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Por: Francisco Muguiro Ibarra S.J., director de Radio Marañon de Jaén

Este 05 de Junio se cumplen seis años, de aquel tristísimo acontecimiento en donde murieron 34 peruanos en la Curva del Diablo, hoy llamada de la Esperanza. Pero no se va a convertir en la Curva de la Esperanza si no hacemos verdaderos esfuerzos para que así sea. De aquel triste acontecimiento quedaron en calidad de acusados unos 86. De esos, unos 30 fueron quedando en libertad por distintas razones, 50 pasaron a ser acusados con penas de hasta 35 años y cadena perpetua, 3 quedaron en prisión durante más de tres años ilegalmente. Total son 53 acusados. A todos se les había aplicado la prueba de la parafina y salieron todas negativo. Ninguno de los 53 había disparado. Por acceso a la justicia se pidió que los juicios fueran en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, la capital de la mayoría los sentenciados, pero dicen que por seguridad de los jueces no se aceptó. Quedaba entonces Bagua, pero no se consideraban con capacidad para llevar a cabo este juicio y lo pasaron a Lima. El acceso a la justicia se veía cada vez más maltratado. Pero por fin y con presiones se determinó que fuera en Bagua.

Cuando empezó el juicio, Bagua estaba a 8 o 9 horas de Santa María de Nieva, pero es que muchos de los acusados eran de comunidades más lejanas, del río Cenepa, incluso del río Santiago. Del río Santiago a Santa María de Nieva hay tres, cuatro o cinco horas, según de qué comunidad se venga. Así que si sumamos horas y conexiones que no son inmediatas, se podría hacer en un día hasta el Nieva y otro a Bagua. Y los costos solamente en movilidad son 150 soles, añada alimentación y una noche de alojamiento, se completarían los 200 soles solamente en ir a Bagua.

Otros tantos a la vuelta. A otros les habrá salido los viajes por la mitad. Pero saben cuántas audiencias ha habido? 29, pero saben de esas 29 cuantas no se llegaron a realizar por cambios y porque no se presentaban los testigos? 8. Así que han gastado su plata, su tiempo para nada en ocho oportunidades. Totalmente frustrante. Han multiplicado 400 soles por 29 viajes?. Pues sale nada menos que 11.600 soles para los más lejanos y unos seis mil para los más cercanos. Eso sí que es un indicador de desconsideración a las circunstancias. En un principio se pidió que asistieran los abogados solamente, y los implicados cuando les tocara dar sus declaraciones, pero no se aceptó.

El Poder Judicial los trató como si fueran ciudadanos que llegan a las audiencias en colectivo o taxi. No hubo consideración ni a las distancias, ni a los costos ni a nada. Lo menos que se puede decir es que ha habido maltrato, desconsideración total. Díganme qué criterios de acceso a la justicia ha habido? Ninguno. Sin embargo era una gran oportunidad para demostrarles que el Estado de Derecho era algo bueno y al que hay que someterse en cualquier caso. Con esta experiencia tan negativa no creo que lo piensen, y la curva seguirá siendo, por ahora, del Diablo y no de la Esperanza.

Ningún awuajun o wuampis ha tenido, ni tiene esos recursos a su disposición, ¿y entonces cómo? Pues ha sido posible gracias a la Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que ha cubierto de los gastos de la mayoría, (18 indígenas y 20 mestizos) con los apoyos de la Vicaría de DDHH del Vicariato Apostólico de Jaén y de otras ONGS, como IDL, AIDESEP, y el Centro de Pastoral de Bagua, que les daba hospedaje.

Cada audiencia ha supuesto S/. 5.694, solo en pasajes y alimentación sin contar gastos de honorarios y viajes de los abogados, y por las 29 audiencias, nada más ni nada menos que S/. 163.821. Conseguidos por colaboraciones de Secours Catholique (Caritas Francia) Porticus ( Empresa Privada Holandesa-cristiana) y Diakonia (Suecia).

El Estado Peruano ha estado muy lejos del criterio de “Acceso a la Justicia” de sus ciudadanos, incluso en este Gobierno que llegó al poder con el slogan: Crecimiento con inclusión. Lo que han vivido los acusados es exclusión total, por lo menos en el trato recibido por el Poder Judicial.

Señora Fujimori y Señor Kuczynski, candidatos a la Presidencia de la República del Perú:

Desde la RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que desde hace 13 años acompaña y asesora a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, nos dirigimos a ustedes, luego de presenciar los debates presidenciales y técnicos de las últimas semanas, para manifestarles lo siguiente:

  • Nos llama la atención y nos preocupa el poco reconocimiento que sus propuestas hacen de la problemática ambiental y social generada por la MINERÍA en nuestro país. Si no reconocemos su existencia no haremos el esfuerzo necesario para solucionarla.
  • A partir de esa problemática Red Muqui ha formulado una agenda y propuestas en diversos documentos que les hicimos llegar, que deberían ser consideradas en la elaboración de las políticas públicas del nuevo gobierno. Desde esta perspectiva, el  Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento fundamental  para garantizar formas de desarrollo sostenibles, que tengan en cuenta las potencialidades y debilidades de nuestro territorio. Hasta el momento, no se han pronunciado sobre este tema ni  sobre la necesidad de derogatoria de la Ley 30230 en los aspectos referidos al OT, ya que lo debilitan como instrumento de planificación y gestión.
  • Consideramos que si no se deroga dicha ley, y no se dicta una Ley de Ordenamiento Territorial que  organice las competencias y vincule los instrumentos de planificación y gestión del territorio, los conflictos por uso seguirán reproduciéndose y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) seguirá siendo uno de los principales ministerios ordenadores del territorio,  a través del otorgamiento de  concesiones mineras.
  • El Perú tiene oficialmente 8616 pasivos ambientales mineros (PAMs) a nivel nacional, es decir, desechos de las operaciones mineras. El 50% de ellos de alto riesgo. Estos pasivos ambientales deben ser adecuadamente remediados para que no generen aguas ácidas de minas, que contaminan suelos y cursos de agua.
  • Existen serios problemas de salud ambiental a nivel nacional que afectan a poblaciones y comunidades en zonas mineras, en especial a los niños, sin que exista una política púbica nacional que brinde atención médica especializada por contaminación por metales pesados a las víctimas. Los casos que requieren de una urgente atención son: Espinar (Cusco), Pasco, Condoraque (Puno), Hualgayoc (Cajamarca), San Mateo (que se encuentra a sólo dos horas de Lima), entre otros. No se solucionada nada con postas que atiendan sólo los síntomas de las personas, ni se avanza ignorando los focos contaminantes que son los PAMs y operaciones mineras que tienen vertimientos que no respetan los LMP ni los ECA.
  • El respeto a los territorios de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas en nuestro país, está en riesgo por las normas de los paquetazos pro-inversión: la Ley 30230, el D.S N° 001-2015-EM, la Ley 30327, entre otras. Con ellas se han eliminado y/o debilitado garantías de la propiedad comunal.  Pese a ello se propone ahora la priorización de la titulación individual, lo que podría quebrar la unidad de nuestras comunidades y desaparecerlas. Al respecto planteamos que se debe establecer primero la ubicación georeferenciada de las comunidades, y cumplir con las obligaciones que exige el Convenio 169 de la OIT sobre  garantías para sus tierras, debiendo derogarse los puntos de las citadas normas que afectan derechos colectivos.
  • Nuestra gestión ambiental a nivel nacional también se ha visto seriamente afectada por las normas de los paquetazos normativos ya citadas. Se han limitado las facultades sancionadoras y el presupuesto de la OEFA como entidad fiscalizadora. Se ha modificado la forma de aprobación de los  LMPs y ECAs a y de  las zonas reservadas, dando lugar a que primen criterios económicos sobre los ambientales y de salud de la personas. 
  • La Consulta Previa para las Comunidades Campesinas y Nativas en minería se ha realizado en solo tres proyectos, los tres referidos a actividades de exploración. En esos procesos la consulta no les ha permitido influir en las condiciones para la operación. Además, de ello existen por lo menos 16 casos  en donde, según Defensoría del Pueblo,  se debió realizar consulta previa y no se hizo. A ello se añade que hasta la fecha no se incluye  en la base de datos de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad a un importante número de  comunidades campesinas.  Finalmente, algunos técnicos de la candidata Fujimori han planteado que es necesario revisar las normas de consulta previa, pero no han dicho en qué y para qué, esto nos genera preocupación, sobre todo considerando que Fuerza Popular tiene 73 parlamentarios a su favor de un total de 130 en el Congreso.
  • Sobre los conflictos sociales, se habla de sistemas nacionales de gestión de conflictos. Si bien ello es necesario, no existe una crítica a las Mesas de Desarrollo, que principalmente funcionan como  mesas de “negociación”, que evaden  los problemas de fondo detrás de los conflictos ofreciendo  recursos para lograr  que las poblaciones brinden licencia social  a los proyectos de inversión.  Esta misma idea está en la propuesta de “adelanto social”, que no es otra cosa que brindar beneficios económicos de parte del gobierno central a las poblaciones y comunidades, sin dialogar sobre los problemas que les pueden estar causando algún nivel de disconformidad. No podemos limitar la mirada de los conflictos a un tema de recursos.
  • Otra situación que se da como consecuencia de la conflictividad social, es la criminalización de la protesta. Los últimos gobiernos, incluido el actual y lamentablemente ambos candidatos a la presidencia y sus asesores, mantienen la perspectiva de la conspiración detrás de los conflictos.  
  • Las poblaciones no se movilizan y protestan, dejando sus quehaceres cotidianos, porque alguien los manipula, sino porque realmente sienten en riesgo recursos importantes para su existencia.  La candidata Fujimori ha dicho que no le temblará la mano para declarar estados de emergencia e incluso la intervención de las fuerzas armadas. Esta situación, que ya se ha presentado en varios conflictos sociales y sólo ha permitido contener o controlar el estallido del conflicto. Es importante que se entienda, que generalmente quienes protestan  no son  delincuentes que hay que perseguir, sino se trata de personas que buscan que se respeten sus derechos y al no encontrar otra vía, les queda la protesta pacífica, por lo que no se les debe tratar  como delincuentes. En ese sentido solicitamos a los candidatos revisar sus estrategias para hacer frente a los conflictos sociales y revisar las normas vigentes que criminalizan la protesta; así como las que permiten la impunidad de las fuerzas del orden en sus incursiones, y la intervención de las fuerzas armadas en labores que no les competen, y que podrían ocasionar afectación de derechos.
  • Respecto de la minería informal e ilegal, consideramos que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, por ello el proceso de formalización ha fracasado.
  • La desatención del Estado al sector agropecuario, el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y sus DREM y el poco apoyo de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, la débil institucionalidad pública, principalmente ambiental, y una corrupción institucionalizada, son temas que debe abordar una política que realmente pretenda resolver la problemática de la minería ilegal e informal.
  • En ese sentido, nos preocupan los acuerdos que la señora Fujimori ha celebrado con algunos gremios de la minería informal. No se debería olvidar la necesidad de  erradicar la minería en los ecosistemas frágiles, y continuar con la interdicción de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, donde el uso de mercurio y/o cianuro, impacta el ambiente contaminando el suelo, agua, animales y plantas, y a  los seres humanos. En estos casos es importante que desde el Gobierno Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, se plantee actividades alternativas que diversifiquen la economía local y desalienten actividades no sostenibles. Al respecto el señor Kuczynski ha planteado una política en ese sentido que  esperamos  se concrete de ser gobierno.
  • Finalmente es necesario diversificar nuestra economía, para que no sea sólo dependiente de actividades extractivas como la minería. Para ello es necesario que en base al OT y los Planes de Desarrollo Concertado, de manera coordinada con los Gobiernos Regionales y Locales y las Comunidades, se impulsen desde el Gobierno Central alternativas de desarrollo sostenible, basadas en las potencialidades locales, la disponibilidad de mano de obra, los saberes ancestrales y las perspectivas de desarrollo de las poblaciones y comunidades

RED MUQUI nació con el propósito de defender y promover los derechos de las personas que viven en zonas mineras. Con ese compromiso, estaremos vigilantes para que las actividades mineras que se realicen, lo hagan respetando el ambiente y los derechos de las personas.

Atentamente,

RED MUQUI

MÁS DE 190 ORGANIZACIONES

  • Justin Trudeau debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos
  • RED MUQUI y AMAS de Otuzco suscribieron esta misiva internacional

Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.

El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina, titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.

Caso del Perú *

En Perú los impactos de la minería canadiense no han sido ajenos, en la mina Lagunas Norte (región La Libertad)  la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) –miembro de la RED MUQUI- realizó, entre 2005 y 2010, un seguimiento que prueba la contaminación, y que cuenta con el acta de aceptación de la empresa firmada por el gerente de asuntos corporativos de Barrick el 15 de febrero 2010. En esta zona se ubican las operaciones de la Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A. (en adelante “Barrick Misquichilca”), la cual realiza una intensa actividad de remoción de tierras para la extracción de oro, así como otras explotaciones mineras.

El seguimiento realizado a la calidad físico-química y biológica del agua en las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro concluyó que existen serios problemas de contaminación. Desde el primer seguimiento de la calidad del agua se ha remitido la información a los dirigentes ronderos y se ha invitado a funcionarios de Barrick Misquichilca. En varias ocasiones los funcionarios de la minera han objetado los resultados que indican contaminación en las cuencas de los ríos.

Los informes producidos por AMAS han sido presentados al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Lima (OEFA), a la Defensoría del Pueblo en Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad, sin que exista un pronunciamiento formal señalando las medidas eventualmente adoptadas frente a la contaminación

Respecto a consulta previa e informada ** para lograr un acuerdo u obtener el consentimiento es una característica común en los casos en que se afectan tierras indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas o rurales a las que, por su especial vínculo con la tierra y sus particulares formas de vida, se les aplican los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa. Ninguno de los proyectos analizados en el informe fue sometido a un proceso de consulta libre, previa e informada, en búsqueda de un acuerdo o del consentimiento de la población afectada.

En Perú, en el proyecto Las Huaquillas, a pesar del rotundo rechazo de los pobladores y de las autoridades regionales, la empresa minera Huaquillas S.A.C., hizo llegar un ejemplar impreso y otro en un CD de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración las Huaquillas, junto con una carta dirigida a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Directorial N° 169-2013-MEM/AAM de 29 de mayo de 2013, aprobó la declaratoria de Impacto Ambiental categoría I del proyecto. Tales medidas no han sido antecedidas de la consulta libre e informada a las comunidades aledañas a la zona del proyecto.

Entre las organizaciones firmantes, se encuentra la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: Aprodeh, Centro Labor de Pasco, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDADD, CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH, Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente, GRUFIDES, Radio Marañon; en esta carta se reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro.

Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

VER CARTA

DESCARGAR INFORME

 

(*) Página 23 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

(**) Páginas 76 y 77 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Foto: CTSNews.ca

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

"Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe "Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015", el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

 “Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

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DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN PUNO

  • Estado otorgó en concesión el 100% de sus territorios y omitió aplicación de consulta previa
  • Según código procesal del TC, resolución de este caso debió salir en menos de una semana

La comunidad campesina La Arboleda (distritos de Tiquillaca y Atuncolla, Puno), lleva esperando cuatro años para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la demanda de amparo que presentaron por omisión de consulta previa luego que el Estado otorgara el 100% de sus territorios a concesiones mineras, sostuvo el abogado de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y representante legal, Rodrigo Lauracio.

En ese sentido, el defensor legal de La Arboleda indicó en Ideeleradio que las comunidades demandantes comprenden que la vía legal de proceso constitucional tiene una demora; sin embargo, el TC después de revisar la causa, debió resolver en un máximo de cinco días, según lo preceptuado en el Código Procesal Constitucional.

“El TC no resuelve y ya han pasado cuatro años. Nosotros desde aquí exhortamos para que se resuelva esta causa. Este no es el único caso, también tenemos el caso de La Arboleda de San José de Llungo del distrito de Atuncolla, que también lleva esperando desde el 2014”, refirió Lauracio.

Por su parte, la dirigente de la Comunidad Arboleda, Zenobia Cruz, que presentó la demanda de amparo ante el TC exigió celeridad.

“Yo le pediría al TC resuelva estos casos, no entendemos por qué demora. Yo, cuando regrese a mí comunidad campesina La Arboleda del distrito de Tiquillaca, la gente va a pensar que les mentí, porque han pasado cuatro años y todavía no tenemos una solución, yo le pido al TC que falle pronto a favor de nosotros”, solicitó en entrevista con Ideeleradio.

Con el caso de La Arboleda, se logró denunciar la existencia de políticas públicas que niegan derechos, así como la ausencia de políticas de protección de derechos de sectores de la población. Ello, a través del reclamo de un sector de la población vulnerado en sus derechos humanos y territoriales, ya que el Estado había otorgado en concesión el 100% de sus tierras a favor de empresas mineras.

En diálogo con RED MUQUI, Rodrigo Lauracio de DHUMA, recordó que la Comunidad La Arboleda interpuso una acción de amparo en setiembre del 2011, por afectación a la consulta previa, al derecho al territorio, a los recursos naturales, al agua y otros derechos contemplados.

Ante esta situación, las comunidades campesinas decidieron organizarse y presentar varias demandas contra Ministerio de Energía y Minas (MEMO) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, además de solicitar al juez, la realización de un proceso de consulta previa, respecto a las concesiones mineras que estaban en sus territorios. De igual modo, las concesiones mineras fueron revocadas en Puno tras la presentación de la demanda de amparo por omisión del derecho a la consulta previa.

En respuesta, las concesiones quedaron sin efecto, luego que los titulares de las mismas no renovaran el pago por derecho de vigencia.

DATOS:

  • Se trata de las demandas presentadas primero por la comunidad Arboleda del distrito de Tiquillaca, luego por la comunidad San José de Llungo del distrito de Atuncolla y en tercer lugar por 11 comunidades campesinas de todo el distrito de Atuncolla de la región Puno.
  • Las comunidades del distrito de Atuncolla no solo defendían sus tierras y los recursos naturales de estas, sino el íntegro del complejo arqueológico de Sillustani.
  • Según DHUMA, hasta el 2011 el 39% del territorio puneño fue otorgado en concesiones

 

Fuente: Justicia Viva / Ideeleradio

Video / Foto: Comunicaciones RED MUQUI

EN REUNIÓN CON SOCIEDAD CIVIL

  • Funcionario internacional fue informado sobre casos Espinar, La Oroya y Simón Bolívar

En visita no oficial, el Relator Especial sobre Desechos Tóxicos de las Naciones Unidas, Baskut Tuncak, lamentó que el Estado Peruano no cuente hasta el momento con protocolos para tratar la salud de las poblaciones que viven con metales pesados en la sangre a causa de la contaminación por causa de la actividad minera y la falta de cierre de pasivos ambientales.

En reunión con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), el funcionario de la ONU recibió un informe detallado sobre los casos de contaminación ambiental en La Oroya (Junín), Espinar (Cusco) y Simón Bolívar (Pasco).

El Instituto de Defensa Legal (IDL), Red Uniendo Manos Perú y Centro de Cultura Popular Labor de  Pasco fueron las organizaciones encargadas de exponer estos tres casos, que en común presentaron la poca acción por parte del Estado para implementar acciones de prevención, protección y tratamiento de la salud de aquellos pobladores que padecen los síntomas por contaminación.

El relator Tuncak preguntó en los tres casos, si los afectados contaban con acceso a agua limpia, alimentos sanos y plan de reubicación, además de la demanda de atención inmediata de la salud. En respuesta, obtuvo que la atención a estas situaciones en Junín, Pasco y Cusco ha sido insuficiente.

“Es sorprendente que el Estado no cuente con protocolos ante tantos casos de contaminación en el país”, comentó el comisionado por la ONU.

Para el caso de Espinar, el médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, quien indicó al relator como es que el Estado intentó ocultar, en dos oportunidades (2010 y 2013), los resultados de las muestras de sangre que fueron tomadas de los habitantes de las comunidades Alto Huancané y Huisa, las mismas que viven con Plomo, Mercurio, Cadmio y Arsénico en sus cuerpos.

VER CASO ESPINAR

Osores comentó a Tuncak, sobre la falta de voluntad del Estado peruano para determinar las fuentes de contaminación –natural y producto de la extracción-, con el fin de que la población que habita cerca al proyecto minero Antapacay, tome previsiones. Además, el médico especialista señaló la falta de un Programa de Atención Especializada en Salud Ambiental, que es urgente para prevenir, proteger y tratar a quienes habitan en esta zona.

“Desde el año 2010 no se toman medidas desde el sector Salud. Han sabido enviar a médicos itinerantes del Programa “Más Salud”, pero que no son los especialistas que se requieren para tratar estos casos de contaminación”, remarcó Fernando Osores.

El caso del distrito de Simón Bolívar (Pasco) fue expuesto por primera vez ante el relator ONU sobre Desechos Tóxicos, quien se mostró impactado por los más de 2 mil niños que presentan secuelas graves debido a los altos índices de, por lo menos, 10 tipos de metales pesados en la sangre.

VER CASO SIMÓN BOLÍVAR

Silva señaló a Tuncak, como es que en tres años (a partir del 2012), el Estado Peruano solo aplicó menos del 10% del Plan ante la Emergencia Ambiental decretada en la zona. De igual modo, explicó al relator que la lucha de Simón Bolívar, es porque existan nuevos protocolos y procedimientos de atención para personas contaminadas por metales pesados.  

“Actualmente mantenemos una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Se supone que en las próximas semanas se implementará el Hospital de la desintoxicación en Villa Rica, al igual que un laboratorio toxicológico para evaluar hasta 17 metales en el organismo humano”, agregó.

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Cabe remarcar que el Relator Especial sobre Desechos Tóxicos de las Naciones Unidas, Baskut Tuncak, aprovechó esta visita no oficial para conocer los casos de afectación por sustancias contaminantes, no solo producto de la minería, sino también de industrias gasíferas, petroleras, petroquímicas, pesticidas, etc.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN CAJAMARCA

  • El 23 y 24 de abril  se llevó a cabo un taller con Juntas Directivas de Supayaku y ORFAC

La Junta Directiva de la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku (San Ignacio, Cajamarca), conformada por los Apus de los nueve anexos, y de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), recibieron un Taller de capacitación organizado por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que tuvo como principal objetivo el proporcionar herramientas y conocimientos específicos que contribuya a que los dirigentes desempeñen mejor su rol de autoridad en la comunidad.

Precisamente, la junta directiva de Supayaku acababa de ser cambiada, por lo que se decidió dedicar tiempo y espacio a un repaso, identificación y priorización de los problemas que afectan el ejercicio de sus cargos y responsabilidades, y que solicitan sean abordados en este nuevo ciclo de talleres.

Este taller estuvo dividido en tres temas: Revisión y modificación de sus estatutos, cómo actuar frente a la desatención de autoridades locales y acerca de la normativa ambiental y la que está referida a los derechos de los pueblos indígenas.

La revisión y modificación de estatutos, surgió ante la necesidad de que en muchos casos, estas normas internas no se adecúan a la actual situación o realidad de la comunidad. Por ejemplo, una de las situaciones recurrentes es que el estatuto comunitario exige una serie de requisitos para incorporar a personas –ajenas a la etnia Awajún- pero que se unen o comprometen con un(a) comunero(a). Entre ellos, qué lugar ocuparían en la comunidad hasta los recursos a los que puede acceder, según sea hombre o mujer.

Ante esta realidad, los dirigentes se ven inmersos en un serio conflicto con la población, ya sea por aplicar dichas normas, o por no hacerlo. Esto está muy vinculado a la necesidad de conservar su usos y costumbres, sus territorios, su cultura. Es por ello que un proceso de revisión y modificación de estatutos resulta imprescindible y urgente.

De otro lado, a los dirigentes les surge la gran interrogante sobre cómo actuar frente al abandono de las gestiones municipales del distrito de Huarango y la provincia de San Ignacio, y frente a la desatención de los alcaldes que no responden a pesar de haber cumplido con las diligencias. En ese sentido, los Apus señalaron que una de las necesidades más urgentes de las comunidades, es la reparación del huaro de Supayaku (sistema de movilidad y cruce de río a través de cables), así como la construcción de un puente en Chingozales ante el riesgo de accidentes al momento de cruzas las caudalosas aguas del río.

Otro pendiente con las autoridades es el pago a las madres del Programa Juntos, para que estos se realicen en la comunidad y no en el distrito de Huarango, ya que el traslado supone uso de recursos económicos.

Como tercer punto, las comunidades participantes del taller, ubicaron la necesidad de mantenerse actualizados respecto a las normas que les afectan como pueblos indígenas, especialmente sobre los “paquetazos ambientales” que facilitan el ingreso e inicio de operaciones de las empresas extractivas en sus territorios, sin ninguna consulta de por medio.

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En respeto a esos requerimientos, el equipo de Fedepaz facilitó la lectura y revisión de los estatutos de ORFAC, como inicio de un proceso que implicará varias sesiones, ya que implica intervenciones de consulta, debate y propuesta entre los propios actores, respecto a sus procedimientos internos, y también en relación con el marco normativo nacional existente. No obstante, Fedepaz se comprometió a seguir proporcionando asesoría jurídica respectiva, junto con el acompañamiento respetuoso en este proceso de revisión de estatuto, para lo cual se acordó con dichas autoridades la incluir la participación de comuneros y comuneras.

 

Fuente / Fotos: FEDEPAZ

  • De esta forma se impide solicitud de archivamiento por parte de Fiscalía Provincial

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal contra tres efectivos policiales por los delitos de homicidio, en agravio de dos campesinos, así como por lesiones graves contra otros cinco que pertenecen a las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura).

Los efectivos policiales: Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán han sido acusados de haber cometido homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, además de tentativa de homicidio contra los campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

“De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio (…) por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial (Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba) no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma”, señala la disposición del Fiscal Superior.

De esta manera, este despacho fiscal desestimó el requerimiento de archivamiento  (sobreseimiento) presentado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, y declaró fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas.

Anteriormente la Primera Fiscalía Provincial inició una investigación en contra de los campesinos por “haber causado lesiones a los policías y daños a sus vehículos”; sin embargo, los abogados de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) asumieron la defensa de los campesinos y lograron acreditar que ellos eran las víctimas. Es así que el 30 de diciembre de 2010 la Fiscalía decidió formalizar el inicio de una investigación preparatoria contra los 3 citados policías, imputándoles el homicidio y las lesiones graves a los campesinos.

“El objetivo de este proceso es que se establezca la verdad de hechos. Los efectivos policiales dispararon por la espalda a dos campesinos que finalmente fallecieron. Además de causaron graves lesiones a otros cinco comuneros, de los cuales, uno tuvo que ser amputado de una pierna para que pueda sobrevivir”, recordó el abogado defensor de los agraviados, David Velasco.

Culminada la investigación preparatoria y a pesar de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal de los efectivos policiales investigados, la Primera Fiscalía Provincial solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el archivamiento de dicha investigación penal. En respuesta, la defensa legal de los campesinos formuló oposición por escrito de manera oral en Audiencia correspondiente. Después de evaluar, el Juzgado decidió elevar el expediente en consulta al Fiscal Superior, quien resolvió ordenar que el Fiscal Provincial proceda a formular acusación fiscal contra los efectivos policiales que son investigados.

Recuento del caso Huancabamba

El 2 de diciembre del año 2009, un grupo aproximado de 30 policías utilizaron armas de fuego para  reprimieron violentamente a un grupo de campesinos en el Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba, Región Piura).

Los comuneros habían increpado a los efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los efectivos policiales optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de dos campesinos e hirieron de gravedad a otros cinco 5 campesinos.

FEDEPAZ expresó su satisfacción respecto a la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, y dijo confiar en que los graves crímenes cometidos por los señalados efectivos policiales no quedarán impunes.

“Si un caso como éste queda en la impunidad, pese a las pruebas irrefutables de la muerte y agresión de campesinos que hacían uso de su legítimo derecho a protestar en defensa de sus derechos comunales, ¿Qué otras víctimas de casos similares podrían tener la esperanza de encontrar justicia en las autoridades peruanas?”, finalizó David Velazco, parte del equipo de defensa legal de FEDEPAZ.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: olca.cl

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