Prensa Muqui

Prensa Muqui

Por Beatriz Cortez

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1]

Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas.

Por ejemplo, son muchos los casos de mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce.

Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia , se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.


[1]Rocío Silva Santisteban ha presentado el año pasado en el marco de la campaña “Defensoras no están solas” el libro “Mujeres y conflicto ecoterritoriales: impactos, estrategias, resistencias” donde estudia las formas en cómo estos sistemas se entrelazan y generan violencia contra las mujeres.

[2] Afectados por contaminación piden que PPK declare a Pasco en emergencia sanitaria

http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/600-afectados-por-contaminacion-piden-que-ppk-declare-a-pasco-en-emergencia-sanitaria

[3]      Espinar:víctimas de violencia de PNP y Glencore denuncian legalmente a los responsables de los hechos

http://derechosinfronteras.pe/espinar-victimas-de-abuso-y-violencia-de-pnp-y-glencore-en-espinar-denuncian-legalmente-a-los-responsables-de-los-hechos/

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/238031543521208/

 

Ciudadanos acusados, y su defensa legal en el frontis del  Juzgado de Investigación Preparatoria Cotabambas – Tambobamba, Apurimac. Fuente: CooperAcción

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

En la foto  la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia

 

Una carta de la Unión Europea (UE) llama la atención al Perú sobre el cumplimiento del acuerdo comercial en materia ambiental y laboral. El 30 de julio, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia donde expresa sus preocupaciones sobre varios puntos del acuerdo comercial con UE que se refieren a medio ambiente. Así, el Perú estaría incumpliendo con el acuerdo comercial en el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible (TSD).

 

La comisaria afirma en la misiva que la Unión Europea desea garantizar una actividad económica que contribuya al Desarrollo Sostenible. En un punto de documento señala que no hay participación de parte de la sociedad civil en la implementación del TSD. Con ello, reafirma el pedido que las organizaciones de sociedad civil en el Perú han realizado, de participar de los espacios de seguimiento en materia ambiental y laboral. Esto ante la necesidad de transparencia y garantizar el cumplimiento de derechos.

En la carta también se afirma que “en materia de protección ambiental, como se discutió el pasado noviembre en Lima (con delegación de UE que llegó al Perú), la simplificación de procedimientos administrativos en materia ambiental no debería conducir a una disminución del nivel de protección ambiental”. Esto se debe a que el Estado peruano ha dictado una serie de paquetes normativos y de políticas públicas que han disminuido los estándares de calidad ambiental en pro de atraer inversiones, lo que justamente el Acuerdo Comercial prohíbe en su artículo 277.

Cabe recordar, que el Estado Peruano ha dictado normas que redujeron el estándar de calidad de aire (ECA) para posibilitar la venta del Complejo metalúrgico de La Oroya y el funcionamiento de la refinería de Ilo para facilitar el proyecto minero Quellaveco. Ello ha sido señalado reiteradas veces por organizaciones sociales entre las que se encuentra Red Muqui. También, se han pasado por alto sanciones respecto de la situación de los pasivos ambientales de San Mateo, que involucró en su momento a la empresa minera Nyrstar de capitales belgas.

 

Recientes normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ya en el Gobierno del Presidente Vizcarra, han dado facultades para facilitar expropiaciones, las que se han aplicado en el caso del proyecto Toromocho, otorgando tierras a la empresa minera china Chinalco, y afectando los derechos de las familias que aún no habían sido reasentadas de la ciudad de Morococha antigua, facilitando el proyecto con la agudización de una nueva situación de imposición y conflicto.

 

Estas mismas normas que favorecen expropiaciones en favor de la SBN, también ponen en peligro a comunidades y poblaciones con tierras no tituladas, que no hayan inscrito sus títulos o que éstos tengan “errores”. También, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1360 se deslegitima el rol de gobiernos regionales en el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, lo que afecta el respecto a sus derechos colectivos, en especial a que sus territorios ancestrales no sean otorgados en favor de otros intereses, fundamentalmente económicos, condenándolos a su desaparición.

 

Frente a todo este panorama, la comisaria de comercio de la UE indica en la misiva dirigida al MINCETUR, que realizará una visita de investigación a Lima “en otoño para seguir discutiendo las preocupaciones de la Unión Europea”. En dicha reunión se convocarán autoridades y sociedad civil, en la que desde Red Muqui esperamos participar.

 

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke comento que se “ espera que hasta entonces que el gobierno responda a las preocupaciones de la UE, con acciones concretas, sobre la “disminución de la protección ambiental”, la “regulación de actividades industriales para lograr la protección efectiva del medio ambiente, y la necesidad de garantizar la capacidad institucional (en materia ambiental), resquebrajada con los paquetes normativos que han limitado sus funciones, además de generar espacios de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Comercial en materia ambiental y laboral con participación de la sociedad civil”.

 

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales. Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, "este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno. Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito". Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

cuadro 1

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

 

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”. Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población. Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo.

Foto de portada: Perú21

Derechos Humanos sin Fronteras.- Después de 8 años de procesos e investigaciones, el último 20 de julio, al promediar las once de la mañana, Los Magistrados del Juzgado Colegiado de Cusco declararon sentencia absolutoria a favor de los dirigentes de Espinar procesados por las manifestaciones en contra del proyecto ‘Majes Siguas’.

Como se recuerda en el año 2010 en la provincia cusqueña de Espinar, la población inició manifestaciones y protestas en defensa de sus recursos hídricos que se verían afectados por del otorgamiento de la licitación para ejecutar el proyecto de la represa de Angostura.

Ante estas manifestaciones, Horacio Quispe Succllo, Edgar Zevallos, Nestor Cuti, entre otros dirigentes, fueron denunciados por la Fiscalía por los supuestos delitos de extorción, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.  Después de varios años de investigaciones a los dirigentes mencionados por parte de la Fiscalía Penal Corporativa de Espinar, recién en marzo del presente años inició el juicio oral en el Juzgado Colegiado de Cusco.

Luego de cinco meses de permanentes audiencias en etapa de juzgamiento, los testigos y los medios probatorios ayudaron a reafirmar la inocencia de los procesados. La defensa y asesoría legal, en el último tiempo del proceso, estuvo a cargo de las y los abogados de Derechos Humanos sin Fronteras. Esta sentencia marca un precedente importante para empezar a cuestionar los casos en que la Fiscalía criminaliza la protesta social.

Por Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui

Vizcarra no ha informado respecto de las implicancias del nuevo paquete normativo de fiestas patrias que acaba de dictar. Se continúa favoreciendo con medidas tributarias a las empresas con contratos de estabilidad jurídica, entre ellas empresas mineras, que operan por años en el Perú, y que generan importantes utilidades que no se quedan en el país.


Nuestra legislación no se adecúa en materia ambiental y social a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y GAFI, y sólo se hace en materia económica y financiera. La modificación del marco normativo de Defensa Pública no se incluye medidas para optimizar los servicios también en favor de las/los defensoras/es de derechos humanos y ambientales, que sólo defienden sus territorios y derechos colectivos del despojo y la imposición de actividades extractivas.


No se establece la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura (MINCUL), no sólo al marco normativo de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial – PIACI, que es importante, sino que también debe incluir sanciones ante el incumplimiento del art. 89 de la Constitución sobre Comunidades Campesinas, a la ley 29785, ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, y a la Ley 24656, ley de Comunidades Campesinas, todas ellas respecto al respeto de la autonomía, la disposición de las tierras, y la aplicación de la consulta previa a nuestras comunidades campesinas y nativas, que buscan ser eliminadas con las normas vigentes en el Perú.


Respecto al nuevo paquete normativo, resaltamos que se establezca que la simplificación administrativa no debe generar la reducción o eliminación de derechos ni requisitos sustantivos, como ha venido sucediendo durante los últimos gobiernos incluido el del ex presidente Kuczynski. En este gobierno se siguen dictando normas que son parte de un nuevo paquete normativo, un ejemplo de ello es el Decreto Legislativo 1366 que amplía las funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), para tomar decisión sobre bienes inmuebles públicos y privados en favor de obras o proyectos, sin necesidad de que haya una previa declaración de éstas como de necesidad pública, interés nacional y/o de gran envergadura. Incluso establece que, en el caso de procesos judiciales seguidos contra el Estado, la autoridad jurisdiccional “debe” solicitar la opinión de la SBN de manera previa a la emisión de la sentencia o medida cautelar respectiva, afectando el principio de independencia de la función jurisdiccional.

Como parte del paquete normativo, el Decreto Legislativo Nro. 1360 ha precisado funciones específicas del Ministerio de Cultura (MINCUL) como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios en el Perú, supuestamente en base a recomendaciones realizadas por la OCDE. Se precisa que es el Viceministerio de Interculturalidad, como ente exclusivo de establecer el reconocimiento de los Pueblos Indígenas u originarios - PPII, el encargado de “establecer los lineamientos para dicho reconocimiento”. Con ello se deslegitima el rol de gobiernos regionales que ya han realizado dicho reconocimiento, el que ha sido objetado por el MINCUL con procesos de inconstitucionalidad. Se evidencia que continúa el afán de poner trabas desde el Estado a nuestras comunidades campesinas y nativas en la defensa de sus territorios, frente a la imposición de actividades económicas que afectan sus modos de vida y no impulsan alternativas de desarrollo sostenibles, y más bien se favorece a los poderes económicos, lo que sigue generando conflictividad social en el país.

Si bien el Decreto Legilastivo 1366 reconoce que la Base de datos de PPII, no es constitutiva de Derechos porque “puede” haber otros pueblos que no estando en ella, pero pueden ejercer sus derechos colectivos, también en su segunda disposición complementaria final establece que está Base es fuente de información para que los diferentes niveles de gobiernos dicten políticas públicas sobre PPII, es decir lo pueden hacer solo en tanto dicha Base de datos, o sea para las comunidades que están en dicha base, lo que es restrictivo justamente.

Finalmente, hay que sumarse al clamor popular respecto del gran problema de la corrupción en el Perú, que ahora se ha evidenciado en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que también debe considerar como ha afectado también a defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, por el hecho de defender sus derechos colectivos y de propiedad. La corrupción alcanza también a las puertas giratorias, y como los funcionarios de las empresas pasan a ser funcionarios públicos, facilitando favores a las empresas con aprobaciones de estudios ambientales y dictando normas que luego las benefician en el sector público para luego ser beneficiados con puestos en otras empresas. Situación similar terminó con su antecesor fuera del gobierno y se requieren medidas concretas que acaben con éste mal que carcome a nuestro país, para lograr la paz y justicia social que todas y todos anhelamos.

Se declaró en Estado de Emergencia los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro de ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. Así se señala en el Decreto Supremo N° 077-2018-PCM emitido el sábado 28 de julio.

Cabe recordar que Quiruvilca es un antiguo yacimiento minero que tuvo unos 388 años de operación. En ocasiones anteriores se había reportado que los pasivos mineros estaban contaminando el Río Moche, sin embargo, no se tomaron acciones para su remediación. En una ocasión anterior Red Muqui alertó sobre la afectación del río y los problemas de salud que se estaría ocasionando a la población.  

En la declaradoria de emergencia que fue publicada en el Diario El peruano el viernes pasado, se señala que existe un peligro inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca,  ello que afectaría la salud de la población. También se señala que tras haber sido sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de La Libertad la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)  declaró el Estado de Emergencia en un plazo de sesenta (60) días calendario, en los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad. Se espera la ejecución de acciones inmediatas de remediación. 

  1. Últimas Noticias

Calendario

« Agosto 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31