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POR MEDIO DE RESOLUCIÓN

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Celendín ordenó que la empresa minera Yanacocha retire, de inmediato, las cámaras de vigilancia que había instalado en las inmediaciones de la casa de Máxima Acuña. De igual modo, la sala que preside la jueza Edith Cabanillas Palomino, prohibió el uso de drones para sobrevolar el predio con el fin de espiar y hostigar, en tiempo real, a los miembros de la familia Chaupe Acuña.

Por medio de la Resolución N°06 (Sentencia N° 078-2016), el Juzgado Penal de Celendín respondió al Hábeas Corpus interpuesto por la defensa legal de Máxima Acuña a inicios de este año, ante los por los constantes actos de hostigamiento y violación a la libertad e intimidad de esta familia campesina. Este recurso fue interpuesto luego que la empresa colocara un sistema de video vigilancia que captaba imágenes directas de la casa de Máxima Acuña, además de hacer sobrevolar drones con la misma finalidad.

"Nos notificaron que encuentran responsabilidad en Yanacocha, por estos actos violatorios a la libertad (…) Yo sé que la empresa, a través de sus redes han mandado comunicados en los últimos días, diciendo que ellos no han ejecutado ninguno de estos actos pero, acá tenemos la mejor prueba el juez está señalando que ellos sí cometen este tipo de actos y los está sentenciando”, reaccionó la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez.

Lo que dice Yanacocha

Como se recuerda, el funcionario de la empresa minera ha declarado públicamente en medios como Cuarto Poder (América Televisión) y La Mula, asegurando que Yanacocha no tiene intención de hostigar a Acuña.

En una extensa entrevista con el portal lamula.pe, Velarde deslizó que quienes podrían haber atacado, por ejemplo al perro de los Chaupe, son los comuneros de la zona que se dedican al cuidado de alpacas.

“La acusación no ha sido hacia el personal de seguridad de la empresa sino a los que trabajan en el corral de alpacas, que son comuneros de la zona y no tienen por qué estar atacando al perrito de la señora”, aduce el gerente general de Yanacocha a La Mula.

En otra parte de la entrevista, Velarde señala que se rigen sobre una serie de principios voluntarios en derechos humanos, especialmente diseñados, para que las empresas de seguridad no cometan violaciones de derechos humanos en el desarrollo de sus actividades.

“Nosotros les exigimos a la empresa que cumpla con una serie de entrenamiento en temas de derechos humanos, y nosotros les damos entrenamiento también a los agentes de seguridad en temas de derechos humanos. Cómo comportarse, cómo interactuar con la gente”, asegura Velarde en diálogo con La Mula.

En respuesta, la abogada de Máxima Chaupe dijo considerar abusivo que la empresa use las redes o los medios de comunicación para ir haciendo quedar a esta familia como una mentirosa. Además dijo esperar que de ahora en adelante acaten la ley y empezar a cumplir lo que el juez señala.

"El señor Velarde, trata de negar que ellos hostilizan a la familia, yo creo que la mejor prueba de que él está mintiendo son estas resoluciones (judiciales) que nos dan la razón. Nosotros venimos haciendo denuncias por cada acto de hostigamiento. Cada una está en trámite, esperamos que una resolución similar a esta y que por fin, las autoridades empiecen a ponerle un alto a esta empresa que comete una serie de abusos contra esta familia”, puntualizó Vásquez Chuquilín.

 

Fuente: GRUFIDES / Portafolio Periodístico

VIDEO: Portafolio Periodístico

Foto: TheGuardian.com

El Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, fue en encargado de condecorar con la medalla de honor a Máxima Acuña, en reconocimiento a su actitud y fuerza para defender y permanecer en sus tierras frente a la empresa minera Yanacocha que las reclama como propiedad.

La máxima autoridad regional, dijo que esta condecoración se le otorga a una mujer luchadora que ha demostrado, a los cajamarquinos, que la lucha por el agua no es equivocada, y que además la sociedad internacional empieza a reconocerla como una lucha justa.

Esta ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del GORE Cajamarca, también se realizó para felicitar a Máxima Acuña por haber obtenido el premio Goldman 2016, fundación internacional que la ha colocado como una líder social a nivel mundial, debido a su destacada y tenaz defensa del medioambiente.

“Para nosotros es una alegría inmensa tener a una cajamarquina y todavía de un lugar muy apartado, que haya logrado recibir uno de los máximos galardones del planeta”, expresó el gobernador regional.

 “Esta lucha no es para una sola persona, es para todo el pueblo. Yo confirmo mi resistencia, no como la empresa que me recrimina que soy una mujer que quiere dinero… Les pido compañeros tomar conciencia y seguir en pie de lucha. Porque la cosa más valiosa que Dios nos dio es la tierra y el agua. ¿Porque si no hay tierra, si no hay agua qué vida vamos a tener?”, manifestó Acuña tras recibir la medalla de honor.

Inversión sin abusos

Durante la ceremonia, el gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, aseguró ser un un gobernante creyente y promotor de las inversiones privadas., siempre y cuando estas no afecten los derechos de las personas y la vida de los cajamarquinos.

“Nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos al capital, a las inversiones, bienvenido sea el capital. Nuestra región está llena de inversiones y capitales extranjeros; bienvenido sea el capital. No nos oponemos al capital, nos oponemos al abuso”, señaló.

A su turno Máxima Acuña señaló que con enfrentamiento librado ante la empresa minera Yanacocha no busca beneficios o dinero alguno.

“Yo quisiera decirles que no busco beneficios o dinero, de repente hubiera abandonado mi tierra por un trabajo, por una miseria; lo hago pensando en el pueblo, en el futuro. Pido tomar conciencia y seguir en pie de lucha, por nuestra madre tierra y el agua. Hay que pensar en el futuro”, señaló la activista reconocida con el premio internacional Goldman.

Al término de la ceremonia, Máxima Acuña declaró a la prensa local y fue consultada sobre el destino que le dará al dinero que recibió como parte de su premiación por la Fundación Goldman.

“Aun no lo decido bien, debo conversarlo con mi familia. Parte de ese dinero servirá para seguir llevando los procesos (judiciales) que mantengo con la empresa y para aquellos que se siguen abriendo en mi contra”, indicó.

DATO:

La Medalla de Honor de la Región Cajamarca es la más alta condecoración que se otorga solo a aquellos personas naturales y jurídicas que se distinguen de manera excepcional por su labor cultural, científica, tecnológica, social, deportiva, artística en favor del desarrollo de la región Cajamarca.

 

Foto: Captura YouTube de Portafolio Periodístico

VIDEOS: Portafolio Periodístico / Enlace regional

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

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El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas. 

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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Por: Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI

En el Perú acabamos de vivir la primera vuelta de la cuarta elección general consecutiva luego de recuperar la democracia de las manos de un gobierno dictatorial.

Los resultados reflejan en el sentir de gran parte de la población la necesidad de un cambio en el manejo de la economía del país, que esté al servicio de las personas, de un Estado más presente, que garantice los derechos de toda y todos, y no sólo sea garante de las inversiones. 

La economía actual mantiene el “piloto automático” encendido durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien flexibilizó las normas en materia económica, ambiental y social para captar inversiones a cualquier costo, por medio de una serie de decretos legislativos dados luego de la disolución del Congreso de la República.

Posteriormente Alan García hizo lo propio en su segundo gobierno, lo que condujo a hechos tan lamentables como lo ocurrido en Bagua. Ollanta Humala, que propuso cambios sustanciales para llegar al gobierno, al final ha continuado en esa misma línea, afectando seriamente, entre otras, la institucionalidad ambiental.

Esta perspectiva económica imperante en los últimos 25 años, ha profundizado su dependencia a la  explotación de materias primas -especialmente minerales- sin ningún valor agregado. Asimismo, los ingresos percibidos por el Estado producto de este tipo de actividad, no han sido los que corresponderían recibir en un largo periodo de bonanza. Además, esos ingresos no han sido utilizados  para apalancar el desarrollo del país.  Un ejemplo de ello es Cajamarca. Esta región  tiene la mina de oro más grande de América Latina y la cuarta en el mundo y, sin embargo,  es una de las más pobres del Perú.

Es por ello que desde RED MUQUI consideramos necesario un cambio profundo en nuestra economía, debiendo asumirse como prioridad su diversificación, para no depender de una sola actividad productiva y evitar ser tan vulnerables a los precios de los minerales, así como al mercado internacional. El planteamiento de diversificación económica del actual gobierno, sigue estando sobre la base de los ingresos de las industrias extractivas, lo que no cambia la actual situación.

Éste cambio requiere que no se siga presionando los territorios para la realización de proyectos extractivos sin tener en claro su capacidad de soporte, al igual que la viabilidad económica, ambiental y social de éstos proyectos. Para determinar esto, es  imprescindible impulsar el ordenamiento territorial de manera decidida, en el país. Por ello se deben dictar políticas públicas y una Ley de Ordenamiento Territorial que establezcan dónde se puede, o no, realizar actividades mineras, considerando las potencialidades y debilidades de nuestras regiones, protegiendo debidamente nuestros nevados, glaciales y ecosistemas de montaña que son los generadores de recursos hídricos, además de las tierras agrícolas que son de importancia para nuestra seguridad alimentaria (sólo 7% a nivel nacional están destinadas para ello).

Otra necesidad prioritaria es abordar la salud pero desde la perspectiva ambiental, considerando el respeto y cuidado de todo aquello que rodea a la persona. Es prioritario por ello el tratamiento de los pasivos ambientales generado por las industrias extractivas. El Estado sólo ha avanzado en tener un inventario nacional de pasivos que alcanzan cerca de los 9 mil, pero no se han establecido políticas, ni normativas para su necesaria remediación, ni tampoco para la prevención del daño a la salud y la atención médica especializada de las personas afectadas.

La minería ilegal e informal es otro problema nacional. Ante el fracaso del programa de formalización del actual gobierno, se debe evaluar la situación en los diferentes lugares del país donde se realiza, y según sea el caso promover alternativas de desarrollo productivo y sostenible en las zonas donde el incremento de la minería ilegal e informal ha sido explosivo; de esta manera las personas podrán tener otra opción económica, y así romper el círculo vicioso: pobreza, dependencia de la actividad extractiva, falta de oportunidades y de diversificación productiva, minería ilegal e informal. Además es necesario establecer las responsabilidades, de quienes promueven la minería ilegal e informal en toda la cadena de valor, en especial las empresas mineras formales. No basta con las interdicciones realizadas, es necesaria una intervención que responda a todos los factores que la propician.

El respeto de los derechos de las comunidades campesinas y nativas también es un tema pendiente. Los paquetazos normativos dados por el actual gobierno, han afectado en especial el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra,  desconociendo normas internacionales que los amparan, y facilitando el otorgamiento de concesiones mineras y otros derechos, sin haber cumplido con entregar títulos de propiedad a las comunidades como corresponde,  a esto se le suma la no aplicación de la consulta previa en minería a proyectos en los que había obligación de hacerlo, según lo ha señalado la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, no debemos olvidar el problema de la conflictividad social, cuyo abordaje debe darse desde la prevención. Un cambio implica establecer mecanismos de diálogo en fases tempranas, y la aplicación de reglas justas y respetuosas de los derechos humanos que establezcan una relación simétrica entre los actores. El seguir utilizando los Estados de Emergencia, la militarización de las zonas de conflicto y la criminalización de la protesta, no brindan una solución a la demandas que tienen sectores de la población para protección de sus intereses y derechos; por el contrario, a la larga este tipo de medidas crean una situación que le resta legitimidad al Estado.

En la medida en que no haya un cambio profundo en las decisiones del próximo gobierno sobre éstos temas, no se solucionarán los problemas de fondo de nuestra economía, de nuestra institucionalidad, y la conflictividad social seguirá latente en nuestro país.

DEL 9 AL 20 DE MAYO

  • Presidente de este espacio, Álvaro Pop, señala como principal problema la consulta tras aprobación de proyectos extractivos

Desde este martes 9 de mayo, más de mil indígenas de distintos lugares del mundo se encuentran en la sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para participar en la 15ª edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La agenda a desarrollarse hasta el 20 mayo, propone analizar los escenarios de paz y de conflicto en el contexto de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como de sus derechos e identidades.

Precisamente, en una reciente visita a Perú, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “existe una gran brecha entre la legislación peruana y la protección del territorio indígena”. Asimismo, se sorprendió más cuando se enteró del conjunto de leyes conocidas como el “paquetazo ambiental”, el cual debilitó a instituciones ambientales y flexibilizó la fiscalización ambiental a empresas extractivas.

“Nuestro propósito es que el Foro promueva el diálogo intercultural y el respetuoso encuentro de las culturas. Porque es algo que no tenemos”, remarcó Álvaro Pop, el líder activista maya que es el nuevo presidente de este Foro ONU indígena.

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En ese sentido, Pop indicó la importancia de analizar y actuar sobre las condiciones de enfrentamiento y descalificación que viven los pueblos indígenas, las cuales son fuente primaria de los grandes y pequeños conflictos.

De igual modo, el guatemalteco resaltó que la avaricia del sistema económico internacional es uno de los factores que llevan al incumplimiento de compromisos como el llamado consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que los pueblos indígenas sean informados y consultados "antes" de tomar medidas administrativas que les puedan afectar.

"Uno de los temas que tendrá mayor resonancia en los próximos tiempos será el aumento de la incomodidad de las comunidades ante el abusivo incremento y despliegue de obras, de instalaciones hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones de recursos en territorios indígenas", aseveró Pop en entrevista con El País de España.

Como una de los temas más recurrente en el estallido de conflictos a nivel mundial, Pop subraya la consulta posterior a la instalación de infraestructuras o la explotación de las tierras, lo cual conlleva a la violencia, problemas y abusos por parte de las empresas y los Estados.

"Los pueblos indígenas tienen mecanismos propios para su toma de decisiones. La legitimidad es lo importante, y en ocasiones surge de la forma ancestral en que la autoridad ha sido delegada. Por eso es recomendable hacer una consulta de la consulta: preguntar a las comunidades sobre cómo quieren ser preguntadas”, agregó a El País.

El Foro Permanente también tratará temas relacionados con los jóvenes indígenas, salud, educación, lenguas, derechos humanos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cultura. El presidente entrante de dicho evento, Álvaro Pop, manifestó que se buscará concientizar sobre los problemas particulares que enfrentan las comunidades indígenas en los conflictos, y sobre la importante contribución que sus tradiciones y prácticas pueden hacer a la prevención de enfrentamientos y a la paz. Además, dará seguimiento a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los pueblos indígenas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su relación con los pueblos indígenas, será otro tema destacado en el evento.

Entre las funciones de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Entre sus funciones se encuentran:

- Prestar asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

- Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

- Preparar y difundir información sobre las cuestiones indígenas.

DATOS:

  • Se estima que en la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas distribuidos en unos 90 países y, aunque representan menos del 5% de la población mundial, se encuentran entre el 15% de los más pobres.
  • El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las realiza en Nueva York.

 

Fuente: El País / Cooperacción / ONU

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE TIERRAS COMUNALES

A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023, así lo indican los últimos datos del informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas: “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, documento que fue elaborado por el colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, del cual forma parte la RED MUQUI.

Durante la presentación del documento, se señaló que en la última década, apenas se ha formalizado menos del 1% de estas comunidades, lentitud que resulta preocupante y se agudiza, cuando el Estado no tiene cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales, así como de las poblaciones que habitan en ellas. Esto afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.

“A ese ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”, indicó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común – IBC Péru, encargado de presentar este tercer reporte bianual (desde el año 2012).

Entre las novedades que el informe trae en su edición 2016, está la incorporación de un mapa de Tierras comunales y áreas protegidas en el Perú, en cual incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas. Des estas dos últimas no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad.

De igual modo, el documento da cuenta –por primera vez- de las nuevas oportunidades de proyectos inversión para llevar a cabo la titulación de tierras, que casi suman unos US$ 80 millones. Recursos con los que contará el nuevo gobierno para esta finalidad.

Entre las entidades que han asegurado estos proyectos está el BID-Perú (US$15 millones), Banco Mundial y BID (US$14.2 mil), Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de Deforestación y Degradación de Bosques (Hasta US$50 millones), Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ), MINAGRI-GORE Loreto (S/.3.87 mil) y el Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (US$0.88 mil).

El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. Ello tomando en cuenta que aproximadamente unas 3.5 mil millones de personas habitan en tierras comunales a nivel mundial.

El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.

Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.

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El informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, fue presentado ante organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Asháninka del Río Ene. 

 

DESCARGAR INFORME  

DATOS:

  • El total de la superficie del Perú suma 128.5 millones de hectáreas (has), de esta cifra el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de has) es propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 % carece de un título de propiedad.
  • En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.

 

Fuente: IBC Perú

Fotos: Carlos Díaz Huertas para el IBC Perú / Comunicaciones RED MUQUI 

Amnistía internacional viene recogiendo firmas para firmar una carta de petición dirigida al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; en la misiva cada ciudadano -con su nombre, D.N.I. y correo electrónico- podrá pedirle a dichas autoridades que se ocupen del caso de Máxima Chaupe e intervengan ante el hostigamiento, que ella y su familia sufren por parte de la minera Yanacocha, empresa que reclama como suyos los terrenos de esta familia campesina.

FIRMA AQUÍ

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia en el norte de Perú, han denunciado nuevos actos de intimidación y acoso perpetrados contra ellos, en esta ocasión por personal de seguridad de una empresa minera. Mantienen una disputa legal con la empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven. Creen que los continuos actos de acoso e intimidación que sufren son un intento de obligarlos a marcharse.

Según organizaciones locales de derechos humanos, a las nueve y media de la mañana del 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de papas que mantenían para su propio consumo. La familia denunció el incidente ante el Ministerio Público.

Dos días antes, el perro de la familia había sido hallado vivo pero con una herida de arma blanca en el cuello.

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, llevan años manteniendo una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La empresa minera impugnó la decisión, y el 9 de marzo de 2015 la Corte Suprema confirmó la primera sentencia de absolución. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía y de personal de seguridad privado de la empresa minera Yanacocha, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de sus tierras. El 3 de febrero de 2015, el abogado de Máxima Acuña dijo a la prensa que al menos 200 policías habían entrado en las tierras de la familia y habían demolido una ampliación que Máxima estaba construyendo en su casa. Máxima Acuña y su familia describieron que estaban construyendo la ampliación para apoyar la estructura de su casa actual contra la lluvia.

El 20 de enero de 2015, Máxima Acuña y su familia denunciaron estar sufriendo acoso e intimidación por parte de la policía en su casa. Unos días después, el abogado de Máxima Acuña dijo a Amnistía Internacional que más de 15 policías y guardias de seguridad privada habían entrado en las tierras de la familia y habían empezado a tomar fotografías de la casa. Cuando la familia preguntó a los policías por qué estaban en su propiedad, ninguno respondió, y tampoco mostraron documentos legales que respaldaran sus acciones. El 30 de enero de 2014, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armado, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero de 2014 para intimidarla de nuevo.

 

Carta de petición:

Sr. José Luis Pérez Guadalupe

Ministro del Interior

Sr. Pablo Sánchez Velarde

Fiscal de la Nación Señor Ministro,

Señor Fiscal, Señor Ministro.

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el caso de Máxima Acuña y su familia. Según organizaciones locales de derechos humanos, el día 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de patatas que mantenían para su propio consumo.

Le recuerdo que: - Se debe proteger a Máxima Acuña y a su familia frente a cualquier acto de intimidación, conforme a los deseos de la propia familia, y deben respetar sus derechos humanos en todo momento, incluido su derecho a la parcela en la que viven. - Me preocupa que Máxima Acuña y su familia han sido objeto de una campaña de intimidación y acoso por miembros de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha y que, hasta ahora, ninguno ha comparecido ante la justicia - Además le pido ordenar un investigación exhaustiva e imparcial de sus denuncias de destrucción de cultivos y a llevar a los responsables ante la justicia.

Fuente: Amnistía Perú

Foto: Captura página web Amnistía Perú

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