La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones en zonas mineras, se dirige a la opinión pública y a las autoridades nacionales para expresar lo siguiente:

  1. Las entrevistas que ha dado el viceministro de gobernanza territorial han revelado el nuevo enfoque que el gobierno pretende implementar en el manejo de los conflictos sociales. Javier Fernández Concha, sostiene que no se trata de crear institucionalidad ad hoc (mesas de diálogo), sino de mejorar la gestión pública y hacer que Estado funcione. Simultáneamente, ha redefinido lo que es un conflicto y asegura que la mayoría de casos catalogados en conflictividad, no lo son. Según el viceministro para que se considere un conflicto debería haber una expresión violenta que implique una violación del orden , jurídico y frente a ello, ahora plantea recuperar la autoridad del Estado, a través de los mecanismos previsto en la ley, entre los que están, el Estado de Emergencia.
  1. La propuesta se basa en medias verdades. Es verdad que hay un problema de gestión con un Estado que no funciona y que las mesas de diálogo no han podido resolver. Sin embargo, lo que no se considera es que el problema trasciende la gestión y hay otros de fondo que se expresan en los enfoques, las políticas y las normas.
  1. Tenemos un Estado orientado predominantemente a la promoción de la inversión privada. Para nuestros gobernantes no hay nada más importante que ello, por lo tanto, toda la intervención del Estado se supedita en función de ese objetivo. Desde esa perspectiva el ordenamiento jurídico debe eliminar los obstáculos que se le presentan a los inversionistas: la seguridad de las personas, la protección de la naturaleza, los derechos de poblaciones locales, incluido el derecho a la protesta social, entre otros, son obstáculos que deben ser supeditados y en la práctica desprotegidos, como de hecho viene ocurriendo en la actualidad.
  1. Las poblaciones más vulnerables parten de la idea que el Estado debería ser el garante de los derechos de todos y todas. Siempre se apela al Estado cuando sienten que están en una situación injusta y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son afectados. Sin embargo, para estas poblaciones, acceder al Estado siempre es un camino lleno de dificultades y frustraciones porque cuando llegan al final del recorrido se encuentran con políticas y leyes que legitiman la situación de abuso.  En esas situaciones, la esperanza se agota, se instala el desconcierto y se produce el estallido social.
  1. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Definir el conflicto con una connotación negativa, para que cuando hayan desbordes violentos se aplique la fuerza en todas sus múltiples manifestaciones? Creemos que no. Los conflictos sociales son una expresión de los problemas que tenemos como sociedad y que el Estado no logra resolver. Creemos que estamos desafiados a construir un nuevo Estado, que realmente concilie los diversos intereses existentes en la sociedad, protegiendo a los más débiles y que se constituya en el principal garante de los derechos de todas las personas y colectividades, algo que actualmente parece ser una aspiración cada vez más lejana.
  1. Más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que nuestras autoridades deberían entender y, por supuesto, atender. Así se podría encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o -en todo caso- procesarla a través de mecanismos institucionalizados y democráticos.
  1. También se trata de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están en la base de los conflictos. Se deben identificar los factores detonantes de las protestas y así diseñar propuestas para cambiar las reglas de juego y construir equilibrios que hacen falta para transformar los conflictos con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos de las personas y de la naturaleza.

En su momento, RED MUQUI aportó al debate, haciendo un balance y planteando propuestas sobre los procesos de diálogo en el Perú, para los cuales –consideramos- se debe tener una visión integral de los conflictos. Así como ha planteado, también consideramos un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, con mecanismos de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población; que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías. Dichos canales deben contar con profesionales que puedan comprender el contexto intercultural y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado, generando respuestas concretas.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización.

Lima, 17 de abril de 2017

 javier

Por: Javier Jahncke Benavente, Secretario Ejecutivo RED MUQUI

La semana pasada Javier Fernández Concha, el primer Vice ministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dio sendas entrevistas en medios de prensa donde sorprendió, por lo menos a nosotros, planteado que sólo existen 5 conflictos sociales en el país, y que éstos sólo se dan cuando hay crisis, es decir a su entender cuando hay “toma de carretera, secuestro o se rompe el orden jurídico”. Es lamentable la reducida visión de la nueva autoridad responsable de abordar los conflictos sociales, lo que se entiende por su experiencia en el sector privado, fundamentalmente trazando estrategias en favor de empresas mineras.

Si bien coincidimos con el, en que el modelo actual de abordaje de conflictos “se ha agotado”, consideramos que es justamente por la intensión que hay desde el Estado (y que se mantiene) de acudir a la conformación de espacios de diálogo (mesas) primero para “desconflictivizar” la situación de crisis, y luego a “negociar”, como se ha dicho, no a escuchar y entender los problemas de fondo y considerar las perspectivas culturales de nuestras comunidades y poblaciones respecto de ciertas decisiones, antes de tomarlas, y con ello afectar definitivamente sus modos de vida, la naturaleza y los recursos naturales de los que viven.

Es peligroso hablar sólo de “conversar” y no de “dialogar. Conversar, no implica ningún compromiso. Acaso los afectados por las decisiones del Estado, ¿no requieren de su compromiso?. El verdadero dialogo si es necesario, y no implica “capitular” como también se ha dicho, es comprender el trasfondo de los problemas, cuáles son los verdaderos temas de agenda de nuestros pobladores, que lo primero que buscan, es ser escuchados  y reconocidos por un Estado históricamente ausente, para que luego se discuta con ellos sobre lo que requieren y las soluciones, y estas no se trabajen en gabinete y se les impongan, como se ha hecho por ejemplo con el adelanto social, establecido en los decretos legislativos, y que fue una promesa electoral de Kuczynski. Ahí no pierde el Estado, gana en evitar conflictividad y mantener la estabilidad que requieren las inversiones donde puedan y deben darse.

Pero para ello, las decisiones del Estado sobre actividades económicas en una determinada zona, deben involucrar y beneficiar a los pueblos de dichas zonas, no perjudicarlos en beneficio de otros intereses económicos. De esa manera es que se previenen los conflictos

Si nos ponemos a dirimir teóricamente cuando hay un conflicto, no vamos a poder abordarlo desde sus inicios y evitar la escalada y la crisis. Si se pretende abordar sólo la crisis, la perspectiva de la represión policial y militar y la criminalización de la protesta para recuperar el “principio de autoridad” es lo único que queda, y a eso no le podemos llamar una “estrategia” adecuada de abordar conflictos, elevando el número de heridos, muertes y detenidos/as por el hecho de ejercer la defensa de sus derechos.

En su momento, en el debate electoral, RED MUQUI propuso en el documento “Balance y propuestas para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú”, una visión integral de los conflictos, como se plantea, pero con un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, que tengan mecanismos  de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población, que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías, y que dichos canales cuenten con profesionales que puedan comprender el contexto y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado.

Estos canales no existen o no han funcionado, por ello las demandas no son atendidas cuando corresponde, o no se cumplen los compromisos adquiridos, y ello genera las medidas de reclamo y exigencia pacífica desde las comunidades y poblaciones, que lo único que buscan es la acción del Estado y viabilizar soluciones.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización, como tener una línea de base de la situación, se rompan las asimetrías con la información y el apoyo técnico legal, participen los actores legítimos, se acuerde una agenda, y se priorice una perspectiva intercultural del proceso.

Un tema central y final en el proceso de diálogo es el monitoreo de  acuerdos y compromisos. En eso estamos de acuerdo con el Viceministro, en que el diálogo tiene que ir acompañado del cumplimiento del Estado. Pero el Estado debe primero cumplir su rol garante de derechos y no sólo de la inversión, priorizar la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones antes que a la economía, que es la que debe beneficiarnos a todas y todos los peruanos y no perjudicarnos, que lamentablemente es lo que ocurre con la salud y la vida de las personas a nivel nacional.

Finalmente, esperamos que la unificación en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la oficina de demarcación territorial, no pretenda también aprovechar las normas de los paquetazos como la Ley N°30230, y la de los decretos legislativos, como el D.Leg. 1333, aún vigente, que eliminan garantías a la propiedad y facilitan el acceso a tierras con títulos de propiedad, aprovechando los problemas de delimitación de linderos que aún existen en especial en los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, situación que podría generar más conflictos sociales en el país. 

EN RESPUESTA A FERNÁNDEZ-CONCHA

  • Encargado de conflictos sociales de la PCM no cree en reportes mensuales de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo espera recibir directamente los cuestionamientos del viceministro Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, acerca de su sistema institucional de monitoreo de conflictos sociales.

En entrevista al Diario El Comercio, el funcionario de la PCM desconoció el reporte de la Defensoría que da cuenta de la existencia de 217 conflictos sociales, y más bien aseguró que el Estado solo tiene registrados, unos cinco. A ello añadió que, si realmente hubiera más de 200 conflictos, el país estaría paralizado.

Es por ello que, Giselle Huamani, Adjunta para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esperan tener oportunidad de conversar con Fernández-Concha para conocer sus observaciones sobre los casos, la base de datos y los reportes mensuales que genera la Defensoría sobre los conflictos sociales en nuestro país.

“Estamos esperando que la Presidencia del Consejo de Ministros nos alcance una propuesta escrita para poder entender de dónde vienen sus observaciones. Yo le aseguro (al viceministro) que tenemos una rigurosidad para la tipificación y la contabilidad de los casos”, remarcó en entrevista con RED MUQUI.

En ese sentido, Huamani Ober detalló que la Defensoría tiene 38 oficinas en todo el país, las cuales están a cargo de jefes defensoriales que están en constante vínculo y diálogo con los diferentes actores locales para poder identificar y recoger estas posibles situaciones y casos ya desarrollados en conflictos.

La adjunta de Conflictos sociales también recalcó que el registro y monitoreo de conflictos, están siendo supervisados por medio de visitas que se realizan en todas las regiones donde se ubican estas oficinas defensoriales y módulos de atención

“Realizamos visitas justamente para ahondar y precisar en los casos. Así podemos apoyar los planes de intervención”, señaló a RED MUQUI.

Además, aseguró que a lo largo de este mes de abril la Defensoría está implementando un sistema de monitoreo de conflictos denominado “SIMCO”, una plataforma virtual que ofrecerá acceso directo a la base de datos que esta institución maneja sobre los conflictos sociales en el país.

“Los ciudadanos y organizaciones podrán bajar datos, cruzar información y darle seguimiento a cada uno de los casos. Esa es una manera de acercar la información que tenemos a la población”, detalló.

fernandezconcha

Cabe mencionar que el funcionario de la PCM insistió en que solo se tienen 5 conflictos, al considerar que la tensión o el indicio inicial no es un conflicto.

“El conflicto se da cuando hay una crisis una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis”, sostuvo a El Comercio.

En otra entrevista concedida este fin de semana al Diario Oficial El Peruano, se le preguntó sobre la posibilidad de un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, al ver que sus cifras sobre conflictos sociales difieren de las del Gobierno.

Indicó que por el momento viene coordinando con los ministerios, ya que cada uno cuenta con una estrategia y una oficina que maneja conflictos. Ahora se pretende unificar criterios y concepto alrededor de los conflictos.

“Redefiniremos esos conceptos y nos pondremos de acuerdo con cada uno de los sectores. Buscaremos a la Defensoría del Pueblo para ver si podemos llegar a una misma metodología”, comentó al desestimar el número de conflictos registrados por esta entidad.

Fuente: RED MUQUI / El Comercio / El Peruano

Fotos: RED MUQUI / El Peruano

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