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El texto aborda la construcción de la representación de los Pueblos Awajún y Wampis, en los diversos momentos de su relación con el Estado Peruano, culminando en la caracterización del estado actual de la disputa de esa representación entre la reciente organización “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP”, iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional, y el grupo de organizaciones  liderados por el Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis –CPPAW y la organización ODECOFROC que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral coordinando actividades con otras organizaciones y con la re-constituida “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P”.

La principal motivación de la autora – Marlene Castillo Fernández – y de CooperAcción, es que la publicación que presentan contribuya a un discernimiento mejor informado y formado sobre la naturaleza y alcance de la disputa por lograr reconocimiento de representación de los Pueblos Awajún y Wampis ante el Estado, las empresas extractivas y la opinión pública regional y nacional, antes y después del suceso conocido como “Baguazo” (05 de Junio 2009).

El Capítulo 1 presenta la situación de representación de estos dos pueblos indígenas amazónicos cuando había un proceso de consulta previa sobre la categorización de la Zona Reservada Santiago Comaina que fue extendida hasta la margen derecha del río Morona y de acuerdos con el Estado. El Capítulo 2 examina los cambios que se producen en la época de conflicto abierto con el Estado hasta el suceso del Baguazo. Posteriormente, en el Capítulo 3 se analiza la situación de la disputa de representación profundizando “lo representable”, “los representantes” y “los representados” post Baguazo. Para finalmente, en el Capítulo 4 presentar una visión panorámica de la actual disputa a modo de mapeo organizacional en el territorio ancestral.

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Esta publicación está especialmente dirigida a comunicar sus alcances a quienes desde su institución, organización y labor están preocupados por el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas en el Perú, lo que pasa por conocer y buscar comprender sus disputas – internas y externas – en la configuración y rumbos de los conflictos latentes y abiertos con las políticas estatales que denominamos colonizadoras y los proyectos principalmente minero-energéticos promovidos por dichas políticas.

No menos importante, es que también pretende llamar la atención sobre la demanda estratégica de diálogo intercultural con el Estado que viene planteando el grupo de organizaciones indígenas movilizadas, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado, es parte de la configuración del conflicto y del tránsito de lo que la Defensoría del Pueblo caracteriza como conflicto latente a  lo que  llama conflicto activo.

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Foto: Peru21

DESDE HACE 1 AÑO

vigilancia

Desde que fue ingresado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologías, en noviembre del 2014, el proyecto de Ley N° 3937 “Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, sigue esperando su debate y aprobación para que pueda pasar al pleno del Congreso.

Este proyecto de normativa ha tenido un proceso de elaboración de dos años (2013 y 2014), en conjunto con las federaciones de comunidades campesinas e indígenas, además de haber sido diseñado y discutido con especialistas legales y técnicos, incluso con los ministerios involucrados, entre enero y abril 2015.

Pese a que en los dos últimos años los representantes de comunidades campesinas e indígenas han sido invitados a debatir y explicar la importancia del mismo, los integrantes de la comisión de Pueblos no terminan de probar esta iniciativa que podría evitar la proliferación de más conflictos socioambientales, así como ayudar a la gestión ambiental del Estado.

En reunión de trabajo, los asesores de los congresistas que componen este grupo de trabajo recibieron a algunos líderes indígenas, así como a representantes de la sociedad civil entre los que destacaron la RED MUQUI, y sus miembros, Red Uniendo Manos Perú y la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS).

Qué se propone

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EL proyecto promovido por la congresista Verónika Mendoza, propone que las Organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental y social (OVMAS) formen parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sin dejar de mantener su autonomía, tanto de las empresas extractivas, como del Estado.

De igual modo, se propone que los reportes de las OVMAS sean incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental, y de esta manera sirvan de insumo para la línea de base de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier evaluación o programa de gestión ambiental. Así las OVMAS ayudarán a la evaluación y supervisión ambiental de las empresas, así como a la fiscalización.

Otro aporte es el carácter preventivo del proyecto debido a las alerta sobre áreas críticas, es decir, áreas donde no se puede vivir debido a la contaminación. Las otras áreas son las de sobrevivencia, espacios mínimos que una población necesita para subsistir sin que se les impongan actividades extractivas.

A largo plazo, esta iniciativa de ley busca llevar formar una red nacional de articulación y de protección y conservación del territorio y del ambiente. De extenderse el trabajo de los monitores se puede tener una visión integral nacional frente a lo que hace la OEFA.

Opiniones favorables desde el Estado

El asesor de la congresista Verónika Mendoza, Juan Aste, comentó que, en general el proyecto ha tenido buena acogida en la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) y que, en el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se sacó un reglamento en el que se incluye la participación de los ciudadanos de las comunidades, en caso ellos dirijan o procesen evaluaciones o monitoreos ambientales. Es decir, que el proceso obligo a que el OEFA emitiera su propio reglamento.

Campesinos monitores en La Libertad

A su turno, Walter Pereda, director de la  Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) consideró que los reportes de las OVMAS pueden completar y aportar a la labor que realizan los organismos de gestión ambiental del Estado, y sobre todo, reforzar la participación ciudadana.

“Se deben reconocer a las organizaciones de vigilancia, y de manera autónoma, estas pueden ir completando y aportando las acciones del Sistema de Evaluación y Fiscalización, al igual que al Sistema de Información Ambiental. Al tomar en cuenta, y de manera obligatoria, los reportes de las OVMAS, se pueden evaluar y elaborar instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento territorial”, indicó.

Pereda agregó que en sus 27 años de trabajo pastoral rural, pueden concluir que las OVMAS están listas para incluso proponer áreas de emergencia ambiental, así como áreas críticas cuando la contaminación afecte la salud de las personas.

De igual modo, el directivo de AMAS resaltó la disposición para aprender la medición de la calidad del agua, que tienen los campesinos de las cuencas de los ríos Chicama, Perejil, Caballo Moro y Chuyugual, (que abarcan tres provincias de La Libertad). Reconoció estos conocimientos son fácilmente incorporados en las comunidades.

“Tenemos 11 años de experiencia en trabajo de campo con el análisis del agua. En ese tiempo desarrollamos talleres informativos para que la población aprenda a actuar en el monitoreo de la calidad del agua. De igual modo tenemos un taller donde, hasta ahora, formamos monitores de agua donde aprenden a manipular los equipos de monitoreo in situ, y también a cómo contabilizar macro invertebrados para determinar si su agua es limpia o no”, comentó.

Durante su intervención en la comisión de Pueblos del Congreso, Walter Pereda presentó el informe “Monitoreo Independiente de la calidad del agua 2014 en zonas de impacto de la gran minería en La Libertad”.

Los resultados de 11 años de estudio que muestran evidencias del deterioro de los ecosistemas de las cuencas de los ríos Perejil, Caballo Moro y Chuyugual, a raíz de la actividad minera de la empresa Barrick que viene desde el 2005, y la aplicación de la Ley N° 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país).

“Los campesinos del lugar no confían en la actividad minera. A nosotros se nos ha acercado diversos dirigentes de rondas campesinas ante las actividades mineras de la empresa Barrick, algo que los mantiene en alerta debido a la mala experiencia que tienen con las mineras, que desde hace 100 años han contaminado el río Moche”, puntualizó.

Generar confianza con la población

En otro momento de la sesión, el director de la Red Uniendo Manos Perú, Conrado Olivera, señaló que es necesario que el Estado acepte realizar monitoreos ambientales participativos para iniciar un proceso de confianza y transparencia.

“Necesitamos la obligatoriedad de que el Estado nos garantice un ambiente sano. Lamentablemente, los monitoreos (ambientales) que realiza el Estado no son creíbles ante la población porque las mismas están siendo afectadas y tienen evidencias de ello, entonces se requiere de una articulación de las comunidades, el Estado y las personas que viven allí para realizar un monitoreo participativo, sino no vamos a llegar a nada”, recomendó.

Olivera acotó que por medio de la articulación y la confianza, se concerta una mejor propuesta de gobernanza y gestión ambiental. También instó a la comisión, a que se acelere la aprobación de este proyecto de ley.

Estado monitorea con permiso de empresas

En otra parte de la sesión ordinaria de la comisión de Pueblos del Congreso, también participaron algunos líderes de comunidades indígenas en cuyas comunidades se ha llevado a cabo la experiencia de las OVMAS. Aquilio Marcelo, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU, cuestionó como es que las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Estado dependen mucho de lo que las empresas permiten en la zona.

“Este proyecto debería reconocer a todos los programas de monitoreo. Queremos que estos sean independientes, porque la responsabilidad que tiene el Estado sobre los programas de monitoreo no se cumplen en algunas cuencas. Y esto es porque algunos monitoreos son financiados por empresas petroleras”, cuestionó el dirigente indígena.

Marcelo mencionó que en el Urubamba se cuenta con seis programas de monitoreo, algunos desde COMARU, unos independientes y otras en convenio con algunas empresas que operan en la zona, sin embargo, aseguró que todas estas organizaciones sociales han mantenido una posición de denuncia.

El jefe de la COMARU coincidió en que es necesario articular la vigilancia y no solo dejárselo al movimiento indígena. Además insistió en colocar sanciones y fortalecer al OEFA, como a otros organismos que evidencian una falta de recursos al no realizar los monitoreos ambientales donde se requiere.

“El Estado que asegure la sostenibilidad económica de todos los ministerios que van a las cuencas, porque yo he visto que cuando viene el MINAGRI o la OEFA para hacer evaluación y monitoreo, esos tienen que ser pagado por la empresa. Faltan mayores fondos, se andan creando ministerios y organismos que nunca ejecutan trabajos en campo”, denunció.

Cuestión de Derechos Humanos

Para, Ruth Buendia, dirigente de la Central Asháninka del río Ene, incorporar una ley de monitoreo y vigilancia ambiental social, no solo implicaría reducir los impacto en el ambiente y en la cultura indígena, sino también en los derechos humanos.

“Nosotros queremos que este proyecto de ley se debata y luego se apruebe. Es una oportunidad para nosotros como pueblos indígenas. Los encargados del sector público no fiscalizan y los especialistas no llegan porque no conocen, este proyecto permite la participación de las poblaciones indígenas. Nosotros conocemos cómo estamos afectados, además de nuestros campos”, exhortó.

 

FOTOS: Gabriela Delgado / Comunicaciones RED MUQUI / Amazonía Andina

 

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Los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático" realizaron su tercer recorrido más largo, al pedalear desde Pasco hasta la capital de Lima para participar en la gran marcha mundial por el clima que se realizó en simultáneo con otras principales ciudades del mundo para exigir un acuerdo climático justo y vinculante ante los líderes que participaron en la COP21.

En esta jornada, los deportistas fueron intercambiando experiencias con los manifestantes de la marcha como es que el cambio climático ha afectado la región de Pasco y que es lo que se espera.

El Director del Centro Labor Pasco, Wilmer Cosme, y promotor de este grupo de deportistas comentó que su conformación nació a raíz de los problemas que el cambio climático viene causando en las zonas altoandinas del Perú, como Pasco, lugar de donde provienen los “Ciclistas de los Andes”.

“En las zonas andinas de nuestro país ya se viven los efectos del cambio climático de manera más evidente, uno de ellos es la desglaciación. En Pasco tenemos el nevado Huaguruncho, el cual ya perdió más de la mitad de la superficie glacial, según dice la Autoridad Nacional del Agua el año pasado. Otro de los efectos es la afectación en la salud de los niños, debido a las fuertes heladas y el friaje que también está agudizando a las actividades agrícolas y pecuarias”, indicó.

Cosme recalcó que los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático” está integrado por 17 ciudadanos pasqueños, que desde este año realizan largas travesías recogiendo inquietudes, así como propuestas y demandas de los pueblos respecto a cómo les afecta el cambio climático en sus localidades.

“Viendo esta problemática, hemos tenido la iniciativa de formar un grupo de ciudadanos sensibilizados en el tema ambiental para recoger mensajes y también difundirlos. Esperamos que en estas travesías que continuaremos realizando en adelante, se puedan ir sumando más personas”, agregó el Director del Centro Labor Pasco.

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El grupo "Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático" hizo su primer recorrido el 22 y 23 de octubre cuando salieron de Cerro de Pasco con destino a la ciudad de Huancayo donde se realizó una Audiencia climática.

“En este recorrido de más de 240 km nos hemos ido entrevistado con autoridades como representantes de gobiernos regionales, con los mismos alcaldes y varios sectores de la sociedad civil quienes nos han ido entregando sus propuestas y demandas, a modo de mensajes”, recordó Cosme.

Un segundo recorrido, lo realizaron al centro poblado de la Quinua en Pasco, donde existe un bosque altoandino que se encuentra en situación vulnerable debido a los embates del cambio climático.

El tercer recorrido, que llegó hasta Lima, ha sido el más largo. Los ciclistas pedalearon desde la zona de Carhuacoto (región Junin), nuevo poblado donde los habitantes de Morococha fueron reubicados debido a la actividad extractiva. En Carhuacoto hemos conversados con varias personas y continuamos sensibilizando a la población sobre la necesidad de desarrollar acciones frente al calentamiento global”, puntualizó.

El domingo último, miles de personas de varias ciudades del mundo participaron en la Marcha Mundial por el Clima y Perú no fue la excepción. Bajo lemas como: "Paris escucha, Lima está en la lucha", “¡Urgente, urgente, salvemos el ambiente!”, "Es tiempo de cambiar, la Tierra es nuestro hogar", decenas salieron a las calles uniendo su voz al clamor global hacia los líderes mundiales, quienes se reunirán mañana en Paris en la cumbre climática COP21.

Desde la mañana, la marcha climática se concentró en el parque Washington, cerca al Centro de Lima, para luego recorrer la avenida  Arequipa, una de las principales de la capital, hasta el parque Kennedy y terminar finalmente en el Faro de Miraflores.

Los ciclistas de Pasco participaron junto a otros grupos de ciclistas, escolares, organizaciones sociales y religiosas, asociaciones de recicladores, ONG´s,  partidos políticos, diversos artistas y ciudadanos y ciudadanas, quienes al ver al grupo entonando arengas exigiendo una acción definitiva en la COP21, se unieron a los cánticos convirtiéndose así en una manifestación ciudadana cálida y festiva.

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Fotos: Centro Labor de Pasco

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El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

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DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.

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ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

Foto: Gestión

SENACEREU

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad. 

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.  

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada "ventanilla única" ´para aprobación de los "títulos habilitantes", entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.

 

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

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Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

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Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

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Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

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Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF - Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas. 

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

 

maxima y mirtha

redlatimunjeres

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO:

NO MÁS MARIPOSAS DE ALAS CORTADAS – SOLIDARIDAD CON MIRTHA VÁSQUEZ DE PERÚ

El 25 de Noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género, elegido en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas que desde muy jóvenes dedicaron su vida a luchar contra la opresión ejercida por el dictador Trujillo, en República Dominicana. Por esta causa, las hermanas Mirabal fueron perseguidas, arrestadas, torturadas, y finalmente asesinadas en 1960.

Estas tres activistas son también conocidas como las mariposas, nombre que utilizaron para sus actividades clandestinas en la búsqueda de libertad para su país. Ellas representan la lucha por la justicia y la dignidad de la mujer. Lucha que hoy se expresa en acciones de incontables mujeres defensoras de la naturaleza en nuestros países, donde los extractivismos tienen una larga historia de daños económicos, sociales y ambientales.

Frente a los desequilibrios que generan estos impactos, son muchas veces las mujeres quienes deben trabajar intensamente para recuperar el mínimo equilibrio que logre sostener la vida. Por ejemplo, cuando actividades como la explotación minera acaban con las fuentes de sustento de las poblaciones, o se contamina el agua, se producen desplazamientos, cuando se rompe el tejido comunitario, o los miembros de la familia -especialmente los niños y los más ancianos- sufren enfermedades por la contaminación minera, son mujeres quienes afrontan de manera directa estas consecuencias, porque todas éstas terminan trasladándose a los hogares. Pero el hogar, muchas veces, también es un espacio peligroso para la mujer porque en él se reproduce la sobrecarga de trabajo; el conflicto; la violencia física, síquica, sexual.

El sistema capitalista e industrial genera una doble dependencia expresada en la explotación del trabajo de las mujeres para sostener la reproducción de la vida, y en la explotación de la naturaleza. En estas dos dimensiones la ficción de un crecimiento ilimitado de la economía, se basa en el menosprecio y la invisibilización del trabajo de las mujeres y la destrucción de la naturaleza.

En este 25 de Noviembre rendimos homenaje a las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, que frente a los impactos sociales y ambientales de la explotación minera, toman acciones que a menudo las lleva a enfrentar graves consecuencias que suponen violación de sus derechos por amenazas, secuestros, ataques y en algunos casos asesinato.

Muchas mujeres están siendo víctimas de la violencia desatada por corporaciones mineras, o por mano ajena, de la cual se valen las empresas para operar en nuestros territorios y generar conflictos, división, descrédito, con el fin de anular los diversos roles que juegan las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Un caso emblemático en América del Sur es el de Máxima Acuña de Chaupe, en Perú, defensora de su tierra frente a gigantescos intereses económicos. Su abogada, Mirtha Vásquez, directora de GRUFIDES e integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ha acompañado con profundo compromiso y consistencia profesional; pero este desempeño le convirtió en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, intimidaciones, seguimientos a ella y su familia. Tal es la gravedad de los hechos que la CIDH otorgó medidas cautelares para Mirtha Vásquez.

Tanto la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, como los abajo firmantes, en este día de conmemoración internacional de la no violencia de género, invitamos a adherir a este respaldo a Mirtha Vásquez, expresando:

- Solidaridad en el papel que cumple como Defensora de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, rol por el cual sufre diferentes formas de violencia, incluida la violencia mediática.
- Y exigencia al gobierno peruano de medidas de protección EFECTIVAS hacia ella, que garantice su seguridad, integridad en el esforzado trabajo que Mirtha Vásquez realiza en la promoción y protección de derechos humanos y ambientales.

25 de Noviembre de 2015


RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
SOCIALES Y AMBIENTALES
Acción Ecológica - Ecuador
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo Casa - Bolivia
Programa Democracia y Transformación Global, PDGT- Perú
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA - Chile
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador
Ceiba, Amigos de la Tierra - Guatemala
Mujeres del Valle de siria - Honduras
Centro Latino Americano de Ecología Social - Uruguay
Asociación Censat Agua Viva – Colombia
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico
Observatorio de Conflictos mineros de América Latina – OCMAL
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe – RAMALC
Yayo Herrero Ecofeminista – España
Maristella Svampa Académica Feminista – Argentina
Raquel Gutiérrez Académica Feminista - México
Otras Voces por la Tierra – Uruguay
Uruguay Libre de Mega Minería – Uruguay
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ Orgánico - Bolivia
Comisión de lucha por una calidad ambiental – Bolivia
Juventud Ecologista en Acción – Bolivia
Colectivo de Mujeres Imillas – Bolivia
Colectivo Feminista Ramonas – Bolivia
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC – México
Consejo Tiyat Tlali – México
Acción Colectiva – México
Bios Iguana, A.C.- Mexico
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, A.C. - Mexico
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Otros Mundos AC - Mexico
Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932- MUFRAS-32 – El Salvador
Saramanta Warmikuna Hijas del maiz - Ecuador
Instituto de estudios ecologistas del tercer mundo – Ecuador
Mujer y Medio Ambiente (MMA) - México
Estudio para la defensa de los derechos de la mujer DEMUS - Perú
Cooperaccion - Perú
Género y Economía - Perú
Red Muqui - Peru
Red Regional agua, desarrollo y democracia (REDAD) - Perú
Red Peruana de Masculinidades - Perú
Instituto Natura - Perú
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía
Red Ge – Perú
Derechos Humanos Sin Frontera
Entrepueblos - Perú
BD - Perú
Red Uniendo Manos - Perú
CEAAL - Perú
Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
Movimiento Sembrar - Perú
Movimiento Amplio de Mujeres - Perú
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
Verónika Mendoza – Congresista, Frente Amplio - Perú
Marco Arana – Fundador de Grufides, TyL - Perú
Marisa Glave – Ex regidora municipal de Lima, TyL - Perú
José de Echave – Ex Viceministro de Gestión Ambiental y Cooperaccion - Perú
Rocío Silva-Santisteban – Ex directora Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú

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