Super User

Super User

TRAS MOSTRAR PREOCUPACIÓN

Durante su 159º Período Ordinario de Sesiones, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al Estado peruano a mantener un diálogo con la Sociedad Civil en cuanto a la existencia de los convenios de seguridad privada entre la Policía Nacional y las empresas mineras que operan en el Perú.

En presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la CIDH mostró su preocupación por la existencia de estos convenios que han agudizado los conflictos socioambientales, así como la criminalización de la protesta social a causa de los mismos.

Es por ello, que durante la Audiencia General “Política del estado peruano en materia de derechos humanos” solicitaron al Estado peruano y a los representantes de la sociedad civil, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de ambas problemáticas.

Convenios PNP en la mira

El encargado de exponer sobre los convenios de seguridad privada que la Policía Nacional mantiene con las empresas mineras, fue David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

davidvelazco CIDH

En este punto señaló que lo más grave es cuando la Policía Nacional del Perú (PNP), en aparente cumplimiento de su función pública de control del orden interno en los conflictos sociales, ejerce represión –que suele ser brutal- no sólo bajo la dirección de su comando sino, también, de la Gerencia General o Gerencia de Seguridad de las empresas extractivas.

“Se está produciendo es un fenómeno de “delicadísima privatización” de la Policía al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero e hidrocarburos. Ya se habla de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales”, aseveró ante la comisión.

Aquí también precisó que el Estado peruano ha dado facilidades y apariencia constitucionalidad a la intervención de las fuerzas policiales, con la aprobación de normas de jerarquía legal que, aunque prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial -de manera personal- ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (Decretos Legislativos N° 1148, 1213 y 1230).

Es por ello que, Fedepaz solicitó que la CIDH exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social, así como a establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos que sigue pendiente desde el sector Justicia.

Ministra responde

CIDH159 2

A su turno, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, señaló que el tema de los contratos de seguridad privada estaba siendo revisado por el Estado peruano en el contexto de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial y en la línea de los principios voluntarios por parte de las empresas para respetar los derechos humanos. Para Fedepaz, con esto, Pérez Tello dio a entender que dichos convenios quedarían sin efecto.

Criminalización de la protesta

En cuanto a la criminalización de la protesta social alrededor de los conflictos socioambientales en el Perú, Velazco Rondón mencionó que tiene como base: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, campañas de difamación a los defensores de derechos humanos, y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Al inicio de su intervención, el abogado explicó que la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley N°30151 (Modificatoria del artículo 20° del Código Penal), que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos; así como el Decreto Legislativo N° 1095, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno con –o sin- declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo.

Nueva normativa de represión

David Velazco también señaló que el derecho penal se sigue utilizando como principal instrumento de criminalización, y citó como ejemplo la reciente aprobación del Decreto Legislativo No. 1245 que aumenta injustificadamente las penas en delitos como daño agravado, hurto agravado, etc. Tipos penales que normalmente son empleados para iniciar procesos penales a quienes participan en las protestas sociales.

La CIDH ha publicado el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

DATOS:

  • Fedepaz participó en la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”.
  • El Estado Peruano estuvo representado por la Dra. Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la sociedad Civil estuvo representada por una delegación integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, PROMSEX y Fedepaz.
  • La audiencia tuvo lugar de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. en la Ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

Fuente: Fedepaz

Fotos: Captura YouTube CIDH

grupoperucop20

El Grupo Perú Ambiente y Clima (anteriormente Grupo Perú COP), saluda la entrada en vigencia del Acuerdo de París en noviembre pasado, lo cual representa simbólicamente la intención de los países – entre ellos el Perú - de cumplir con sus compromisos para que la temperatura global del planeta no sobrepase los 2°C, que de por sí ya nos coloca en una situación crítica.

La expectativa para la COP22, realizada en Marruecos en noviembre de este año, estuvo en que los países aprovechen el impulso de la entrada en vigencia del Acuerdo de París y se llegue a decisiones que permitan la implementación del Acuerdo. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que los avances concretados no dan señales de entrar firmemente en la ruta de reducción de emisiones de GEI hacia el 2021 y posteriormente 2030.

Uno de los hechos que pone en riesgo la implementación del Acuerdo es la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, del cual se teme que no cumpla con los compromisos climáticos asumidos por su país. El nombramiento de un abierto negacionista del cambio climático como responsable de su política ambiental confirma que estamos en un momento de alto riesgo para lo avanzado en Paris y se pueda incubar un proceso de “Brexit Climático”.

Consideramos igualmente preocupante que los negociadores hayan postergado hasta el 2018 el plazo para definir las reglas que permitan la implementación del Acuerdo de París; este retraso hace peligrar la meta de no superar los dos grados de aumento de temperatura, y la meta de 1.5 grados se aleja cada vez más. En este contexto, es esencial aumentarlos esfuerzos de mitigación y definir metas más ambiciosas para el periodo previo al 2020, sobre todo por parte de los países desarrollados.

Por otro lado, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación y muchas decisiones de particular importancia para los países vulnerables, como el financiamiento climático o la agricultura han sido postergadas para ser tratadas el próximo año.

En relación al financiamiento climático, respaldamos el pedido de los países en desarrollo, que exigen mayor claridad y garantías sobre el incremento en la movilización y suministro de recursos financieros, en particular para las acciones de adaptación. Aunque se ha avanzado en definir orientaciones para el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), y para el Comité Permanente de Finanzas, aún no se logra establecer una hoja de ruta para alcanzar la meta de US$ 100 billones anuales de financiamiento climático prometida por los países desarrollados.

Nos preocupan los desacuerdos que surgieron en la COP22 respecto a la continuidad del Fondo de Adaptación dado que fue creado bajo el Protocolo de Kyoto que ya fue reemplazado por el Acuerdo de París. Concordamos con la propuesta de que este Fondo sirva al Acuerdo de París, 2 como lo plantean los países en desarrollo. Este fondo es importante, pues permite un acceso más directo al financiamiento, con menos trabas burocráticas que exigen otras fuentes financieras, además los países en desarrollo tienen una mayor representatividad en las instancias directivas, lo que no sucede en otros casos.

La transparencia es otro de los pilares del Acuerdo de París, por lo que es preocupante observar que subsiste el desacuerdo en relación a si los países en desarrollo deben someterse a las mismas reglas que los países desarrollados. A este respecto, respaldamos la propuesta de AILAC sobre la relevancia de transitar de los esfuerzos actuales de reporte y revisión hacia un marco común y robusto de transparencia.

También consideramos preocupante el escaso avance respecto a la transparencia del financiamiento climático, ya que aún no se ha acordado un plan de trabajo que establezca plazos y procedimientos para contabilizar los recursos canalizados para la acción climática. La suma de estos elementos evidenció en la COP22, que muchos de los gobiernos querían eludir la responsabilidad por la aplicación de las Contribuciones Nacionales (NDC), hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones; en ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas, como sabemos, la participación privada en el fondo no será por filantropía ambiental, en el mejor de los casos debe ser la oportunidad para un debate y diálogo abierto con la sociedad civil.

Asimismo, lamentamos que las negociaciones sobre Agricultura no hayan logrado resultados concretos, pese a que el propio Acuerdo de París reconoce "la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la especial vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los impactos del cambio climático". Hacemos un llamado a los negociadores a promover en las próximas reuniones de la CMNUCC la adopción de una decisión en relación a la Agricultura que reconozca la prioridad de las medidas de adaptación y permita construir capacidades y canalizar recursos a los agricultores familiares.

Reconocemos algunos avances en relación a diversos temas que el Grupo Perú Ambiente y Clima considera prioritarios.

  • Adaptación

Consideramos positivo que en la COP22 se haya establecido un plazo corto para que los países presenten sus propuestas sobre las características que debe tener la Comunicación de Adaptación. También saludamos que el Comité de Adaptación iniciara la discusión sobre cómo pueden reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo y cómo se evaluará la adecuación de estos esfuerzos; y concordamos igualmente con la necesidad de que este Comité cuente con financiamiento suficiente para implementar su plan de trabajo, dada la importancia de la Adaptación para países vulnerables como el Perú que requieren apoyo en la implementación de sus Planes Nacionales de Adaptación.

  • Programa de Nairobi

Se analizó la relación entre el cambio climático y la salud, áreas en que nuestro país ya siente los impactos negativos; reconocemos como un avance la aprobación de un plan de trabajo de 5 años para abordar las pérdidas y daños por impactos climáticos que no pueden ser enfrentados con medidas de adaptación, como el retroceso glaciar en el caso peruano.

  • La construcción de capacidades para la adaptación y mitigación

Como prioridad para los países en desarrollo y para el Perú, saludamos que el Comité de París para la Creación de Capacidades haya iniciado sus labores, ya que consideramos que puede contribuir a que todos los países sean capaces de cumplir con sus compromisos climáticos. Destacamos que se haya decidido que este Comité aborde temas como la equidad de género, los conocimientos indígenas y los derechos humanos. También destacamos la puesta en marcha de la Iniciativa de Construcción de Capacidades para la Transparencia, que ya cuenta con más de US$ 50 millones para operar, pero advertimos que esta cifra es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo.

  • Plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático de comunidades y pueblos indígenas. En el caso peruano esta iniciativa es muy pertinente considerando el amplio bagaje de conocimientos y prácticas indígenas tradicionales. Esta Plataforma debería ser un espacio permanente en las futuras COP.

Respaldamos el planteamiento de los sindicatos, que exigen a los gobiernos que las NDC deben estar garantizadas por fondos públicos y que los países que han contribuido históricamente al cambio climático son los que deben asumir responsabilidades; asimismo que respeten y garanticen el trabajo digno, a los derechos humanos y ambientales e incorporen medidas de transición justa, que incluyan consultas con las organizaciones de trabajadores, empresas y comunidades campesinas y nativas. Debe especificarse como se afrontarán los impactos sociales de las políticas climáticas en los trabajadores, y como éstas serán reportadas en las NDC.

Asimismo, hacemos un llamado a no perder de vista la estrecha vinculación entre el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los resultados de Hábitat III, las metas de Biodiversidad de Aichi, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La planificación e implementación de los compromisos derivados de estos instrumentos internacionales debe ser integral.

Al Perú le corresponde dar un ejemplo de responsabilidad climática en América Latina, y un primer paso ha sido la pronta ratificación del Acuerdo de París. Ahora enfrentamos el reto de garantizar la compatibilidad entre los compromisos asumidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional y las políticas de desarrollo. En este sentido, instamos a que el Estado peruano evite contradicciones entre los compromisos climáticos y las medidas de promoción de inversiones.

Es urgente la asignación de recursos necesarios para la implementación de las NDC, particularmente en lo relacionado a las condiciones habilitantes, la gobernanza de los bosques, el fortalecimiento de la institucionalidad y estándares ambientales, el ordenamiento territorial, la protección de tierras de comunidades para evitar el cambio de uso para actividades no sostenibles, la participación de la población y comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, protección de zonas productoras de agua y gestión de la recarga hídrica con enfoque de cuenca, la protección de los flujos de agua superficial y subterránea para consumo humano y actividades sostenibles, y la priorización de medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria; todo ello con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos territoriales y a la consulta previa.

13 de diciembre de 2016

CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN

  • Reunión se iba a desarrollar este martes 13 por la mañana
  • Comunidades de Piura y Cajamarca dieron a conocer sus condiciones de diálogo

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió suspender la primera reunión de la mesa de diálogo que iba a sostener con las comunidades de las provincias de Huancabamba, Ayabaca (región Piura), Jaén y San Ignacio (Cajamarca), informó Merbil Peña Vilela, alcalde del distrito de Carmen de la Frontera.

Según indicó Peña a RED MUQUI, la PCM no aceptó que la mesa se desarrolle en Sapalache (capital de Carmen de la Frontera), tal como lo propuso Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), por ser el lugar donde se inició el conflicto por Río Blanco en el año 2003.

Por medio de una carta enviada a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Frente presentó su lista de participantes, así como sus condiciones para iniciar este proceso de diálogo, tras el convenio suscrito entre el Estado y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que invertiría alrededor de US$ 2,500 millones para obtener, durante 20 años, una producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

convenioRioBlanco

Entre ellas está incluir a todos los representantes que integran el FDSFNP, incluyendo a sus asesores; que quienes representen al Estado en la mesa, sean funcionarios con capacidad de decisión como son ministros o viceministros, entre otras.

En respuesta, el Ejecutivo también les comunicó que antes deberán sostener una reunión de coordinación para evaluar estos pedidos acordados por las autoridades locales y regionales y dirigentes de Rondas, Comunidades Campesinas y demás organizaciones sociales que habitan en lo que sería la zona de influencia del proyecto minero.

rioblancoasamblea

Cabe mencionar que estas condiciones del FDSFNP surgieron de una asamblea que sostuvieron este fin de semana en el Gobierno Regional de Piura. En este encuentro se acordó principalmente, rechazar la realización del proyecto minero en Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio, debido a los serios impactos ambientales y sociales que ha ocasionado desde hace 13 años.

Asimismo, el FDSFNP coincidió en exigir que el Estado respete la Constitución y el Convenio 196 de la OIT que reconocen su autonomía comunal y el derecho a la consulta previa, que debe aplicarse antes de tomar cualquier decisión que les puede afectar. 

Otro de los acuerdos concretados, fue la coordinación y acciones de los integrantes del FDSFNP, de las cuatro provincias en los espacios de diálogo que se puedan generar a nivel nacional, regional y local; fomentar la diversificación productiva en los planes de desarrollo concertados con las municipalidades locales y provinciales, y gobiernos regionales, ello supone desarrollo de actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería y el turismo.

Cabe mencionar que el Frente de Defensa ha solicitado el acompañamiento de un grupo técnico conformado por RED MUQUI, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Páz (Fedepaz), Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia de Piura (REDAD), el área de Justicia y Paz de la diócesis de Chulucanas y la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones de la Sociedad Civil que conocen muy bien el caso (desde que era minera Majaz S.A.), además de haber asumido la defensa de los dirigentes comunales que fueron torturados por la policía en la campamento minero en el año 2005. 

La zona de influencia del proyecto Río Blanco, está constituida por páramos y bosques de neblina generadoras de humedad y vegetación, en estos ecosistemas se encuentran las nacientes de los ríos: Piura, Quiroz y Huancabamba, fuentes de agua de la región de Piura. De igual manera, de estos lugares nace el río Chinchipe tributario del Marañon (cuenca amazónica) que también abastece a las provincias cajamarquinas de de Jaén y San Ignacio.

DATOS:

  • En su última visita a Lima, los representantes de las comunidades sostuvieron reuniones con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, y con funcionarios de la PCM y el MEM. En este encuentro se planteó comenzar la mesa de diálogo el 13 de diciembre desde las 10:00 a.m.
  • El FDSFNP se ha conformado el 2005 para ejercer la defensa conjunta desde las provincias Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, de los derechos humanos y del medio ambiente.
  • En setiembre de 2007, se llevó a cabo una consulta vecinal en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca), así como en el distrito de El Carmen de la Frontera en (Huancabamba), donde el 95% se mostró en contra de que se desarrolle minería en sus territorios comunales.

 

Fuente: Red Muqui

Fotos: Oxfam / REDAD Piura / El Peruano

A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio "Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.

Fuente: RED MUQUI

Foto: CEAS

CON CAMBIO EN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • ZEE debería ser más flexible y adecuada a situación de cada región

El Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente (Minam), Erasmo Otárola, indicó que al actual gobierno considera necesario reducir algunos instrumentos para que el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) se pueda llevar a cabo en un máximo de dos años.

Para ello, el funcionario habló sobre la necesidad de modificar -o derogar- la resolución ministerial (N° 135-2013/MINAM) que hace mucho más instrumentalista a la ZEE y que incorpora distintos estudios especializados. Algo que, según dijo, complica más este proceso previo al Plan de Ordenamiento Territorial (OT).

“La mirada que tenemos en esta nueva gestión, es disminuir los procesos y trámites, por lo que debemos reevaluar (…) Cada región tiene sus problemáticas, y es por ello que se requiere de una herramienta más flexible”, recomendó.

Otárola indicó que esta propuesta responde al tiempo que demora en llevar a cabo estos los estudios especializados, que en algunos casos alarga la ZEE hasta 8 años, en algunas regiones. Ello se debe a cuestiones de gestión y presupuesto destinado al tema territorial. A ello agregó que la elaboración de la resolución nunca pasó por el Comité Consultivo de OT, en su momento.

“Es necesario simplificar, ya que la información va cambiando, y muchas veces cuando se termina el proceso de ZEE, estos se desactualizan”, comentó.

Además de revisar la normativa actual (la resolución ministerial del año 2013), Otárola asegura que se requiere repotenciar las ZEE al agregar el levantamiento de información sobre Cambio Climático y servicios ecosistémicos; fortalecer los comités técnicos que respaldan la participación en las ZEE; asegurar financiamiento; mejorar la coordinación intersectorial para tener una visión conjunta, y adecuar el proceso a la situación específica de cada región o localidad.

El funcionario resaltó que las ZEE es una herramienta que ha calado en las regiones, por ejemplo, en Cajamarca, que tiene más del 60% de sus estudios culminados. Informó que, actualmente, son 13 los gobiernos regionales que presentan una ZEE completa, para el resto les es complejo el proceso y no terminan de verle la utilidad, ni el objetivo que es el Ordenamiento Territorial.

Asimismo, reconoció que la Ley N°30230 complica el proceso de OT al darle carácter multisectorial. Específicamente en su artículo 22, que señala que la política de OT es aprobada mediante un decreto supremo.

erasmo

Más problemas identificados

Durante su participación en el IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Erasmo Otárola, expuso que, pese a existir 13 regiones con una ZEE completa, aun no se le da un uso adecuado a la información obtenida como para resolver problemas específicos del territorio, como suelos, vegetación, conflictos, etc. Entonces se requiere potenciar esta información.

“No podemos usar información sobre el territorio para bloquear inversiones o la conservación, para fines políticos. Se debe usar para el bienestar común”, remarcó.

Otro reto, es lograr una mayor concertación y participación equitativa que incluya al sector de empresarios y la Sociedad Civil interesada por el Medio Ambiente, con el fin de buscar un equilibrio de los diferentes intereses que se tienen sobre el territorio. Todo ello siempre con una visión de futuro y a largo plazo.

Para ello, es necesario fortalecer las comisiones técnicas en los gobiernos y convocar nuevamente al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial ya que se requiere una visión sectorial del proceso.

Otro de los problemas persistentes en el camino al OT, es la falta de articulación entre niveles de gobierno, y de desde sus competencias; así como la de planificación de instrumentos como planes nacionales, los de desarrollo concertado regionales y locales, con el fin de priorizar la inversión pública y privada.

Desde Plataforma OT

Por su parte, Javier Azpur, representante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, resaltó la importancia de promover un enfoque de nuevo orden territorial que incluya dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, el pensar los territorios como sistemas urbanos y rurales integrados con redes sociales y empresariales y circuitos económicos.

javier

Para el técnico de la Plataforma OT, es necesario también promover un cambio en las políticas públicas, que no deben ser 100% sectoriales y autónomas, sino poseer una mirada desde el territorio, e integrarse a las realidades y a sus dinámicas sociales.

“El gobierno de Ollanta Humala ha sido una gestión que ha buscado limitar el avance para construir y planificar el territorio como dimensión clave. No puede pensarse, la planificación y ordenamiento, sino se vincula al proceso de descentralización, y sin una distribución del poder político en el país”, precisó.

En ese sentido, mencionó que los GORE son un punto de apoyo para que el OT se ubique dentro de la nueva agenda política nacional. Si bien se debe construir un sistema que permita integrar a los diferentes niveles de gobierno y fortalecer sus instancias de planeamiento y vínculos entre ellos, tampoco se trata de crear nuevos centralismos desde las regiones y sus mancomunidades.

Otro aspecto, es consolidar la institucionalidad pública que nos permita avanzar en un sistema efectivo de planificación. Consolidar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y darle mayor capacidad de decidir las grandes políticas de desarrollo nacional y sus prioridades.

Azpur no dejo de mencionar que con una Ley OT se podrían establecer las funciones y que de un orden a la multiplicidad de instrumentos que hay como los planes, planes urbanos, de acondicionamiento, etc. “Se espera que este nuevo gobierno lo ponga en la agenda política”, dijo.

“Desde la plataforma hemos afirmado que la vigencia del planeamiento y ordenamiento territorial se mantiene viva, no porque exista voluntad del gobierno, sino porque existen acciones desde 13 gobierno regionales que vienen trabajando y culminando sus procesos de ZEE y las exigencias que vienen desde los estudios especializados”, finalizó.

DATO:

grupal

El último 25 de noviembre, se realizó IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma OT. Este encuentro reunió a los actores claves diversos que están involucrados con OT, como funcionarios de CEPLAN, Minam, gobiernos regionales de Piura, Cajamarca, Cusco, y gobiernos locales.

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO

  • Fallo histórico deja precedente al hacer prevalecer derechos comunales de comunidades campesinas
  • Corte superior indica que INGEMMET debe respetar Convenio 169 antes de otorgar concesiones mineras en Puno

La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.

Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.

aymarasquechuas9

“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Últimas en enterarse

En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.

En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.

aymarasquechuas8

"Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación", refiere la Corte Superior.

Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.

“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.

Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.

“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.

Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.

INGEMMET responde

Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.

aymarasquechuas6

No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.

Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).

Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.

“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.

DATO:

Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

Fuente: Justicia Viva / SERVINDI / Ideele Radio / Correo

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

  1. Últimas Noticias

Calendario

« Junio 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30