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EN MARCHA POR EL CLIMA

Nuevamente la caravana de “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático” recorrerá cientos de kilómetros desde la ciudad de Pasco hasta Lima para participar de la Marcha Mundial por el Clima que se llevará cabo en Lima, así como en distintas ciudades del mundo, y de manera con París, en el marco de la 21 Conferencia de las Partes.

En esta oportunidad, los ciclistas llevarán a Lima la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21” y la repartirán en la marcha. De igual modo, darán a conocer cada uno de los problemas y propuestas de los pueblos de montaña además de unirse a la voz de expresar y exigir un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21.

Este documento, surgió de la sistematización de una serie de mensajes recopilados durante el primer recorrido interprovincial que los “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático”, realizaron el 22 y 23 de octubre. Tras pedalear 246 km, los deportistas visitaron comunidades y ciudades, recogiendo información y demandas para llevar los “mensajes de los pueblos de montaña hacia la COP21”. Por esas fechas llegaron hasta Huancayo y entregaron dichos mensajes a los participantes de la Audiencia Climática que se desarrolló el 23 de octubre.

Asimismo, en diciembre, estos mensajes –contenidos en la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21”- serán compartidos por la sociedad civil, durante la Conferencia de Partes que organiza la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), es decir, la COP21.

Recorrido

El 28 de noviembre, esta caravana hará un primer recorrido de Morococha a Ticlio, registrando la contaminación ambiental en este lado del país. Al día siguiente, 29 de noviembre –día de la marcha climática a nivel mundial- se reunirán en el frontis de la Municipalidad Distrital de Ate y partirán desde las 7 de la mañana por la Carretera Central, rumbo a la Marcha Mundial por el Clima. Durante el trayecto, los atletas estarán acompañados por una movilidad de auxilio mecánico. Se calcula que a la 10:00 de la mañana este colectivo llegará al Parque Washington.

 

Organizan: RED MUQUI, Centro Labor de Pasco, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), FCVP, Municipalidades provinciales de Pasco, Junín y La Oroya, Municipalidades distritales de Matucana, San Bartolomé y Ate.

La COP21

En la COP 21 de Paris (Francia), nuevamente se reunirán estados y países para decidir el futuro del clima y de la humanidad. Todos esperamos que las partes de la CMNUCC suscriban un nuevo acuerdo climático justo, que apunte realmente a la mitigación respecto a la generación de los Gases de Efecto Invernadero (causantes del cambio climático).

Por eso las organizaciones sociales a nivel nacional e internacional vienen programando actividades alternativas a la COP21 para vigilar, llevar propuestas y exigir el compromiso con el futuro del planeta.

Por su parte, el Perú presentará el documento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (iNDC) a la CMNUCC.  Por lo tanto, es necesario que los diversos sectores de la sociedad civil a nivel local y nacional continuemos involucrados en estas discusiones, generando propuestas y/o demandas principalmente para afrontar los efectos negativos del cambio climático.

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AL PEDIR DERECHO DE RECTIFICACIÓN

  • Nota del diario indicaba que Mirtha Vásquez estaba a favor de minera Yanacocha

El Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, envió una carta al diario La Répública, y le demostró que la nota periodística donde se afirma que la directora, Mirtha Vásquez, está supuestamente a favor de la ejecución del proyecto Conga, corresponde a una tergiversación de sus declaraciones.

En la misiva dirigida al director del diario, Carlos Castro, la abogada Mirtha Vásquez enfatizó en que jamás fue entrevistada directamente por ningún periodista de dicho medio de comunicación.

“Al respecto quiero manifestar que en principio el autor de la nota, el señor Edgar Jara que trabaja para su medio, nunca me entrevistó, ha tomado las declaraciones dadas por mi persona a otros periodistas locales, evidenciando esto una falta de seriedad en la publicación pues no se puede emitir una información en base a fuentes que no son propias sin citarlas”, señala la directora de GRUFIDES.

Como prueba de ello, Vásquez adjuntó un video con las declaraciones que brindó a otros reporteros, luego de culminado el Foro “Oportunidades para una Gestión Ambiental Sostenible en Cajamarca” del día jueves 12 de noviembre último.

“Respecto al contenido de mis declaraciones y la correspondencia con lo publicado en su diario, adjunto una copia del video fuente para probar que lo que se ha publicado no corresponde al titular sensacionalista y falaz que aparece en el diario”, enfatizó la también defensora de Máxima Acuña de Chaupe.

Tras rechazar que sus declaraciones hayan formulado algún pedido de escuchar propuestas respecto al Proyecto Conga, o de haber “dejado abierta ninguna posibilidad para su ejecución”, Mirtha Vásquez le expresó al director de La República su extrañeza e indignación por la nota periodística que evidentemente distorsiona de manera maliciosa, sus declaraciones a otros medios de comunicación de Cajamarca.

“En ese sentido denuncio la utilización de mis declaraciones de manera antiética para generar un titular falso y un contenido de la nota dirigido a inducir a una creencia errónea a los lectores, lo cual ha terminado no solo perjudicándome personalmente de manera moral, sino deslegitimando a nuestra institución respecto a las posturas que maneja y que son ampliamente conocidas”, aseveró.

 

Es así que GRUFIDES le solicitó a La República, la rectificación de dicha publicación, además de solicitar que se tomen las medidas del caso respecto al periodista Edgar Jara, a fin de evitar que continúe con estas malas “practicas” informativas que perjudican la seriedad de este diario.

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Hace una semana, Mirtha Vásquez participó en el Foro: “Oportunidades para una Gestión Ambiental Sostenible en Cajamarca”, el mismo que fue organizado por la Comisión Técnica Regional (CTR) del proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT), junto al sector minero.

En la cita, se desarrollaron temas como: “La Minería en Cajamarca y el Nuevo Modelo de Desarrollo”, “Minería en Perú y en el Departamento de Cajamarca”, “Estado Ambiental del Departamento de Cajamarca: Avances y Desafíos del Sector Minero en la Gestión Ambiental” y “Experiencias en Gestión Ambiental Nacional e Internacional”.

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En este espacio se realizó con el objetivo de generar un espacio de debate y propuesta sobre la gestión ambiental que se realiza en la región y el rol de la actividad minera y productiva en el cuidado responsable del medio ambiente. Participaron autoridades locales, regionales y nacionales, así como representantes de sector minero (Río Tinto Minera Perú, Gold Fields, Yanacocha y Proyecto La Zanja), el sector académico, de la sociedad civil organizada, profesionales, empresarios, y de entidades de la cooperación técnica nacional e internacional, involucrados en programas de desarrollo.

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VER CARTA Nº 102 -2015-GRUFIDES-CAJAMARCA: http://bit.ly/1l6dCZ7

VIDEO con declaraciones completas de Mirtha Vásquez: https://www.youtube.com/watch?v=6DjmSO-qXHI

FOTOS: Captura YouTube / Portafolio periodístico de Tony Alvarado.

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Por: Elqui Cruz / Geógrafo

El proceso de ocupación de tierras en el País, se remonta a los datos que la historia nos muestra en los periodos cronológicos de las culturas prehispánicas del antiguo Perú, sin embargo el futuro traería nuevos procesos de ocupación y concentración de tierras desde la aparición de un nuevo gobierno llamado colonia.

Muchos siglos después, este proceso de concentración de tierras, traería la preocupación de la ciudadanía en la década de los 50 y 60, ya que justo en este momento ocurrió un fenómeno en donde los pobladores del interior del país emprendieron un proceso de migración para ocupar las principales ciudades y capitales, buscando un mejor acceso a servicios, educación y empleo.

En estas décadas, la preocupación por la extensión y cantidad de tierras que algunas personas concentraban, llevo a buscar estandarizar sus dimensiones y establecerlas en 250 Hectáreas como propiedad individual (1) . En los años siguientes esta preocupación llevo a pensar en una nueva estandarización, la cual consiguió establecer en 150 Hectáreas (2) como máximo para la propiedad individual, preocupación que fue incorporada en la constitución de 1979, como un proceso permanente, es decir el país ya tenía claro que no era saludable para la planificación de un territorio, que la propiedad de la tierra se concentre en cantidad y extensión en solo un grupo de personas.

Décadas después, el país entra en un momento en donde la guerra interna dura más de dos décadas, generando otro fenómeno de movilización de la población que habitaba en el campo, fenómeno que fue inducido por la ocupación a la fuerza de grupos armados y despreocupación del propio Estado, obligando al abandono de tierras y terminando por desplazar a estas poblaciones nuevamente hacía las grandes ciudades del país. Este desplazamiento ya no solo sería por buscar mejores condiciones laborales y de servicios educativos, sino también por buscar una mayor seguridad, justicia y atención del Estado.

Sin embargo la preocupación por la concentración de la tierra en pocos individuos dejó de ser del interés de quienes tenían el gobierno en los años 90, promulgando la “Ley de Tierras” (3) , en la que no se define con claridad el tamaño o extensión de la tierra a la que puede acceder un propietario, como también no se define con claridad cuál sería el propósito del propietario en el uso de tierras de proporciones muy extensas. Acompañando a esta ley, surgen nuevos mecanismos para la promoción de la inversión en el sector minero (4) , en las que se le da estabilidad tributaria y con ello se abre todo un mercado dirigido por el MINEM y el INGEMMET, vía el Estado, para especular con la tierra y poner en concesión casi todo el territorio nacional, lo que ha conllevado a la ocupación en algunos casos en más del 100% (5) de muchos territorios de las regiones, provincias, distritos y comunidades campesinas e indígenas del país.

En este proceso cabe mirar al interior de la regiones del país, en donde no se tiene todavía claro quienes están concentrando la mayor cantidad de tierras y con qué propósito. En este sentido exploramos algunos datos de la región de Apurímac, en donde existe un gran proyecto minero y mecanismos de desarrollo de enclave (6) que están pensados para darle soporte a este tipo de actividad económica.

Apurímac, es una región ubicada en la sierra sur del país, donde se desarrollan los mecanismos de soporte de enclave para un gran proyecto minero, en la zona conocida como “Las Bambas”. En este territorio la configuración del espacio nos estaría evidenciando la despreocupación del Estado por normar y estandarizar la concentración de tierras y la propiedad, evidenciando un territorio ocupado en su mayoría por titulares mineros en proyectos de exploración y explotación minera y titulares de concesiones mineras que estarían esperando el momento más propicio para especular con las tierras que tienen dadas en concesión por el Estado.

Por otro lado, también pone en evidencia la cantidad de predios rurales que están registrados como propiedad individual, la cual tiene una extensión muy ínfima con respecto a la cantidad de territorio concesionado a la minería. En el caso de las comunidades campesinas, estas estarían ocupando un territorio mayor al de la propiedad individual de predios rurales, pero mayor a la extensión de tierras que ocupan las concesiones en actividad de extracción y explotación.

Otro elemento que marca las condiciones para la ocupación del territorio en Apurímac está en función de los mecanismos de desarrollo de enclave que estarían desarrollando conectores eficientes para mejorar los flujos que necesita la actividad minera, esto se manifiesta en los ejes de integración vial que están hechos para conectar los principales lugares donde ya existe la explotación de minerales y aún se está en proceso de exploración.

Cuadro N°1. Concentración de tierras en Apurímac

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Esta figura podría dar la idea, de que se buscarían integrar a los centros poblados más desarticulados del país, sin embrago estos ejes viales, no se están pensando en desarrollar procesos de conexión para minimizar los espacios entre el agricultor y las grandes ciudades, si no para acercar los mecanismos de desarrollo de enclave que dan soporte a las actividades mineras.

Esta mirada en cuanto a la concentración de la tierra en Apurímac, nos lleva a las siguientes preguntas:

¿En el Perú no existe la preocupación del Estado por tener un manejo más integral y transparente libre de la especulación de la tierra?

¿La propiedad y concentración de la tierra no tiene más un interés de regulación de parte del Estado como mecanismos de protección del territorio?

¿Qué otros procesos regulatorios con respecto al uso y ocupación de la tierra podrían generar nuevas dinámicas, para proponer una alternativa al desarrollo de enclave?

Sin duda, el Estado tiene que responder a las interrogantes que surgen con respecto a la ocupación y concentración de tierras por parte de terceros, como también buscar los mecanismos que gestionen el territorio de manera eficiente, integrando a las economías que plantean otros modelos de desarrollo, diferentes a la economía de desarrollo de enclave, como la que actualmente rige la ocupación del territorio en nuestro país.

Por otro lado sin dejar duda de que el Estado está pensando en generar nuevas relaciones entre las economías de enclave y el tan esperado desarrollo, podemos mencionar que actualmente existen proceso en donde la población y la sociedad civil están buscando nuevas estrategias para retomar sus tierras y la producción del campo, esto estaría generando nuevas dinámicas de comercialización, las cuales escapan a la forma de mercado que existe en lo urbano, para buscar sus propios mecanismos de comercialización, bajo sus propias reglas de intercambio, comercio y el uso de un idioma en común.

Podríamos decir entonces, que la concentración de la tierra tiene una cercana relación con la economía de desarrollo de enclave, la cual busca generar los mecanismos necesarios para incorporar sus reglas sobre el territorio que ocupa, sin embargo siendo el territorio un medio vivo y dinámico, surgen en la población económicamente minoritaria nuevas estrategias para generar dinámicas económicas enfocadas en un desarrollo más integral.

Anexo: Mapa N° 1

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(1) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(2) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(3) Ley N° 25505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

(4) Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708; Ley Nº 27343.

(5) Informe de Concesiones Mineras. Cooperacción.2014

(6) Dinámicas Rentistas. Gerardo Damonte. GRADE.2012

 

FOTO: El Comercio

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EN ESPERA EN EL CONGRESO

  • Propuesta genera diálogo, ahorro estatal, mitiga impacto ambiental, protección a biodiversidad, salud y tranquilidad de poblaciones rurales e indígenas

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Está comprobado que la prevención y la alerta temprana puede minimizar cualquier impacto. En el plano social, la experiencia de vigilancia y monitoreo ambiental por parte de las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demostrado que aportan previniendo conflictos, además fortalecen la supervisión ambiental que realizan las entidades del Estado. Por eso, más de 500 organizaciones alto andinas y amazónicas hacen una llamado a los congresistas para que se apruebe el proyecto de Ley 3937 ´Ley de articulación y la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental´, que sería de gran utilidad para apoyar una adecuada gestión ambiental que no afecte las inversiones ni tampoco la salud y tranquilidad de los pueblos.

Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a miles de pobladores de comunidades rurales e indígenas, solicitó a la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la aprobación del dictamen para que este proyecto sea debatido. Señalo que la propuesta es que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) sean reconocidas como instancias autónomas que se integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de tal manera que se institucionalice su aporte en la protección del medioambiente y apoyo en la supervisión y fiscalización que realizan las instituciones del Estado, respetando sus formas organizativas tradicionales.

Por su parte Walter Pereda, Director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) que conjuntamente con las organizaciones de base de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchéz Carrión de la región La Libertad, vigilan la calidad de fuentes superficiales de agua en zonas de actividad de gran minería desde hace 11 años, señala que es importe empoderar a las OVMAS en el conocimiento y aplicación de los protocolos para el recojo de muestras de agua, en un trabajo participativo con apoyo de los técnicos, y que permite con los resultados de los análisis respectivos, apoyar a las instancias competentes del Estado en su tarea de supervisión y fiscalización de éstas actividades. 

Según datos de la Defensoría del Pueblo existen más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados al sector minero, lo que trae paralizaciones en la industria, demandas económicas, retraso económico en la región, pero sobre todo afectan las condiciones de vida de los pobladores rurales y pueblos indígenas. En lo que va del 2005, solo se han solucionado 14 conflictos sociales en el país.

Iris Olivera, especialista en temas indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el proyecto de ley contempla que los reportes de las OVMAS deberán ser considerados obligatoriamente por los organismos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) para elaborar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial y los términos de referencia para la evaluación de proyectos de inversión, entre otros. También podrán proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y de áreas críticas, si el nivel de contaminación afecta la salud de las personas; su rol es básicamente preventivo, pues actuarán antes frente a proyectos de inversión.

Lo que queremos es institucionalizar la vigilancia y monitoreo ambiental, esto no solo generará ahorro en el gasto público al mitigar el impacto ambiental, ahorro de recursos al sector privado, salud de la población involucrada, protección de los ecosistemas y biodiversidad, sino que contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de gestión ambiental actuando con actitud preventiva y canalizando los conflictos socio-ambientales. Contribuiremos con ello a que el diálogo se inicie desde un comienzo, que los derechos ambientales y sociales se manejen en el marco de una buena práctica de la gobernanza, indicó Olivera Gómez.

Finalmente Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, resaltó el reconocimiento de las OVMAS y el carácter preventivo de su accionar frente a situaciones de eventual conflictividad social, pues éstas actúan antes del otorgamiento de cualquier derecho que pueda afectar tierras de poblaciones y comunidades campesinas y nativas, permitiendo con ello su protección y el respeto de derechos fundamentales y colectivos.

FOTO: Gobierno Regional de Lima

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El Instituto del Bien Común (IBC Perú) indicó que el 60% de las tierras que le pertenecen a comunidades indígenas y campesinas del Perú, ya se encuentran registradas a la primera Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios “LandMark”, que a través de su página web, permite el acceso a una plataforma interactiva que contiene mapas e información clave de las tierras que son propiedad colectiva.

LandMark muestra de forma detallada, las principales amenazas y presiones que existen hacia las tierras de los pueblos originarios en todo el mundo. De igual modo contiene información sobre los niveles de seguridad jurídica que existen sobre dichas tierras consuetudinarias o colectivas.

Además está dotada de una tecnología de punta en materia de información geográfica, y proporciona información a nivel de comunidades y de países, permitiendo a los usuarios hacer comparaciones sobre la situación de tenencia de tierras.

Son 13 las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas, quienes trabajaron en decenas de países, entre ellos el Perú.

“El Perú es uno de los países en donde existe mayor información sobre los pueblos indígenas y las comunidades. Existen organizaciones que se han preocupado por armar bases de datos y realizar mapeos, además de tomar información del Estado (…) tenemos entre un 60% y 65% cubierto”, resaltó Richard Chase Smith, director del IBC Perú.

Tras comentar que en el Perú se cuenta con la colaboración de organizaciones locales, Chase indicó que para alimentar la plataforma, también se toma información oficial del Estado, la cual –lamentó- no está sistematizada.

“En estos momentos estamos trabajando con información proporcionada por la Sociedad Civil, no obstante, estamos acercándonos al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en donde se ha creado un ente rector para el saneamiento de propiedad rural; esperamos poder trabajar con ellos y armar un directorio de comunidades nativas e indígenas”, comentó Chase Smith a la RED MUQUI.

Instrumento político

Otro de los grandes problemas que se pretenden enfrentar con la plataforma es la invisibilidad. Landmark presenta los límites de las tierras de uso o propiedad comunitaria, tanto las legalmente reconocidas como las de tenencia tradicional. De esta manera le proporciona a las comunidades y a los pueblos indígenas, la oportunidad de reaccionar a tiempo en la protección de sus tierras.

“A través de los mapas los hacemos visibles, ahora ellos pueden decir: aquí estamos, no nos pueden ‘quitar’, no pueden decir que ‘existimos’, o que nuestras tierras no son ‘nuestras’ o que están ‘sin uso’. El salir de la invisibilidad diciendo "aquí estamos", y que están perdiendo sus tierras, es un mensaje político muy fuerte. Ahora que cada comunidad figura en un mapa global, junto con indígenas de otras partes como Canadá, Irán, Indonesia, Filipinas, África; pueden juntar sus voces para reclamar más fuerte”, explicó Richard Chase.

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Este 10 de noviembre, Landmark fue presentada simultáneamente en Washington (EE.UU) y Lima (Perú)

 

Inicio de la plataforma

El director del IBC Perú, comentó a la RED MUQUI que la idea del la plataforma global territorial, surge a raíz de los conflictos que parten de la legislación que flexibiliza la fiscalización ambiental en varios países del mundo -como es el caso de los paquetazos ambientales en Perú- y que además desconocen derechos colectivos de la propiedad comunal.

“Existe un tremenda carrera de atraer inversionistas, y muchos ven a estas comunidades rurales y tradicionales, como un impedimento. Es por ello que decidimos armar una plataforma digital que muestre la situación de las tierras comunales e indígenas”, señaló.

El gran proceso de desarrollo de la plataforma comenzó en marzo de 2012, un año después se conformó el comité directivo, y a mediados del mismo, comenzaron a trabajar. Recién, a finales del 2013, The World Resources Institute de EE.UU contrató los servicios de una compañía especialista en el armado de plataformas digitales, la cual se construyó el 2014 y parte del 2015.

Un gran desafío

Finalmente, el representante del IBC Péru, advirtió que va a tomar años seguir agregando información a la plataforma.

“Todavía tenemos grandes vacíos, esperamos conseguir mayores relaciones con otras instituciones relacionadas a este tema. Para la difusión del uso de la plataforma en las comunidades y pueblos indígenas, tenemos a los miembros locales que están mapeando y que prestan información a este soporte digital. En Perú sí capacitamos a las comunidades en la lectura de mapas”, resaltó.

 

DATOS

  • El desarrollo de la plataforma estuvo a cargo del Instituto del Bien Común (IBC) Perú, World Resources Institute – WRI (EE.UU), WAIPT (Francia) y la consultora Liz Alden Willy (Kenia), las dos primeras asumieron la coordinación general de la iniciativa.
  • Miembros del comité consultivo: AMAN (Indonesia), FPP (Inglaterra), FES (India), PAFID (Filipinas), Rainforest Foundation – UK, RAISG (seis países amazónicos), Right and Resources Initiative (EE.UU), UNINOMAD (Irán) y The International Land Coalition (Italia).

FOTOS: Captura web / Gabriela Delgado

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EL MISMO DÍA DE LA REUNIÓN

  • Diálogo se programaría en 10 días más, según resolución de la PCM
  • Mesa de diálogo recién fue implementada oficialmente, un día antes de llevarse a cabo el diálogo

La implementación de la “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, fue suspendida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a menos de un día de la fecha programada. A último momento, el Premier Pedro Cateriano, decidió instalar oficialmente (R.M. Nº 263-2015-PCM) este grupo de trabajo que debería dar pronta solución al conflicto generado por el Proyecto minero Las Bambas que dejó un saldo de 4 muertos, a fines de setiembre.

Se suponía -para hoy- la presencia de funcionarios de la PCM, MEM, MINAM, MINAGRI; autoridades regionales, locales y dirigentes sociales. Sin embargo, el único que hoy se apareció en la plaza principal de Tambobamba, fue el representante del Ministerio de Energía y Minas, Martín Ortiz, quien recién informó de esta disposición publicada el domingo, en el Diario Oficial El Peruano.

Diálogo en 10 días más

El recién oficializado Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, estará adscrito a la PCM y tendrá la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones, y otras que sean determinadas por sus integrantes.

La resolución firmada por Cateriano resalta que el Grupo de Trabajo se instalará en un plazo máximo de  diez (10) días hábiles, y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles, (a partir del día siguiente de su publicación).

Respuesta

Para los pobladores y dirigentes de Grau y Cotabambas, esta decisión del Ejecutivo les cayó de sorpresa y cuestionaron que dicha resolución se haya emitido a menos de un día antes de la fecha programada (16 de noviembre) para la reunión de diálogo, la cual se fijó con anticipación y bajo el compromiso de los mismos ministros de Estado, que viajaron hasta el lugar el 30 de octubre pasado.

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Es así que varios alcaldes de los distritos aledaños a la zona de influencia minera del Proyecto Las Bambas, mostraron indignación ante la ausencia del gobierno central y el anuncio sorpresivo de la suspensión de esta mesa de diálogo.

“Realmente es preocupante la actitud del gobierno. El mes pasado vienen cuatro ministros a levantar el estado de emergencia, programan para hoy el inicio del diálogo, y terminan por no estar aquí como lo prometieron. Así no se puede creer en las autoridades del gobierno central”, indicó el alcalde de Haquira, Issac Anaya.

“Pedimos al Estado que se solucione esta demanda, queremos que se evite ejercer más violencia y que sobre todo se conserven los derechos humanos de las personas. Las autoridades locales estamos comprometidas en buscar una solución”,  enfatizó el alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani.

“No queremos que esta mesa tan solo quede en palabras, no queremos que solo sea de trabajo, sino de solución definitiva al conflicto”, solicitó el alcalde de El Progreso, Juan Licahua.

“Por culpa de las autoridades nacionales, a nosotros nos ven mal. El pueblo cree que somos parte de este ‘paseo’, y no es así. Nosotros también estamos esperando”, manifestó el alcalde de Mara, Adiel Sota.

En medio de estos cuestionamientos, el gobierno ha vuelto a militarizar la zona, pese a que el propio ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, acordó levantar el estado de emergencia.

Militarización hasta el 14 de diciembre

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Desde este domingo 15 de noviembre (un día antes de programado el diálogo), el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias de Grau y Cotabambas, hasta el 14 de diciembre. Según la Resolución Suprema Nº 227-2015-IN (publicada el sábado, 14 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano), esta disposición busca asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o ilícitos que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.

“La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de Apurímac”, indica la norma refrendada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez; y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

FOTOS: RED MUQUI SUR

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En relación con la demanda de inconstitucionalidad que diversas organizaciones indígenas nacionales, ONGs del movimiento de derechos humanos y la CNDDHH presentamos contra la Ley No. 30230, contenida en el Exp. Nº 00012-2015-AI, nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestar lo siguiente:

Con fecha 9 de abril del año 2015, el Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA); el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; la Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú; la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos adjuntando la firma de 6,346 ciudadanos acudimos al Tribunal Constitucional para interponer DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, y 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57del Título III y contra la Tercera Disposición Complementaria Derogatoriade la Ley Nº 30230.

Sustentamos dicha demanda en el sentido de que las normas cuestionadas violan y desnaturalizan el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida de todos los peruanos, así como vulneran el derecho a la propiedad, que ostenta  rango constitucional, sobre los territorios de las comunidades campesinas y nativas en su condición de pueblos indígenas. Además, porque violentan derechos y principios constitucionales contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia vinculante expedida tanto por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), así como, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos.

Se trata de un conflicto constitucional, toda vez que  lo que está en cuestión es el desmontaje y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y la afectación del derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el Perú.

Al respecto de la regulación procesal de una demanda de inconstitucionalidad, debemos señalar que el artículo 103, del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, precisa que interpuesta la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional resuelve su admisión dentro de un plazo que no puede exceder de diez días.

De conformidad con la sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0266-2002-AA/TC, f.j. 6, una de las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional tiene que ver con naturaleza de ambos procesos y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia. Que no debe olvidarse que la “jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin”. (STC 0004-2004-PCC, f.j. 3.3)

En ese sentido queda en evidencia la inexcusable demora en la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad, toda vez que han pasado 7 meses de la presentación de la demanda sin que hasta la fecha el TC haya admitido la referida demanda, grave situación que importa la violación del derecho al plazo razonable, garantía y concreción del derecho al debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en forma expresa en el artículo 139.3 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En atención a estos argumentos, exhortamos al TC de trámite a la demanda de acuerdo a las reglas y normas procesales vigentes, más aún cuando se trata de un órgano encargado, precisamente, de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que destaca las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

Lima, 11 de noviembre de 2015

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP

Confederación Nacional Agraria - CNA

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAAP

RED MUQUI

 

Foto: Publimetro

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Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el econ. Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

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El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

 

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¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.


Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.
Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana

Coordinaciones de prensa: Nelly Carrasco: #999-121-984
Entrevistas con economistas: Epifanio Baca: 996-615-553 / Gustavo Ávila: 993-689-683

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