Prensa Muqui

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Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con los comuneros de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria. 

Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con la población de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la posición de la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria. 

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente

n el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro "la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal". En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.  

Finalmente, los ronderos aseveran: "Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

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Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.  

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: "Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana"

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

 

Este lunes 29 de enero se realizó una nueva audiencia por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte de las organizaciones nacionales representantes indígenas andinos y amazónicos en contra de la Ley 30230. Esta fue parte del Paquetazo ambiental dado entre os los años 2013 – 2014 en el gobierno de Ollanta Humala para debilitar la institucionalidad ambiental y favorecer la ocupación de predios para proyectos de inversión, sin tomar en cuenta la superposición en territorios de comunidades campesinas y nativas, sin aplicar la Consulta Previa.

El Magistrado Augusto Ferrero Costa escuchó a los representantes de las comunidades, quienes dieron a conocer cómo afecta dicha Ley sus tierras, territorios y la desprotección ambiental que se ha generado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada con el amparo de más de 10 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, recolectadas por organizaciones del Pacto de Unidad de los pueblos indígenas, y contó con el respaldo de organizaciones civiles que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del cual forma parte Red Muqui.

En la audiencia la representante de ONAMIAP, Ketty Marcelo, afirmó: “La Ley 30230 vulnera nuestros territorios. Para nosotros nuestro territorio significa la vida misma, eso es lo que queremos que entienda el Tribunal Constitucional”.

Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA) aseguró que “se busca expropiar a las comunidades en beneficio de las empresas. Dejemos claro que nadie está en contra del desarrollo, lo que queremos es que el Estado consulte a los pueblos antes de tomar decisiones sobre sus tierras”.

Los abogados Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC), y Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del ambiente y Desarrollo Sostenible sustentaron ante el Magistrado del TC la acción de inconstitucionalidad.  “Estamos cuestionando el artículo 19 de la Ley 30230 porque le retira a OEFA la competencia de multar, eso ya ha sido incluso cuestionado dentro del mismo Congreso. La propia presidenta de OEFA ha dicho que esto atenta contra el derecho a fiscalizar adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Cuninico, no se multó y eso generó impunidad. Otro aspecto que cuestionamos de esta norma es que impide crear zonas reservadas y esto amenaza el derecho a un ambiente sano y saludable” afirmó Henry Carhuatocto.

 “Esta Ley nace para generar inversión, buscando para ello flexibilizar procedimientos administrativos. Asimismo, esta norma ha venido debilitando el marco de derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, aseguró Luis Hallazi, abogado del IBC. Agregó, también, que esta Ley debió pasar por Consulta Previa porque afecta derechos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, no se realizó este proceso. “Esto es una muestra más del carácter inconstitucional de esta Ley”, indicó.

“En el caso de territorio de las comunidades, el 40% no están tituladas, se está fomentado otorgar derechos sobre tierras no tituladas”, concluyó Hallazi.

¿Qué esperan las comunidades del veredicto del Tribunal Constitucional?

“Seguimos  en este proceso porque nos motiva la defensa del derecho de la consulta previa y el amparo del convenio 169. La defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestros pueblos es fundamental, y la Ley 30230 busca fomentar la inversión sin pasar por el proceso de consulta, eso nos vulnera” comentó el dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Jorge Prado.  

“Me quedé con la sensación de que los procuradores no entienden lo que implica la consulta Previa. Nuestros territorios se van a ver afectados y nosotros estamos defendiéndolos”, opina Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP , también, afirmó que es un hito que el Tribunal Constitucional haya escuchado a los representantes de las comunidades y  espera que la decisión sea en salvaguarda de los derechos de las poblaciones originarias.

Culminó la semana de actividades de Papa Francisco en el Perú, y sus palabras dejan una estela de temas pendientes de tratar en nuestro país.

Desde RED MUQUI queremos rescatar los temas de respeto a nuestros pueblos originarios, minería legal e ilegal y corrupción, entre los muchos que nos ha planteado Su Santidad.

Es lamentable que haya tenido que venir una figura emblemática de la Iglesia Católica, para que recién nuestras autoridades, grupos de poder económico y periodistas, consideren estos temas como parte de nuestra agenda nacional. Muchas veces cuando se habla de ellos, han tildado a quienes los proponen como quienes están contra el desarrollo, contra las inversiones o incluso de ser terroristas, con la grave connotación que tiene ello en nuestro país. Evidentemente se ha buscado desprestigiar éstas propuestas y demandas, porque son incomodas para el gobierno y los intereses económicos. Pero, ésta vez no se han atrevido a decirle lo mismo al Papa, al contrario, como él los plantea ahora, si son temas de agenda pues.

Pero lo importante ahora es que efectivamente se aborden éstos temas y se incorporen en la agenda nacional, en la discusión sobre el futuro del Perú y el modelo de “desarrollo” económico que hoy nos rige, y no sólo quede como un mensaje y anécdota de la semana en que Papa Francisco nos visitó.

El problema es que la duda queda de que tanto habrá calado el mensaje del Papa en nuestras autoridades, cuando sólo un día después que Papa Francisco dejara nuestro país, luego de su mensaje a los pueblos indígenas y originarios en Puerto Maldonado, el Congreso de la Republica promulga la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción en zonas de frontera en Ucayali, en los territorios de comunidades nativas, sin consultarles previamente ni considerar el llamado que hiciera Yesica Patiachi Tayor representante del pueblo Harakbut, quien delante del Papa Francisco, y con el Presidente Kuczynski en primera fila, le pidió “que nos defienda”. “Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. Si logran quitarnos nuestro territorio, podemos desaparecer”, les dijo. Ojala todo no quede en anécdota y el buen recuerdo.

El gobierno del Presidente Kuczynski, presionado por los intereses económicos, en lugar de priorizar la eliminación de garantías para las tierras de las comunidades como ha hecho con el Decreto Legislativo 1333, y antes con las leyes 30230 y 30327, debe abordar con prioridad la problemática de los pueblos indígenas u originarios, eliminando los riesgos que sufren sus tierras más bien, facilitando la aplicación de la consulta previa antes de imponerles un supuesto “desarrollo”.

Como ha dicho Papa Francisco en Puerto Maldonado “No son un modelo de vida de antaño, son un modelo de vida que debemos recuperar “, refiriéndose a los modos de vida de nuestros pueblos indígenas y originarios, de quienes debemos aprender para cambiar nuestras perspectivas de vida frente al modelo de desarrollo actual, basado en “el neo extractivismo y la fuerte presión de intereses económicos”, como cito el Papa en su mensaje.

El tema de la minería informal es otro tema de importancia, por los graves impactos ambientales como la desaparición de bosques y de salud de las personas que genera con la contaminación, y sociales que deja como la trata de personas, que es el que especialmente ha denunciado Papa Francisco en Puerto Maldonado.

Pero es el gobierno que con sus decisiones facilita que no se formalice la minería informal. Sólo le interesa que lo haga por el aporte económico que puede brindar con los impuestos, pero con los decretos legislativos 1244, 1293, 1320 y 1336, facilita que las empresas mineras “formales”, mantengan el circulo vicioso de la minería informal, permitiendo que se mantengan operando en las concesiones de las que son titulares, y se elimine el delito penal con el solo hecho de presentar declaraciones juradas sobre los permisos para uso de tierras donde operan, y las medidas ambientales que van a tomar, sin considerar que no hay niveles de fiscalización adecuados a nivel regional. 

El tercer tema que nos plantea dar seguimiento Papa Francisco es el de la corrupción. En el sector minero se evidencia en las denominadas puertas giratorias. Ingresan funcionarios de empresas mineras al sector público minero, y aprueban estudios ambientales, sociales y de factibilidad, de grupos económicos en los que han prestado servicios, o luego son contratados por las empresas a las que les aprobaron dichos estudios. El sector público también, en algunos sectores, realiza estudios para empresas financiados por ellas.

Son temas de agenda que a los que es necesario dar seguimiento, en base a una premisa planteada por el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si: “Los seres humanos y la naturaleza no pueden estar al servicio del dinero”.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

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