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Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y decenas de heridos.

2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban a la población de Cotabambas.

3. Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes interrogantes.

4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa, instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.

5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.

6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una inaceptable situación de maltrato.

7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

26, de julio de 2016

Suscriben:

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FRENTES DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO MAYOTINCO – PUNANQUI, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

 

 

  • Proceso comenzó el 1 primero de julio y concluiría en noviembre de este año

Luego de ser anfitrión de la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), Perú enfrenta un nuevo reto en el marco de esta iniciativa.

Representantes del Secretariado Internacional del EITI conversaron con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la transparencia en las industrias extractivas y organizaciones de pueblos indígenas para conocer sus impresiones sobre la iniciativa. El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de validación de la implementación del EITI en Perú.

El EITI es una alianza estratégica entre 51 países que busca transparentar los pagos que realizan las empresas (de gas, petróleo y minería) a los gobiernos y los pagos que estos reciben producto de la extracción de nuestros recursos naturales.

Cada país cuenta con un organismo, espacio, comisión u otros integrada por gobiernos, empresas y sociedad civil para implementar la iniciativa –en nuestro país se denomina Comisión Nacional EITI Perú–, una de sus principales tareas es propiciar la elaboración de los Informes EITI, llamados estudios de conciliación nacional (ECN), en el caso de Perú.

Perú integra el EITI desde 2005. Con solo un ECN publicado, su primera validación fue en 2012, recibiendo la categoría de “país cumplidor”. En esta oportunidad, nuestro país ya cuenta con cinco estudios, en el último participaron voluntariamente 60 compañías del sector extractivo (18 compañías del sector hidrocarburos y 42 del sector minero), tres empresas menos que el cuarto estudio. Además cuenta con iniciativas regionales en Piura y Moquegua.

Proceso de validación

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“La validación permite afinar la implementación del EITI” explicó a los asistentes Francisco Paris del Secretariado Internacional, quien junto a Aida Amot se encuentran en Lima recogiendo los comentarios de la sociedad civil, empresas y gobiernos –insumos que servirán en el proceso de validación. Por ello parte de su trabajo es conocer cómo la sociedad civil del país está involucrada, asimismo cómo se relaciona y articula.

El papel de la transparencia de las empresas extractivas chinas –como la empresa Chinalco quien aún no participa en los ECN–, la mejora de la comunicación de los resultados de los ECN, al igual que la prontitud de la data de los informes –el V ECN contiene cifras del año 2014– fueron algunos de los aspectos mencionados en el diálogo. Asimismo, representantes de las organizaciones de pueblos indígenas pusieron en agenda la actual coyuntura de la Amazonía tras los derrames de petróleo.

El espacio sirvió también para explicar al Secretariado las expectativas que tiene la sociedad civil frente al EITI. Una de ellas fue su propuesta de incorporar información socio-ambiental para generar confianza en los reportes y fomentar mayor vigilancia al EITI, a través de la participación de más miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas. Respecto al estándar ambiental, el Secretario del Internacional precisó que aunque no es obligatorio, más de 14 países ya vienen incorporando información ambiental y que corresponde a la Comisión EITI Perú dar respuesta a ese pedido.

Otra expectativa fue que se transparente la información sobre los gastos y compromisos sociales, así como a los beneficiarios reales de las industrias extractivas (personas naturales propietarias de las empresas)[1] y que se profundice la transparencia en la información fiscal (tributaria y no tributaria), el aporte, la distribución y el uso de los recursos obtenidos por los gobiernos de las industrias extractivas.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Propuesta Ciudadana como representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional EITI –titular y alterno, respectivamente– seguirán informando sobre cómo se viene desarrollando la evaluación del país.

Para más información sobre la iniciativa visita el portal web de DAR dedicado al EITI.

Conoce en qué consiste el proceso de validación aquí.

Accede aquí al estándar actual del EITI.

 [1] La obligación de trasparentar la información de los beneficiarios reales es un compromiso del Estándar EITI aprobado el febrero de 2016 durante la VII Conferencia en Lima.

Fuente / Fotos: DAR

  • ¿Se fortalecerá el rol del Minam como ente rector en materia ambiental? ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales?

Las 125 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Colectivo de Plataformas para la Gobernanza Ambiental y Climática solicitaron al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, que sus representantes puedan participar como veedores en el proceso de transferencia de gobierno, y así facilitar la identificación de los ejes claves en la agenda ambiental y climática de la nueva gestión, que recoja las prioridades propuestas por la sociedad civil organizada. Dichas organizaciones han venido desarrollando durante décadas acciones de educación ambiental, promoción de tecnologías “verdes” y de promoción de la transparencia gubernamental. Esta experiencia constituye un aporte valioso con miras a iniciar un trabajo en conjunto y fructífero con la nueva gestión.

Para el Colectivo de Plataformas, uno de los requisitos para mejorar la gobernanza ambiental es el fortalecimiento de la institucionalidad, en este sentido, manifestaron su preocupación por el futuro del sector ambiental. En julio de 2015, Pedro Pablo Kuczynski dijo “Sería mejor que cada sector tenga una secretaría y que las secretarías estén coordinadas en no más de unos 10 ministerios”. Al respecto el Colectivo de Plataformas señala que el Ministerio del Ambiente, permite que el país cuente con una Autoridad Ambiental definida y ordena las funciones previamente dispersas entre varias instituciones. Recordemos que el antiguo Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) no tenía el peso político ni las facultades suficientes para garantizar una adecuada gestión ambiental.

Asimismo el Colectivo de Plataformas preguntan al presidente electo ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales como los capítulos ambientales de los TLC o el Acuerdo climático de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) entre otros?. El Perú ha logrado un rol de liderazgo en las negociaciones internacionales para enfrentar el cambio climático, y también ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de ODS.

Finalmente en relación a las Contribuciones Nacionales presentadas por el Perú ante las Naciones Unidas, que comprometen al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% al 2030 y a implementar acciones de adaptación al cambio climático, el Colectivo de Plataformas pide al gobierno de Kuczynski cumpla todos los compromisos ambientales.

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DATO:

Seis Plataformas de la Sociedad Civil (Grupo Perú COP, Movimiento Ciudadano ante el Cambio Climático - MOCICC, Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, Propuesta Ciudadana, Red Ambiental Peruana-RAE, Asociación Nacional de Centros-ANC) que representan a 125 organizaciones integran el Colectivo de Plataformas. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los acuerdos climáticos asumidos por el Perú, por una gestión climática y ambiental transparente, participativa, sostenible y equitativa.

CIFRAS:

  • Al año 2014, el 64 % de las emergencias registradas a nivel nacional correspondieron a eventos de origen climático.
  • A nivel nacional se han perdido 42,64 % de superficie glaciar con respecto a lo registrado en el año 1970 (cerca de 871 km²). En algunas cuencas como la del río Santa, se espera que los estiajes sean cada vez más largos y severos.
  • El 15 % de las áreas naturales protegidas del país, bajo las condiciones de exposición y capacidad adaptativa actual, tendrán una alta vulnerabilidad al cambio climático y el 62 % de las ANP tendrá una vulnerabilidad media.

 

Fuente de datos y cifras: El Perú y el Cambio Climático: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Fotos: Agencia Andina / Cuenta de Twitter de Mercedes Aráoz

ESTE 25 DE JULIO

  • Al igual que otras organizaciones, RED MUQUI donará publicaciones al público para dar a conocer su agenda de trabajo

La RED MUQUI participará por primera vez en esta 21 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL LIMA 2016), junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil, como parte de la Jornadas de participación de las organizaciones y redes de sociedad civil en la FIL Lima 2016, espacio (stand N° 11) en el que cada día, una organización distinta hará uso del mismo para la presentación de sus últimas publicaciones, así como de las actividades y el trabajo que vienen realizando; de igual modo por medio del diálogo con el público interesado.

Este año, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) ha coordinado la presencia de unas 30 instituciones, entre organizaciones y sindicatos, que trabajan temas como: derechos humanos, pueblos indígenas, minería, educación, género, gestión del territorio y salud. El stand N° 11, asignado a la Sociedad Civil peruana, también será un espacio de diálogo para que cada representante de conocer cómo es que su institución aporta a la generación de políticas públicas y al desarrollo del país mediante resultados sostenibles en la calidad de vida de los peruanos, así como la importancia de las organizaciones Sociedad Civil como agentes claves y garantes de un Estado democrático y plural.

Algunas organizaciones, tal como es el caso de RED MUQUI, obsequiarán libros a los asistentes.  Estas publicaciones tratan diversas investigaciones e informes de casos, sobre conflictos socio-ambientales, comunidades y minería, medioambiente, industria extractiva, temas que forman parte del trabajo que realiza la RED MUQUI.

Otras, ofrecerán –en venta o donación– textos sobre temas como derechos humanos, ética corporativa, globalización, movimientos sociales, ciencias sociales y política, estado y gobernabilidad, género, comunicación política, economía solidaria, entre otros.

Entre los títulos que el colectivo pondrá a disposición de los asistentes de la FIL LIMA 2016, están: Análisis de los Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú (2015), Los Pasivos Ambientales Mineros: diagnóstico y propuestas (2015), Propuesta de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (2014), entre otros.

Asimismo, el miércoles 27 de julio, la RED MUQUI presentará la publicación “Las luchas sociales por la tierra en América Latina: Un análisis histórico, comparativo y global”,  raíz del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, que organizó en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad San Marcos y el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica.

DATO

La FIL 2016 se llevará a cabo de 15 al 31 de Julio y estará ubicada en Parque de Los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María, Lima). El horario de atención al público será desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.

Organizaciones y redes que participan: ANC, CLADEM, Asociación Filomena, CCP, CNA, COEECI, ALDEHUS, COPEME, Fortalecer, PROMUC, Onamiap, Fenmucarinap, CAAAP, AIDESEP, Grupo COP, MOCCIC, RAP, DAR, CGTP, CUT, CAT, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Foro Salud, Grupo Propuesta Ciudadana, Conamovidi, Femocpaalc, CONADES, Grupo Nacional de Presupuesto Público, y el FSP (Foro PanAmazónico).

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional: 

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio". Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

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Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

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Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que "queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida".

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que "la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta".

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

DETERMINA ÚLTIMO LIBRO DE OXFAM EN PÉRU

  • Esta norma, conocida como ‘paquetazo ambiental’,  representa un caso de captura política del Estado
  • Nuevo gobierno debe fortalecer institucionalidad ambiental
  • OXFAM lanzó publicación "CUANDO EL PODER EXTRACTIVO CAPTURA EL ESTADO"

En el marco de la presentación de la publicación: “Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú”, del investigador y experto en grupos económicos, Francisco Durand, y que contó con el apoyo de Oxfam en Perú, se discutieron procesos de captura política en el país, así como los efectos negativos de la Ley N° 30230 - Ley que establece medias tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (julio, 2014), conocida como ‘paquetazo ambiental’.

En opinión del investigador Francisco Durand, la norma, cuyo principal impulso llegó del sector privado, es una prueba clara de captura del Estado por una élite de poder económico compuesta por gremios empresariales, medios de comunicación y think tanks. La citada ley, cuyo objetivo según su nombre lo indica fue “establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”,  legisla a través de 65 artículos en una serie de ámbitos que van desde el ambiental, social y tributario.

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En el aspecto tributario, la ley es negativa por varios factores, opina Francisco Durand. “Concede una amnistía en el caso de deudas tributarias pendientes de pago, sea cual fuere el estado en que se encuentren, con lo cual reduce la capacidad de sanción a los malos contribuyentes. Además, condona deudas que incluyen el pago de las pensiones y aportaciones al sistema nacional de salud, lo que puede ser considerado inconstitucional, en tanto esta clase de recursos son derechos inalienables”, explica. Por último, Durand resalta el hecho de que se haya suspendido la Norma XVI del Código Tributario, que calificaba la elusión tributaria, recortando esta capacidad supervisora y sancionadora de la Sunat.

Más allá de la dimensión tributaria, la cuestionada ley recortó por tres años la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), limitando la posibilidad de multar a las empresas solo en casos excepcionales. Según Milagros Salazar, directora del portal periodístico Convoca, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental  bajo esta norma, con graves efectos ambientales y económicos: “Con la ley 30230 se premió el mal comportamiento de empresas y se dejó de cobrar a empresas mineras y petroleras hasta S/.55 millones en sus primeros ocho meses de aplicación, si se toman en cuenta las resoluciones de sanción ratificadas por el OEFA”, explicó Milagros Salazar.

Finalmente, Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú, recordó que el Título III de la Ley 30230 estableció “procedimientos especiales para el saneamiento físico legal”. Según precisó, ello permite que los diversos proyectos de inversión accedan a territorios rurales de manera expeditiva, recortando poderes de la Sunarp, acelerando plazos y procedimientos,  y relativizando el necesario ordenamiento territorial.

“En un país donde cada sector estatal opera con su propio catastro, esta situación pone en riesgo la propiedad de miles de pequeños campesinos/as e incluso de comunidades campesinas y nativas que aún no han legalizado la propiedad colectiva de sus territorios”, advirtió Pinto.

En esa línea, sostuvo que los retos del nuevo gobierno deben estar marcados por una agenda abierta frente a la Ley 30230 y las posteriores normas que la reforzaron. “Es necesario repensar la institucionalidad ambiental debilitada con la 30230, así como el ordenamiento territorial como el mejor sistema de prevención de conflictos socioambientales. No se puede seguir con lógicas cortoplacistas, como las que se han impulsado en los últimos 20 años, pues no han generado resultados satisfactorios ni justos”, dijo. 

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Fuente: OXFAM en Perú

Fotos: Atoq Ramón / OXFAM en Perú

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