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Por: Paco Muguiro Ibarra S.J.

Acabamos de tener elecciones generales para conceder el poder a nuestro presidente y congresistas por cinco años. Se suele decir, cuando las elecciones se han desarrollado normalmente, que ha sido una fiesta democrática, pero además en la historia del Perú es la primera vez que podemos celebrar el haber tenido cinco elecciones democráticas ininterrumpidas: Fujimori, Toledo, Alan, Humala y Pedro Pablo Kuczynski. No es poco y esperemos que esta racha siga en adelante. Pero nos podemos preguntar qué tanto somos democráticamente.

En el Latinobarómetro( El Comercio 3 de Septiembre, 2016) ante la pregunta: Prefiere un régimen democrático o autoritario? el 54% dice que democrático, el 15% autoritario, pero lo malo es que el 23% es indiferente. Así que entre los que lo prefieren autoritario y los que les da lo mismo suman 38% , que nos parece una barbaridad. Por eso los ataques al fujimorismo como sistema autoritario y poco democrático no hacen mella en el 38% de los ciudadanos y ciudadanas. Pero qué quiere decir esto? que a ese 38% no les llegan los beneficios de la democracia. Impresionante, que de cada 100 peruanos/as a 38 les da igual, o lo que es peor, de esos 38, 15 prefieren que su gobierno sea autoritario.

La democracia hace referencia a Derechos, y al poder que tiene el pueblo con el voto al transferírselo a las autoridades para que gobiernen en su nombre. Hay derechos adquiridos con la democracia que no son abolidos con los regímenes autoritarios, por ejemplo el derecho a la educación, a la salud y otros, y que siguen desarrollándose normalmente en cualquiera de los dos sistemas. Pero qué pasa con esos 38 que no le ven nada bueno a la democracia? L a respuesta está en la siguiente pregunta: no me importa si un gobierno es no democrático si resuelve los problemas? En el Perú el 39% dice que no le importa, pero además estamos bien con respecto a Latinoamérica cuyo promedio es 47% . Así que de cada 100 latinoamericanos a 47 no les importa un gobierno autoritario si es eficiente.

En el Perú al 2015 había una tasa de pobreza del 22.7% y dentro de esta una de pobreza extrema de 4.5%. Esto quiere decir que están a un nivel de satisfacción de necesidades básicas que no les puede importar mucho otro tipo de necesidades no tan básicas, que puede traer un sistema u otro. A lo que aspiran es a que estas necesidades básicas sean resueltas eficazmente. Es lo que hacía Fujimori cuando recorría el Perú y entonces había una pobreza del 35%, respondía a la necesidad de agua potable instalando un depósito de agua en un pueblo, y a la necesidad de una escuela en otro y de inmediato, y eso lo hizo durante 10 años. Los pueblos no se preguntaban con qué recursos lo hacía, y como los conseguía, y mucho menos cuestionaban que con ese sistema de administrar los recursos del Estado, le podía dar Vladimiro Montesinos 50.000$ para la educación de sus hijos en EEUU varias veces al año.

Tenemos que reconocer que la Democracia en nuestros países no es tan eficaz ni eficiente como debiera ser, entre otras cosas porque las instituciones de Estado no son ni eficaces ni eficientes. Podemos tener recursos, como ha sido en estos años de crecimiento, pero si el Ministerio de Educación o de Salud o del Interior no son gestionados eficazmente sus servicios llegan mal y tarde a los ciudadanos/as. Las instituciones estatales son como los canales, los brazos por los que me llegan a mí los beneficios de la democracia, pero si no sabemos gestionarlas, aun con recursos, la democracia no nos llega. De ahí que haya un 40% de peruanos/as que se encuentren a gusto si les resuelven los problemas aunque sea el gobierno sea autoritario. Por tanto sin descuidar los Derechos Políticos y civiles, habría que hacer más incapié en los derechos económicos y sociales. En la cuestión de la seguridad ciudadana y la alternativa del Escuadrón de la muerte" ya no es con los estratos pobres, que no les afecta mucho, sino con la clases medias y altas.

Según "Hildebrant en sus 13" de Agosto las contestaciones de los encuestados sobre el tema son terribles: "Quizás sea buena la idea de apoyar a ese escuadrón" ; " Si son delincuentes, están bien muertos"; "con acciones sangrientas van a parar" y así 8 testimonios más. Solo una persona dice: " No estoy de acuerdo de entrar en la ley de la jungla". Así que la democracia que pedimos es que mejoren las instituciones de Estado y nos lleguen sus servicios a tiempo y con calidad.

SEÑALAN DIRIGENTES

  • Pedido surge ante exoneración del pago de impuestos a la empresa MMG Limited durante 5 años
  • Agricultura, salud y educación requieren atención del Estado en la zona de influencia de Las Bambas

Dirigentes del Frente de Defensa y Federaciones Campesinas de Cotabambas piden que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declare de interés nacional a la provincia, con el fin de que se puedan ejecutar mayor inversión social y de infraestructura, ya que Las Bambas, pese a ser uno de los proyectos más importantes a nivel mundial, no dejará canon minero en la zona, durante los cinco primeros años.

“Estamos pidiendo al Ejecutivo y al Congreso que declaren de interés nacional a la provincia de Cotabambas. Solo así podrá haber inversión pública desde el Ejecutivo y desde todos los sectores”, precisó a RED MUQUI, Víctor Limaypuma, dirigente de la comunidad campesina de Asacasi (Tambobamba, Cotabambas).

“Pese a la inversión de más de 10 millones de dólares por el proyecto Las Bambas, no existe un solo proyecto sostenible para la provincia, en cuanto a agricultura, educación o la salud. Está abandonada prácticamente”, sentenció Roberto Martínez, presidente de la Federación Campesina del distrito de Progreso (provincia de Grau)

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La directora de CooperAcción, Ana Leyva, explicó que -según contrato- la empresa minera MMG Limited cuenta con el beneficio de poder recuperar hasta el 80% de su inversión en un lapso de cinco años.

Es por ello que casi hasta el año 2022, Las Bambas no va a generar canon minero a la provincia, debido a la exoneración del pago del Impuesto a la Renta. Es decir, el canon para las poblaciones de la zona de influencia y gobiernos locales, va a tardar.

“Ya que no va a haber Canon en la zona, planteamos que exista un convenio marco y un seguro ambiental, porque no sabemos cuáles serán los impactos a futuro. El interés nacional para las inversiones debe incluir a los seis distritos”, enfatizó Virginia Pinares, presidenta del Comité de lucha de Cotabambas.

Los representantes de las poblaciones de Grau y Cotabambas expresaron su temor a que los actuales funcionarios muestren la misma actitud del gobierno en la mesa de diálogo, y este espacio avance lentamente.

Esta comitiva de dirigentes ofreció una conferencia de prensa en el Congreso de la República, en donde estuvieron acompañados de congresistas de la región Apurímac, Richard Arce (Frente Amplio) y Dalmiro Palomino (Fuerza Popular).

Dirigentes en el Congreso

Como parte de su agenda de actividades en Lima, los dirigentes de los frentes y comunidades campesinas de Cotabambas y Grau participaron este martes en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Ante este grupo de trabajo manifestaron su preocupación por las significativas modificatorias de los Estudios de Impacto Ambiental de Las Bambas, sin haber consultado a las comunidades de esta zona de Apurímac. En ese sentido, solicitaron que un tercero externo evalúe y emita una opinión. “Al no consultarnos estos cambios han vulnerado nuestros derechos.”, manifestó uno de los dirigentes presentes.

De igual modo, los dirigentes sociales informaron sobre los 300 vehículos pesados que pasan delante de las viviendas, levantando polvo, generando vibraciones y ruido todos los días.

Asimismo, reclamaron que haya proyectos sociales de impacto en la zona, que estén establecidos dentro de los planes de desarrollo concertado participativos; y que los aportes sociales se transparenten, para que no pase como en otras provincias y sí se conozca el monto y en qué se ha invertido.

Nexo con el Ejecutivo

Al finalizar la intervención de los dirigentes cotabambinos, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, María Elena Foronda, informó que se concluyó en que los derechos a ser consultados y a la participación de la población de Cotabambas ha sido violentado.

“El caso Las Bambas será tomado como tema prioritario en nuestra agenda de trabajo, tal como sucede con los derrames de petróleo en la Amazonía. Esto con el fin de canalizar la relación con el Ministerio del Ambiente y el viceministerio de Interculturalidad”, declaró a RED MUQUI.

Asimismo, adelanto que desde su grupo de trabajo se está formalizando la participación de la comisión en la mesa de diálogo de Cotabambas. Se espera que en la próxima sesión pueda haber acuerdo para estar presente en la mesa en Tambobamba.

Reuniones sin ministros

Durante los días 12, 13 y 14 de setiembre, los dirigentes sostuvieron una serie de reuniones con representantes de la PCM, el OEFA, el MINAM y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el fin de mejorar la calidad y efectividad de la mesa de diálogo, ya que muchas de las exigencias aún no logran ser resueltas.

Aun así, el gobierno mantuvo la actitud de recibirlos con funcionarios técnicos de mando medio, sin capacidad de resolución política que requiere este tema.

Uno de los pedidos concretos al OEFA ha sido la creación de una oficina local de este organismo en Apurímac, que pueda aportar a la fiscalización efectiva y oportuna de varias actividades de alto impacto que se planean en la zona de Cotabambas.

Fuente: CooperAcción / RED MUQUI

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CON REGLAMENTO APROBADO

  • Resolución fue publicada en diario oficial el último viernes
  • Dirigentes sociales llegaron a Lima y se reunirán con algunos sectores del Ejecutivo y el Congreso
  • Reuniones de los ejes temáticos fueron colocadas para octubre

La mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de Cotabambas tendrá una vigencia de seis meses, según dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de una Resolución Ministerial (N° 187-2016-PCM) y que fue emitida este viernes en el diario Oficial El Peruano.

“La finalidad de dicho Grupo de Trabajo es realizar acciones de seguimiento y coordinación orientadas a promover el desarrollo sostenible de la citada provincia y una adecuada gestión ambiental del proyecto minero Las Bambas, garantizando la protección de los derechos de la población”, precisa la norma.

Esta resolución –firmada por el premier Fernando Zavala– se emitió luego que se acordara aprobar el reglamento de este espacio, que desde ahora se regirá por un marco legal.

El 7 y 8 de setiembre ser realizó la segunda reunión entre los funcionarios de este gobierno, autoridades locales, la empresa MMG Limited y las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas. A partir de los resultados de estos dos días de reuniones, se obtuvo el “Reglamento de funcionamiento de la mesa”, en base al borrador elaborado por una comisión designada en la anterior reunión (22 de agosto).

Un importante acuerdo de este reglamento, fue el de contar con un tercer actor como facilitador de la mesa, ello a propuesta de la sociedad civil de la provincia. En respuesta, la PCM se comprometió a designar un facilitador profesional con experiencia y que propicie un diálogo horizontal y la construcción de consensos, informó CooperAcción, organización miembro de la RED MUQUI.

Dirigentes en Lima

Las diferentes organizaciones sociales de Cotambambas, entre ellas el Frente de Defensa provincial, expresaron la necesidad de que el Ejecutivo declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en situación de pobreza. Si bien, sus demandas fueron escuchadas, las reuniones de cada eje temático se desarrollarán a lo largo del mes de octubre.

Aun así 15 de ellos llegaron este fin de semana a Lima para cumplir algunas reuniones con algunos sectores del Ejecutivo, entre ellos PCM, Ambiente y el de Transportes y Comunicaciones. En su agenda, también tienen programado asistir a una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, que preside María Elena Foronda.

Reuniones de Ejes

En esta reunión (del 7 y 8 de setiembre), tampoco hubo la presencia de ningún ministro de Estado. Sin embargo, estuvo la viceministra de Derechos Humanos, Gisela Vignolo, quien se encargó del eje, correspondiente a su sector, y atendió los casos de los deudos, a casi un año del estallido del conflicto.

Al tratarse el tema de responsabilidad social de MMG Limited, el MEM presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no hubo avances. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte del convenio marco, en vista que la empresa minera MMG – Las Bambas no pagará impuestos por lo menos hasta el 2022.

Mientras que, en el eje de Medio Ambiente, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica respecto a las modificaciones al proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que se hagan los correctivos necesarios. Asimismo, se señaló la necesidad del cumplimiento del ‘Anexo K’ y del asfaltado de la carretera por donde se realiza el transporte minero.

Las próximas reuniones están programadas para el 6 y 7 de octubre, donde se abordarán los medio ambiente y responsabilidad social empresarial, respectivamente. Y para el 20 y 21 de octubre, los ejes de derechos humanos y desarrollo sostenible.

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DATOS

  • Contará con una Secretaría Técnica, que recaerá en un representante de la ONDS - PCM, quien estará a cargo de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados.
  • El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo no mayor 10 días hábiles, contados desde el día viernes (publicación de la resolución).
  • Una vez vencidos los 180 días hábiles de su vigencia, se dispondrá de 30 días calendario, adicionales, para presentar un informe final ante el Titular de la PCM.
  • Cada integrante del referido Grupo de Trabajo deberá contar con una representante titular y un representante alterno, designados mediante documento emitido por cada entidad o institución en 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución.
  • La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / Agencia Andina / Correo / La República

Foto: Agencia Andina / CooperAcción

POR CONTAMINACIÓN DEL LLALLIMAYO

  • Demandan cierre de centros mineros de Aruntani y Las Águilas
  • Pobladores iniciaron medida con bloqueo de vías de acceso

Dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Cupi, Orurillo y Ayaviri (provincia de Melgar) y Vila Vila y Ocuviri (provincia de Lampa), iniciaron este lunes un paro de 48 horas contra la contaminación de la cuenca de los ríos Llallimayo y Jatun Ayllu, en manos de las empresas mineras Aruntani SAC y Ciemsa Águilas, según indican.

Para ello, solicitan la llegada de una comisión de alto nivel que esté integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los ministros de Agricultura, Medio Ambiente, Energía y Minas, Salud, con el fin de instalar una mesa de diálogo para tratar el tema ambiental en torno a la contaminación de la cuenca del Llallimayo, responsabilidad que la empresa minera ha negado tener.

Además, exigen la aprobación de un convenio marco, y la subsanación del impacto ambiental generado en las cuencas principales, por parte de las empresas. Otra de las demandas, además del cierre definitivo de los centros mineros ARUNTANI SAC y LAS AGUILAS, es la reivindicación de los informes de Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los cuales desvirtúan la contaminación de los afluentes a causa de la actividad de los centros mineros.

Paro alrededor de la mina

Desde las 00:00 horas del lunes 12, pobladores de los distritos de Umachiri, Cupi y Llalli de la provincia de Melgar y Ocuviri y Villavila (Lampa) acataron el anunciado paro de 48 horas. Las vías que unen los distritos Ayaviri, Umachiri y Llalli fueron bloqueadas con montículos de tierra y piedras, mientras que alrededor de mil 200 pobladores, se concentraron en el sector Parina (distrito de Ocuviri), cerca al ingreso de la minera Aruntani.

De igual modo, medios locales informaron que los manifestantes bloquearon la vía que une Juliaca con Arequipa y Juliaca con Cusco para dar a conocer como los ríos, terrenos y sus animales son afectados con sustancias químicas nocivas para la salud.

Mesa para el 22

Según informó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS – PCM), el próximo jueves 22 de setiembre, se instalará una mesa de Trabajo para el Desarrollo del Distrito de Ocuviri en la ciudad de Juliaca (Puno). “Dicho espacio de trabajo tiene como objetivo realizar acciones de coordinación orientadas a promover el desarrollo del distrito de Ocuviri, con énfasis en asuntos ambientales y sociales, reconocido mediante Resolución Ministerial N° 112-2016-PCM”, señaló esta dependencia en una nota de prensa.

La resolución indica que este Grupo de Trabajo será presidido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y estará integrado por funcionarios de los sectores: Ambiente, de Agricultura y Riego, de Desarrollo e Inclusión Social, de Educación, de Salud, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, participará el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), del Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Distrital de Ocuviri.

Por el lado de las organizaciones sociales de base estarían la Organización Convenio Marco, el Frente de Defensa de Ocuviri y dos representantes de las Comunidades Campesinas, de la Asociación de Productores Agropecuarios y de la Organización de Mujeres de Ocuviri; además de cinco representantes de la empresa Aruntani S.A.C.

En cuanto al distrito de Llalli, la ONDS – PCM indicó que el pasado 25 de agosto se llevó a cabo una sesión de la Mesa de Diálogo de dicho distrito, sin mayores detalles, acerca de la calidad ambiental de la cuenca del Llallimayo.

Formación de Frentes de defensa

A fines de agosto, más de 500 pobladores de Cupi, Ocuviri, Lalli, Umachiri y Vila Vila, acataron un paro preventivo de 24 horas en el que formularon el mismo pedido: la presencia del Ejecutivo para resolver la contaminación de los ríos. Días después han retomado la medida por dos días sin respuesta alguna.

Desde el mes de julio, los regantes de los distritos de Llalli, Cupi y Umachiri (Melgar) y Ocuviri (Lampa) se unieron y conformaron el Frente de Defensa de las Cuencas Llallimayo, Hatun Ayllu y Chacapalca, con la finalidad de rechazar la contaminación que genera la actividad minera en la zona.

 

Fuentes: Correo, Radio Onda azul, RPP y PCM

Foto: Diario sin fronteras de Puno

ASEVERA RED MUQUI

  • Bancada fujimorista retrocedió en presentar modificatoria de Ley de Consulta Previa
  • Según Úrsula Letona, Fuerza Popular convocará a comunidades indígenas para replantear proyecto

La RED MUQUI aseveró que antes de proponer normas que promueven un supuesto “equilibrio” entre la inversión y el respeto a las comunidades donde estas se llevan a cabo, el Ejecutivo y los congresistas deben entender a la Consulta Previa como un derecho y no como un “mero trámite” que da luz verde a la realización de proyectos extractivos.

Es por ello, que la RED MUQUI cuestiona que la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, haya anunciado que convocará a comunidades indígenas para evaluar más a fondo como modificar la Ley de Consulta Previa, para obviar este derecho y colocarlo por debajo de acuerdos económicos y contratos privados que se celebren entre las empresas y las comunidades.

Este miércoles (8 de setiembre), Letona retrocedió en su decisión de presentar su proyecto de Ley, tras la indignación que causó entre las organizaciones indígenas y de Sociedad Civil, quienes rechazaron esta iniciativa por vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados ante cualquier proyecto de inversión que se realice dentro de sus territorios.

“Vamos a postergarlo para que, con mis compañeros de bancada, se pueda convocar a las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas para abrir la discusión, perfeccionar el proyecto y presentar un texto sustitutorio” aseguró la legisladora de Fuerza Popular, quien de esta manera impidió que su propuesta sea discutida en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Para RED MUQUI, dicho proyecto –revisado o no– busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, y que al igual que la propuesta del gobierno del "adelanto social", no se aborda la voluntad de tener un diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, sino seguir imponiendo decisiones sobre los proyectos, lo que podría generar mayor conflictividad.

Es así que RED MUQUI, le recordó a la legisladora fujimorista que hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado cuatro procesos de consulta previa (en proyectos de menor envergadura) donde no hubo información adecuada, ni tiempo suficiente para que las comunidades discutan en sus propios espacios de decisión, ni asesoramiento suficiente. En algunos casos estas “consultas” se terminaron convirtiendo en “convenios” entre la empresa minera, el Estado y las comunidades, tal como evidenció la Defensoría del Pueblo en el 2014 en un total de 16 proyectos, en los cuales se desconoció la condición de pueblos indígenas de las poblaciones, y hasta, en algunos casos, se les exigió que renuncien a ella.

Mucho por revisar…

Por su parte la congresista del Frente Amplio, Tania Pariona, insistió en que la propuesta pretende someter los derechos de los pueblos indígenas a la libertad contractual entre privados (viola el artículo 43 de la Constitución que señala que el Perú es una República social), lo cual implica el debilitamiento de este derecho colectivo por parte de los pueblos indígenas del Perú, vigente y exigible desde 1995 cuando se ratificó el Convenio169 de la OIT; por tanto, tiene implicancias de orden internacional, constitucional (art 2.19) y legal.

“La Consulta Previa no es sujeto de acuerdos entre partes, porque no se trata de un derecho real normal (común), sino de tipo colectivo con implicancias culturales, religiosas, sociales” indicó la presidenta del Grupo de Pueblos Indígenas del Congreso.

Otro punto a considerar para la congresista Pariona, es que propuesta no toma en cuenta que de acuerdo a la Constitución, ni los derechos, ni su ejercicio son renunciables (artículo 26.2) y corresponde al Estado peruano garantizar su efectivo respeto y cumplimiento, como lo refiere el Tribunal Constitucional (STC N° 00858-2003).

Foto: Comuncamapu.blogspot.com

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados…”. (Papa Francisco al encuentro de comunidades afectadas por la minería, julio 2015)

Quienes conformamos la Red Iglesias y Minería, mujeres y hombres de países de América y Europa, teniendo como marco la Jornada Mundial de Oración por la Casa Común, nos hemos reunido en Bogotá 50 religiosos y laicos, para escuchar los gritos de la Madre Tierra, intercambiar experiencias de resistencia y alternativas al llamado “desarrollo” y para reflexionar sobre los desafíos que tenemos como cristianos frente a los múltiples problemas que sufren las comunidades afectadas por la minería. Iniciamos nuestro encuentro con visitas a los departamentos de Tolima (Ibagué y Cajamarca) y Cesar (Valledupar - Cerro Largo), donde operan las empresas y Anglo Gold Ashanti y Drummond; dos de las múltiples zonas afectadas en territorio Colombiano por la minería a cielo abierto. A través de la observación y los testimonios escuchados pudimos constatar que los efectos nocivos de la mega minería atentan contra los derechos de la naturaleza por lo tanto se constituyen en un delito contra la humanidad.

 Nos preocupa la creciente criminalización y los asesinatos de quienes ejercen la defensa de los territorios, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, por quien exigimos Justicia y a través de ella pedimos por un mundo más justo para las mujeres, actores protagónicos en defensa de la vida y primeras víctimas del extractivismo. Somos conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin máximo es el lucro y el dinero, es una acción que implica riesgo y peligro de muerte, pero nos anima el evangelio de Jesús, la encíclica “Laudato Si” y el espíritu de lucha de muchas comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas.

 Exhortamos a las autoridades locales elegidas por la voluntad popular a apoyar las iniciativas en defensa de la vida. Nos alegra constatar que el Concejo Municipal de Cajamarca y el Alcalde de Ibagué consideran un compromiso ético con la ciudadanía el acompañamiento de iniciativas en defensa de la población y de la naturaleza.

 Llamamos a nuestras Iglesias a asumir un compromiso activo en defensa de la Casa Común por ser este un elemento constitutivo del ser cristiano. Alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a nuestra jerarquía eclesial sobre los mecanismos de cooptación que llevan a cabo las empresas y algunos gobiernos. Nos esperanzamos en la actitud de muchos Obispos, sacerdotes, pastores y laicos que escuchan los clamores de las víctimas en sus territorios y celebramos su compromiso con la vida.

 Saludamos al pueblo colombiano en sus esfuerzos por alcanzar la paz y poner fin definitivamente al largo período de guerra interna que sufrieron. La paz es el camino para seguir construyendo una Colombia más justa, equitativa y en armonía con la madre naturaleza. Desde el espíritu ecuménico que nos anima, nuestra Red Iglesias y Minería, reafirma su compromiso de seguir apoyando a las pequeñas comunidades que son desplazadas y atropelladas en sus derechos más elementales. La experiencia nos demuestra que en ninguna parte del mundo la minería es una alternativa de desarrollo ni integral ni sostenible para nuestros pueblos.

Bogotá, 4 de septiembre, 2016

Red Iglesias y Minería

P. Dario Giuliano Bossi, Misioneros Combonianos, Rede Justiça nos Trilhos, Brasil
Claudia Andrea Huircan, Claretianos de la provincia San José del Sur, Argentina
Rodrigo de Castro Amédée Péret, Franciscans International, Brasil
Rosa del Valle Aráoz de Machado, Colectivo Sumai Kausay, Catamarca-Argentina
Dom André de Witte, Obispo de Ruy Barbosa, Comição de Pastoral da Terra - CNBB, Brasil
Birgit Weiler, Teóloga de Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, Colombia
Apolinar Flores Tococari, Centro de Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia
Víctor Manuel Hirch, Vivat International, Argentina
Viviana del Carmen Vaca, Equipo Nacional de Pastoral Indígena –ENDEPA, Argentina
Stefan Reinhold, CIDSE, Holanda
Moema Marques De Miranda, Servicio Inter Franciscano de Justicia Paz y Ecología, Brasil
P. Nelson José Barrientos Chodiman, Diócesis de Copiapó, Alto del Cármen, Chile
Igor Guilherme Pereira Bastos, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Brasil
Sandra del Carmen Ferrero, EDIPA, Hermanas de la Misericordia, Argentina
Alessandro Gallazzi, Teólogo, Asesor de la Pastoral de la Tierra, Brasil
Susanne Friess, MISEREOR, Alemania
Patrícia Generoso Thomaz Guerra, Colectivo REAJA, Conceição do Mato Dentro, MG-Brasil
Maria Angely Robles Carvajal, Iglesia Presbiteriana, Chile
César Eduardo Correa Valenzuela, Sociedad Misionera San Columbano, Chile
P. Henry Ramírez Soler cmf, Misioneros Claretianos, Colombia
Carmen Alícia Amaya Rodriguez, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
P. Jesús Alberto Franco Giraldo, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
Milton Fernando López Ruiz, Fastenopher, Colombia
Martha Inés Romero Medina, Pax-Christi International, Colombia
César Augusto Padilla Ormeno, Observatorio Conflictos Mineros América Latina, Chile
Alírio Cáceres, AMERINDIA, Colombia
Mauricio López, Red Eclesial Panamazónica, Ecuador
P. Gregory Kennedy S.J. CLAR – CRC, Colombia
Milton Mariano Mejia Camargo, CLAI, Ecuador
Pedro Sánchez, SIGNIS ALC, Ecuador
Vidalina Morales de Gamez, Asociación de desarrollo económico social, El Salvador
Scott Wright, Interfaith Working Group on the Extractive Industries, USA
Carlos Alarcón Novoa, Organización de derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
César Augusto Espinoza Muñoz, Misioneros Claretianos, Honduras
Pedro Landa Palma, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - ERIC, Honduras
Lupo Canterac Troya, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia, Piura-Perú
Pablo Arturo Sanchez de Francesch, GRUFIDES, Perú
Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Red MUQUI, Perú
Dorothea Esther Winkler, Fastenopher, Suiza
Continúan firmas…

AFIRMA MARÍA ELENA FORONDA

  • Acuerdos previos privados que propone Úrsula Letona, anula derecho a la Consulta Previa
  • Iniciativa de ley del fujimorismo aun no pasa a comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos

Para María Elena Foronda, presidenta de la comisión de comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; el proyecto de modificatoria de la Ley de Consulta Previa solo promovería la desigualdad de diálogo entre las empresas extractivas y las comunidades, al colocar “acuerdos privados” por encima del derecho a la consulta, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

“Se trataría de un diálogo desigual. Cuando ingresa alguna industria extractiva, lo hace con equipo de abogados y técnicos. La población a veces no tiene acceso a esa información. ¿De qué acuerdos entonces vamos a hablar? ¿Bajo qué igualdad de condiciones?, y ¿los EIA van a quedar de lado?”, cuestionó Foronda.

Ello fue en respuesta, al proyecto de ley (N° 213/2016) presentado este martes por la congresista de la bancada fujimorista, María Úrsula Letona, iniciativa que busca modificar el artículo 2 de la Ley N° 29785, y dejar sin efecto alguno la realización de la consulta previa, en caso exista una autorización previa para la realización de cualquier actividad económica, a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, firmado con alguna comunidad indígena u originaria.

Letona, justifica que su iniciativa legislativa se basa en la promoción de la inversión privada, la estabilidad jurídica y el bloqueo de surgimiento de conflictos sociales.

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“Este proyecto, somete a la negociación y al libre mercado entre partes que son asimétricas (empresa/comunidad), cuando es el Estado quien debe garantizar su respeto y cumplimiento. Representa una amenaza de imposición que somete un derecho a cuantificación económica.”, agregó la congresista que preside el grupo parlamentario de Pueblos Indígenas.

La legisladora, María Elena Foronda indicó que la iniciativa de su colega parlamentaria es inconstitucional, y que ni siquiera debería entrar a debate. A su parecer, y al de la bancada del Frente Amplio, de aprobarse una modificatoria en la Ley de Consulta Previa, se generaría un conjunto de conflictos socioambientales.

“Lo que me corresponde como presidenta de la comisión es pedirle a la congresista Letona, una exposición de su propuesta, queremos conocer los argumentos técnicos, porque el sustento legal no permite una modificatoria de ley, y mucho menos la de un convenio internacional como es el convenio 169 de la OIT”, recomendó en diálogo con RED MUQUI.

Para Ketty Marcelo, presidenta del Pacto de Unidad, es necesario aprobar con urgencia la consulta previa legislativa que lleva esperando cinco años en el Congreso. Se espera que los Pueblos Indígenas también puedan ser consultados sobre iniciativas de ley que puedan afectar sus derechos.

A través de un pronunciamiento, RED MUQUI rechazó este Proyecto de Ley que -de ser aprobado- desconoce un derecho colectivo, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011. RED MUQUI recordó que en el sector minero, apenas se han realizado cuatro procesos de consultas previas, en torno a proyectos de menor envergadura, y en los que no hubo información adecuada, ni tiempo suficiente para que estos se discutan en asambleas comunales, ni decisión colectiva, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico.

Es por ello, que RED MUQUI demanda el archivamiento de esta inciativa en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, pues se estima que un cambio de normativa como este, solo generaría mayor conflictividad social en el país. Asimismo, RED MUQUI exige que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como considera ha sido hasta la fecha en el sector minero.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:


1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas".

2. RED MUQUI y sus organizaciones miembro rechazamos éste Proyecto de Ley, que desconoce un derecho colectivo como el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011.

3. Hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado 4 consultas previas, que sólo han sido realizadas a proyectos de menor envergadura y donde no hubo información adecuada, tiempo suficiente para discutir en espacios de decisión comunal, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico. En algunos casos éstas consultas terminaron siendo en la práctica “convenios” entre empresa minera, Estado y comunidades, y en otros, como denunció la Defensoría del Pueblo, nunca se aplicó la consulta previa cuando debió hacerse a algunos proyectos mineros, desconociéndose la calidad de pueblos indígenas de poblaciones o exigiendo que renuncien a ella, y desconociendo los informes al respecto del Viceministerio de Interculturalidad.

4. Ésta medida denota un claro interés por desconocer a las Comunidades Campesinas y Nativas en nuestro país, consideradas por el mismo Estado Peruano como Pueblos Indígenas en sus informes ante la OIT, y busca su desaparición. Y es que dichas Comunidades ocupan el 49.1% del área nacional del país, de las cuáles solo el 28.2% tienen título de propiedad. Además, cerca del 50% de los territorios de las Comunidades Campesinas ya están concesionadas para actividades mineras, por lo que se entiende que el trasfondo de ésta medida es facilitar el acceso a dichos territorios de proyectos especialmente de industrias extractivas como la minera.

5. Consideramos que ésta propuesta legislativa denota un claro contubernio entre el partido Fujimorista y los grupos de poder económico, y con el mismo partido del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK), pues con su aprobación, dicho proyecto busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, a partir, entre otros, de la propuesta del gobierno del "adelanto social", que no busca otra cosa que solucionar los problemas “con la plata por delante”, sin tener una diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, las problemáticas de fondo de los pueblos indígenas, propiciando con ello un clima de conflictividad social, sin considerar que la consulta previa es más bien, un mecanismo de prevención de conflictos.

RED MUQUI considera que las inversiones nacionales y extranjeras son importantes para el país, pero ello conlleva a establecer con claridad donde si pueden o no deben realizarse, y en caso de emprenderse alguna actividad extractiva, se deben establecer estándares adecuados de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y a nuestro ambiente.

Los paquetes normativos dictados durante los años 2013 y 2015 y éste proyecto de Ley, lo que buscan es desregular los ya reducidos derechos a la tierra de nuestras comunidades campesinas y nativas, que son fundamentales para su existencia, y evitar que éstas participen en las decisiones que las afectan a través de la consulta previa, lo que es su derecho.

Por ello demandamos el archivamiento del citado proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, de Ambiente y Ecología, donde debiera pasar en el Congreso, pues de lo contrario sólo se generaría mayor conflictividad social, y exigimos que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como consideramos ha sido hasta la fecha en el sector minero.


Lima, 08 de setiembre de 2016


RED MUQUI

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