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Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. -

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú - ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

El comité nacional de la VIII edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se realizará los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2017, en la ciudad de Tarapoto (San Martín, Perú), decidieron incorporar al mundo andino dentro de sus ejes temáticos, ya que también formar parte de la agenda pendiente de los pueblos indígenas.

Al formar parte de las 14 instituciones que llevan a cabo el FOSPA, RED MUQUI, impulsó la presencia de lo andino en este gran evento, que busca abordar propuestas e incidir en los gobiernos (de países amazónicos) acerca del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la protección de sus territorios, tanto en la Amazonía, como en la zona andina. Esta decisión, se tomó bajo la concepción de que la Amazonía genera sus principales ríos en los Andes.

Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) también recordó que el Perú fue designado sede del VIII FOSPA en Macapá, Brasil, en la última versión, por las luchas en defensa de sus derechos en la Amazonía y zona andina, como Bagua y Conga. Es un reconocimiento a la resistencia que han generado los pueblos frente a la imposición.

Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria (CNA), indicó que la problemática que mantiene la inversión privada, es el beneficio de unos pocos, y a ciertos intereses particulares y económicos, pero no a las comunidades campesinas y nativas que son afectadas por estas actividades extractivas.

“Buscamos abordar el incremento de las industrias extractivas que afectan nuestras actividades económicas. Nuestros derechos no se negocian, más bien deben ser tomados en cuenta respetando el Convenio 169, la ley de comunidades campesinas y nativas, al igual que la ley de consulta previa que, hoy en día, es manipulada para facilitar la entrega de nuestros recursos naturales a otros intereses”, aseveró.

A su turno, Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), dijo que era necesario  relanzar la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en la vida del país.  

“Si se van a entregar derechos sobre agua y tierras, que los pueblos participen de las decisiones y de las riquezas que se generan. Que el Estado priorice inversiones en los pueblos, no solo programas de asistencia”, remarcó.

Presentación oficial

fospa1

Este miércoles 31 de agosto, representantes de organizaciones indígenas, sociedad civil, movimientos sociales, grupos ambientalistas, ciudadanos, entre otros, presentaron oficialmente el FOSPA 2017, en conferencia de prensa, tanto en Lima como en Tarapoto, sede oficial de esta octava edición.

Es así que en el sitio web del VIII FOSPA (www.forosocialpanamazonico.com) ya se encuentran disponibles los formularios para inscribirse y llenar sus datos, en los idiomas español y portugués.

Se espera que el próximo año se congreguen poco más de 1,500 personas en la Universidad de San Martín (sede oficila del FOSPA), para analizar, debatir y plantear salidas a los graves problemas que afronta la Panamazonía debido al modelo de desarrollo que impera en gran parte del mundo.

El FOSPA 2017 responde al llamado de los pueblos en resistencia ante el avance del actual modelo que prioriza la actividad extractiva en menoscabo de los derechos de la naturaleza y de los hombres y mujeres que habitan la Amazonía. Se trata de un espacio para la elaboración de propuestas y visiones alternativas para sobreponerse al proceso de destrucción de la selva y construir una Panamazonía que promueva la vida.

EL VIII FOSPA, que tiene por lema “vamos al llamado del bosque”, constituye un evento internacional espera recibir a más de 1500 personas de los nueve países de la región amazónica. El objetivo es abordar diversos ejes de su problemática actual como territorio, cambio climático, participación de las mujeres, uso de los bienes de la naturaleza y procesos de resistencia.

DATO:

  • Los FOSPA (que forman parte de la estructura del Foro Social Mundial) se vienen realizando desde el año 2002 en Brasil, Bolivia y Venezuela.
  • Como antesala, este 28 y 29 de octubre se realizará en Tarapoto un preforo nacional de Perú, como evento preparativo para el VIII FOSPA. Otros países del área amazónica harán lo propio el mismo mes y en noviembre.

Fotos: CAAAP.org

“No es suficiente una atención generalizada, requerimos una atención especializada”

Sobre la reciente campaña de atención a la salud que ha venido  realizando la DIRESA – Cusco en Espinar denominado: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  los afectados y afectadas por metales pesados, la Asociación ADEPAMI, la comunidad campesina de Huisa de Espinar, las instituciones no gubernamentales como son Derechos Humanos Sin Fronteras, el Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAccion y la Red Muqui nos pronunciamos ante la intención del gobierno nacional y regional de disfrazar una atención a la salud generalizada por una especializada a las personas afectadas por metales pesados de la Provincia de Espinar. Por lo que señalamos:  

Primero.- Que desde el año 2010 se tiene conocimiento de la grave situación en la que se encuentran las personas afectadas por metales pesados en la provincia de Espinar y a pesar de haber trascurrido más de cinco años el Estado no ha realizado ninguna medida adecuada que permita salvaguardar la vida e integridad de los afectados, por el contrario han sido objeto de constantes postergaciones y maltrato para ser atendidos como corresponde.

Segundo.- Que luego del conflicto de mayo del 2012, donde se instaló una mesa de diálogo y posteriormente el grupo de trabajo de medio ambiente, cuyos acuerdos se hacen seguimiento a través del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario, no se ha logrado atender el pedido constante que realizan los afectados, es decir una atención especializada. La respuesta tardía que ahora pretende dar el gobierno es la de implementar campañas de atención de salud con especialidades que no están vinculadas a la atención de pacientes con exposición a metales pesados.

Tercero.- El ultimo hecho que generó la indignación de los afectados es lo sucedido el pasado 18 y 19 de agosto en Espinar, ya que la campaña denominada: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  no fue debidamente informada y/o comunicada a los afectados, además de no contar con un programa permanente de atención especializada para afectados por metales pesados. Todo esto viene evidenciando improvisación y poca seriedad por parte de la DIRESA en su trabajo.

Cuarto.- La atención que requieren los pobladores expuestos a metales pesados y principalmente las 180 personas, es la presencia de médicos con competencias en medicina ambiental y toxicología,  por ende en el manejo de exposición no ocupacional crónica a metales pesados, además deben estar acompañados de un programa de atención especializada permanente, sobre la base de un diagnóstico integral e idóneo y no con una sola acción, como se pretende realizar ahora, que en la práctica sólo busca cumplir con exigencias de instancias nacionales e internacionales, pero no con una preocupación sistemática por las personas afectadas en el respeto a sus derechos.

Quinto.- La desconfianza de las organizaciones sociales y de los mismos afectados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por distintas instituciones del Estado ahora se ha resquebrajado, si bien se ha ampliado una nueva atención para el 19, 20 y 21 de octubre,  las personas ya no confían en las acciones de la DIRESA, por lo que solicitan que una institución y/o asesores acreditados por los mismos afectados de forma independiente y autónoma realice el seguimiento y veeduría correspondiente a esta acción.

Sexto.-  Así mismo exigimos al Poder Judicial emita sentencia en el proceso de cumplimiento presentado en mayo del 2015 por los afectados con metales pesados de Espinar, a fin de que el Juez ordene a las autoridades competentes declare en Estado de Emergencia Sanitaria Ambiental la Provincia de Espinar, conforme se ha solicitado en nuestra demanda.

Por todo ello los afectados y afectadas por  metales pesados, las organizaciones sociales y las instituciones que acompañamos este caso solicitamos a las autoridades competentes tomar las acciones que les corresponde en ejercicio de sus funciones.

 

Espinar, 25 de agosto del 2016

LUEGO DE SEGUNDA REUNIÓN DE DIÁLOGO

  • En reunión de mesa de diálogo, y ante pedido de presencia de los titulares de los sectores, viceministro de Agricultura sugirió que primero se busque reunión con los ministros en Lima
  • Frentes de defensa desean entregar directamente su informe sobre la mesa de diálogo a los ministros de Estado

Las organizaciones sociales de base de Cotabambas (Apurímac) acordaron viajar a Lima para ser recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y los ministros de los sectores involucrados en la mesa de diálogo para el desarrollo de dicha provincia, con el fin de entregar directamente un informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso en torno al proyecto minero Las Bambas.

Los representantes y líderes de los frentes de defensa provinciales y distritales, decidieron llegar a la capital los días 12, 13 y 14 de setiembre, una vez que se desarrolle la segunda reunión de la mesa de diálogo (7 y 8 de setiembre) y se apruebe el reglamento que sobre el que se regirá el proceso; acuerdo que fue tomado en la reanudación de la mesa de diálogo que se realizó el lunes 22 último en Tambobamba.

En el transcurso de estos días, los dirigentes sociales enviarán documentos solicitando una cita con cada uno de los ministros, incluso con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el premier Zavala.

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Ausencia de ministros
Esta decisión por parte de los dirigentes de los frentes de defensa, responde al descontento de no haber contado con la presencia de ningún ministro de Estado del gobierno de PPK. Pese a que enviaron invitaciones formales con anticipación.
“Nosotros vamos a hacer nuestro propio resumen de cuánto se ha avanzado, y lo vamos a entregar a los titulares de los ministerios”, intervino Rodolfo Abarca, presidente del frente de defensa de Cotabambas.

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“Así como el presidente está llegando a otros sitios, debe llegar aquí y mandar funcionarios que realmente evalúen esta situación. Comencemos con nuevos ánimos, que se vea un verdadero compromiso”, convocó Virginia Pinares del comité de lucha del frente de defensa cotabambino.

El 22 de agosto último, tres viceministros participaron y representaron al Ejecutivo, uno de ellos, fue Guillermo Shinno, quien ya ha ocupado cargo de viceministro de Minas en el gobierno anterior. Mientras que, los otros dos, nuevos en la gestión, fueron Jorge Montenegro, el viceministro de Agricultura, y Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo.

En la reunión los dirigentes manifestaron cierto descontento por la permanencia en el cargo de algunos funcionarios del gobierno anterior, ya que ello podría significar el “continuismo” de un desarrollo lento en la conducción de la mesa.

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Al respecto el viceministro de Agricultura manifestó que muchos de los funcionarios son valiosos; no obstante, se encuentran en evaluación. Asimismo, sugirió a los dirigentes viajar a Lima y buscar un acercamiento con los ministros para que ellos puedan “devolver” la visita más adelante.

“En caso no haya resultados, o existieran motivos que no permitan que esto (la mesa) se pueda seguir manejando, o no se permita que existan obras que beneficien a las comunidades; los ministros, que ostentan el cargo político, junto con el premier y el presidente, tomarán la mejor decisión”, comentó.

Legislativo en la mesa
Por su parte el congresista representante de Apurímac, Richard Arce, consideró que los ministros deberían tener un gesto político con la población de Cotabambas y acudir a la reunión del 7 de setiembre. “Es decirle al país que el gobierno actual tiene la disposición a dialogar, la iniciativa debería partir del premier Zavala, de ahí el proceso técnico se realizará con los funcionarios de mando medio”, recomendó.

"Tenemos que mejorar"
Por su parte, el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila, reconoció que el Ejecutivo –en el gobierno anterior– cometió errores en la conducción de la mesa de diálogo, especialmente en el tiempo demorado (6 meses) para tramitar –mediante resolución– la denominación correcta de la mesa de "desarrollo" a "mesa de diálogo".

Para este nuevo periodo, Ávila –ratificado en su cargo por este gobierno– recalcó que falta mejorar la metodología del proceso de diálogo, así como la participación de cada uno de los sectores. No obstante, indicó que sí existe voluntad por parte de este gobierno de que el diálogo sea eficaz y que las comunidades logren su desarrollo social.

“Tenemos que mejorar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los acuerdos”, declaró al término de la reunión en Tambobamba.

En cuanto a las mesas de desarrollo que se establecieron en la provincia de Grau y el distrito de Challhuahuacho, y que siguen pendientes, aseguró que están en proceso de seguimiento, hasta que este gobierno pueda hacer un balance de cada una, tal como lo está haciendo en Cotabambas.

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República


Asunto: Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

 

De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave.

Consideramos que las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible, como bien lo entiende la OCDE, organización de la cual Perú desea formar parte. Justamente, esta instancia, en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la CEPAL y que fuera publicada en mayo del 2016, señala que “las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, por lo que recomienda que se defina una política nacional de ordenamiento territorial que tenga como resultado una ley que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal en relación a otras políticas. Además sugiere que se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.

Por su parte, en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, compromiso asumido por el Perú, el objetivo 6 plantea garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. Este objetivo tiene como meta poner en práctica la gestión sostenible de los recursos hídricos, estableciéndose como uno de sus indicadores el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (OIRH).

Según la OMS “OIRH es el proceso de promover el desarrollo y la ordenación coordinada de aguas, tierras y recursos conexos para optimizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”, en otras palabras, este ordenamiento integrado de recursos hídricos es una forma de ordenamiento territorial.

Son diversos los documentos of que señalan la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial que nos conduzca a una ocupación ordenada del territorio. Por las razones expuestas recomendamos:
- Contar con una política nacional de ordenamiento territorial que impulse la planificación y la gestión territorial como parte importante de la promoción del desarrollo.

- Establecer criterios normativos claros para la aplicación de esta herramienta, dada la confusión actual. Esto debería llevar a contar con una ley de ordenamiento territorial que fortalezca la institucionalidad, y por lo tanto, que establezca mecanismos de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sectores y actores que participan en el ordenamiento y armonice las políticas e instrumentos de planificación.

- Acelerar los procesos de ordenamiento territorial, muchos de los cuales se iniciaron hace más de dos gestiones gubernamentales, generando con ello desaliento y la pérdida del interés de la población.

- Para facilitar estos procesos, pero también el desarrollo descentralizado e integral de las regiones, provincias y distritos, es necesario fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental. El gobierno anterior y las asociaciones de gobiernos descentralizados acordaron un nuevo Reglamento para el funcionamiento del mismo, un primer paso en esta dirección, debiera ser su implementación y activación. Esta instancia debería garantizar que los funcionarios encargados del proceso de Ordenamiento Territorial - OT sean permanentemente capacitados y tenga el acompañamiento necesario y que los procesos sean participativos, interculturales y concertados. Esta instancia en definitiva, puede jugar un rol importante en la promoción de la diversificación e integración productiva de cada territorio, priorizando la creación de demanda interna y la infraestructura articuladora.

- En la medida que el artículo 22 de la Ley 30230 señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” es necesario que se le devuelva al Ordenamiento Territorial su función reguladora del uso del territorio a fin de que pueda cumplir con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. Ello supone la derogatoria o modificatoria del artículo 22 de la Ley N° 30230.

Confiados en que nuestros aportes sean tomados en cuenta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, nos despedimos.

Atentamente,

Asociación Arariwa
Asociación Servicios Educativos Rurales - SER
Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CEPES
Cima Cordillera Azul
Cooperacción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fedepaz
Forum Solidaridad Perú – FSP
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto del Bien Común
Movimiento Ciudadano frente al cambio climático – MOCICC
Paz y Esperanza Ayacucho
RED MUQUI
Unión Geográfica Internacional - UGI

javier 

Por: Juan Aste Daffós, Ingeniero Economista, especialista en gestión ambiental, minería y conflictos socioambientales

Lo central del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es que la tecnología de los circuitos de fundición y refinación data de 1922 para cobre, de 1928 en el caso del plomo y de 1952 tratándose del zinc, habiéndose hecho modificaciones complementarias en 1983 y 1994 para mejorar la productividad, está diseñada para procesar concentrados "sucios", es decir, con prohibitivos niveles de arsénico, bismuto, antimonio, cadmio, plomo, selenio, telurio, indio y otros metales menores, por lo que su rentabilidad está asociada a altos niveles de contaminación que en su momento no tomaron en cuenta el impacto ambiental y social y no habían límites máximos permisibles ni estándares ambientales que cumplir para salvaguardar la salud, la calidad del agua y la flora y fauna del valle del Mantaro.

Actualmente, en el mundo solo hay 4 complejos metalúrgicos que tratan concentrados sucios, el que posee la Dowa Mining Ltda en Japón, el de Hoboken de Union Miniere en Bélgica, el de Ronskar de Boliden Minerals en Suecia y el CMLO de La Oroya de Doe Run Peru SRL en el Perú. La diferencia está en el control y mitigación de la contaminación para cumplir con estándares compatibles con el ambiente y la salud de la población en los países desarrollados.

Así, entre 1997 y 2004, Doe Run Peru, dueña del complejo metalúrgico de La Oroya procesó concentrados de cobre “sucios”, donde el 41.6% fueron importados con contenidos de arsénico 1.53 veces mayores que los concentrados sucios peruanos, estando prohibida la importación de materiales o desechos tóxicos peligrosos de acuerdo al Convenio de Basilea (vigente desde 1989 y con modificaciones hasta el 2005) y en consecuencia, la Sunat nos debe una explicación. Según el Banco Mundial, en el 2005 en el Perú los estándares ambientales de calidad del aire para arsénico y plomo eran 50 veces más permisivos que los estándares internacionales. El estándar de calidad del aire que se mide oficialmente en La Oroya es de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire (ug/m3) promedio anual y 365 ug/m3 promedio diario, los que son menos exigentes que en Canadá (300 ug/m3) y Chile (250 ug/m3). Esto explica porqué La Oroya ha sido considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

En consecuencia, una alternativa para el CMLO, que garantice un ambiente sano que salvaguarde la vida de las personas y el futuro del valle del Mantaro, pasa por eliminar la importación de concentrados sucios procedentes de países que tienen normas ambientales "rígidas" que cuidan el ambiente y la salud y procesar concentrados menos "sucios" generados en minas peruanas, por ejemplo, con un nivel no mayor al 6% de arsénico en los concentrados de cobre, cuyo contenido fino a su vez, no debe ser menor al 25%, que es el caso de los concentrados de la mina Cobriza, que debería ser repotenciada para tales efectos. Asimismo, debe fijarse un nivel mínimo de producción de ácido sulfúrico por contenido de azufre que ingresa con los concentrados.

De esta manera, debe actualizarse el diseño tecnológico y ajustarse el tamaño de las operaciones así como el del personal, garantizando la prioridad en el empleo a los que laboran en el CMLO así como sus derechos laborales, implementando un plan de reconversión laboral.

Por ello, si antes resultó una desatinada y grave decisión el venderle el CMLO al especulador financiero Ira Leon Rennert, que hizo que Doe Run Peru nunca cumpliera los compromisos ambientales con el Estado Peruano, ahora es inaceptable la prórroga de la situación actual del CMLO y la manera como las administradoras han gestionado Doe Run Peru, que comprende el CMLO y la Mina Cobriza, descapitalizándola para liquidarla y venderla.
No puede seguir matándose la gente en La Oroya y limitar la productividad del valle del Mantaro para garantizar la rentabilidad del CMLO dependiente del procesamiento de concentrados sucios tal como fue diseñado en 1922.

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS - PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

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Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

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Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

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En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CON PROYECTO APROBADO EN COMISIÓN

  • Se ha retomado Proyecto de Ley que busca modificar reglamento del Congreso
  • Nuevamente se presenta esta iniciativa de ley que pasaría directamente al pleno
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