Prensa Muqui

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Después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en el corredor minero sur de la provincia de Cotabambas, Apurímac; el día de hoy se frustró el inicio del diálogo en el distrito de Challhuahuacho.

Durante el desarrollo inicial de la mesa de “Diálogo y cumplimiento de compromisos” que tenía que tocar el tema de justicia y derechos humanos y abordar la constitución de las otras mesas técnicas en base a los 9 puntos de la plataforma de lucha señalados por las comunidades, municipalidades y gobierno regional, que el gobierno aceptó el viernes 12 de abril; los presidentes de las comunidades de Cotabambas y autoridades locales, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue la ministra designada por Salvador del Solar y la PCM, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos arribados el viernes pasado. El representante del ejecutivo que dirigió la reunión fue Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quién se encontraba junto al viceministro de Justicia.

Asimismo, los dirigentes de las comunidades denunciaron que el Decreto Supremo N° 075-2019 PCM, emitido el día de hoy a través del diario El Peruano, que conforma la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, restringe la participación de los representantes de las comunidades en el desarrollo de las mesas técnicas al limitar la participación de sólo una persona en representación de las más de 50 comunidades que han realizado las protestas por diversas afectaciones que la actividad minera ha generado en sus pueblos, y designa la participación de 5 representantes del ejecutivo, señalando la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el vice ministro de Gobernanza Territorial y un representante del Ministerio de Justicia, Salud y Transportes y Comunicaciones; que no es lo que demandaba la gente al solicitar la presencia de los ministros para llegar a soluciones efectivas y no pase lo que ha sucedido con anteriores mesas de diálogo en que se han firmado actas pero al final no se han implementado los acuerdos arribados. La conformación de La Comisión Multisectorial la observamos en el artículo 4.

 

Resolucion dialogo Las bambas 16 04 19

Por estas razones y porque los representantes del ejecutivo, a través de la policía, no dejaron ingresar a los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca a la mesa de diálogo; en palabras de Gregorio Rojas, denunciaron lo que ellos llamaron un atropello. Los diversos dirigentes que se encontraban dentro del local comunal donde se llevaba a cabo la reunión, señalaron:"nos retiraremos de esta mesa de diálogo, mejor que participe solo el gobierno con su Decreto Supremo por que no considera a las organizaciones sociales", increpó el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincias de Cotabambas, Victor Limaypuma. Otro dirigente, David Huamani, remarcó: "no queremos más discriminación por parte del gobierno central".Allison Abarca, de la organización de mujeres de la provincia de Cotabambas. agregó: "queremos respeto a todos los distritos de la provincia, no vemos representantes del ministerio, queremos al ministro de justicia"

Los representantes de las 3 comunidades que no dejaron ingresar a la mesa de diálogo, estaban a la expectativa de tocar el tema de justicia y derechos humanos por los cientos de criminalizados a través de diversas denuncias que ha entablado la empresa y la fiscalía por las diversas protestas en los últimos años.

La dirigente comunal Lisbeth Abarca señaló: "Queremos desarrollo de la provincia de Cotabambas. También somos denunciados. Queremos a los representantes de gobierno central no queremos a los funcionarios"

Desde Red Muqui señalamos que el diálogo es fundamental, pero debe darse en equilibrio con la participación de los representantes de las comunidades sin restricciones; comunidades que han mostrado organización y voluntad de diálogo para dar solución a los problemas que ha desencadenado la actividad minera. Asimismo, el gobierno del presidente Vizcarra debe ser responsable con la participación de los ministros designados para dar seguimiento y cumplimiento al desarrollo de las mesas; en especial la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue designada públicamente en la asamblea del viernes en Challhuahuacho y también está designada oficialmente en el Decreto Supremo. También deben participar los ministros implicados en los ejes de Salud, Transporte y Justicia, que son las principales afectaciones que tienen las comunidades por el desarrollo de la actividad minera y el abandono del Estado.

Por estos motivos desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenido de las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y, así, tomen decisiones informadas. 
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres. Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo, pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo.
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, desde Red Muqui planteamos nuestra preocupación ante lo acontecido el día de hoy y frente al Decreto Supremo que restringe la participación de los representantes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas y de los alcaldes municipales.

A un día de iniciarse la primera mesa de diálogo sobre justicia y derechos humanos entre el Ejecutivo, las comunidades de Cotabambas, y la empresa minera MMG Limited del proyecto Las Bambas, tras 66 días de protestas; el día de hoy, lunes 15 de abril, se suspendió por segunda vez el inicio del juicio oral contra 19 comuneros de la provincia de Cotabambas, acusados por la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, por iniciativa de la empresa minera MMG, por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos en las protestas de septiembre del 2015. La fiscalía solicita entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad; una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado; y la empresa minera MMG de las Bambas, ratificando su pedido, solicita 88 mil 600 dólares como reparación civil por daños a la propiedad privada.

Como se recuerda, a fines de septiembre del 2016, las comunidades empezaron a protestar luego de conocer que la empresa minera china había realizado modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas ante el Ministerio de Energía y Minas. Estos cambios no fueron de conocimiento de las comunidades afectadas y no se aplicó la consulta previa. El conflicto tuvo como desenlace la muerte de 03 personas y numerosos heridos por impacto de bala de la policía.

En palabras del abogado de la institución FEDEPAZ, David Velasco, que está asumiendo la defensa de los comuneros conjuntamente con la abogada Mirtha Vasquez de APRODEH; la Fiscalía está actuando de manera irresponsable al oficialmente no señalar el motivo de su ausencia y de esta manera retrasar el juicio que ya lleva 4 años y que debería haberse resuelto en 2 años, por no haber elementos de juicio para acusar a los comuneros.

Extraoficialmente se conoció que hace dos semanas se ha realizado cambio de fiscales en el Ministerio Público, pero esto no es impedimento para que otro fiscal se pueda presentar como ocurre normalmente en otros juicios, señalo Velasco, quien agregó que la fiscalía no comprende que los comuneros tienen que viajar largas horas para llegar a la audiencia.

Según lo señalado por APRODEH, ninguno de los comuneros acusados presenta antecedentes de ninguna naturaleza. “En el caso de Brandon Quispe y Javier Mamani, según sus testimonios señalan haber sido víctimas de tortura y sembrado de un arma de fuego e incluso en el caso de Brandon Quispe refiere que fue obligado a “disparar” para ser incriminado por la Policía Nacional del Perú”.

 

¿Y el diálogo?

Sobre la mesa de justicia y derechos humanos a instalarse mañana entre el ejecutivo, la empresa minera y las comunidades, el abogado David Velasco de FEDEPAZ señaló que “el Estado debe reconocer que la protesta social es un legítimo derecho de las comunidades”, y sus altos funcionarios deben de dejar de llamar a todos los que protestan como personas que están opuestas al desarrollo y son antisistema. “El Estado antes de perseguir y reprimir a las comunidades usando el derecho penal lo que tiene que atender es la protesta estableciendo mecanismos como el de la mesa de diálogo”, enfatizó.

Agregó que el Estado tiene que promover la modificación normativa de varias normas penales que permiten la criminalización de la protesta social, por ejemplo la figura de organización criminal que ha sido incluida en una norma constitucional para permitir detenciones por 15 días sin expresión de causa o la modificación en la figura de extorsión permitiendo que se use esta norma para perseguir a los que protestan, o normas procesales para que las personas puedan ser detenidas sin expresión de causa como pasó con Gregorio Rojas, dirigente de Fuerabamba.

Sobre la participación del Ministerio Público en la mesa de mañana, señaló que se puede exhortar para que el Ministerio no denuncie por denunciar, que solamente abra investigación cuando existan fundados elementos de convicción o medios de prueba que obliguen a la apertura de una investigación penal. “A los magistrados que no dicten medidas de detención o impedimento de salida sin mayor justificación, o que no permitan que se pase a juicio oral cuando la fiscalía no tiene casos debidamente sustentados, como el caso de la audiencia suspendida el día de hoy”, finalizó el abogado.

Después de haber impulsado una estrategia de criminalización a la comunidad de Fuerabamba, a través de la detención de sus dirigentes, que como consta en la denuncia penal fue la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior quién presentó los supuestos elementos de prueba y valoraciones sobre estos, con una serie de audios obtenidos por la Dirección Nacional de Inteligencia que responde directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros; el día de ayer, jueves 11 de abril, después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, por fin el gobierno inició dialogo entre el Estado, la empresa china MMG y las comunidades de la provincia de Cotabambas, Apurímac. Con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Salvador De Solar; el monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, relató los 5 puntos de acuerdos a los que arribaron tras horas de discusión.

  1. Se emitirá una norma que institucionaliza la Mesa de cumplimiento
  2. La primera reunión de esta mesa será el martes 16 de abril a las 10 am para ver la metodología del espacio.
  3. Ese mismo día se empezará con una mesa sobre justicia y derechos humanos para abordar el tema de procesados y criminalizados
  4. Después de los 9 puntos ratificados, el premier irá a la zona a ratificar los acuerdos.
  5. Debe haber una mejor disposición para mantener el diálogo, retirando al ejército y la policía, sin estado de emergencia.

Del Solar se comprometió a refrendarlos e institucionalizar los acuerdos mediante una resolución ministerial.

¿Que exigen las Comunidades?

Desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

Cabe recordar que el miércoles 10 de abril, tras varias horas de reunión, los dirigentes de las comunidades del distrito de Chalhuahuacho y de la provincia de Cotabambas, junto a las autoridades locales municipales, provinciales y de la región, llegaron a un acuerdo sobre la Plaforma Única de Lucha de la Provincia de Cotabambas, que incluye 9 puntos indispensables para desarrollar en la mesa de diálogo. 9 puntos que el Gobierno ha aceptado desarrollar en las mesas de diálogo que se abrirán una por cada eje según las declaraciones del premier Del Solar tras los acuerdos arribados el día de ayer. El 16 de abril se iniciará la primera mesa para tratar el cronograma de los puntos planteados.

Acta de cotambambas

OJO: Es importante remarcar que entre las propuestas señaladas en la asamblea del día de ayer por los diferentes dirigentes destacó la construcción de un mineroducto o la instalación de una línea férrea para el traslado de minerales.

 

La ruta del diálogo

El premier designó a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamente, como la responsable de los compromisos acordados con las comunidades y del seguimiento al Plan de Desarrollo de Cotabambas, firmado en el 2016 por el hoy presidente Martín Vizcarra; en ese entonces ex ministro de Transportes y Comunicaciones. De esta manera el gobierno reconoce que hizo poco con esa mesa de desarrollo, que posteriormente eliminó en diciembre del 2018 a través de un decreto supremo.

El diálogo en Cotabambas recién está iniciando y desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenidode las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y,así, tomen decisiones informadas. 
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres.Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo,pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio,según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, como Red Muqui remarcamos y exigimos el establecimiento de mecanismos de cumplimientos de los acuerdos, para que las comunidades no se queden solo con la firma del acta de los acuerdos por cada problemática y luego la implementación dependa de la voluntad y prioridades del gobierno, de cada ministerio y de la empresa. Exigimos que el Estado ahora sí cumpla su rol de garante de derechos de las comunidades campesinas.

El día de ayer, martes 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el dictamen para remediar los pasivos ambientales que las empresas mineras han dejado en el país a lo largo de más de 50 años de actividad minera.

El dictamen reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y propone que la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, tenga una gestión y manejo más eficiente, eliminando el riesgo para el ecosistema y la salud ambiental; por la que miles de personas se ven afectadas por la contaminación a nivel nacional. La Oroya – Pasco; Hualgayoc – Cajamarca; Espinar – Cusco; la cuenca del río Rímac – Lima; y comunidades de Huancavelica y Puno, son los lugares más afectados según el presidente de la Comisión Wilbert Rosas, quién agregó: “el Ministerio de Salud ha reconocido que los pasivos ambientales mineros es una de las principales causas de contaminación por metales pesados”.

¿Qué es un pasivo ambiental minero?

Según el artículo 2 del Dictamen: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado, y que constituyen un riesgo permanente o temporal y potencial para la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables; el ecosistema circundante, la propiedad y los territorios indígenas”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave señaló en el debate que el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. “Desde que aparecieron las listas de pasivos ambientales elaborados por el Estado, no se les designa responsabilidad”.

Ante este grave problema, el dictamen aprobado plantea que “la responsabilidad de la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo recae en el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que este identifique y determine al responsable generador de dichos pasivos o a su remediador voluntario. Cuando esto ocurra, dicha responsabilidad le es transferida a este”.

La controversia con la Comisión de Energía y Minas

Durante la sesión de la Comisión de Pueblos, hubo una discrepancia respecto a la Tercera Disposición Complementaria y Final, que plantea sanciones para las empresas mineras que no cumplan con la remediación ambiental.

“Tercera Disposición Complementaria y Final. - Impedimentos para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras, y caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, de beneficio, labor general y transporte minero

Al respecto el congresista Olaechea señaló que lo que se debe hacer es incentivar y no sancionar a las empresas para que cumplan con la remediación ambiental y que asuman voluntariamente los pasivos ambientales de los relaves mineros que no tienen a una empresa responsable para volver a utilizarlos como se hace en otros países.

Finalmente, mediante votación, se aprobó por mayoría que sí vaya en el Dictamen tal y como está redactada la Tercera Disposición Complementaria.

Esta misma discusión se llevó a cabo en la Comisión de Energía y Minas hace más de un mes, en que se aprobó también un Dictamen para regular los pasivos ambientales de la actividad minera. En dicha Comisión no se aprobó las sanciones a las empresas mineras señaladas en la disposición de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Comisión de Pueblos.

En la discusión en la Comisión de Pueblos, también se señaló que no existe actualmente un presupuesto para la remediación ambiental de los pasivos ambientales por actividad minera, por lo que se aprobó en el dictamen que: “ElMinisterio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico puede transferir al FONAM un monto presupuestal anual, que puede incluir el monto que les corresponde por la distribución del dinero recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad de que el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado”. Esta propuesta tampoco fue aprobada en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas.

¿Qué es lo que sigue?

Al haber dos dictámenes aprobados con algunas diferencias en la Comisión de Pueblos y en la Comisión de Energía y Minas, lo que sigue es que la Junta de Portavoces agende la discusión de la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y las dos Comisiones puedan realizar un texto sustitutorio conjunto para que entre un solo Dictamen a la discusión en el Pleno del Congreso, o de lo contrario, al no haber acuerdo final entre las dos Comisiones, entren los dos dictámenes a discutirse y finalmente votarse para tener una ley mucho más eficiente en la gestión y manejo eficiente de la remediación de pasivos ambientales mineros.

Desde Red Muqui respaldamos el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos y hacemos un llamado a las y los congresistas para discutir y aprobar tan importante Dictamen, que las comunidades afectadas por la minería están esperando.

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica. 

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas#Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

 

 

 

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Por: Javier Jahncke – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En los últimos días el tema minero nuevamente se ha puesto en agenda pública; en especial, a partir de los conflictos sociales generados en Las Bambas en Apurímac, pero también por el incremento de la conflictividad a nivel nacional.

Los 10 años de lucha frente a la imposición del proyecto minero Tía María conmemorados el 23 de marzo en Cocachacra, Arequipa; las articulaciones en las provincias andinas de Piura que impulsan una próxima paralización en rechazo al proyecto minero Río Blanco; las protestas de las poblaciones y comunidades en Moquegua; Cajamarca; Pasco; Junín; por el impacto de la contaminación y de los pasivos ambientales mineros en la salud de las personas, en particular de los niños; son sólo algunas de las protestas sociales que van incrementándose. Todas esas luchas generadas o por incumplimientos de acuerdos de las empresas y el Estado con las poblaciones afectadas, o por falta de decisión, o más bien por decisiones políticas que ha tomado el gobierno para no responsabilizar a las empresas mineras a fin de no afectar el negocio minero.

En necesario abrir los ojos y percatarse qué sucede en el gobierno y tener claro quién gobierna hoy en día para mantener ésta situación de impunidad. El caso Las Bambas ha desnudado públicamente lo que era un secreto a voces: son las empresas, fundamentalmente mineras, y los gremios empresariales, que en el caso de la CONFIEP tiene como su presidente al empresario minero Roque Benavides, los que toman las decisiones en materia de política económica y social en el país. Esto se ha agudizado desde la asunción de Kuczynski en el gobierno y con la continuidad Vizcarra.

Luego de dos días de discusión en Lima con el Ministerio de Energía y Minas y otras instancias de gobierno; y como fue público, cuando ya se había avanzado el diálogo para llegar a acuerdos con la población afectada, que exigía a la empresa que cumpla acuerdos y al Estado que haga respetar sus derechos, como nos confirmara el Viceministro de Minas Incháustegui; se produjo la detención del presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo.

Hemos planteado desde la Red Muqui en un comunicado que se debe investigar y establecer las responsabilidades de dichos abogados, si las hubieran; pero lo que sí se evidencia es que en el gobierno hay al menos dos puntos de vista muy diferentes sobre las estrategias a seguir para abordar los conflictos. Una estrategia que busca diálogo y acuerdos y, otra; confrontacional, presionado por las empresas y sus gremios, que pareciera tener como figura emblemática al nuevo flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, que busca sí o sí llevar adelante los proyectos sin evaluar las consecuencias de dicha decisión.

En su momento el propio Presidente Vizcarra y el Ministerio de Energía y Minas planteaban públicamente que impulsaban llegar a un acuerdo dialogado en el caso Las Bambas. ¿De dónde llegó la orden de aplicar en éste momento la estrategia de criminalización de la protesta? ¿Fue por encima de la disposición de Vizcarra? ¿Qué papel juega actualmente el Premier Del Solar en el gobierno? ¿Quién puso a Del Solar en la PCM, el Presidente Vizcarra o se lo impusieron las empresas mineras y los gremios empresariales?

Durante el gobierno del Fujimorismo fue el momento más álgido de la cooptación del poder por parte de intereses fácticos. Los diversos gobiernos no han estado exentos de ello, pero éste momento del gobierno actual ha mostrado no tener respuestas a dicha presión, y más bien ha sido servil a la toma del poder de parte de las empresas; que genera una verdadera dictadura, que se puede comprobar con marcos normativos y políticas como la Política Nacional de Competitividad y Productividad con el D.S. N° 345-2018-EM; la flexibilización de estándares ambientales y sociales; y con la “Visión Minería al 2030”, que plantea un enquistamiento en el poder por lo menos hasta el 2030.

Es urgente tener clara la situación para ejercer una defensa del Estado de Derecho, porque el Estado debe recuperar su rol garante de derechos de las peruanas y peruanos, según lo establece la Constitución, y no puede seguir en manos de intereses que sólo buscan su propio beneficio.

La Comunidad Campesina de Fuerabamba se ha esforzado por mantener un proceso de diálogo y negociación con la empresa minera china, MMG Las Bambas, a cargo del proyecto minero en Apurímac, para lograr la atención de sus legítimas demandas por la afectación de sus derechos fundamentales y colectivos a causa de las actividades mineras y en particular por el impacto ambiental y de salud que genera el transporte del mineral de dicha operación; por las afectaciones a su territorio, en gran parte por los incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa, sin que haya una respuesta efectiva de parte del gobierno; lo que ha desencadenado en la actual protesta que lleva más de 50 días.

Hasta la fecha, el Estado peruano, nuevamente, no ha cumplido con asumir su rol como garante de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades afectadas; ésta vez en el caso del proyecto minero Las Bambas. Hace poco el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, señaló que la negociación entre la comunidad y la empresa minera es un “asunto privado”, donde supuestamente el Estado no tiene injerencia. Éstas declaraciones develan la política de abstención que maneja el gobierno peruano para resguardar los derechos de las comunidades, y posturas así son las que incitan a la conflictividad social.

En medio de ésta permanente ausencia estatal para garantizar los derechos de las comunidades; en estos días la Policía Nacional (PNP) ha detenido en Lima a Gregorio Rojas Paniura, Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba; a los abogados Frank Aníbal Chávez Sotelo y Jorge Martín Chávez Sotelo; y a Carlos Fernando Vargas Arizabal, por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado de Apurímac; quiénes son acusados por los delitos de crimen organizado y extorsión.

Al respecto, desde la Red Muqui y nuestras instituciones miembros, junto a organizaciones aliadas; mostramos nuestra profunda preocupación por la detención del Presidente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo; debido a la acusación de que serían parte de una “organización criminal”, como les imputa la Fiscalía. Respecto de los abogados; señalamos que debe haber una investigación rápida e imparcial para determinar si existen responsabilidades. Se pueden tener diversas estrategias legales, pero consideramos que no se puede criminalizar la defensa de derechos, más aún cuando se trata de defensa de derechos humanos.

Estos métodos de criminalización donde se hace uso ilegítimo del derecho penal, son una práctica estatal recurrente para desarticular la organización de comunidades que buscan exigir el respeto de sus derechos.

Finalmente, exigimos al gobierno que reconsidere el pedido de “imponer la fuerza” en el caso Las Bambas; pues una posible intervención de la PNP y las fuerzas armadas sólo agudizaría más la actual situación de conflictividad que el gobierno ya ha ocasionado con sus decisiones. También exigimos al gobierno que agote todas las vías para desarrollar un diálogo informado y participativo.

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Firman:

y también

1- Los pobladores de la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba del Cusco mantienen un paro indefinido contra la empreza minera MMG Limited, propietaria de Las Bambas.

2..-Ellos exigen el pago de compensación por el uso sus tierras que debería realizar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Limited, así como demandas ambientales estancadas, y la presencia del Estado contra la pobreza.

3.-Durante el paro, los comuneros han denunciado que “la Minera habría modificado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas", sin respetar la Consulta Previa, al haber suprimido la construcción del Mineroducto, con lo cual la empresa usaría sus carreteras públicas para llevar y traer su materiales.

4.-El Paro también es en rechazo a la criminalización a la protesta que vienen sufriendo 17 detenidos,que fueron torturados, y hoy son procesados, con evidencias falsas, a 17 años de prisión por defender el territorio de su comunidad.

5-.Rechazamos las versiones anti populares del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides; empresario que cree que el Perú es su chacra, al exigir “más firmeza” al gobierno y a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

6,.Sabemos que la situación de los conflictos mineros se agravan ante un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos”, que se debe exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca".

8.- Denunciamos que el Perú se procesa una DICTADURA MINERA con la aplicación de la "Política Nacional de Competitividad y Productividad" hacia el 2030: que afina las   reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (Dictadura Fujimorista), imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo para beneficiar a un grupo de empresarios nacionales y extranjeros ”

 

¡Abajo la Política de Competitividad y Productividad!

Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba

 

 

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