Prensa Muqui

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Durante el Foro Social Temático “Minería y Extractivismo” que se desarrolló desde el 12 al 15 de noviembre, se compartió un panel sobre “Ecofeminismo y extractivismo” entre mujeres panelistas de Brasil, Nigeria, pueblos indígenas de Estados Unidos y Filipinas, que contó también con la participación de mujeres de 60 países de todo el mundo que se ubicaban en el público.

Entre las experiencias que contaron las panelistas, señalaron que ha habido un aumento dramático de las actividades extractivas en los últimos 15 años y al mismo tiempo han visto una mayor resistencia social contra las actividades extractivas.

Señalaron que históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostiene la reproducción de la vida en sus familias y en las comunidades, respecto de las mujeres que viven en el campo a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades. A este trabajo se le llama “trabajo de cuidado”, que son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir, y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía; lo cual es contradictorio porque este trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida. Agregaron además que son discriminadas por ser indígenas y negras, pobres y del campo.

Contaron que normalmente ellas son las primeras en enterarse de las contaminaciones en sus tierras porque están pendiente de la alimentación de sus hijos e hijas y requieren que la tierra esté en buenas condiciones para la producción de los alimentos. Por ello a veces sufren de contaminación, porque al verificar las fuentes de contaminación de los metales pesados, no cuentan con los recursos necesarios para identificar esos elementos.

Al respecto, Beatriz Cortéz de Red Muqui, señaló anteriormente en un artículo sobre la situación de las mujeres frente al extractivismo en el Perú, que “sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida”.

Al finalizar el panel las mujeres coincidieron en que la resistencia al modelo extractivista también muestra alternativas, ya que están protegiendo la agricultura familiar, las fuentes de agua y la tierra para otro tipo de actividades económicas alternativas a la explotación minera y petrolera, que es devastadora en sus territorios.

Por Fidel Torres Guevara*

Leisa, 11 de noviembre, 2018.- Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

El presente artículo describe las acciones organizativas y de innovación tecnológica que algunas de estas comunidades, en los páramos de Piura, están desarrollando para conservarlos y, al mismo tiempo, lograr su integración a circuitos económicos amplios y avanzar en su bienestar.

Los ecosistemas de montaña como los páramos, que son nacientes de cuencas y brindan servicios ambientales hídricos y de biodiversidad endémica, requieren ser gestionados por las comunidades que viven en ellos o en su entorno para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Los páramos andinos del norte peruano, en la región Piura, constituyen las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Huancabamba, que suministran agua a dos reservorios para la irrigación de 40 000 hectáreas en Piura y 38 000 hectáreas en la región Lambayeque. Además, estos páramos tienen la más rica flora montañosa tropical del mundo, con aproximadamente 4 700 especies y un alto nivel de endemismo (Sánchez, 2012).

La gestión de conservación y manejo sostenible de un ecosistema como los páramos por las organizaciones comunales que los habitan, implica su integración en procesos interrelacionados de investigación e innovación de tipo tecnológico, organizacional e institucional, cuyos beneficios económicos, sociales, culturales y políticos se fundamentan en la conservación de este ecosistema (Zamora, 2005).
 

Actualmente las organizaciones comunales del territorio de los páramos cuentan con el acuerdo colectivo de la conservación de los páramos vigilado por las Rondas Campesinas. En cumplimiento de este acuerdo, desde 2010 han gestionado proyectos de investigación para la valorización de su biodiversidad (Torres, 2013), a fin de proteger su capital natural frente a la amenaza de proyectos de extracción de los minerales existentes en su subsuelo, como también para aprovechar las oportunidades del biocomercio.

Estas organizaciones comunales participan conjuntamente con entidades de investigación en la generación de conocimiento sobre la composición de la diversidad vegetal de los páramos, a partir de estudios etnobotánicos y caracterización de los compuestos bioactivos de especies medicinales y funcionales conocidas por mujeres y varones expertos, reconocidos por sus comunidades. Los productos de estas investigaciones son intangibles que no generan rentabilidad inmediata, sino que representan un capital social y cognitivo fundamental para las innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación del páramo, ecosistema estratégico de montaña.

Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. 

 

Las comunidades de los páramos mantienen una demanda insatisfecha: vincularse a la dinámica de la economía regional y nacional a través de sus productos. Ante ello, algunas han iniciado emprendimientos de innovación mediante cambios tecnológicos con objetivos como mejorar la elaboración de ciertos productos (quesos, papas, yogur, plantas aromáticas, frutales) y diversificar su producción (piscicultua de trucha) y sus servicios (ecoturismo), con base en planes de negocio y coinversión. Un valor agregado de estos productos y servicios es que se obtienen mediante tecnologías, prácticas y acuerdos colectivos orientados a la conservación de los páramos. El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. Estos factores constituyen servicios ecosistémicos que, a través de compensaciones e incentivos, deben ser retribuídos por la red de agentes de la cuenca que usan el agua.

La innovación orientada a la conservación de recursos estratégicos requiere de políticas de apoyo diferentes a las que se tiene para innovación agraria en zonas vinculadas a la economía industrial. Es necesario diseñar políticas específicas para el establecimiento de un sistema de innovación en el territorio de los páramos (gráfico 1).

Innovaciones tecnológicas e investigaciones orientadas a la innovación para la conservación de los páramos

En el entorno de los páramos de Piura se registran innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación de los páramos, emprendidas por organizaciones comunales de Ayabaca y Huancabamba. Se trata de cambios tecnológicos enfocados en el uso racional del agua y el uso intensivo del suelo para la producción de bienes que tienen demanda y que detienen el avance de la frontera agropecuaria hacia los páramos.

Innovaciones tecnológicas

• Mediante sistemas portátiles de riego por aspersión, se incrementó la producción de leche por la mayor disponibilidad de pasturas sin aumento de la superficie. Las técnicas de procesamiento de los productos lácteos han mejorado su calidad, logrando un incremento de 60% en la producción de quesos y de 100% en los ingresos.

• Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la décima parte de una hectárea (1 000 m2) se producen minitubérculos de alta sanidad en una cantidad que alcanza para cultivar 25 ha de papa, a solo el 40% del costo de los tubérculos-semillas procedentes de otras regiones (que, además, son portadores de enfermedades contaminantes de los suelos).

• Producción de alevines por la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques del Páramo y Neblina, Pacaipampa (ACOBOSPA) para mejorar la rentabilidad de la crianza de trucha.

• Innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos. 

Investigaciones para nuevas innovaciones

• La Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA-Piura) ha seleccionado, durante tres años, cinco genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.

• Etnobotánica y bioprospección vegetal en páramos y bosques nublados del norte del Perú para la innovación médica y el biocomercio. Con ACOBOSPA se han estudiado 50 especies, determinando su identidad taxonómica. Se ha analizado el perfil fitoquímico y el nivel de toxicidad de 23 especies. Siete de ellas son altamente promisorias para domesticar por su alto contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, significativo nivel de actividad antioxidante, valor de actividad antibiótica y muy bajos niveles de toxicidad. AMUPPA ha desarrollado cinco tipos de fitopreparaciones basados en especies medicinales.

• Caracterización, determinación taxonómica y perfil fitoquímico de cultivares nativos de papa del microgenocentro Altos de Frías de Ayabaca, Piura.

Organización para la gestión de las innovaciones orientadas a la conservación de los páramos

Las innovaciones e investigaciones que implementan las organizaciones sociales de los páramos como emprendimientos aislados son poco sostenibles. Necesitan articularse en un sistema o red de innovación para optimizar sus resultados a través de la gestión colectiva que les permita superar las restricciones de infraestructura y servicios que limitan la competitividad de sus productos. Es necesario un sistema de innovación territorial para incentivar el desarrollo del mercado de servicios, medio natural de la interacción e intercambio de conocimientos entre ofertantes y demandantes para la formación de redes de aprendizaje (Kuramoto, 2007).

Las acciones colectivas coordinadas a través de redes de innovación permiten a las organizaciones crear nuevas reglas de juego o una nueva institucionalidad que las favorezcan e incentiven políticas de desarrollo local o regional (Glave y Jaramillo, 2007).

Para ello las organizaciones han constituido la Plataforma de Concertación de Organizaciones para la Gestión de los Páramos y el Comité Territorial de los Páramos de Piura. La primera es el espacio de encuentro de las organizaciones donde se identifican las demandas prioritarias de innovación, se implementan las innovaciones y se proponen acciones para su institucionalización. La segunda gestiona la conversión de las innovaciones exitosas en normas o políticas para integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertado en los diferentes niveles de gobierno (gráfico 1).

Referencias

- Glave, Manuel, y Jaramillo, Miguel (2007). Perú: instituciones y desarrollo. Avances y agenda de investigación. En: Grade (2007). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, pp. 301-349. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-8.pdf

- Kuramoto, Juana R. (2007). Sistemas de innovación tecnológica. En: GRADE (2007), pp. 103-133. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-3.pdf

- Sánchez, Isidoro (2012). La diversidad biológica de Cajamarca: visión étnica, cultural y potencialidades. Cajamarca: Gobierno Regional de Cajamarca.

- Torres, Fidel (2013). Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Economía y sociedad, revista de investigación No. 82, pp. 61-71.

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*Fidel Torres Guevara es Coordinador del Proyecto Páramos: Recursos Hídricos y Biodiversidad. Instituto de Montaña. Unión Europea, Instituto Von Humboldt, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su correo: to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo." target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(23, 89, 139);">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.

 

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, remarcó del documento que los problemas de la desaceleración sostenida de la economía mundial, la tendencia decreciente del precio del cobre, en el marco de la guerra comercial entre China y EE.UU y otros factores más, están trasladándose como una presión para reducir el costo laboral y ambiental y/o se apliquen devoluciones y/o exoneraciones de impuestos como condición para la realización de las inversiones en Perú. “Esta situación nos hace muy vulnerables ya que cada vez se deja poco margen para un excedente que podría servir para promover la diversificación de la economía y salir del círculo vicioso de un modelo económico extractivista, que está llevando a un crecimiento de las economías informal e ilegal”.

javier

 

 

Asimismo, en el Foro se coincidió en el análisis local y global de la minería con las otras organizaciones y participantes como CIDSE, la institución Juntos por la Justicia Global, que señaló que a nivel mundial “en los últimos quince años, se ha llevado a cabo la expansión, consolidación e intensificación de un modelo de uso abusivo de los llamados "recursos naturales", de los cuales la minería es un caso ejemplar en todo el mundo. Este modelo ha sido devastador y degradante en áreas socioambientales, intensificando las condiciones del calentamiento global y la injusticia climática”. También se mencionó que este modelo sometió a las economías locales a una lógica de acumulación que beneficia a las corporaciones del sector, impone cambios y regresiones a las leyes de protección social y ambiental, impacta las vidas cotidianas de las comunidades tradicionales, indígenas y campesinas por violaciones. de los derechos humanos, afectando en particular la vida de mujeres y niños.

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

Programa general del Foro:

Debates estratégicos claves

  1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
  2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
  3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
  4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
  5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

  1. Ecofeminismo y extractivismo
  2. La campaña del derecho de decir no
  3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
  4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
  5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
  6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
  7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
  8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
  9. Financiarización de las actividades extractivistas
  10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
  11. Justicia energética
  12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
  13. Trabajo vs intereses comunitarios
  14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

  1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
  2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
  3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
  4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados

Con más de 300 activistas, especialistas e investigadores de todas las partes del mundo se dio inicio, el día de hoy, lunes 12 de noviembre, en Johannesburgo – Sudáfrica, al Foro mundial que tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma política común y global que pueda consolidar la resistencia y adelantar alternativas al modelo económico dominante.

Durante las últimas décadas, hemos constatado una intensificación del extractivismo, un modelo destructivo basado en el abuso de los denominados “recursos naturales”, del que la minería es un caso ejemplar. En nombre del progreso y del desarrollo, este modelo ha tenido efectos devastadores y degradantes. Ha conllevado la sobre explotación de la clase trabajadora, la desposesión sistemática de comunidades, la intensificación de las condiciones detrás del calentamiento global y la injusticia climática. Se impone así en las economías locales una lógica de acumulación que sólo beneficia a las transnacionales – los nuevos dirigentes mundiales. Mujeres, clase asalariada, trabajadores sin tierra y poblaciones campesinas resisten y luchan por otro mundo; señala el texto de inicio del Programa del Foro.

“Para los organizadores del “Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo”, a medida que la crisis ecológica se profundiza y dado el impacto destructivo del extractivismo, muchas veces es difícil decirle a la gente “no debemos extraer” cuando es la única manera que ven para salir de la pobreza; muchas personas dicen: “es nuestro turno de desarrollar y progresar”. Pero, felizmente muchas comunidades, personas y sus movimientos están encontrando diferentes formas alternativas de luchar contra la pobreza y de salir adelante sin perjudicar los ríos, el medio ambiente, la naturaleza y sus culturas”. (fuente: Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo)

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

 

Programa general del Foro:

 

Debates estratégicos claves

  1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
  2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
  3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
  4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
  5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

  1. Ecofeminismo y extractivismo
  2. La campaña del derecho de decir no
  3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
  4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
  5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
  6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
  7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
  8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
  9. Financiarización de las actividades extractivistas
  10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
  11. Justicia energética
  12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
  13. Trabajo vs intereses comunitarios
  14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

  1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
  2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
  3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
  4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados

Desde el 30 de octubre las y los comuneros de Alto Huancané en Espinar – Cusco – se encuentran en estado de protesta frente a las instalaciones de la empresa minera Glencore Antapaccay. Exigen un nuevo acuerdo de Convivencia responsable en el cual se respeten los derechos colectivos y se mitiguen las afectaciones producidas por las actividades mineras.

En el comunicado publicado en el facebook de la la comunidad, se exige que se inicie un diálogo en un marco de buena fe y cordialidad este martes 13 de noviembre, reunión convocada por la Subprefectura de Espinar, para la atención de la problemática socioambiental. Además, las y los comuneros reclaman que se han presentado una serie de acciones en las que la empresa minera buscaría dividir a la comunidad y acallar los reclamos de la población local. La comunidad denuncia la entrega de granos y semillas sin autorización alguna para influir en la opinión y reclamos de la comunidad.

Se exige a las autoridades correspondientes garantizar un proceso de diálogo pacífico y con tranquilidad, así como se solicita que la empresa deje sus intenciones de dividir e influir a la comunidad a través de dadivas u otras acciones y que se respete sus derechos.

 

Pronunciamiento de la Comunidad Alto Huancané:

Ante el inicio del diálogo con la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, la Comunidad Originaria de Alto Huancané se dirige a la opinión pública en general para manifestar lo siguiente:
1.- El pasado viernes 09 de noviembre del 2018, nuestra comunidad y la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, nos comprometimos a iniciar este martes 13, desde las 09:00 am, un proceso de diálogo en el que hemos exigido que se desarrolle en el marco de la buena fe de ambas partes. Desde la Comunidad reiteramos que apostamos por la vía del diálogo como el principal camino para la atención de la problemática socio ambiental generada por los más de 60 años de explotación minera en nuestras tierras, por ello ratificamos nuestra asistencia a la reunión convocada por la Subprefectura de Espinar.
2.- Pese a nuestro pedido que este diálogo se desarrolle en un marco de buena fe y cordialidad en los últimos días hemos sido informados que la empresa ha puesto e marcha una serie de acciones con las que se busca dividir acallar los justos reclamos de nuestros hermanos comuneros. Denunciamos públicamente que sin autorización alguna, la empresa ha ingresado a varios sectores de nuestra comunidad para hacer entrega de granos y semillas, con el único fin de cambiar la voluntad de quienes reclamamos atención a los problemas generados por la explotación minera.
3.- Frente a esta situación, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a fin de garantizar que este proceso de diálogo se desarrolle en un ambiente de calma y tranquilidad, por lo solicitamos que la empresa cese en sus intenciones de dividir a nuestra comunidad a cambio de dadivas y otras acciones que lo único que demuestran es que no tiene ninguna intención de atender la problemática, como lo ha venido haciendo desde hace años atrás.
Finalmente reiterar que estamos dispuestos a establecer los canales de diálogos necesarios para la atención de nuestras demandas, pero también con la misma fuerza y firmeza estaremos preparados para tomar las medidas necesarias a fin de que se escuche nuestra voz y se respete nuestros derechos.
Alto Huancané, 12 de noviembre de 2018

 

Por César Reyna Ugarriza  - abogado y consultor en temas sociales y asesor en procesos de negociación de convenios entre comunidades y empresas

La participación del Estado en los conflictos[1] se ha caracterizado por la falta de herramientas idóneas, enfoques adecuados y capacitación pertinente de sus funcionarios. Si bien el Estado fue creado para ser garante de derechos fundamentales, este no ha llegado a cumplir esta función a cabalidad. En los últimos años afronta el dilema de proteger derechos humanos y el medioambiente[2] y el de promover inversiones en el sector extractivo para el aprovechamiento de recursos naturales. El Estado se debate entre estos dos extremos, aparentemente irreconciliables, pero no lo son tanto si actuara objetivamente.

La presencia del Estado se hace efectiva a través de las actuaciones de ministerios, gobiernos regionales, provinciales y locales, y distintos organismos públicos descentralizados. En muchos casos ha asumido el papel de parte interesada (actor principal con la empresa extractiva y comunidad), mediador o facilitador del diálogo (siempre que las otras partes lo soliciten o estén de acuerdo), observador, supervisor y garante del proceso (en el caso de Defensoría del Pueblo). Dado que el Estado representa la manifestación del poder político en la negociación, debe poner en una balanza los legítimos intereses de las partes, configurando lo que en este trabajo denominamos “el dilema del Estado”, que exige una actuación imparcial, oportuna y predecible de este al momento de ponderar derechos e intereses.

 

El dilema del Estado

 

El Estado, principalmente a través del Gobierno Central, debe velar por los derechos de los pueblos indígenas y originarios (comunidades campesinas y nativas), ronderos y pobladores rurales en general, así como por la protección y conservación del medioambiente; pero también debe promover y proteger las inversiones privadas destinadas a la explotación de recursos naturales. A esta doble obligación la hemos llamado “el dilema del Estado”, pues debe colocar sobre una balanza –abstracta o imaginaria- la obligación de proteger los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables (impactadas por actividades extractivas) y el cuidado del medioambiente, y ofrecer además garantías e incentivos a los inversionistas privados en la ejecución de actividades extractivas.

El papel de protector de derechos humanos y del ambiente, y de promotor de inversiones, la libertad de hacer empresa y el respeto a la propiedad privada solo puede realizarse si la extracción de recursos naturales se hace de manera sostenible y responsable, es decir, por medio del cumplimento de adecuados estándares de supervisión y fiscalización. Entonces, la viabilidad de las inversiones en el sector minero, petrolero y energía, e infraestructura pública de gran envergadura depende, en gran medida, de la armonización gubernamental de los derechos e intereses y la sostenibilidad social y ambiental por parte de las empresas en las zonas donde operan.

Iván Mendoza, responsable de la antigua Unidad de Investigación y Análisis de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, hoy Secretaría de Gestión Social y Diálogo, también adscrita la PCM), considera que queda pendiente por resolver: “las contradicciones del Estado en tanto promotor de inversiones y representante del interés general y los derechos de la ciudadanía[3].

Al respecto, refirió que se trata “(…) de un problema de fondo y una fuente de tensión permanente que enfrenta el gobierno nacional para abordar los conflictos. Por un lado, es el promotor y garante de las inversiones privadas en el país, como ocurre por ejemplo con las mineras y las industrias extractivas, justamente las que en estos años producen la mayor cantidad de conflictos. Por otro lado, el gobierno nacional es (o debe ser) también un garante y defensor de los derechos de la ciudadanía, incluyendo los de aquella que se ve afectada por los impactos potenciales o reales de tales inversiones, y del interés general de la sociedad. Esto implica la obligación de cautelar también el medioambiente, preservar los recursos naturales de la nación, entre otras responsabilidades[4].

Mendoza concluye que “En la medida en que la posición de un gobierno en su conjunto priorice su papel de promotor de inversiones, verá afectado su rol como defensor del interés general y de la ciudadanía, dificultando así su capacidad para lograr acuerdos consensuados en torno a los conflictos, más aún para transformarlos en oportunidades de desarrollo. Esto es materia de una política general que requiere decisiones que están fuera del alcance de una oficina especializada como la ONDS y sus contrapartes en los sectores[5].

La desactivada Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales (2006-2011)[6] reconoció, en su primer eje estratégico, la necesidad de establecer un Estado soberano y garante de derechos de la siguiente manera:

“El nombre de este eje estratégico hace referencia a la voluntad política del Gobierno Nacional de que el Estado peruano en tanto organización jurídica y política de nuestra sociedad ejerza su soberanía, es decir, su poder con autonomía de otros poderes internos o externos, en todo el territorio nacional, para garantizar los derechos en general y los derechos fundamentales en particular, en el marco de la Constitución Política de 1993 y de garantizar las inversiones internacionales, no sólo para garantizar “el derecho a gozar de un “ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2º, literal 22), sino, a su vez, para asegurar que el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales se haga en un marco en que las condiciones ambientales y sociales estén orientadas a asegurar el bienestar colectivo[7]. (El subrayado es nuestro)

Estado actual de la balanza (Figura N° 1)

Dilema del Estado

 

Fuente: elaboración propia

 

La Figura N° 1 muestra el desequilibrio existente entre los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la protección del medioambiente, versus los importantes e innegables beneficios que genera el sector minero para la economía del país materializados a través inversión nacional y extranjera directa, empleos directos e indirectos, crecimiento de exportaciones tradicionales, encadenamientos productivos, generación de valor social[8], entre otros.

Este desbalance indica la preferencia del Estado por el sector extractivo, y se expresa en la promulgación de normas e implementación de políticas destinadas a promover inversiones en desmedro o descuido de determinadas obligaciones en materia ambiental o de derechos humanos. Entre las normas destaca el “paquete reactivador” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinado a recuperar el impulso de la economía en 2014[9] y los años siguientes. Esta parcialidad con respecto a la industria extractiva debe revertirse porque descredita las actuaciones del Estado frente a la ciudadanía, lo que a su vez incide en la escasa confianza que merecen las autoridades de turno y los instrumentos de gestión ambiental como los EIA.

La preferencia genera además desprotección o un sentimiento de abandono de la tutela que debe brindar el Estado a los ciudadanos. En nada ayuda a la sostenibilidad de la industria minera los “favores” que recibe de la autoridad estatal, ni tampoco a su imagen o reputación frente a la sociedad, y en particular a las comunidades locales, quienes tienen razones para creer que tanto el Ejecutivo como las empresas extractivas han alineado sus intereses en perjuicio de los suyos.

¿Por qué ocurre el dilema del Estado?

Las causas de este fenómeno son varias y no se agotan o reducen a las aquí presentadas. Entre las estudiadas tenemos:

Debilidad institucional.- se trata de una deficiencia estructural y de larga data del Estado peruano. La falta de consolidación institucional obedece a causas históricas, políticas, económicas y sociales. Esto produce un Estado precario en todos sus niveles que es incapaz de cumplir sus metas y reaccionar eficaz y oportunamente ante distintos desafíos o eventos.

Escasa separación entre intereses públicos y privados.- en parte se debe a la práctica de la denominada “puerta giratoria” por la que funcionarios del sector privado ingresan a laborar en puestos clave del organigrama gubernamental. Lo cual no tiene nada de malo, pero ha generado algunos casos de conflicto de interés ante la carencia de una carrera pública para formar funcionarios y servidores estatales.

El gran peso del sector extractivo, en particular del minero en la economía.- este peso se revela en materia de exportaciones no tradicionales, presencia de inversión privada directa, generación de empleo calificado bien remunerado, contribución tributaria, encadenamientos productivos, etc.

No creemos que el Estado se encuentre cooptado o capturado por intereses privados, pero es permeable a dicha injerencia. Los últimos casos de corrupción que involucran a cuatro gobiernos desde la caída de Alberto Fujimori (1990-2001) revelan el grado de penetración de intereses ajenos a los nacionales en la gestión gubernamental[10].

 

¿Cómo superar el dilema del Estado?

En principio no hay una solución mágica ni instantánea, sino algunos pasos que dar como parte de un profundo proceso de cambio. Y esto supone que el propio Estado, es decir, sus funcionarios, empiecen a darse cuenta de que algunas de sus actuaciones y políticas erosionan la institucionalidad que deberían crear o consolidar. Este riesgo socava las bases de la confianza en el Estado al desviarse de sus objetivos primordiales, incrementando con ello los índices de desaprobación de las instituciones.

De alguna manera se sugiere que la superación del dilema pasa por elevar los índices de institucionalidad estatal, que a nuestro juicio se sustenta en cuatro criterios o pilares básicos tales como:

Imparcialidad - elemento ligado a la legalidad o cumplimiento del marco normativo vigente y al deber de objetividad en las intervenciones públicas de los funcionarios o responsables. Este criterio supone un uso correcto del poder (arreglado a la ley), así como de los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para el cumplimiento de las funciones.

Oportunidad - se trata de que las acciones estatales se realicen en el momento indicado, esto es, el funcionario interviene cuando debe hacerlo y no antes ni después. La oportunidad representa un factor clave para generar confianza entre los ciudadanos, ya que actuaciones oportunas, además de imparciales, la propician.

Predictibilidad - es necesaria en la vida social para eliminar o reducir la incertidumbre. A través de la predictibilidad se genera seguridad jurídica en el caso del sistema de justicia e instancias administrativas. La predictibilidad implica saber que el Estado actuará de manera una determinada en un caso futuro ante una situación similar, es decir, aplicará los mismos procedimientos, disposiciones y reglas.

Eficacia - se entiende por eficacia que una institución alcance sus fines y objetivos con los recursos disponibles, siendo capaz además de mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda en determinados ámbitos. En la medida que un Estado eleve estos indicadores referenciales la ciudadanía percibirá que es un medio o instrumento efectivo para atender las necesidades generales –a fin de cerrar brechas sociales- y propiciar el bien común.

De otro lado, el Estado cuenta con algunos mecanismos para conciliar los derechos e intereses involucrados en el desarrollo de proyectos extractivos, tales como la consulta previa a pueblos indígenas, la participación ciudadana, la evaluación y fiscalización ambiental, mesas de diálogo, entre los más conocidos. Sin embargo, estos procesos o procedimientos no se han consolidado por la debilidad de nuestras instituciones.

En los mecanismos antes mencionados, precisamente, pueden o deberían identificarse los problemas o potenciales afectaciones antes de que se manifiesten, vale decir, los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que podrían lesionar derechos fundamentales de las partes interesadas.

Armonizar o conciliar intereses, en algunos casos contrapuestos, no es nada sencillo, pero debe hacerse para evitar perjuicios mayores que amenacen la vida democrática y el estado de derecho. El Estado cuenta con el marco constitucional para hacerlo y no debe olvidar que es un medio o vehículo para la realización de las personas y la promoción del bienestar general.

Conclusiones

Necesitamos más Estado, no en tamaño ni que tenga necesariamente más funciones de las que ya posee, sino uno eficiente o competente, lo que pasa por su reforma para que ofrezca mejores servicios e inspire más confianza. Debe haber una reingeniería que elimine redundancias en la gestión, sobregastos, ineficiencias y la mala asignación del presupuesto destinado a inversión pública.

Pero no solo eso, porque en el sector minero se requieren mejoras significativas en materia de fiscalización ambiental y supervisión de compromisos sociales contenidos en los EIA, actas y convenios entre el Estado, empresas extractivas y comunidades. En el caso particular de los EIA –que deben ser evaluados en plazos razonables- los estudios sociales y culturales son insuficientes o no del todo considerados.

Asimismo, se precisa que los procesos de participación ciudadana y consulta previa a pueblos indígenas cumplan con determinados estándares nacionales e internacionales como los establecidos en sentencias del Tribunal Constitucional (TC), el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que sean percibidos como idóneos y legítimos.

Finalmente, el sistema de tratamiento de conflictos sociales de entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debe mejorar en prevención, gestión y transformación de conflictos, así como la articulación con otros sectores para encaminar los procesos de diálogo a su cargo a fin de generar oportunidades y recomponer la relación entre Estado, empresa y comunidad.

 


[1] Martín Tanaka identificó tres factores relevantes para entender la respuesta del Estado a los conflictos. El politólogo del IEP resume en tres los principales fallos del Estado en el abordaje de los conflictos: la falta de capacidades institucionales, la ausencia o insuficiencia de desarrollo normativo y la falta de políticas de Estado y de gobierno (visiones contradictorias). En Economía y Sociedad N° 79. ¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales? ¿Qué hacer al respecto? CIES, marzo, 2012, pp. 36-43.

[2]Los ciudadanos, según la Constitución, debemos disfrutar de un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado,contenido en el artículo 2.22.    

[3] Mendoza, Iván. El Estado y los conflictos sociales en el gobierno de Ollanta Humala. Desco. Págs. 47-48. Disponible en: http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/03%20I.%20Mendoza%20Per%C3%BA%20Hoy%20julio%202014.pdf

[4] Ob. Cit. p. 48.

[5] Ob. Cit. p. 49.

[6]La Comisión fue creada por la Resolución Ministerial N° 380-2006-PCM y fue modificada por el Decreto Supremo N° 056-2009-PCM. Sus funciones fueron precisadas por la Resolución Ministerial N° 380-2006-PCM. Disponible en: http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/RM-380-2006-PCM%20.pdf

[7] Informe de la Comisión Multisectorial. Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental. Pág, 9. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/EJES-ESTRATEGICOS-DE-LA-GESTION-AMBIENTAL.pdf

[8]Martín Beaumont sostiene, al respecto: “el consorcio internacional de investigación Social Enterprise Knowledge Network, conformado por diez escuelas de negocios de Iberoamérica y la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, propuso la siguiente definición basada en su análisis tipológico: valor social es «la búsqueda del progreso social, mediante la remoción de barreras que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz propia y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica» (SEKN, 2006, p. 296). Valor social es, por tanto, cumplir objetivos socialmente deseables (p. 286) o, lo que es lo mismo, «se crea valor cada vez que se da respuesta a una necesidad insatisfecha» (p. 284)”. En Gestión social: estrategia y creación de valor (2016), Departamento Académico de Ciencias de la Gestión – PUCP, Lima, marzo de 2016, P. 22.

[9] En junio de 2014, el Gobierno envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trataba del proyecto de ley –hoy ley- que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado. Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían “deteniendo” el desenvolvimiento de las grandes inversiones. Estos trámites, según entendidos del sector extractivo, agobian al sector minero-energético. El paquete también acortó a treinta días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión, con lo cual se privilegia las inversiones privadas y resta importancia a los temas ambientales. 

[10] Las empresas, por su parte, podrían hacer mucho en este campo si propiciaran relaciones sanas, transparentes y duraderas con la población de sus áreas de influencia. Estas, cabe mencionar, no solo se encuentran obligadas a cumplir con las normas, sean laborales, tributarias, mineras, de seguridad, ambientales, etc., sino también a contribuir con la sociedad -de la que naturalmente forman parte- por medio de la generación de valor social.

El día de ayer, 8 de noviembre, a las 9am, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se inició el juicio penal en contra del abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda y del médico ambientalista Fernando Osores Plenge por denunciar la contaminación de metales pesados en la provincia cusqueña de Espinar. La fiscalía acusa a ambos por el supuesto delito de "expedición y uso de certificado médico falso". Anteriormente también los acusaban por el delito de "falsificación de documentos" pero el Ministerio Público archivó esa acusación por carecer de fundamento. La investigación contra Fernando Osores Plenge y Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) había comenzado por una acusación del Ministerio de Salud por supuestamente haber usado información falsa en una denuncia sobre la muerte de la campesina Margarita Ccahuana Córdova en un reportaje publicado en el portal web Justicia Viva en 2015: “La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas, en el que se advirtió que la campesina Ccahuana falleció a consecuencia de la contaminación por metales pesados, situación conocida desde hace años por las autoridades de Salud.”

El desarrollo del juicio

En declaraciones a la Red Muqui, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, señalaron que la fiscalía entró en contradicciones al momento de iniciar su sustentación en la acusación al imputarles el delito de falsificación de documentos, cuando esa imputación había sido archivada anteriormente por el Ministerio Público. Esto fue desestimado inmediatamente por el Juzgado en el desarrollo del juicio. El abogado defensor de los implicados, Carlos Rivera, señaló que la "Fiscalía no ha tenido ni el cuidado ni la necesaria precisión sobre los términos de la acusación". 

Sobre el certificado de defunción, la Fiscalía sostuvo que el doctor Julián Olave Tapia, quien fue el que suscribió dicho documento cuando falleció Margarita Ccahuana, luego se retractó.  Respecto al Informe 100/10 que elaboró el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), y ahora desconoce; señaló que los originales los elabora el CENSOPAS y que los funcionarios de dicha entidad pública sostienen que son falsos al no tener sus firmas. Ante ello, el médico acusado, Fernando Osores, señaló que CENSOPAS es una institución que anteriormente ha sido cuestionada en Cajamarca por no entregar los resultados de sus muestras a las comunidades en 4 años y, asimismo, en Espinar, también ha sido denunciada por las comunidades de Espinar y antes de fallecer, por la propia Margarita Ccahuana, debido a que no le entregaban sus resultados habiendo pasado ya tres años.

Sobre el certificado de defunción, el juez preguntó si sería probable que la retractación del médico Olave pudiera considerarse como una autoinculpación (algo proscrito del orden legal y constitucional) y también preguntó si existía alguna pericia a través de la cual se pudiera acreditar la falsedad de dichos documentos.

Audiencia postergada

La audiencia fue suspendida hasta el 30 de noviembre por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, debido a que la acusación de la fiscalía era contradictoria y no tenían los documentos probatorios en su acusación, señalaron finalmente, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores.

 

El MINSA pretende silenciar las acciones y acusaciones de las ONG

Según los incriminados Fernando Osores y Ruiz Molleda, la intención del MINSA tiene como objetivo: "silenciar las diferentes acciones y acusaciones de las ONG y de los dirigentes de las comunidades campesinas y de las organizaciones afectadas". Denuncian que ahora son perseguidos por el Estado por estar defendiendo los derechos fundamentales como la dignidad de la persona, la integridad personal, la vida y la salud en asociación a un ambiente equilibrado.

El caso ha generado una ola de solidaridad nacional e internacional. En junio de este año se había difundido en público un pronunciamiento en el cual un conjunto de organizaciones peruanas y extranjeras junto a numerosas personas declararon su firme rechazo a la acusación fiscal del Estado peruano.

Criminalización de defensores de derechos humanos

La decisión de iniciar un procesamiento penal en contra de los denunciados tomada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo del fiscal Juan Menzala, se condena fuertemente como un acto de criminalización y amedrentamiento a los defensores de derechos humanos, así como un grave precedente contra la libertad de expresión que es un derecho fundamental de cada persona.

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

·        Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

·        Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

·        Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

·        Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.

Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

·        Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

·        Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

·        Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

·        Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

·        Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.

El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

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