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CON PROYECTO DE LEY

  • Iniciativa pretende fortalecer y complementar actual Ley de Recursos Hídricos
  • Intangibilidad de cuencas dependería de la función ecológica de las zonas donde se ubican

El congresista del Frente Amplio, Marca Arana presentó un proyecto de ley que propone el resguardo de importantes cabeceras de cuenca y zonas productoras de agua, al ser declaradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como libres de daño –intangibles–, ante la ejecución de actividades económicas a gran escala que puedan contaminarlas y amenazar su ecosistema.

“No se trata de una intangibilidad absoluta, o de que no se pueda hacer nada en ellas (las cuencas o nacientes), sino de una intangibilidad restrictiva, en el sentido que actividades que sirvan para la protección y la gestión como: forestación con plantas nativas, como investigación científica o ecoturismo en pequeña escala, sí estaría permitido.

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En ese sentido, el congresista representante de Cajamarca, dijo que para determinar cuáles son las zonas productoras de agua que pueden ser declaradas intangibles (libre de daño), se deberá considerar la función ecológica que cumple en el lugar. “En algunos casos pueden ser cuencas muy extensas, en otras microcuencas. Además, posee enfoque integral, al mirar la protección y gestión en la parte alta, media y baja de los ríos”, añadió.

Asimismo, especificó a RED MUQUI que el proyecto de conservación y protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas (N°283/2016-CR), también contempla lo contrario, es decir, que una cuenca pueda ser intervenida y no ser declarada como intangible. El texto de la propuesta de ley deja abierta esa posibilidad.

“No se trata de decir que no se toque ninguna cuenca, sino de declarar intangibles a aquellas cuencas que cumplen un rol productor de agua, fundamental para otras actividades económicas o para el consumo humano”, reiteró.

Respeto a propiedad comunal

Arana sostuvo que su iniciativa de ley permitiría tener zonas de conservación y de gestión integrada de recursos hídricos, en el que se respete la titularidad y la propiedad de las comunidades campesinas, o de quienes posean legalmente los predios que se encuentren en zonas productoras de agua. Para ello, el proyecto toma en cuenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la ley de Consulta Previa.

“Al no avanzar en la titulación de las comunidades campesinas, se privilegian actividades que demandan mucha agua o que demandan poca, que encima es contaminada”, señaló.

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Importancia

El legislador recalcó que la importancia de este proyecto radica en la prevención de conflictos socio ambientales, que por lo general se deben a la contaminación del agua por parte de las actividades extractivas, especialmente, desde la minería.

Además, apunta a mejorar la coordinación entre la ANA y los Gobiernos Regionales (GORE) y reforzar la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) que ya reconocía la necesidad de resguardar los ecosistemas frágiles de altura, productores de agua, pero sin un marco normativo adecuado para ello.

Aplicable en Cajamarca

Por su parte, Sergio Sánchez, Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) de Cajamarca, aseguró que desde el Gobierno Regional ya tienen lista propuesta técnica que podría aportar y complementar la iniciativa de ley del congresista.

“Con el estudio de Zonificación Ecológica hemos identificados las cabeceras de cuenca más importantes y cuáles son las zonas donde cualquier empresa extractiva quiera entrar tendría que tener una restricción para no malograr actividades agrícolas ganaderas, tomando en cuenta que el 67% de la población es rural, y de ellos, el 55.8% vive de la agricultura y la ganadería”, comentó.

Sánchez acotó que es necesario contemplar el agua superficial, así como la subterránea, al ser lagunas y acuíferos confinados, que es importante para más de la mitad de la población cajamarquina.

“Cajamarca ya ha propuesta áreas de conservación regional, y hasta nacional, como las lagunas del alto Perú, las zonas de Conga, los bosques de Jaén, las lagunas de San Miguel de Tabaconas que colinda con Piura, zonas de importancia hídrica en las que podría aplicarse este proyecto”, finalizó.

Fuente y Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN INICIO DE JUICIO ORAL

Este viernes 23 de setiembre se inició la etapa oral del juicio contra el exalcalde de la Provincia de Espinar (Cusco) Oscar Mollohuanca Cruz, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa (FUDIE) Herbeth Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, quienes son enjuiciados por los delitos de disturbios, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos.

Durante esta primera audiencia, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó –para los tres acusados– 20 años de prisión efectiva ante el titular del Juzgado Unipersonal del distrito judicial de Ica, Darcy Vivanco Ballón. Tras su exposición de alegatos, el Fiscal también pidió la inhabilitación a todo cargo público, por cinco años, para el exalcalde de Espinar.

En detalle, el ministerio público de Ica, solicitó para cada uno de los imputados: 8 años de cárcel por el delito de atentado contra la seguridad común; 7 años por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, y otros 7 años por el delito de disturbios; además de una reparación civil de 100 mil nuevos soles y 250 días de multa a razón de 30% de sus haberes diarios (un total de 1875 soles).

A su turno, la Procuradora del Ministerio del Interior, afirmó que, desde el 21 al 30 de mayo del 2012, se registraron hechos de violencia, disturbios y por tanto pérdidas económicas para Espinar y la región Cusco, además de haber afectado las actividades de la empresa minera Antapaccay. En consecuencia, solicitó que se le imponga a la parte acusada, una reparación civil de 5 millones de nuevos soles en favor del Estado.

En respuesta a los alegatos acusatorios, los abogados de la defensa argumentaron que “la protesta social es un derecho legítimo”, y que las exigencias eran justificadas debido a los indicios de contaminación existentes en la zona desde hace muchos años atrás. También señalaron que la Policía Nacional estuvo claramente parcializada con la empresa, ya que mantiene convenios para la protección de los intereses de la minera.

Quien apareció durante el juicio, fue el Procurador de la Municipalidad provincial de Espinar, quien nunca antes se había hecho presente en este caso (la Municipalidad Provincial de Espinar no es parte agraviada en el proceso).

Tras la exposición de las partes, el juez distrital del Ica, programó una próxima audiencia para este viernes 30 de setiembre, a partir de las 3 de la tarde.

De Cusco a Ica

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Cabe mencionar que en su momento la defensa de los agraviados, solicitó el retorno de la competencia al Juzgado Unipersonal de Espinar (Cusco), petición que fue concedida en primera instancia, pero que fue apelada por la Procuraduría del Ministerio de Interior.

Finalmente, el caso se está viendo en Ica, vulnerándose varios derechos entre ellos el derecho al Juez Natural y como tal el acceso a la justicia, además de las dificultades económicas que representa para los dirigentes y los abogados el trasladarse para cada audiencia desde Espinar hasta la ciudad de Ica.

Recuento del caso

El conflicto en Espinar se produjo tras los reiterados reclamos de la población a la empresa minera Xtrata Tintaya (Hoy Glencore Xtrata) y al gobierno por los diversos impactos en el ambiente (aire suelo y agua) y sobre todo la salud de la población que presenta metales pesados en la sangre.

Las principales exigencias eran la solución inmediata a los problemas de contaminación e indemnización por los daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua afectadas; una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones y el respeto pleno de los derechos humanos de las comunidades.

Luego del inicio del paro el 21 de mayo de 2012, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia y al día siguiente fue detenido el alcalde Mollohuanca y trasladado, en un primer momento a la ciudad de Cusco y luego a Ica.

DATOS:

  • En el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías del Distrito Judicial de Ica.

Fuente: DHSF Cusco / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: DHSF Cusco / Actualidad Ambiental

EN ESTA SEMANA

  • Hace dos meses se formó mesa técnica conformada por distritos y autoridades
  • GORE Cajamarca informó al Minam sobre situación de más de 800 pasivos ambientales mineros

Una delegación de los diferentes distritos de Bambamarca-Hualgayoc llega a Lima este lunes para solicitar al Ministerio del Ambiente (Minam), la declaratoria de emergencia que debió firmarse hace más de dos meses para comenzar el plan de remediación de pasivos ambientales en esta provincia de Cajamarca.

Así lo anunció, Sergio Sánchez, Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) de Cajamarca, quien además sostuvo (este jueves 22) una reunión con el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre Chang, para presentarle un informe sobre los 800 pasivos ambientales mineros que persisten en la zona.

“Nosotros como Gobierno Regional (GORE) hemos entregado documentación al viceministro Alegre, la cual se han comprometido a revisar hasta el día martes 27. Según nos respondieron, de acuerdo a ello, el sector tomará la decisión de declarar en emergencia ambiental a la provincia de Bambamarca-Hualgayoc”, comentó a RED MUQUI.

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En ese sentido, Sánchez aclaró que en esta gestión de reuniones con los funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam), no se ha pedido ninguna partida de dinero al Estado, y que ese no ha sido el fin de la declaratoria de emergencia en la zona.

“Lo que queremos lograr es una articulación con todos los sectores del Estado con atención estricta a Cajamarca. Para ello solicitamos poner en marcha el plan de trabajo que se formuló dos meses atrás (julio) y así, determinar en cuánto tiempo se pueden tener algunas zonas remediadas y recuperadas”, puntualizó el representante ambiental del GORE Cajamarca.

Sánchez recordó al Minam, que luego de trabajar en mesas técnicas durante dos meses, el exministro del sector, Manuel Pulgar Vidal, se negó a que se declare en emergencia ambiental esta provincia cajamarquina que soporta casi 1000 pasivos ambientales, proveniente de la actividad minera.

“El 11 de julio se esperaba esta resolución de declaratoria. A ello se había comprometido el sector durante el gobierno anterior”, señaló.

Desde la conformación de una mesa técnica (26 de mayo) se llevaron a cabo varias reuniones en las que se acordó establecer la declaratoria de Emergencia Ambiental, establecer un plan de Remediación de las 973 zonas contaminadas, así como la elaboración de un estudio que evalúe donde colocar plantas de descontaminación.

Presupuesto

Respecto a la asignación de 65 millones de soles para el seguimiento técnico y financiero de los procesos de remediación de los programas de adecuación y manejo ambiental; Sánchez refirió que hace dos semanas (lunes 12 de setiembre), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) transfirió 45 millones de soles a la subsidiaria “Activos mineros”, encargada de la remediación de los pasivos ambientales en la zona.  

“En octubre comienza el proceso de licitación con este dinero transferido. Cabe aclarar que este presupuesto (65 millones de soles) corresponde a la remediación de los pasivos ambientales “huérfanos”, es decir, los que corresponden a minas abandonadas desde hace varios años y que están bajo la responsabilidad del Estado”, indicó a RED MUQUI.

Sánchez explicó que este presupuesto a cargo del MEM solo cubre la remediación de 173 pasivos ambientales, los otros 800 existentes en la provincia corresponden íntegramente a las empresas mineras que siguen activas. Es por ello que no se está pidiendo ningún presupuesto extra al Ejecutivo, tan solo el Estado de Emergencia.7

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DATOS

  • En mayo de este año, la población de Bambamarca acató un paro provincial de 9 días en reclamo a la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros en la zona (973) que han afectado los ríos Tingo – Maygasbamba y Hualgayoc – Arascorgue.
  • Desde hace décadas las autoridades locales reclaman el haber encontrado plomo en la sangre en varios pobladores y contaminación de nacientes de recursos hídricos, debido a la expansión minera indiscriminada.

Fotos: La República / RED MUQUI / Radio Coremarca

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que nuevamente, el personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha haya perpetrado una acción de violencia contra Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, el 18 de setiembre último. En un comunicado público dicha empresa reconoce haber ingresado a las tierras de los Chaupe Acuña con el fin de remover “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados“.

2. En un video difundido por la propia empresa Yanacocha, se puede ver como un contingente de alrededor de veinte miembros de seguridad -provistos de escudos y armas disuasivas contundentes- cruzan el cerco perimétrico establecido por la propia empresa minera, que delimita sus tierras, respecto a la propiedad de los Chaupe Acuña.

3. En la grabación se aprecia la fuerza desmedida y desigual que ejerce la seguridad de la empresa minera contra los esfuerzos de Máxima Acuña y su esposo quienes, estando solos, tratan de defender lo que consideran suyo. Como consecuencia la pareja de campesinos termina con severas lesiones, las mismas que han llevado a que ambos sean evaluados y diagnosticados como policontusos. Sobre estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

4. Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad y con la debida celeridad y transparencia lo sucedido, y denuncie a quienes resultaran responsables.

5. Nos sumamos a la invocación de la Defensoría del Pueblo, y exigimos al Estado peruano que respete sus obligaciones internacionales, cumpliendo con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de Máxima Acuña. El Estado debe brindar las garantías y seguridad necesaria a ella y su familia, para evitar que la empresa minera Yanacocha y la empresa que le brinda servicios de seguridad, sigan ejerciendo actos de violencia en su contra, afectando sus derechos a la integridad personal y a la salud.

6. Hacemos de público conocimiento que la acción prepotente ejercida por la empresa minera y la empresa que le brinda servicios de seguridad es favorecida por la Ley N° 30230, norma que forma parte de los paquetazos normativos aprobados entre el 2013-2015. Esta norma, mediante sus artículos 65, 66 y 67, modificaron el artículo 920 del Código Civil respecto a la defensa extrajudicial de la posesión, de la que hace mención la empresa minera Yanacocha en su comunicado para sustentar su acción violenta.

7. RED MUQUI y GRUFIDES, en su momento, denunciamos el peligro de ésta normativa al indicar que permite la “recuperación rápida e inmediata de la posesión”1, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, permitiendo el uso de la fuerza, o ejerciendo “la justicia por mano propia”. Así ha ocurrido en este caso. Teniendo Máxima Acuña documentos que acreditan la legalidad de su posesión y más aún, encontrándose judicializado el caso, minera Yanacocha ejerce el uso de la fuerza, sin tener ningún tipo de mandato judicial que la ampare.

8. Finalmente, el acto de violencia sufrido por Máxima Acuña y su esposo a través de la aplicación de la “defensa posesoria”, es sólo un ejemplo de las múltiples violaciones de derechos que las normas de los paquetazos normativos (aprobados y promulgados entre el 2013 y el 2015) pueden ocasionar. Por ello demandamos al Poder Legislativo la necesidad de derogar las Leyes N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otras normativas, que consideramos lesivas a los derechos fundamentales, y que solo están generando mayor conflictividad social con su aplicación.

Lima, 19 de setiembre de 2016

 

1. En “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú –Análisis”, 2015. RED MUQUI y GRUFIDES.

ANALIZA ÚLTIMO LIBRO DE COOPERACCIÓN

El último libro publicado por CooperAcción, "Conviviendo con la minería en el sur andino", analiza las condiciones que generaron los conflictos sociales en tres zonas mineras y evalúa la efectividad de las mesas de diálogo, que ven dificultado su avance debido a la asimetría de participantes (condiciones) y la conducción poco neutral de quienes las presiden.

César Flores, investigador de CooperAcción, y autor del libro, comentó que estos son algunos de los problemas hallados en el desarrollo de estos espacios, que son el principal instrumento de gestión de conflictos utilizado por el gobierno peruano.

“Vemos comunidades y población rural que se acercan a los espacios de diálogo con muchas debilidades. existe una parte fuerte constituida por la empresa y el Estado. Para reducir asimetrías, se requiere un trabajo preparatorio con las poblaciones y dotar de recursos económicos para que participen porque ellos mismos corren con los gastos para estar presentes”, agregó.

El economista también resaltó que la falla recurrente en casi todas las mesas, corresponde a la designación del facilitador, quien conduce o preside la mesa (o los ejes). Este funcionario designado por el Estado, no ha sido capacitado para conducir un proceso de diálogo, empiezan a abogar por una de las partes, lo cual genera desconfianza en la población.

Asimismo, Flores dijo que, a diferencia de los conflictos de rechazo, los casos de Espinar, Cotabambas y Chamaca –analizados en el libro– corresponden a conflictos de convivencia con la minería; es decir, se acepta la actividad minera, pero no a cualquier costo.

“En las mesas de diálogo que corresponden a conflictos por convivencia (que no se oponen a la actividad minera), poseen un reclamo que responde a una agenda principal de derechos economicos, ambientales, sociales, culturales y a la salud digna”, detalló.

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"Conviviendo con la minería en el sur andino" tiene 31 recomendaciones de políticas públicas para mejorar el diálogo, lograr un impacto de desarrollo, y mejorar la operatividad de las mesas. Cada conclusión está en base a cada uno de los casos.

Se trata de las mesas de Espinar (Cusco, 2012 – 2013), Chamaca (Cusco, 2013) y Cotabambas (Apurímac, 2012 -2013), tres experiencias de procesos de diálogo en el contexto de los proyectos mineros Tintaya, Constancia y Las Bambas, respectivamente.

De esta manera, el libro se enfoca en el sur andino (Cusco y Apurímac), donde se están concentrando el 65% de la cartera de inversión minera, a la par con la conflictividad que también se concentra en un 35% (del total de conflictos que se mantienen en el país).

El autor contó con la colaboración de Marco Zeisser y Vanessa Schaeffer, para ofrecernos un recuento de cada caso, el desarrollo de los espacios de diálogo en torno a las actividades de las empresas mineras Hudbay (Constancia, Chumbivilcas), Xtrata Tintaya (Tintaya Antapacay, Espinar) y MMG Limited (Las Bambas, Cotabambas), zonas de influencia en donde CooperAcción realiza el acompañamiento a las comunidades y organizaciones sociales durante los procesos de diálogo y negociación.

“Con el análisis de esta experiencia, se pretende fortalecer las mesas de diálogo, un instrumento que aún está en construcción, y que es importante para lograr la gobernanza con una gestión de recursos sostenible, y así exista una buena convivencia entre la minería y la población local, y se alcance el desarrollo”, comentó Ana Leyva, Directora de CooperAcción.

Cuestión de territorio y participación

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Durante la presentación de la publicación, David Montoya, Asesor de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM) indicó que los casos de Espinar y Las Bambas, muestran una oportunidad para sacar adelante la gestión del territorio como una política pública de Estado, que está pendiente de incorporar.

“Considero que las mesas se extienden y no se llegan a muchas conclusiones. Se asumen a las mesas como el fin y no como el medio para alcanzar un desarrollo. Atrás del conflicto está la falta de gestión del territorio que no permite el desarrollo. Y para eso se implantó hace 14 años el proceso de descentralización que no ha funcionado”, remarcó.

Asimismo, agregó que el caso de Las Bambas, más que un apoyo político para que el diálogo prospere, se requiere fortalecer e institucionalizar el manejo de la gestión del diálogo y los conflictos sociales en el sector público, que deberían partir desde el mismo Congreso de la República.

De igual manera dijo que las asimetrías de actores en una mesa de diálogo, se pueden ir superando si los Gobiernos Regionales (GORE) abren constantes espacios de participación ciudadana.

“No hay forma de que la gente aprenda participación y ciudadanía sino practica y participa permanentemente, lo cual recae sobre los GORE, que además tienen como competencia exclusiva evaluar y hacer un inventario de potenciales minas regionales para gestionar el territorio”, reiteró el funcionario.

Reglamentación y competencia

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Por su parte, Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, coincidió en que el Estado actúa como juez y parte en la mesa de diálogo que lentamente se lleva a cabo en Tambobamba (Cotabambas). También resaltó sobre la necesidad de que las mesas de diálogo cuenten con un marco legal.

“Nos queda la experiencia de que las mesas deben estar reglamentadas para saber cómo se deben conducir, quien va a conducir, quien va a facilitar. En el caso de Cotabambas tuvimos que esperar un año después de la instalación de este espacio”, recordó.

A casi un año del estallido del conflicto que dejó tres muertos en Apurímac, Abarca reiteró que el pueblo de Cotabambas siempre ha tenido la iniciativa del diálogo, siempre hemos cumplido con remitir documentos al gobierno central, por la via regular, para que ellos expliquen a la población sobre las modificatorias del EIA del proyecto Las Bambas.

“Lo que esperamos es que exista un constante acercamiento y voluntad de este nuevo gobierno”, finalizó.

Finalmente, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, agregó que es importante medir los resultados de éxito de las mesas, no sólo en términos de obras físicas, sino también en su contribución en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la institucionalidad local.

Igualmente, señaló que el adelanto social no es suficiente para resolver los conflictos, ya que los conflictos tienen un carácter multidimensional; además esta política ya se habría aplicado durante la época del súper ciclo de precios cuando abundaban los recursos sin que se reduzcan los conflictos.

Foto: CooperAcción / Comunicaciones RED MUQUI

 

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Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, Cajamarca*

Estábamos reunidos en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, en Jaén; era la víspera de la última audiencia (la 63ª) correspondiente a los alegatos por parte de los abogados de la defensa de los acusados (53, de los cuales 27 son miembros de las comunidades awajún-wampís).

Estábamos allí para ver el video “El banquillo de los inocentes” sobre el caso “Curva del diablo”. Todos sabíamos que era la víspera del final de este largo proceso (dos años y cinco meses para que se haga justicia), la sentencia debe dictarse, máximo, cinco días después de finalizados los alegatos.
Será porque la justicia tarda, pero… ¿llega?, al día siguiente, la audiencia se suspendió. Este proceso ha estado marcado por constantes interrupciones; siempre, por supuesto, por razones válidas. Pero, han pasado siete años desde que ocurrió esta tragedia de nuestra historia.

No nos hemos dado el espacio suficiente para asimilar en toda su complejidad lo sucedido. Después de la consternación, el único modo de abordar este desafortunado suceso ha sido un juicio. Claro, esto no puede quedar así, sin que se busquen a los responsables. ¿A quién se ha de juzgar? Ciertamente a las partes implicadas en el conflicto, o sea “los violentos” y los custodios del “orden”.

En el caso de la “Curva del diablo” hay 53 inculpados, todos civiles, es decir, “los violentos”, y ninguno de los encargados de mantener el “orden”. Sin embargo, en todo el conflicto hubo 33 muertos: 23 policías y 10 civiles. Entrar más a fondo en estas consideraciones, por más necesarias que ellas sean, nos hace perder de vista algo que es de mayor importancia y que, por lo tanto, debería estar muy presente en los resultados de los procesos (en total son 4 y estamos recién en el primero).

La barbaridad a la que llegamos, como peruanos, se debió a un enfrentamiento entre dos posiciones respecto del desarrollo de nuestro país. Enfrentamiento que, en vez de haberlo resuelto, nos hemos distraído en estos procesos. Mientras tanto, seguimos con la misma toma de posición discutiendo sobre, por ejemplo, cómo la Ley de Consulta Previa debe ser interpretada, de modo que no haga engorroso el trámite para la inversión de empresas extractivas, importante para el desarrollo del Perú. Es decir, lo que originó el Baguazo.

En cierta medida, seguimos actuando de manera inconsciente e irrespetuosa. Es que creemos que para resolver este problema basta con dejarlo todo en las manos de la justicia para que sancione a quien azuzó a los revoltosos, bloqueó la carretera, usurpó armas, disparó, etc. Dicho sea de paso, ninguna de las acusaciones a los inculpados ha sido demostrada en el juicio. Nos seguimos resistiendo a abordar en profundidad este conflicto desde el punto de vista de los Derechos de los Pueblos Indígenas o pueblos originarios.

Esto nos pondría ante la evidencia de que el Perú es un conglomerado de naciones que tienen su identidad propia, la cual les viene de su establecimiento e interacción, a lo largo de la historia, en y con un espacio geográfico vital determinado. Esto es muy complejo, pero supone reconocer la riqueza extraordinaria de cada pueblo, cada región, que tendría que ser vista como un aporte al desarrollo del conjunto del país.

Ver las cosas de esta manera hace que estemos dispuestos a dialogar; y diálogo significa entablar relación desde el reconocimiento del otro, como un “tú igual a mí”, y no desde una relación de subordinación del otro que debe someterse.

Decir que tenemos que pensar en el desarrollo del país es válido, pero no desde un sólo punto de vista (el de Lima). Si estamos en un régimen democrático no podemos ahorrarnos el esfuerzo de reconocer que cada región tiene sus potencialidades; que los pueblos que allí habitan, desde su saber y conocimiento de la biodiversidad, tienen algo que aportar a las perspectivas de desarrollo, sin que gravemos la Casa común.

Si este juicio es emblemático es porque aquí están en pugna, y no en diálogo, estas dos posturas. En el fondo, quien está en el banquillo, es el Perú respecto de nuestras maneras de mirarnos entre peruanos, porque estos 53 son inocentes (principio de presunción de inocencia) ¿Se hará verdaderamente justicia?

* Carta del Obispo de Jaén, aparece en el Diario La República 16 septiembre 2016

DÍAS DESPUÉS DE VIGILAR A LA FAMILIA

  • Defensoría denunció hecho ante Ministerio Público y hará seguimiento a medida cautelar a favor de Máxima
  • Médicos confirman diagnóstico policontuso tras agresión a la ganadora del Golden Prize

El día de ayer (domingo 18 de setiembre), aproximadamente a las 9.30 de la mañana. La familia Chaupe Acuña reportó un nuevo ataque por parte de la empresa minera Yanacocha. Esta vez la agredida fue la propia Máxima Acuña, quien se encontraba sola en casa junto a su esposo Jaime ese día.

Personal de la empresa irrumpió sin ninguna autorización al predio y empezaron a destruir los sembríos de papa y ollucos que anteriormente también fueron removidos por órdenes de Yanacocha. Ante esta situación Máxima se acercó a reclamar este nuevo atropello, y al tratar de conversar con el personal de la minera, fue agredida por los de seguridad.

“La empresa minera ha entrado al Tragadero Grande, el terreno que tenemos en litigio. Mi mamá se acercó a preguntarles porqué están entrando y a conocer de quienes se trataba, es ahí donde la seguridad la ha golpeado para impedir que se acerque a estas personas. Algunos de ellos la han tomado de los brazos y le han desabotonado de la blusa. Mi mamá tiene heridas en los brazos, en el pecho y las piernas”, relató Isidora Chaupe, hija mayor de la pareja.

Mientras tanto, Jaime Chaupe no pudo ser “atrapado” por el contingente de 80 personas, entre policías, comuneros del lugar, personal de seguridad e ingenieros de la empresa. Lamentablemente, el esposo de Máxima no puedo hacer nada por ella.

“Desde el día miércoles han estado vigilando para ver cuántas personas están en la casa para ver si se pueden defender. Han comprobado que mi mamá y mi papá han estado solos el día domingo para entrar”, aseguró Isidora Chaupe mientras atendían a su madre en una clínica local de Cajamarca.

Traslado a una clínica

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Isidora narró a medios internacionales que cerca al mediodía, un policía del distrito Huasmín (Celendín, Cajamarca) pasaba cumpliendo su rutina, cuando el esposo de Máxima le pidió prestado su celular para comunicarse con ella. “Mi papá me pidió que enviáramos una movilidad para trasladar a mi mamá porque estaba grave”, añadió.

Tras cuatro horas de viaje, la ganadora del Goldman Prize fue trasladada a una clínica en la ciudad de Cajamarca en donde confirmó que fue agredida por personal de la empresa que pretendió ingresar a su propiedad. El periodista cajamarquino, Juan Chillón, pudo recoger escasas declaraciones que fueron publicadas en la cuenta del Facebook del portal Wayka.

"Me han aventado, me han empujado. Me han agarrado del brazo, me han jaloneado y en mi mano me han dado con la escoba. De acá me han cogido (el hombro) y me duele (...) casi me han desnudado. Me duele"

“En estos momentos está imposibilitada, porque le ataca el corazón y le duele el cuerpo por los golpes”, refirió Isidora Chaupe sobre el estado actual de su madre.

Defensoría presente

Cabe mencionar que representantes de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, acompañaron a Máxima Chaupe apenas llegó a la ciudad. Agustín Fernando Moreno Díaz, declaró a Portafolio periodístico de Cajamarca, que este hecho ha sido denunciado ante el Ministerio Público, con el fin de que la señora Acuña de Chaupe pase un reconocimiento médico y sea la Fiscalía quien determinen el grado de lesiones.

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“Ella tiene mucho dolor. Su diagnóstico, según el médico con el que conversamos, es policontuso. Hemos colocado el caso en manos del Ministerio Público, ellos evaluarán si corresponde una investigación preliminar”, puntualizó.

Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, recalcó que la agricultora ganadora del Goldman Prize, cuenta con una medida cautelar que busca la garantía de su integridad física.

“La Defensoría ha venido pidiendo bastante información al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para ver cómo se ha ido implementando esta medida cautelar. Nos corresponde preguntar al responsable de implementarla, cómo es que se pueden mejorar las acciones de protección y garantía a los derechos de la señora Chaupe”, informó.

La mina responde

En un comunicado difundido el mismo domingo 18, la empresa minera Yanacocha reconoció que removió los sembríos de la familia, y según indicó, estos estuvieron ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa de los Chaupe Acuña. Nuevamente adujeron que realizaron una defensa posesoria con presencia de su personal de seguridad.

“La empresa está actuando dentro de su propiedad, en firme defensa de sus derechos, y protegiendo la integridad física y los derechos humanos de nuestros trabajadores y los miembros de la familia Chaupe, que no cuentan con autorización judicial para expandir sus actividades en los terrenos de Yanacocha, por lo que la actividad realizada hoy (domingo) responde al cumplimiento estricto de la ley”, señalaron.

En respuesta, la hija mayor de Máxima, dijo que la empresa no cesa en vigilar el predio de sus padres. “Siempre que pueden provocan, en cuanto mi mamá puede defenderse, sacan videos diciendo que ella es la agresora, pero eso es totalmente falso”, aseveró.

DATO

La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994. Sin embargo, continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad.

Fuente: Congaconflict / LaMula.pe / Portafolio Periodístico / Yanacocha

Fotos: Facebook Juan Chillón / Captura del YouTube Portafolio Periodístico /YouTube Yanacocha 

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La política general presentada por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso refleja objetivos positivos para el país, como avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos, generar nuevos motores para el crecimiento sostenible, reducir sustantivamente la pobreza y mejorar la calidad y el acceso universal a los servicios públicos. No se puede estar en contra de estos planteamientos. Sin embargo, el Gobierno se define como uno de continuidad, como una nueva fase del proyecto iniciado hace más de un cuarto de siglo. Bajo esta premisa, su propuesta considera suficiente la modernización del Estado, la eficiencia en la prestación de los servicios y el incremento de las inversiones en los tres niveles de gobierno para hacer realidad el cambio que ofrece al país y, en particular, a las mayorías que viven distintas realidades de exclusión.

Creemos que son aspectos necesarios, pero insuficientes para un cambio de rumbo. Sobre todo, si constatamos la falta de una estrategia de desarrollo y de descentralización y el desencuentro entre los ofrecimientos y la realidad de estancamiento económico, déficit fiscal y ausencia de cambios estructurales en el modelo extractivista que se evidenció tanto en el discurso como en el marco macroeconómico multianual y el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso.

Incluso si asumimos la discutible hipótesis del Gobierno y de un amplio sector de nuestra clase política, de que es posible hacer la anunciada revolución social solo con reformas institucionales, hay vacíos en ese terreno que hacen aún más difícil lograr los resultados planteados. Resaltamos dos que consideramos centrales: i) la ausencia del enfoque territorial como eje ordenador de un sistema de planeamiento nacional; ii) la falta de un proyecto integral para consolidar la descentralización.

La ausencia del enfoque territorial e intercultural limita el impacto de algunas orientaciones positivas planteadas por el Ejecutivo, como la generación de polos de desarrollo económico, la articulación de las ciudades, la integración de los espacios rurales o la conexión del país en el plano vial y de las telecomunicaciones. Ninguna de ellas es novedosa y la solución no requiere solo una mejor gestión. El problema central está en las visiones sectoriales y parceladas, así como en la apuesta unilateral por la inversión en infraestructura. La propuesta gubernamental persiste en este camino y deja de lado el enfoque territorial e intercultural integrado, sustentado en un efectivo sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial.

La falta de una propuesta integral sobre la reforma descentralista a pesar de que uno de los ejes declarados en la nueva política es acercar el Estado a la población, es grave. Los planteamientos al respecto se limitan a una voluntad genérica por fortalecer el proceso y al anuncio de reuniones bimensuales entre el Gabinete y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Los acuerdos entre ambas instancias ofrecen una mayor autonomía de los gobiernos regionales pero se limitan a promover la inversión pública que parece ser el único aspecto que se pretende abordar de una reforma compleja y de claro contenido político.

La política presentada carece de una agenda para afrontar temas críticos de la reforma, que van más allá de la autonomía política de las instancias subnacionales, como la integración regional y la promoción de las mancomunidades, la coordinación intersectorial e intergubernamental, la integración territorial, la descentralización fiscal, la articulación de las ciudades y los espacios rurales en un sistema, o la adecuada asignación de competencias para la gestión descentralizada. Tampoco se a tomado en cuenta el ofrecimiento de campaña de crear un ministerio encargado del proceso. Asistimos a la continuidad de la recentralización iniciada por Alan García y continuada por Ollanta Humala, esa tendencia se refleja en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno nacional y el MEF manejarán el 75% de los recursos públicos.

En este contexto, las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad organizada promuevan el debate sobre aspectos y procesos que nos parecen de primera importancia. Destacamos los siguientes:

• El fortalecimiento de un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, con efectiva capacidad para planificar, orientar, monitorear y evaluar la acción concertada de los tres niveles de gobierno.

• Una política nacional de ordenamiento territorial que sustente una efectiva y eficiente gestión sostenible de nuestros territorios, lo que requiere de un marco normativo claro, que recoja la experiencia acumulada en los procesos en curso en las regiones, provincias y distritos del país, así como en algunas comunidades campesinas y nativas o localidades rurales.

• Apoyar y acelerar los procesos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo su carácter vinculante e integrando los diversos procesos de diagnóstico y planificación comunitaria en los planes de desarrollo y de gestión sostenible de las municipalidades y gobiernos regionales.

• La reorientación y relanzamiento del proceso de descentralización, que requiere una instancia de conducción concertada, una agenda y una hoja de ruta, así como de efectivos sistemas de articulación territorial de los niveles nacional, regional y local.

• Impulsar la integración territorial desde las regiones, promoviendo y generando incentivos para la consolidación de los procesos en curso, como son las mancomunidades del norte, sur, centro y amazónica.

Lima, 14 de setiembre del 2016

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