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El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.

TRAS REACTIVACIÓN EN EL CONGRESO

  • Grupo multipartidario será presidido por la congresista del FA, Tania Pariona
  • Grupo promoverá espacios de diálogo con organizaciones indígenas
  • Trabajo será coodinado con la Comisión de Pueblos, presidida por María Elena Foronda del FA

Esta semana se instaló nuevamente el Grupo Parlamentario Indígena (GPI), para el periodo legislativo 2016-2021 del Congreso de la República, a fin de retomar el trabajo iniciado en el año 2007, y tener un espacio con capacidad de ejercer control político frente a instancias del Estado cuyas decisiones y políticas públicas afecten a los pueblos indígenas.

Al ser de carácter especial, este será un espacio multipartidario de diálogo, concertación y construcción de consensos que promueva iniciativas legislativas, emita opinión, y sobre todo, contribuya a la labor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, así como a las comisiones que trabajen temas que involucren transversalmente a los pueblos indígenas.

Asimismo, el GPI promoverá un diálogo permanente con las organizaciones indígenas e instituciones que trabajan por los derechos de estas poblaciones, al ser quienes manejan a fondo las demandas más urgentes.

En la sesión de instalación, se presentaron los congresistas Alberto de Belaunde (Peruanos por el Kambio - PPK), Jorge Meléndez (PPK), César Villanueva (Alianza Para el Progreso), Nelly Cuadros (Fuerza Popular), Oracio Pacori (Frente Amplio - FA) y Richard Arce (FA), quienes por unanimidad, eligieron a la congresista Tania Pariona Tarqui (FA) como coordinadora del GPI.

Cabe recordar que el pasado martes 9 de agosto, día en que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la congresista por la región Ayacucho, Tania Pariona presentó en el Congreso su agenda legislativa para el periodo 2016 -2021 en materia de Pueblos Indígenas (PPII).

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Comisión PPII

A la par, se instaló la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que a partir de ahora será presidida por la congresista María Elena Foronda Farro (FA), exdirectora del Instituto Natura de Chimbote, institución miembro de la RED MUQUI.

Durante su presentación, la legisladora manifestó que los pueblos del interior han sido marginados durante décadas, pese a ser motores principales de la economía nacional en los diferentes campos del territorio nacional, principalmente en la sierra y selva. Además sostuvo que asumirá el reto de impulsar leyes inclusivas a favor de las poblaciones indígenas, tanto campesinas, como nativas.

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“Miles de pobladores indígenas del país están a la espera que legislemos leyes que propongan su inclusión en la toma de decisiones para el bienestar del futuro del Perú”, señaló al instalarse el grupo de trabajo parlamentario.

Agregó que es necesario que los miembros de la comisión sean conscientes de que tienen la obligación de defender los recursos ambientales de las regiones y también los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“El desafío es grande, porque el recurso económico no se puede someter al factor ambiental, que debemos protegerlo”, subrayó.

Como vicepresidente de la comisión fue elegido el congresista Wilmer Aguilar (FP) y como secretaria, Tamar Arimborgo (FP).

Fuente / Fotos: Despacho congresista Pariona / Andina

EN SAN IGNACIO, CAJAMARCA

  • Proyecto minero Yagku Entsa, de la empresa Águila dorada, quedará suspendido
  • MEM deberá aplicar proceso de consulta previa en la comunidad nativa de Supayaku

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió la fase de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” (distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, Cajamarca), hasta que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lleve a cabo un proceso de consulta previa con la comunidad nativa de Supayaku que se ha visto seriamente afectada por la contaminación del río Chirinos. De esta manera, y por primera vez, se declaró fundada una demanda de amparo por consulta previa en minería, y en primera instancia.

“La suspensión de la fase de exploración del proyecto minero "Yagku Entsa" se dará en la etapa que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos indígenas que podrían ser afectadas”, señala la sentencia.

Esta decisión se dio luego que la Comunidad Nativa de Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), presentaran una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), al haber emitido la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM (del 06 de setiembre de 2013) sin notificar a todas las comunidades potencialmente afectadas, como corresponde.

En esta resolución, si bien el Estado le aprobó el proyecto a la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. bajo el consentimiento de la comunidad nativa awajún de Naranjos, no se contempló a Supayaku, pese a ser adyacente al proyecto minero y ubicarse al otro lado del rio Chirinos.

En parte el juzgado especializado en lo Constitucional basó su decisión en el fallo del Tribunal Constitucional del año 2009, que se indica que cuando el Convenio 169 se refiere a los pueblos interesados, se comprende a comunidades directamente afectadas y a comunidades colindantes, lo cual aplica en este caso.

Cabe mencionar, que la población de las comunidades nativas de Naranjos y Supayaku (pertenecientes a la etnia awajún) se ubican en distritos diferentes, San José de Lourdes y Huarango respectivamente; sin embargo, pertenecen a la misma provincia cajamarquina de San Ignacio, y además forman parte del mismo bosque que como límite natural les ofrece el río Chirinos. Es decir, son comunidades indígenas hermanas y aledañas, que comparten el mismo espacio de vida que les provee lo necesario para subsistir.

“Desde una visión integral del territorio como ésta, aprobar un proyecto de exploración minera en base a acuerdos que sólo se tomaron con Naranjos (sus dirigentes, ni siquiera con toda la población) sin considerar a Supayaku, resulta un despropósito y una burla, más aún si la decisión la toma una instancia pública, como es el MEM”, indicó la defensa de Supayacu, a cargo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Durante el proceso, el abogado defensor David Velazco, argumentó que el pueblo de Supayaku tiene derecho a la consulta previa por ser parte del pueblo indígena y originario awajún y estar reconocido en la base de datos del ministerio de Cultura, pues cuenta con titulación desde el año 1977.

Por su parte, la Procuraduría Pública del MEM, parte demandada, alegó que “todo se publica en el Diario El Peruano”, por lo que en Supayaku, pudieron haberse informado sobre el proyecto. Este argumento fue rebatido por el juez.

Además de tomar la defensa legal de Supayaku, Fedepaz –como parte de la RED MUQUI– también acompañó a la población durante los periodos de tensión y agresividad que surgieron en el proceso, y les proporcionó herramientas para fortalecer sus capacidades de consenso y diálogo, sin deslegitimar su oposición al proyecto minero, ni que su resistencia continúe siendo elemento de división, ante sus denuncias por impactos negativos en sus territorios. 

Fuente / fotos: Fedepaz

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CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República:

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de las condiciones y servicios de Salud y Educación. Sin embargo, notamos ausencias que generan preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas ausencias, notamos principalmente las siguientes:

1.   Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética, así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su implementación, con miras a fomentar el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares, campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.

2.    Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental, en contraste con las múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. Recordemos que   en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de la cual el Perú pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner en riesgo el objetivo de protección ambiental.

3.    No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.   En ese sentido, dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente. En este sentido, nos preocupa la solicitud de la   Sociedad Peruana de Hidrocarburos para modificar   disposiciones   legales   relativas   a   Áreas   Naturales   Protegidas   que   según   el mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones.

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico  ilegal,  a  aquellos productos forestales en estado  natural o de  primera transformación...”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave riesgo  nuestros  compromisos  internacionales  de  conservación  de  bosques  en  el  TLC  con Estados Unidos. Otro anuncio que   genera preocupación es la iniciativa de construcción de carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores de la deforestación.

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y no  se  ceda  en  la  prohibición  de  estas  actividades  en  zonas  prohibidas  como  las  Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida como las dragas, o en cuerpos de agua.

4.   Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una Autoridad Ambiental firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub sectores, a nivel nacional y sub nacional.

5.   Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no constituya un simple ejercicio de comunicar decisiones.

Lima, 15 de agosto del 2016

GRUPO PERÚ COP

EN LATINOAMÉRICA

El secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, remarcó que en ningún país de América Latina se muestran los verdaderos indicadores económicos que incorpora el costo de los daños ambientales y sociales de las actividades extractivas.

javier 

Por: Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI

El mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuczynski al Congreso al asumir el mando, tuvo fundamentalmente una mirada hacia el 2021, año del bicentenario, pensando en cómo será el país en dicha época.

En esa lógica, el mensaje de "Si a la paz, si a la unión, no al enfrentamiento, no a la división", fue evidentemente dirigido al Fujimorismo, pero también asumo incluyó a quienes afrontan conflictos sociales en diversos lugares del país, por el hecho de defender sus derechos y sus formas de vida y de desarrollo.

Se refirió a la "Libertad, independencia del poder foráneo, igualdad, equidad y fraternidad para todos" como principios que enmarcaron nuestra independencia. Pero aquel poder foráneo aún subsiste, cuando nos mantenemos dependientes de las inversiones y economía externas, de cuyo vaivén seguimos dependiendo al circunscribirnos a producir materia prima, lo que deja el reto de plantear alternativas de desarrollo sostenibles, que consideren las potencialidades locales, el acceso a mano de obra local, pero también los impactos del cambio climático y el respecto por el ambiente y nuestros recursos naturales, así como la visión de las comunidades y población respecto del desarrollo que ellos y ellas buscan.

En esa perspectiva fue interesante que el presidente, al hablar de crecimiento, no lo dejó sólo en el económico, sino que integró el "crecimiento económico y humano", hablando de "una mejor educación y acceso a oportunidades; prevención, cuidado y atención oportuna de salud". En éste caso la mención a la salud y el acceso a ella ha sido importante, pero ello no se condice con declaraciones previas donde expresó su interés de rebajar los estándares ambientales de dióxido de azufre a los niveles de Canadá o Chile, sin considerar el impacto de la actividad minera en la salud, que no sólo requiere atención para tratar síntomas, sino la necesidad de actuar con una politica más amplia de salud pública ambiental, que incorpore el mejoramiento de los factores ambientales como la remediación de los pasivos ambientales y la atención médica especializada a las personas afectadas por la presencia de metales pesados o sustancias tóxicas.

En ese sentido el presidente ha asumido un compromiso con la salud pública en el área rural. "Mi padre me dejo dicho ejemplo, no puedo defraudar su legado", dijo, “sin salud no hay desarrollo”. Es un tema prioritario y pendiente de asumir, en especial en las zonas mineras y de industrias extractivas, para evitar mayor conflictividad social.
Al hablar de un país moderno también se refirió a lograr al 2021 “un país sin discriminación”. “Somos un país milenario y cuna de la civilización. Parte de nuestra historia ha sido despreciada y marginada, eso debe cambiar más rápido y profundamente”, indicó.

Ojalá ello involucre acciones concretas en favor de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, y sean respetados sus derechos al territorio, a la consulta previa, al desarrollo. Los paquetazos normativos, las leyes 30230 y 30327, el D.S. 001-2015-EM, entre otros, son un riesgo para las comunidades, y las declaraciones del Ministro de Economía Alfredo Thorne antes de asumir la cartera, sobre el fomento de titulación individual de tierras de comunidades campesinas que impulsaría, dejan la preocupación de que el actual gobierno se podría valer de éstas normas para agilizar las inversiones, afectando derechos colectivos a las tierras protegidos por la Constitución y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Estaremos atentos a la decisiones que se tomen.

Al plantear su visión hacia el bicentenario, mencionó que "Todos los peruanos tendrán acceso al agua potable y desagüe las 24 horas", y si bien es importante priorizarlo, el tema es que se habla de agua, pero no se habla nada de la protección de las fuentes de agua, de las cabeceras de cuenca, ni de los ecosistemas que las captan o generan, ni de acciones frente al cambio climático que tendrá acción directa en dichas fuentes, sin las cuáles sería imposible que el presidente cumpla dicha promesa. Que seguridad hay de tener recursos hídricos suficientes para cumplir con dicha meta, si dichas fuentes están en riesgo o ya contaminadas por actividades mineras o petroleras, o han sido concesionadas para ello. Este es un tema que no está en el Plan de Kuczynski, y que debe ser considerado, incluyendo en ello el Ordenamiento Territorial, que establece que zonas deben ser protegidas y los usos que debe darse en cada caso, que es fundamental para el uso futuro de los recursos.

“Un pueblo educado no se equivoca, defiende sus libertades, busca la paz”, ha dicho el presidente. Si las personas defienden sus derechos y libertades porque tienen educación, quiere decir que aquellas personas que exigen sus derechos en diferentes lugares del país frente a la imposición de la minería, o frente a la afectación de derechos de empresas o del Estado, han avanzado en dichos niveles, y no se les puede tildar de personas utilizadas por ideologías u otros intereses. Por ello es importante el diálogo abierto antes de la imposición, para conocer los problemas de fondo que están detrás de los conflictos, y no pensar que adelantando dinero es como se solucionan los problemas.

El presidente ha indicado que “respetará las normas ambientales” y “las opiniones de los ciudadanos sobre los proyectos”. “Haremos saber a los ciudadanos los detalles de los proyectos” para que entiendan lo que da un proyecto económicamente, y los beneficios que brinda con tributos para el país. “Yo mismo iré a las zonas para explicarlo”. “Vamos a enfrentar conflictos con dialogo y no con enfrentamiento. No nos iremos contra la voluntad del pueblo. Esa es mi promesa”, ha dicho Kuczynski.

A quienes acompañamos la problemática minera en el país, esta mención ha sido importante. En principio saludamos que de anuncie el respecto a opiniones de los ciudadanos sobre los proyectos.

Si nos preocupa que en el caso que “el mismo” se dedique a afrontar los conflictos, que el asuma sus eventuales “derrotas” en las apuestas que realice. Es difícil pensar que no va a hacer los imposible por sacarlos adelante, y los riesgos que ello conlleva en generación de crisis de conflcitividad. Algunos conflictos sociales han generado la “caída” de gabinetes ministeriales, y si el propio presidente lo asume, habrá que ver las consecuencias de ello.

Al respecto no hay que olvidar que días antes de asumir el mando Kuczynski acaba de declarar que se puede destrabar el proyecto minero Tía María en Arequipa, que eso depende de aumentar el área de riego del Valle del Tambo. Habría que ver si eso es lo que esperan los pobladores del Valle del Tambo y de los cuatro distritos de la Provincia de Islay. Por lo pronto, ya se anuncian en la zona nuevas marchas frente al proyecto. También se ha anunciado una próxima conversación con Gregorio Santos, ya libre, sobre el proyecto Conga en Cajamarca.

Estas declaraciones reiteran nuestra preocupación sobre la propuesta de Kuczynski del “adelanto social”, que no es otra cosa que “con plata” se solucionan los problemas. Se necesitan establecer mecanismos de diálogo que permitan escuchar a las poblaciones y comunidades locales, sus agendas y demandas, sin imponer “plazos administrativos”, sino brindar el tiempo necesario, y respetar lo que se acuerde o no al final de dichos procesos.

Otro tema priorizado por el presidente hacia el 2021 es el agro “donde está la mayor cantidad de pobres”. Reconoció que “el agro da alimento a 2/3 partes de la población, y da empleo a 2/3 partes de trabajadores. Apoyar el agro, es darle justicia social a los más pobres”.

Es importante se respalde el agro, pero hay que apoyarlo en perspectiva de ser alternativa de desarrollo a actividades como la minería. El tema es que las tierras dedicadas a dicha actividad deben ser protegidas por el Estado, para evitar sigan siendo tomadas por la actividad minera y otras extractivas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Se debe evitar que nuestras comunidades campesinas, dedicadas a la agricultura fundamentalmente, que brindan alimentos que aportan el 80% de la canasta familiar, y cuya actividad se realiza en el 7% del territorio nacional, vean afectadas las garantías sobre sus tierras y recursos naturales, pues son las que fundamentalmente se dedican a la agricultura familiar y permiten la seguridad alimentaria en el país.

Finalmente, en la visión al 2021, es importante que Kuczynski haya indicado que vislumbra un Perú “reconocido como país donde se respetan los derechos humanos, en especial de las minorías, y donde se cumplen los deberes de los ciudadanos”.

Al respecto, esperaríamos un mayor cuidado en la intervención frente a los conflictos sociales de parte de la policía nacional, y la no intervención de las fuerzas armadas, en tanto no les corresponde. El problema es que sabemos que tenemos normas que criminalizan la protesta social, que permiten la intervención de las fuerzas armadas, y la impunidad de ambas fuerzas cuando provocan muertos y heridos “en ejercicio de su función”.

El riesgo es que se continúe con éste accionar y no se revisen dichas normas, luego de escuchar al congresista Gino Costa, cuyo Viceministro en la cartera de Interior fuera Carlos Basombrío, referirse a la lógica de la “teoría de la conspiración” detrás de los conflictos, es decir que hay quienes los instigan, sin preocuparse primero por el diálogo y la escucha de las comunidades y poblaciones que tienen sus agendas locales, preocupaciones y propuestas que no se ha estado en disposición de escuchar antes de tomar decisiones sobre proyectos.

Estas son algunas reacciones luego del discurso del presidente Kuczynski, que esperamos que sus decisiones puedan ir eliminando como preocupaciones, y dejando tan sólo como esperanzas que se puedan ir forjando en los siguientes cinco años.

 

  • Nueva publicación presenta casos de Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México
  • Movimientos y organizaciones sociales siguen luchando por preservar un modelo post extractivista más amigable

RED MUQUI, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FCCSS - UNNSM) y la Universidad de Gante (Bélgica) presentaron el libro “Las luchas sociales en Latinoamérica: un análisis histórico, comparativo y global”, publicación que presenta experiencias de luchas, resistencias y cuestionamientos de poblaciones por la preservación de sus modos de vida y desarrollo, que se ven afectadas por los proyectos extractivos que se expanden constantemente en nuestro continente.

El libro compila las ponencias presentadas, por académicos y dirigentes de movimientos sociales, en la conferencia internacional realizada con el mismo título, realizada el 24 y 25 de junio de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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La presentación oficial se llevó a cabo en la 21 Feria Internacional del Libro, el miércoles 27 de julio, y contó con la participación de comentarists como el exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Manuel Burga; la periodista y doctora en Literatura, Rocío Silva Santisteban; el director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco), Jaime Borda, y el líder ambientalista y comunicador social de las comunidades de Espinar (Cusco), Vidal Merma.

“La presencia de la actividad extractiva modifica formas de vida de las comunidades y de convivencia con la tierra, a esto se suman conflictos sociales con persecución y criminalización de dirigentes comunales. Ello se ve en la modificación de tierras comunales en el sur andino, que hoy en día es el principal destino de las inversiones y concesiones mineras”, expresó Jaime Borda de DHSF y directivo de RED MUQUI.

“Se viene sacrificando a pueblos enteros al retirarlos de sus territorios. Existe desinterés de nuestros gobernantes por preservar a las comunidades, en favor de la minería”, lamentó Vidal Merma de Espinar, tras comentar parte del contenido del libro.

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Argumento

A través de un análisis histórico, comparativo y global, el texto examina alrededor de veinte experiencias, de diversos países de América Latina, organizadas en tres ejes de debate: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; tierra y economía casos como los conflictos socioambientales de Rancas o Celendín en Perú, la Araucanía en Chile, el Chaco en Bolivia o Huila en Colombia son examinados. Del mismo modo, que experiencias económico solidarias de Chiapas en México, Paraná en Brasil, Oruro en Bolivia, Bogotá en Colombia o Cusco en Perú.

La conferencia que precedió a este libro, logró unir perspectivas tanto históricas como contemporáneas acerca de las luchas por la tierra en América Latina, que hasta el momento siguen siendo un factor dominante que forja gran parte de la sociedad forma movimientos sociales dinámicos. Asimismo, el libro pone en debate el impacto de la resistencia contra la imposición de modelos económicos extractivistas y marcos legales que deslegitiman y alteran formas de tenencia de la tierra a nivel local mediante reformas normativas y contra–reformas (revoluciones y resistencias). Asimismo, cuestiona las múltiples maneras en que este proceso de incorporación transforma sociedades y modos de vida locales.

No obstante, propone generar propuestas acerca de la transición hacia un modelo social más solidario y post extractivista, respetuoso de la naturaleza, que brinda un uso sostenible de los recursos naturales, ejerce un respeto pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las personas en general.  Es decir, aquello que los pueblos originarios del área andina y amazónica de América Latina definen como el modelo del “buen vivir”: allin kausay, suma kawsay, suma qamaña.

El texto está dividido en tres capítulos, que corresponden a los mismos ejes temáticos que estructuraron la conferencia: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; y tierra y economía solidaria. Además de un cuarto capítulo de reflexiones finales.

La publicación fue realizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Decana de América; el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica; y la Red Muqui, un colectivo de 29 organizaciones en 11 regiones del Péru, dedicadas a la defensa de derechos de comunidades afectadas por la minería; contó además con el apoyo del Fondo de Investigación de Flandes.

La edición estuvo a cargo de Hanne  Cottyn, del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante; Javier  Jahncke y  Mattes  Tempelmann, de la Red Muqui; y Ela Pérez y Luis Montoya del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Estado Peruano debe mantenerse alerta

En abril del 2011, Renco Group y Doe Run Perú inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, pretendiendo una indemnización de 800 millones de dólares, alegando que recibieron un trato injusto, que el Gobierno le había exigido responsabilidades adicionales en el programa de manejo ambiental y que había un intento de expropiación de la planta por parte del Estado peruano.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, es una instancia de arbitraje internacional creada por el Banco Mundial para garantizar e incrementar los flujos de inversiones en el Estado receptor; motivo por el que, existe un sesgo de desconfianza, criticas y cuestionamientos a los mecanismos de funcionamiento y su alto grado de independencia del sistema judicial de los países. Su papel es atender las controversias que surgen entre los inversionistas y los Estados receptores de la inversión y aplicar mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión establecido en los Tratados de Libre Comercio - TLC.

La resolución del 15 de julio del 2016, dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor del Estado Peruano en su condición de árbitro para el caso de la demanda de arbitraje planteada por Renco Group y Doe Run Perú, nos permite expresar nuestra satisfacción y reconocimiento como un paso importante en el respeto a los reclamos de la población de La Oroya y la facultad que tienen los países receptores de inversiones para proteger los derechos de las poblaciones locales.

Sin embargo, ésta decisión unánime tomada por los miembros del tribunal arbitral del CIADI, fue prematura, debido a que se refiere al incumplimiento de Renco con el requisito formal del articulo 10.18 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, por que Renco intentó mantener la posibilidad de demandar al Estado peruano en las cortes domesticas, cuando según la norma debía haber negado este derecho al inicio de este proceso.

Por eso, la decisión arbitral dice: “Renco no ha logrado establecer los requisitos para el consentimiento del Perú para arbitrar en virtud del Tratado”; “por tanto, los reclamos de Renco deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, cortando por ahora este proceso que pudo haber durado mucho más.

Sin embargo, debemos tener en cuenta las amenazas de la transnacional Renco Group y Doe Run Perú, para volver a demandar al Estado Peruano, lo que debe mantenernos alerta, mediante acciones de mejoramiento de nuestras condiciones ambientales en La Oroya y Región Junín, así como el respeto de los derechos fundamentales a la salud y el trabajo.

Instamos a las autoridades actuales y a quienes asumirán el gobierno, a no caer en las decisiones fáciles de relajar los estándares ambientales, con el pretexto de poner en operación el  Complejo Metalúrgico de La Oroya; por el contrario, los instamos adoptar las medidas de cuidado y control ambiental necesarias, a realizar la remediación de los pasivos ambientales y la promoción de un desarrollo económico sostenible, más amigable con el ambiente, que respete la vida y salud de las personas.

 

Lima, 22 de julio de 2016

 

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