Prensa Muqui

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Las organizaciones que componen la Red Muqui presentan el manual de Metodologías para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales con enfoque de alternativas al Desarrollo. Un documento que es producto de varios años de experiencia de trabajo de campo de las organizaciones miembros de la Red Muqui con comunidades afectadas por la minería y que permitirá a los dirigentes, poblaciones organizadas y los facilitadores de procesos sociales plantear agendas y propuestas de alternativas al desarrollo. El libro tiene como base un enfoque de educación popular, transformación de conflictos e interculturalidad. Tambien ofrece una variedad de herramientas participativas y tiene un capítulo especialmente sobre el mapeo participativo.

Como se sabe, los últimos años los conflictos socio ambientales han ido en aumento, solo en el 2017 la Defensoría del Pueblo reportó 169. La minería ilegal, legal, grande y mediana que actúa de forma irresponsable ha venido vulnerando el medio ambiente. Frente a ello, los pueblos y personas afectadas, pueblos y afectados por la minería vienen desarrollando acciones para evitar sus impactos nocivos. Han tenido que exigir sus derechos, defender su territorio, hacer más sostenible el uso de los bienes comunes, construir agendas y alternativas al desarrollo que les permitan un “buen vivir”. De ahí surge la necesidad de elaborar este manual.

Javier Jahncke, director ejecutivo de Red Muqui, comento al respecto: “En Red Muqui consideramos que era necesario trabajar un manual vinculado a alternativas al desarrollo porque trabajamos con organizaciones sociales y necesitan refrescar sus modos de llegar a las poblaciones”. El Manual está dirigido a facilitadores de procesos, pero también a dirigentes sociales para el mejor funcionamiento de su comunidad y que se canalice mejor la toma de decisiones.

Por su parte, Mar Daza, del Proyecto Democracia de Transformación Global (PDTG), quien participó en la elaboración del documento, comentó: “Hemos tomado como base, la heterogeneidad cultural del país, es el enfoque por el cual partimos, tomando como base las diferentes realidades en el Perú”. Un segundo enfoque es el de educación popular donde se rescata el compromiso de generación de alternativas de vida, alternativas al desarrollo, finalmente, en el manual está presente el enfoque de transformación de conflictos. Agregó que se trata “de una propuesta, una forma de caminar producto de la experiencia de las organizaciones que conforman la Red Muqui y pueden ser readaptadas, mejoradas y esperamos que este sea el aporte”.

Mattes Tempelmann, especialista y geógrafo de Red Muqui ha coordinado el proceso de la sistematización de este manual, afirmó que “en los últimos dos años se trabajó en Piura, Cusco y Lima con todos los miembros de Red Muqui para sistematizar las metodologías que cada uno está usando en su trabajo con comunidades afectadas por la minería”. Aseveró que el Manual es como una caja de herramientas, contiene un paso a paso de cómo aplicarlas y va ser útil para quienes tienen un trabajo directo con poblaciones y desean construir una agenda enfocada en alternativas al desarrollo.

Se puede acceder al Manual a través de la página web de Red Muqui, su descarga es libre.

 

 

Metodología para el fortalecimiento de Organizaciones sociales con enfoque de Alternativas al Desarrollo by prensamuqui on Scribd

Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.

En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo que acompañó la reunión, LuisSamaniego Ríquez, comentó a Red Muqui que tras retirarse de la reunión el viceministro,Miguel Incháustegui, los asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paró en Morococha y en la carretera central.

Las familias afectadas llegaron hasta la puerta del MINEM alrededor de las 10 de la mañana con pancartas y exigiendo, además, que se cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental. En el comunicado que publicó la Municipalidad distrital Morococha se afirma que “la población ha venido sufriendo una serie de atropellos por parte del Estado y la empresa minera, exigimos el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y exhortamos el cumplimiento del canon respectivo”. Las familias esperaron 5 horas en la puerta del MINEM alguna respuesta de parte del ministro o sus representantes.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, comentó que con el reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco, “incluso se ha llegado a prohibir que otras empresas mineras les den trabajo a los pobladores”, afirmó.

Por su parte, Elvir Mayta, regidor del distrito de Morococha, aseveró que “el gobierno central no está cumpliendo con el proceso de reasentamiento de forma adecuada, no ha hecho respetar nuestros derechos". Agregó que exigen que no se le otorgue a la minera esas 34 hectáreas donde hay población porque es una decisión arbitraria de parte del Estado.

Rossy De la Rosa Rojas, del Frente amplio de defensa por los Intereses de Morococha, declaró que “la empresa ni el Estado han logrado solucionar la problemática en Morococha, hace un tiempo ancianos, niños, pobladores están sufriendo atropellos de parte de la empresa. Hay vigilancia sobre cada uno de nuestros actos”. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua contiene pasivos mineros de alto riesgo, las familias que aún permanecen en esa zona, aseguran que no tienen otro lugar donde vivir y no se les ha asegurado condiciones dignas de subsistencia.

Cabe señalar que cuando se emitió el decreto el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advirtió se estaba utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria.

Se tendrá información sobre personas afectadas por metales tóxicos. La Comisión de Salud del Congreso de la República, aprobó por unanimidad el Proyecto de LEY 2740 para Crear el Registro Nacional de afectados en la salud por metales pesados. La iniciativa legislativa va permitir identificar a personas que se encuentran riesgo como es el caso de poblaciones intoxicadas en Cerro de Pasco, La Oroya, San Mateo, Espinar, Bambamarca, entre otras. Se espera su aprobación en el Pleno

La iniciativa fue presentada por el Congresista Oracio Pacori. En su cuenta de twitter, el parlamentario señaló que con este proyecto “se podrá conocer cuántos son y dónde están los afectados por metales pesados producto de las actividades extractivas, un segundo paso sería la atención y tratamientos a su salud”.

Cabe resaltar, que desde fines del 2017 se conformó una Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos que se reunió en Lima. En la agenda se priorizaba la atención integral a niños, niñas intoxicados como metales, además, de la creación de una política nacional de salud. Un estudio de Red Muqui, realizado por el médico ambientalista Fernando Osores y presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.  

En febrero de este año, tras la llegada de 30 familias de Pasco a Lima con menores afectados por metales tóxicos, el Ministerio de Salud emitió una resolución para la creación de una Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

En esa fecha, la Municipalidad de Simón Bolívar, uno de los distritos más afectados por la minería en Pasco, publicó un comunicado en redes sociales donde señala que “se logró que el Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, apruebe acuerdos históricos a favor de los niños contaminados, aquellos que necesiten atención en el extranjero por su delicado Salud serán llevados a otros países; así mismo el plan quinquenal de Salud se aprobó con una inversión que supera los 48 millones y la atención especializada en Salud a los niños afectados con metales pesados”. El ex ministro Abel Salinas asumió un compromiso con los afectados y se espera que la ahora ministra de salud Silvia Pessah continúe con esa gestión.

Vía Fedepaz.- Se ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra el referido Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos. Todos dirigentes y defensores ambientales, acusados cuando lideraron movilizaciones durante el conflicto socio ambiental Conga.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. Por lo tanto, dicha diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin acto de violencia alguno y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza, el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad.

La defensa legal de Marco Arana, a cargo de FEDEPAZ, cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó por escrito el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte o la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción de su inocencia, que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín al señalar: “De estos elementos de convicción se ha dejado plasmado que no emerge una imagen ni que se haya dejado sentado en acta que los investigados efectuaran actos perturbatorios a la propiedad de la empresa minera Yanacocha”. Asimismo, agregó que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”.

Igualmente, la misma instancia judicial precisó que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”. Por ello “se tiene que la conducta desplegada por los procesados no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”, que acaba de ser confirmado por Primera Sala penal de Apelaciones de Cajamarca.

En efecto, dicha Sala Penal, bajo la premisa de que “El Fiscal podrá formular acusación … sólo si existen suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito, así como la vinculación del implicado en su comisión”; expresa que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el archivo definitivo de este injusto proceso penal que se inició contra Marco Arana y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar brindando patrocinio legal a los defensores y defensoras del medioambiente, del territorio y de los derechos fundamentales de sus comunidades y que, por dicha defensa, son hostilizados, estigmatizados y criminalizados al ejercer su derecho a la protesta social.

 

Foto: El Comercio

Uno de los magistrados de la Sala permanente presidida por el Dr. César San Martín pidió licencia, motivo por el cual se suspendió la audiencia donde se iba a sustentar la solicitud de anulación de la sentencia a Walter Aduviri.El dirigente aymara fue sentenciado en Puno a 7 años de prisión, por el supuesto delito contra la paz pública por la protesta social conocida como el “Aymarazo”. El año pasado, La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno absolvió a los otros 18 dirigentes criminalizados.

Como se recuerda, El conflicto social se desató a raíz del ingreso de la minera canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. Tras no haber mayor mediación de parte del Estado, el conflicto llegó a su punto más crítico en el 2011, cuando se generó una revuelta masiva.

El especialista de la Organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, Hernán Portobravo, declaró a Red Muqui que las sentencia tiene elementos cuestionables. “Cuando inicia el proceso se le señala como coautor de los hechos, pero al finalizar, el Juez en Puno lo sentencia como autor mediato”, afirmó.

Señaló que Aduviri está “siendo criminalizado bajo argumento dudosos, en base a publicaciones en medios de Puno”. Portobravo comentó, también, que existe discriminación hacia el dirigente indígena. En el proceso no se ha tomado en consideración su identidad aymara y no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT que admite consideraciones en la aplicación de justicia para los pueblos originarios. “Los jueces en Puno han señalado que no es indígena por haber seguido estudios superiores”, comentó.

El especialista también afirma que se han observado otras conductas discriminatorias en los jueces que han llevado el caso en Puno. “Se ha llegado a señalar que las comunidades aymaras son violentas”, aseveró.

Cabe recordar, que en el proceso judicial los 18 dirigentes que fueron incriminados fueron absueltos el año pasado. Portobravo señala, finalmente, que “la defensa sustenta que no existió una organización estructurada y no se puede afirmar que existió un poder de mando que implica subordinación y obediencia”. Se espera que se retome la audiencia y que el proceso se lleve de forma transparente.

 

Fotografía de portada: La República

Como lo anunciaron semanas atrás, los ronderos de de Ayabaca, Huancabamba y la comunidad de Segunda y Cajas, marcharon por las calles de Piura el día de hoy. Los ronderos exigen que no se lleve a cabo minería en los páramos, porque desean preservar los ecosistemas y continuar su modelo de desarrollo en base a la agricultura.Se demanda al Estado que se otorgue carácter vinculante la consulta vecina realizada en setiembre del 2007, donde la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. "La reapertura del "Proyecto Minero Río Blanco" vuelve a romper la estabilidad y la paz social alcanzada estos últimos años en la sierra de Piura, lo que nos obliga a movilizarnos para exigir al Estado peruano el respeto de la Consulta Vecinal, dice el comunicado del Colectivo por Ayabaca.

INFOGRAFIA PARAMOS2

Como lo anunciaron semanas atrás, los ronderos de de Ayabaca, Huancabamba y la comunidad de Segunda y Cajas, marcharon por las calles de Piura el día de hoy. Los ronderos exigen que no se lleve a cabo minería en los páramos, porque desean preservar los ecosistemas y continuar su modelo de desarrollo en base a la agricultura.

Se demanda al Estado que se otorgue carácter vinculante la consulta vecina realizada en setiembre del 2007, donde la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. "La reapertura del "Proyecto Minero Río Blanco" vuelve a romper la estabilidad y la paz social alcanzada estos últimos años en la sierra de Piura, lo que nos obliga a movilizarnos para exigir al Estado peruano el respeto de la Consulta Vecinal, dice el comunicado del Colectivo por Ayabaca.

Lupo Canterac, coordinador de la Red Regional agua, democracia y desarrollo de Piura, afirmó que “El principal reclamo es la defensa del agua ante la posible reapertura del Proyecto Rio Blanco. La empresa minera ha estado captando dirigentes. Ha querido ingresar y convencer a través de ONGs y así pretenden que se apruebe el proyecto minero. Por eso nos movilizamos”. Comentó, también que en una ocasión anterior ya se había realizado una movilización a nivel local.

Isaac Huaman Correa, presidente provincial de Huancabamba, aseveró, que también, “expresan su rechazo al Decreto Legislativo 1910, que pretende parcelar y facilitar la venta de tierras comunales. Agregó que exigen el respeto a la consulta vecinal, porque las comunidades ya hemos expresado nuestra negativa. Pedimos dialogar con el gobierno regional, central y congresistas para que nos apoyen porque estamos convencidos de que el proyecto no favorece a las comunidades”.

Anteriormente, Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas declaró para Red Muqui, que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder", aseveró.

A la movilización se sumó la comunidad campesina de Lucuto de la margen izquierda del Río Piura en Tambogrande. Ellos rechazan el proyecto minero El Faique de la empresa minera Buenaventura que pretende ingresar en su territorio. Por su parte Isaac Huaman afirmó a Red Muqui, que los ronderos han recibido el respaldo del Gobierno de Regional de Piura, quien se ha comprometido a generar proyectos productivos, apostando, así por la agricultura.

Este es el comunicado del Colectivo por Ayabaca

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En el centro de Piura, también, se dio lugar otra movilización por la reconstrucción del norte del país, promesa incumplida del gobierno.

Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Caso Atuncolla. Sentencia 2da Instancia by Juan Carlos Ruiz Molleda on Scribd

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