Prensa Muqui

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Desde tempranas horas se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

Los manifestantes también señalaron que tienen problemas con la empresa minera Aruntani, por lo cual semanas atrás realizaron diversas protestas; que generó que el gobierno ordene la paralización definitiva de la unidad minera Arasi, de propiedad de Aruntani.

La sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

 

PUESTO: SECRETARÍA EJECUTIVA

¿Quiénes somos?

Somos una red de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y promueve el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se vienen realizando actividades mineras abordando sus implicancias sociales, ambientales y culturales.

 

¿Qué labor realizamos?

Nuestro trabajo comprende procesos de reflexión, propuestas, comunicación e incidencia, de modo tal que se alcancen los mayores acuerdos y la legitimidad social posibles que sustenten prácticas de actores sociales relevantes y la implementación de políticas públicas favorables a la justicia social y ambiental. En nuestro quehacer es fundamental el acompañamiento a las organizaciones sociales, comunidades, pueblos y poblaciones en sus procesos de empoderamiento, autonomía y fortalecimiento de capacidades.

Para cumplir con nuestros fines institucionales:

  • Ponemos en práctica un modelo de gestión descentralizado que promueve la cooperación entre sus integrantes y la sostenibilidad económica de la red.
  • Apreciamos de modo especial el potencial de interaprendizaje y fortalecimiento de capacidades que la red ofrece a sus integrantes.
  • Asumimos como enfoques de trabajo las perspectivas participativas, la equidad, género, generación e interculturalidad.

Nuestros objetivos estratégicos institucionales proyectan:

  1. Fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de la Red Muqui, sus capacidades de reflexión, generación de propuestas y acción trabajando de forma descentralizada y articulada.
  2. Promover reformas institucionales, políticas públicas y buenas prácticas de actores sociales relevantes en lo relacionado a la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por actividades mineras considerando estándares sociales y ambientales internacionales.
  3. Promover conjuntamente con sus miembros la realización, extensión, articulación y visibilización de experiencias de desarrollo social, económico y ambientalmente sostenibles, de forma que se conviertan en alternativas consistentes capaces de desafiar al modelo extractivista y ganar aceptación y apoyo activo de organizaciones sociales y la opinión pública.
  4. Fortalecer capacidades de los actores locales y sus organizaciones para que intervengan estratégicamente con acciones y propuestas en la defensa y exigibilidad de sus derechos, de manera que puedan poner en práctica sus proyectos de vida y contribuir a un modelo de desarrollo alternativo y democrático.

¿Qué labores cumple la Secretaría Ejecutiva?

El/la Secretario/a Ejecutivo/a es el encargado/a de velar por el buen funcionamiento de Red Muqui, de gestionar los planes y de operativizar las directivas del Consejo Directivo y de la Asamblea, a quienes rinde cuentas. Desempeña la representación legal, la administración y gestión ordinaria de la Red, siendo el cargo de confianza más de más alto nivel.

 

Duración del cargo

El cargo de Secretaría Ejecutiva se ejerce por un período de dos años, y es posible sólo una reelección inmediata.

 

Perfil del puesto de Secretaría Ejecutiva y experiencia requerida Educación

-       Formación universitaria en Ciencias Sociales, Derecho, Comunicaciones o afines.

-       Formación y conocimiento de la problemática minera, socio ambiental y de comunidades campesinas en el Perú.

 

Conocimientos especiales

-       Manejo de Microsoft Office e internet.

-       Buena redacción, presentación de informes

Características especiales

  • Gran integridad moral, identificado/a con las demandas de la población afectada por actividades mineras y con las aspiraciones de cambio del modelo económico extractivista, economías solidarias y alternativas de desarrollo, que pueda representar con un alto perfil a la Red Muqui en diversos espacios en situaciones de conflicto y coyunturas adversas.
  • No tener antecedentes penales, laborales o administrativos que impliquen acciones delictivas, de violencia, corrupción y omisión a la asistencia familiar.
  • Experiencia de fortalecimiento de articulaciones macro-regionales con acompañamiento permanente.
  • Disponibilidad de viaje permanente.
  • Disponibilidad permanente para la atención de situaciones de crisis
  • Apertura para la escucha, el diálogo, el trabajo permanente de reflexión sobre los procesos de las organizaciones de base como de las instituciones que conforman la red.
  • Habilidad para analizar de forma permanente la coyuntura política del país y de la región, así como manejo de estrategias políticas de cara al Estado;
  • Capacidad de trabajo articulado con las diversas macro-regiones con una visión clara del trabajo en equipo y de manera multidisciplinaria.
  • Análisis técnico y político de planes, normas jurídicas, resoluciones y otras políticas públicas vinculadas con la minería, el agua y la gestión de territorios
  • Capacidad de promover el posicionamiento internacional de la Red Muqui con sinergias de instituciones, universidades, organizaciones internacionales en espacios políticos fundamentales (Unión Europea, Naciones Unidas, CIDH, entre otros)
  • Cercanía importante a las instituciones que conforman la Red Muqui en la actualidad, así como a las demás organizaciones de la sociedad civil del amplio movimiento de derechos humanos en el Perú
  • Habilidades para la recaudación de fondos en un entorno adverso de las financieras internacionales
  • Habilidades organizacionales y administrativas, manejo de tecnologías de la información, internet y redes sociales.
  • Capacidad de impulsar la incidencia de Red Muqui en espacios de interrelación con otras redes, e instituciones públicas y privadas.
  • Buena expresión verbal y escrita.

Experiencia previa

  • Mínimo 3 años ejerciendo funciones de Secretaría Ejecutiva y/o dirección en instituciones afines a Red Muqui.
  • Preferible conocimiento de la labor y funcionamiento de la Red Muqui
  • Incluir referencias de al menos dos experiencias de trabajo previas.

Lugar y horario de trabajo

  • Se trabajará la jornada laboral establecida por las leyes laborales vigentes.
  • El centro de trabajo se encuentra en Lima, pero debe tener disponibilidad para viajar al interior del país y al extranjero.

Condiciones de la contratación

-       Beneficios sociales de acuerdo a ley

-       Contrato a plazo fijo por dos años

-       Disponibilidad inmediata y a tiempo completo

-       Disponibilidad de viajar al interior del país y al extranjero según la necesidad lo requiera, incluso en días de fin de semana, feriados y a zonas de altura.

Proceso de selección

Las personas interesadas, deben enviar su Curriculum Vitae y una carta de motivación del interés por postular, incluyendo sus pretensiones salariales, hasta el sábado 31 de agosto a horas 11:59 pm. Indicando en asunto: SECRETARIA EJECUTIVA RED MUQUI a la cuenta de correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Única y exclusivamente ingresarán al proceso de selección los CV enviados por ésta vía y en el plazo indicado. El proceso de selección estará a cargo del Comité Evaluador responsable para dicho fin.

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RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Lima, 15 de agosto de 2019     

Pronunciamiento de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

“He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor” (Ex 3, 7)

Reunidos en Reque, Chiclayo, representantes de la Iglesia Católica desde la Pastoral Social de las jurisdicciones eclesiales de Chiclayo, Chimbote, Chota, Chulucanas, Huari, Jaén y Trujillo, acompañados por los Obispos participantes en el Encuentro MACRO REGIONAL NORTE “DESAFÍOS DE LA PASTORAL SOCIAL A 4 AÑOS DE LAUDATO SI´PERSPECTIVAS PARA LOS BIENES DE LA CREACIÓN Y NUESTRA CASA COMÚN”, realizado los días 08 y 09 de agosto de 2019:

1. Constatamos que en nuestras jurisdicciones y en nuestra macro región se presentan graves daños en el ambiente y en los bienes de la creación causados por la propia mano del ser humano y, en especial por actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos, la agroexportación, la pesca industrial, la problemática de los residuos sólidos, las aguas residuales, la deforestación y la quema de bosques.

2. Asumimos lo manifestado por los Obispos del CELAM en su Carta “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común”: “Por extractivismo entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza (1)”, y con ello la imposición de conceptos como “desarrollo” y “progreso” que consideran a la persona como objeto del sistema consumista, como lo recuerda la Encíclica Laudato Si´.

3. Sufrimos los efectos de un sistema que nos induce a un consumo desmedido y a una cultura del descarte, que depreda nuestros recursos, les pone precio a todos, genera explotación laboral, trata de personas, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria y el propio futuro de nuestro planeta. Por ello es importante destacar las alternativas de nuestras comunidades, la agricultura familiar, la conservación y protección de sus recursos
naturales y de aquellas actividades ancestrales que exigen al Estado asumir su responsabilidad para brindar a las personas mejores condiciones y medios de vida, sin afectar sus derechos.

4. Frente a ello, consideramos fundamental recuperar la mirada de Jesús que contempla todo lo creado con, “una mirada integral e integradora de todos los aspectos (2)” que reconoce a la personas como parte integrante de la
naturaleza, esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Si´, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo.

5. Consideramos como Iglesia, desde la pastoral social de nuestras jurisdicciones, la necesidad de articularnos para fortalecernos como “una Iglesia en salida (3)”, que prioriza a los más pobres y vulnerables, que asume una
perspectiva intercultural, que fomenta espacios de formación e información para crear conciencia del cuidado de la casa común que nos lleven a la acción, considerando y rescatando los modos de vida de nuestras comunidades ancestrales como ejemplo de respeto a nuestra naturaleza.

6. Exhortamos a nuestros gobiernos nacional, regionales y locales, a que estén en contacto directo con su pueblo, que estén abiertos a un diálogo sincero y justo, con el oído atento para escuchar “el grito de la tierra que guarda una estrecha relación con el grito de los pobres (4)”. Exhortamos también a que se revisen los marcos normativos y políticas públicas que afectan derechos, para evitar con todo ello que se sigan generando más conflictos sociales, como los que están ocurriendo recientemente, que desembocan en acciones desmedidas generadoras de violencia y que afectan de plano a los derechos humanos.

Chiclayo, 09 de agosto de 2019

1 Carta Pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común” Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Si´” (DMCCC). Consejo
Episcopal Latinoamericano – CELAM. Bogotá, Enero 2018. N° 11.
2 Carta Encíclica “Laudato Si´, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141.
3 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Papa Francisco. Vaticano, Noviembre 2013. N° 20.
4 Carta Encíclica “Laudato Si´, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 23.

El día de hoy en la mañana, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el "Aymarazo". La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.

Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 - 2021

Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 - 2021. Finalmente, como Red Muqui señalamos que es importante que el Ejecutivo atienda con la debida importancia la exigencia de la población de Candarave, que sufre los efectos de la minería desde hace más de 50 años.

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