Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.

En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo que acompañó la reunión, LuisSamaniego Ríquez, comentó a Red Muqui que tras retirarse de la reunión el viceministro,Miguel Incháustegui, los asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paró en Morococha y en la carretera central.

Las familias afectadas llegaron hasta la puerta del MINEM alrededor de las 10 de la mañana con pancartas y exigiendo, además, que se cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental. En el comunicado que publicó la Municipalidad distrital Morococha se afirma que “la población ha venido sufriendo una serie de atropellos por parte del Estado y la empresa minera, exigimos el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y exhortamos el cumplimiento del canon respectivo”. Las familias esperaron 5 horas en la puerta del MINEM alguna respuesta de parte del ministro o sus representantes.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, comentó que con el reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco, “incluso se ha llegado a prohibir que otras empresas mineras les den trabajo a los pobladores”, afirmó.

Por su parte, Elvir Mayta, regidor del distrito de Morococha, aseveró que “el gobierno central no está cumpliendo con el proceso de reasentamiento de forma adecuada, no ha hecho respetar nuestros derechos". Agregó que exigen que no se le otorgue a la minera esas 34 hectáreas donde hay población porque es una decisión arbitraria de parte del Estado.

Rossy De la Rosa Rojas, del Frente amplio de defensa por los Intereses de Morococha, declaró que “la empresa ni el Estado han logrado solucionar la problemática en Morococha, hace un tiempo ancianos, niños, pobladores están sufriendo atropellos de parte de la empresa. Hay vigilancia sobre cada uno de nuestros actos”. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua contiene pasivos mineros de alto riesgo, las familias que aún permanecen en esa zona, aseguran que no tienen otro lugar donde vivir y no se les ha asegurado condiciones dignas de subsistencia.

Cabe señalar que cuando se emitió el decreto el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advirtió se estaba utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria.

Como lo anunciaron semanas atrás, los ronderos de de Ayabaca, Huancabamba y la comunidad de Segunda y Cajas, marcharon por las calles de Piura el día de hoy. Los ronderos exigen que no se lleve a cabo minería en los páramos, porque desean preservar los ecosistemas y continuar su modelo de desarrollo en base a la agricultura.Se demanda al Estado que se otorgue carácter vinculante la consulta vecina realizada en setiembre del 2007, donde la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. "La reapertura del "Proyecto Minero Río Blanco" vuelve a romper la estabilidad y la paz social alcanzada estos últimos años en la sierra de Piura, lo que nos obliga a movilizarnos para exigir al Estado peruano el respeto de la Consulta Vecinal, dice el comunicado del Colectivo por Ayabaca.

INFOGRAFIA PARAMOS2

El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que 

"El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación"

La vida no vale un cobre es el primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera en el sur de Perú. La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por esta actividad.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, otros- forman parte del documental transmedia La vida no vale un cobre. Su formato permite al espectador conocer de cerca los conflictos que genera la mina en la provincia de Espinar, Cusco, donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore, que viene extrayendo de esta provincia más de 160 mil toneladas de concentrado de cobre al año para ser llevados hasta China.

Espinar cumple este año 36 años de explotación de minerales, sin embargo las cifras de pobreza no se han revertido en la zona.

El documental cuya producción duró año y medio, da un principal protagonismo a las mujeres en sus diversas piezas, como el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida,video arte Otros tiempos y el teaser del largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

Corto animado La Vida no vale un cobre:https://bit.ly/2H17MHm

La segunda pieza de La vida no vale un cobre es el teaser del largometraje Melchora, que se estrenará en noviembre de este año, cuyo personaje principal es una dirigente social de Alto Huancané (Espinar), Melchora Surco, quien a raíz de los resultados de estudios oficiales del Censopas (Minsa) inicia su lucha, recorrerá todas las instituciones nacionales e internacionales denunciando que toda su comunidad consume agua contaminada por la actividad minera. El teaser relata cómo su vida y la de sus vecinos ha cambiado desde que ingresó el gigante de cobre que prometía prosperidad a su localidad. Ella tiene más de 10 metales en su cuerpo, los habitantes de su comunidad también están enfermos, Melchora suplica al Estado nacional, local y regional que sean atendidos con salud especializada y con acceso al agua.

Teaser Melchora: https://bit.ly/2GZEIjG

La directora del documental Magali Zevallos señala que el objetivo del proyecto es visibilizar la alarmante contaminación ambiental que hay en Espinar y el daño irreversible en la salud de su población. Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña han demostrado que cerca a 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) tienen metales pesados tóxicos en su organismo y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados. Asimismo desde el 2012, el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos -instaladas hace seis años a raíz del conflicto social- que se identificarían las causas de la contaminación en la zona, han pasado seis años y no hay respuesta del Estado.

“Desde hace 16 años se alerta de la contaminación en la zona mediante monitoreos ambientales. Desde hace ocho años el Estado ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto. Estamos frente a un Estado indolente, que no está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente”, señala Zevallos.

Añade que hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar. “Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo, tras el conflicto de Espinar, se ha comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la ciudadanía en la zona. Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta  alarmante situación”.

El documental recoge a través de sus infografías animadas cifras y data oficial sobre temas sociales, pues según el Censo del 2007 del INEI, el 64.7% de la población de la provincia de Espinar es pobre, el distrito de Espinar: 56.3%. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

En 2007 la desnutrición crónica afectaba al 42,1% y el 2009 al 47,1% de los niños menores de cinco años de la provincia, lo que significaba que hubo 2,916 y 3,567 niños con desnutrición crónica entre 2007 y 2009.  Según la Micro Red Yauri (2014) de las 764 mujeres evaluadas, 445 presentaban anemia entre leve (231), moderada (213) y severa.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones,  el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos. Proyecto que tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, Cuba.

 

Se puede revisar el documental AQUI:  http://lavidanovaleuncobre.com/

Derechos Humanos Sin Fronteras informa

Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

 

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

 

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

 

 

El Grupo Perú, Ambiente y Clima, plataforma de la que forma parte RED MUQUI, junto a otras instituciones de la sociedad civil que velan por la protección del ambiente, enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra. En la misiva saludan la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climática por unanimidad en el Congreso de la República y solicitan que el Ejecutivo la apruebe a brevedad posible.

"Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser el primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las politicas públicas en adaptacion y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenes u originarios", señala la carta.


El Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgar leyes aprobadas por el Congreso. El Plazo de la Ley Marco de Cambio Climático se cumple este 24 de abril. La carta enviada al presidente ha sido respaldada por 150 instituciones y organizaciones sociales, activistas, iglesias, ONGs preocupadas por que se tomen desiciones estatales en favor del bienestar social y del ambiente.

Carta Abierta al presidente de la República/ Grupo Ambiente y Clima by prensamuqui on Scribd

Se prometió un nuevo Gabinete. El presidente Martín Vizcarra presentó a sus ministros de Estado el lunes 2 de abril. Tres de ellos estan vinculados a empresas mineras, ello abre la pregunta sobre cómo dialogará el gobierno con poblaciones afectadas por la minería o con comunidades que no desean proyectos mineros en sus territorios como es el caso del Valle del Tambo en Arequipa o Ayabaca y Huancabamba en Piura.

En el perfil de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Producción figuran contratos y trabajos asociados a empresas mineras que han tenido cuestionamientos por su comportamiento con las poblaciones. La cartera de Energía y Minas quedó en manos de Francisco Ísmodes, quien fue gerente de la empresa minera Milpo.

Cabe recordar que Milpo figura en el ranking de empresas con multas ambientales por afectación al medio ambiente con más de 300 mil dólares. La empresa ha sido señala por pobladores de Cerro de Pasco como la causante de contaminación de aguas. Incluso, una familia de Pasco, Hernan Pahuará e Hilda Monago llegó a Lima hace un mes para denunciar que sus hijas padecían intoxicación por metales pesados. Afirmaron que la contaminación que llega a su hogar era causada por la empresa Milpo.

La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien también es abogada, fue gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American Quellaveco.

Finalmente, el ministro de Producción, Daniel Córdova estuvo al frente de la empresa Invertir, que realiza servicios de responsabilidad social para empresas mineras como Southern Copper, Volcan y Minsur, como figura en su página web. En información difundida por el portal La Mula en el 2015, se afirma que Córdova condecoró al presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, en una ceremonia donde se le nombró como “Hombre de cobre del año”.

En la página web de Invertir se destaca que la empresa que dirigía el ministro gestionó la Audiencia pública en el caso de la ampliación del Proyecto minero Toquepala en el 2014.

“Logramos llevar a cabo una audiencia pública exitosa, donde se presentó el EIA del Proyecto Minero- Ampliación de Toquepala. Gracias a un trabajo constante de relacionamiento, comunicación y mesas de diálogo se obtuvo la “Licencia Social” de la ciudadanía involucrada con el proyecto”, se señala.

Sin embargo, en información difundida por La República en la época se menciona, que, en principio, la audiencia pública dividió a las autoridades de la región. Durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, un grupo de personas protestaron en los exteriores del local y la empresa colocó resguardo policial para que no ingresen.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, afirmó que “Preocupa los vínculos de los ministros con empresas mineras, ¿cómo va hacer el gobierno para remediar pasivos ambientales? ¿Va exigir a las empresas mineras como Volcan y Southern que se hagan cargo de los problemas ambientales que han ocasionado?”.

Foro público

Jun 21, 2018

¿Qué está pasando con los procesos de diálogo, consultas y negociación en el Perú? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿cuántos han tenido resultados positivos para las poblaciones que viven entorno a las industrias extractivas?

En el marco del lanzamiento de la campaña sobre diálogo, consulta previa y negociación, la RED MUQUI colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del país, realizará el próximo 15 de marzo, el foro público “Balance de los procesos de diálogo en el Perú en la actividad minera”, donde participarán dirigentes regionales, representantes del Estado peruano y del gremio empresarial minero. La actividad se desarrollará a las 5:30 en el Hotel Carrera en el Jirón León Velarde N° 123 en Lince.

Según el último reporte publicado por la Defensoría del Pueblo, se registraron 176 conflictos sociales en enero pasado. De todos ellos, el 69,3% (120 casos) corresponde a conflictos socioambientales, de los cuales sólo el sector minero tiene alrededor de 80 casos (65,6%). Estas cifras evidencian una clara ausencia de herramientas efectivas para abordar los conflictos. Si bien el Estado se hace presente en las zonas de conflicto, lo hace, en la mayoría de casos, cuando estos ya han estallado, demostrando la falta de mecanismos de prevención y transformación de la conflictividad.

 “Los procesos en la práctica han sido utilizados no para abrir diálogo, sino para desconflictivizar o directamente plantear una negociación, sin escuchar los problemas de fondo de quienes se sienten afectados con las decisiones o normativas que se pretenden tomar o emitir en procesos como los de las mesas de diálogo o desarrollo, las consultas previas o ciudadanas, o los espacios de negociación o acuerdo previo, por ello no se ha logrado un legítimo diálogo, sin imposiciones, donde se tenga en cuenta lo que dice el afectado antes de tomar una decisión, porque la decisión ya está tomada de antemano” según Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

En el foro se plantea responder preguntas como: ¿por qué es que las herramientas que deberían canalizar las salidas para los conflictos socioambientales no están funcionando?. El evento brinda un espacio de discusión a todos los actores involucrados sobre esta situación, y plantea un tema de agenda central hacía las próximas elecciones locales y regionales, para definir los nuevos caminos que deben seguir los procesos de dialogo para evitar sigan entrampados y sean más democráticos y menos impositivos. 

En la actividad participarán  representantes de las regiones de Cusco, Junín y Cajamarca, quienes comentarán sobre sus experiencias de procesos de diálogo, y la situación de conflictividad e incertidumbre que persiste en zonas como Espinar, Morococha y Celendín, Así mismo, se harán presentes instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos Ambiente y Ecología del Congreso de la República y gremios empresariales.

Inscripciones y confirmaciones: https://web.facebook.com/events/174983903299519/

Plataforma Nacional de afectados y organizaciones de sociedad civil esperan participar en propuesta 
Hoy miércoles 7 de marzo,el MINSA publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 168-2018-MINSA que crea la Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

La norma establece qué hay 5 días hábiles para instalar la Comisión luego de la publicación, y luego de ello 60 días hábiles para plantear la propuesta. 
Consideramos desde RED MUQUI que es un avance importante el logrado, luego de la incidencia realizada por la recientemente conformada Plataforma Nacional de afectados/as por metales tóxicos que integra 9 regiones que sufren los impactos de contaminación por metales tóxicos, en especial provenientes de las actividades extractivas, y luego de la reciente protesta de los afectados de Cerro de Pasco, que el pasado 1° de marzo se autoconvocaron en el MINSA ante los continuos incumplimientos de acuerdos, y suscribieron un acta en la que el MINSA se comprometió ha proponer ls citadas políticas de salud en 30 días, y no en 60 días como ha ocurrido. 
Esperamos que el gobierno cumpla los plazos establecidos, pese a que no fueron los acordados, pero también que incluya en la citada Comisión, no sólo a instancias del Estado, sino a la propia población organizada a nivel nacional en la Plataforma Nacional de afectados en salud por metales tóxicos, y a la Mesa Técnica que acompaña dicho proceso, que tiene propuestas que han sido presentadas al MINSA y a todas las instancia competentes en materia de salud, y que deben ser consideradas en la discusión de la propuesta que trabajarán las entidades del Estado.

RM_ N° 168-2018 MINSA Politica Nacional Atencion Integral Metales by prensamuqui on Scribd

Alrededor de 30 Familias afectadas por la contaminación minera en Pasco se autoconvocaron ayer a Lima y lograron reunirse con el Ministro de Salud Jaime Salinas y con funcionarios del sector. El ministro Abel Salinas Rivas se comprometió a brindar atención prioritaria a los menores y declarar en emergencia 9 distritos de la región, zonas afectadas donde existen pasivos ambientales que contaminan el agua, el aire y el suelo, también se trabajará una propuesta de Política Nacional de Salud Pública de protección a las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias tóxicas.

La Municipalidad de Simón Bolívar, uno de los distritos más afectados por la minería en Pasco, publicó un comunicado en redes sociales donde señala que “se logró que el Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, apruebe acuerdos históricos a favor de los niños contaminados, aquellos que necesiten atención en el extranjero por su delicado Salud serán llevados a otros países; así mismo el plan quinquenal de Salud se aprobó con una inversión que supera los 48 millones y la atención especializada en Salud a los niños afectados con metales pesados”.

Cabe recordar que Pasco en una de las regiones con mayores problemas ambientales generados por la minería. En el 2017, un informe de salud realizado por RED MUQUI dio a conocer que los niños evaluados presentaban niveles altos de plomo en sangre y metales pesados como cadmio, mercurio y el cancerígeno arsénico.

En junio del año pasado, una delegación de cien personas se encadenó a las rejas del Ministerio de Salud ante la indiferencia de las autoridades.  Exigieron que se atienda, prioritariamente, los casos de los más de 2,000 niños afectados por la contaminación por metales pesados, y que incluso ya sufren de enfermedades tan graves como cáncer y leucemia.

A casi un año de la protesta frente al MINSA, los padres de familia, cuyos niños presentan problemas de salud e intoxicación, afirmaron a RED MUQUI que  la situación no ha cambiado para ellos. Por eso, llegaron de nuevo a Lima para exigir que se cumpla con los compromisos.

Entre la lista de acuerdos estos son los más importantes : la gestión inmediata de atención a personas con intoxicación por metales, así como la garantía de que el Seguro de salud cubra sus gastos y darse la continuidad, de ser el caso, en algún centro de salud del extranjero. El MINSA garantizará que el Instituto Nacional del Niño continúe atendiendo a la totalidad de niños identificados por exposición a metales pesados.

Se realizarán gestiones para acelerar la construcción de una clínica de desintoxicación en Pasco, el Ministerio velará porque se contrate personal especializado en oncología para tratar a los afectados. También se estableció la Declaratoria de emergencia Sanitaria por 90 días para nueve distritos de la provincia de Pasco estos son: Simón Bolívar, Chaupimarca, Yanacancha, Ticlacayan, Tinyahuarco, Huayllay, Huachon, Yarusyacan y Pallanchacra y en la Provincia Daniel Alcides Carrión los distritos beneficiados son Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi.

“La declaratoria de emergencia sanitaria nos va permitir actuar con varios ministerios en la recuperación de la salud, lo cual es muy importante y demandará una acción inmediata. Pero vamos a continuar con un plan que requerirá mucho más tiempo. Tengan la seguridad y convicción que vamos a acompañar este proceso”, indicó el ministro Salinas a los pobladores.

Los padres de familia afectados por la contaminación minera como es el caso de Hernán Pahucará esperan que el ministro Salinas asuma un rol activo en la defensa de la salud. “Exigimos que se cumplan los compromisos firmados para que podamos asegurar el bienestar de nuestros niños”, declaró Pahucará.

 

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