistema nervioso central, es decir, destruyen los nervios,  el cerebro, y producen anemia", sostiene Fernando Osores, doctor ambientalista autor del informe.

"Mi hijo Benjamín tiene un crecimiento anómalo de células retinales, un retinoblastoma, que ya le ha hecho perder un ojo. Además, sufre de diferentes enfermedades, como daño a la vesícula", afirma Lourdes Mendoza, habitante de Cerro de Pasco. "No existe ninguna solución hasta la fecha. Este no es un daño a personas aisladas, sino a una población integral y constituye un tema de salud pública. Los ministerios no están actuando desde una mirada de interrelación de salud y medio ambiente", afirma Javier Janhcke, secretario ejecutivo de  Red Muqui.

Exposición permanente de metales pesados y pasivos ambientales

El informe alerta del peligro de  los depósitos de relaves, que constituyen un foco de contaminación y afectación a la salud de las personas.  En Cerro de Pasco, se encuentran los depósitos de Quiulacocha con 115 hectáreas y 78 millones de toneladas de depósito, o del desmonte Excelsior con 94 hectáreas y 50 millones de toneladas de depósito. Por su parte, en la Oroya se encuentran los depósitos de trióxido de arsénico de Vado que contiene 115,000.00 toneladas.

 

La cuenca del Río Mantaro es de gran importancia para la economía del Perú: genera alrededor de 35% de la energía eléctrica, y la producción agrícola del valle provee de gran cantidad de alimentos a la capital. Sin embargo, el peligro de los relaves también está latente en Lima. El informe no solo alerta sobre el relave de Tamboraque- que contiene aproximadamente 690,000 toneladas métricas de residuos- sino también de otros ocho pasivos ambientales de los que poco se habla. Es el caso del relave Chinchán, el de Tablachaca, ubicado al margen del rio Rímac, que contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora Casapalca. También están los depósitos de relaves de Antuquito, Casapalca, y el de Yauliliaco que contiene 3.3 millones de toneladas métricas.

 

Historias de agua

En el marco del Foro "Estudios en poblaciones afectados por metales pesados" , se presentó el  documental "Historias de Agua", producido por Red Muqui, que  narra  los impactos dramáticos de la contaminación sobre las poblaciones objeto del informe. El largometraje recorre las aguas de los Andes y retrata las historias de ciudadanos que viven afectados por problemas de salud y por contaminación ambiental.

"Sólo se habla de los beneficios que trae la minería, y con este documental quisimos mostrar el otro lado de la historia. Queremos que se visibilice esta problemática ante la falta de empatía con esta población que busca justicia y salud", afirma Gabriela Delgado, productora del documental

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.


Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.


Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Piura, octubre de 2017.-  Con el fin de analizar los riesgos que representa para Piura el proyecto minero Río Blanco y los impactos ambientales y sociales que ya ha generado, así como visualizar las alternativas de desarrollo que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo, los bosques de neblina y las fuentes de agua, expertos locales y regionales se reunirán en la ciudad de Piura para discutir y buscar propuestas de desarrollo bajo un enfoque de las Transiciones, en un contexto de reconstrucción regional luego de los desastres naturales, dejados por el Fenómeno del Niño Costero, priorizando la prevención y la sostenibilidad.

Durante el taller Regional Norte “Alternativas al extractivismo en las regiones: ¿otros desarrollos posibles?”, que estará dirigido a líderes y lideresas de movimientos sociales y miembros de organizaciones de la sociedad civil; así como con autoridades de los gobiernos regionales y locales, se espera contribuir a la identificación de políticas públicas necesarias para Piura, a partir de sus potencialidades, con el fin de pasar gradualmente de un modelo extractivista a uno post extractivista; buscando alternativas para lograr un uso sostenible de los recursos, por parte de todos los agentes económicos y en todos los sectores.

Expertos como Martin Scurrah, de RedGe, debatirán también sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, como el Fenómeno del Niño Costero, que dejó enormes pérdidas económicas en la región, así como los conflictos sociales generados por esta actividad extractiva.

Foro Público. Pensar desde las regiones

Pensar en las alternativas al extractivismo desde las regiones ayuda a pensar en los cambios que requiere el país, en ese sentido, el debate se debe dar a nivel nacional para conocer qué es lo que las regiones quieren para el futuro de su población, considerando el cuidado de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza. En ese sentido, se realizará el 20 de octubre el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”. El ingreso es libre y se realizará en la Sala de Conferencias del Auditorio Central. Universidad Nacional de Piura. Campus Universitario s/n distrito de Castilla (espalda del Open Plaza).

Desde las regiones hay que construir esta visión, que aporte a una mirada más nacional, ahora que el crecimiento económico se ha estancado, es necesario buscar otras actividades que consideren el cuidado del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.

El taller es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Muqui, Red Regional Agua, Desarrollo, Democracia y 11.11.11, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional. 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.
  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  1. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos. 

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

juanaste

Por: Ing Juan Aste Daffós, consultor Red Muqui                        

El gobierno de PPK acaba de perpetrar un atentado criminal contra nuestras cuencas hídricas, los nevados, los bosques primarios y tierras de protección, las áreas naturales protegidas, los bofedales, las aguas subterráneas y los manantiales, es decir, contra el potencial agroalimentario, la biodiversidad, el turismo y a los hermanos de las comunidades y poblaciones locales de nuestro Perú, al aprobar la Resolución Ministerial 276 del Ministerio del Ambiente publicada el 03 de octubre 2017 en medio de la algarabía de la posibilidad de ir al mundial de fútbol.

Esta norma, que a todas luces, resulta inconstitucional ya que so pretexto de incluir nuevos proyectos de exploración minera, se incluyen, también, los lugares donde se puede hacer actividad minera, a efectos que para su realización en dichas zonas muy vulnerables, se presenten los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA). También, se ha incluido para que presenten el EIA a los proyectos de exploración minera que consideren túneles o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. 

Este hecho pinta de cuerpo entero la catadura de este gobierno de ppk al que no le importa qué pase con la disponibilidad de agua proveniente de nuestras cuencas, nevados andinos, aguas subterráneas ni con la rica biodiversidad de los bosques de la amazonía que son el futuro del Perú. Lo único que le interesa es ceder a la presión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio de los empresarios mineros (EEUU, China y Canadá, principalmente). Con los actuales precios, nuevamente altos, quieren asegurarse nuevas reservas y mayores ganancias. Por eso, estaban  aparentemente mortificados por una Ley inocua como es la Ley que le da un año de plazo a la Autoridad Nacional del Agua para que identifique, delimite y zonifique una cabecera de cuenca (Ley 30640), cuando en realidad lo que querían es la aprobación de esta Resolución Ministerial.

Es hora de establecer un impuesto a la sobreganancia minera, regular la expansión minera y proteger ambientalmente nuestros recursos estratégicos ordenando el territorio, justamente al revés de lo que ocurre ahora, donde la actividad minera ordena el territorio e influencia de manera determinante sobre los gobiernos y la vida, económica y social del país impidiendo la industrialización, razón por la que seguimos dependiendo completamente de las importaciones (Chinas y de EEUU, principalmente) que a su vez dependen de los ingresos por las exportaciones mineras (EEUU, China y Canadá, principalmente) que solo benefician a las empresas que extraen los minerales y a los países que los compran para luego vendernos sus productos manufacturados o industriales. Necesitamos abandonar la dependencia minera del modelo económico que aporta tributariamente muy poco, no genera empleo y nos está dejando sin recursos estratégicos por el impacto ambiental que genera, es decir, porque con ella estamos matando nuestro futuro.

Lima. 06 de octubre de 2017

ANEXO

SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 276-2017-MINAM

LA RM 276-2017-MINAM publicada el 03 de octubre del 2017 señala en sus principales considerandos que:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, modifi cada por la Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM;

Que, mediante Oficio N° 1310-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, a fi n de precisar los proyectos de inversión en materia de exploración minera que, por sus características, envergadura, tamaño e impactos ambientales que generarían, requieren contar con una Certifi cación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N° 1457-2017-MEM/DGAAM/ DGAM, el Ministerio de Energía y Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y comentarios recibidos en la prepublicación del proyecto normativo; Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en relación a las actividades de exploración minera que corresponde al Sector Minería, quedando redactado de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN DEL NUMERALES 3 Y 4 DE LA R.M. Nº 157-2011-MINAM

SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Minería Ministerio de Energía y Minas

 (…) 3. Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.

c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.

d) En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional.

e) En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera que consideren túneles de exploración o que se busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. (…)

SECTOR GOBIERNO REGIONAL

(…) 2. Proyectos de exploración minera de titulares de la pequeña minería y minería artesanal considerando sus componentes auxiliares y complementarios****.

 Nota (****): Para el ámbito de Lima Metropolitana se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional en tanto culmine el proceso de descentralización.

SECTOR GOBIERNO LOCAL

Ver Nota (******) al final del listado

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, adecuado a la normativa del SEIA, el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ambiental, aplicables a todas las actividades de exploración minera; así como, los procedimientos, plazos, participación ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe contar el titular del proyecto de exploración minera que no está sujeto al SEIA.

Representantes de comunidades campesinas de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa de la región Piura  expusieron hoy su desacuerdo frente al proyecto minero Río Blanco ante la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.  “Son casi 15 años de conflicto en la región, nosotros ya nos hemos dado a conocer nuestra postura: Río Blanco no va” afirmó Benito Guarnizo García, ex presidente de la comunidad Segunda y Cajas, de Huancamba. 

Hace poco apareció un supuesto padrón de firmas a favor del proyecto, los dirigentes aseguran que muchas de ellas son falsas. “Los páramos son zonas de agricultura, nosotros cultivamos café, cacao, producimos panela, vivimos de la agricultura y no queremos minería en esta zona”, dijo Aninio Moreto Riofrío, representante de las comunidades campesinas de Pacaipampa.  Lo comuneros aseguran que la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation cuenta con una oficina en la zona de Ayabaca y pretende continuar con sus actividades, así como convencer a la población de cambiar de opinión.

Los comuneros que llegaron a Lima para dar a conocer la problemática de su región exigieron al gobierno que se respete el proceso la consulta vecinal realizado el 2007 y se aplique el derecho a la Consulta previa. “Las comunidades dijeron no a la minería en los páramos”, acotó Magdiel Carrión Pintado, presidente del Frentre por Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.  Cabe recordar, que la zona en mención es un espacio de gran biodiversidad biológica con páramos y bosques de neblina, donde se encuentran las nacientes de los principales ríos de Piura y la población vive de la agricultura y ganadería. Casi el 80% de la zona de páramos está concesionado a inversiones mineras.

Al respecto, la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín, respondió que el Proyecto minero Rio Blanco aún se encuentra en exploración y por lo tanto, se harán los estudios necesarios. “Está en una fase muy incipiente de exploración,  no debería haber mayor preocupación”, expresó.

Los representantes de las comunidades, acompañados por el congresista Hernando Cevallos realizaron una conferencia de prensa en el hemiciclo del Congreso. El legislador señaló que apoya la decisión de las comunidades campesinas de la sierra de Piura en su posición de no permitir el ingreso a sus tierras de la minera china, que tiene antecedentes de violación a los derechos humanos como el secuestro y tortura de comuneros, hechos que están siendo investigados y por los cuales, la empresa pagó indemnizaciones a los afectados.

El presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jiménez Carrión, anunció una movilización para el 21 de noviembre en Piura. Las rondas campesinas se manifestaron en contra del Proyecto minero, comentó. "Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura", afirmó

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