Prensa Muqui

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Después de 8 días de protestas en que las organizaciones sociales de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, se fueron uniendo: rondas campesinas, juntas vecinales, comerciantes, gremios, sindicatos; para exigir a la empresa minera Gold Fields que asuma su responsabilidad sobre la contaminación ambiental causada en el río Tingo Maygasbamba, tras el derrame de relaves mineros el 16 de diciembre del 2018; para exigir al gobierno central que haya una atención especializada a las personas contaminadas con metales pesados que fueron examinados por el MINSA en el 2012 y 2016, y que haya una política de remediación de los pasivos ambientales que llevan más de 200 años en la provincia de Hualgayoc; los dirigentes del Comando Unitario de Lucha de Hualgayoc – Bambamarca decidieron suspender temporalmente el Paro hasta la próxima semana para emprender una ruta de diálogo con la empresa minera Gold Fields y el gobierno central, a través de la intermediación del alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar Vásquez.

Al respecto, la institución Grufides, integrante de la plataforma Red Muqui, entrevistó telefónicamente al dirigente Victor Jambo Sanchez del Comité Unitario de Lucha, tras conocerse la suspensión del paro y el dirigente señaló que acordaron la suspensión del paro tras el compromiso del alcalde provincial de Hualgayoc de enviar un documento formal para sostener una reunión entre el Comité de Lucha, la empresa Gold Fields y el Ministerio de Energía y Minas. Teniendo en cuenta que el Comité de Lucha planteó una reunión al MINEM y a Gold Fields para el martes 12 de febrero pasado, pero la empresa señaló públicamente que no asistiría a esa reunión si no a una reunión que sea convocada por el Ejecutivo y que sea en un lugar “neutral”. Y, posteriormente se conoció, que el MINEM contestó que no podría participar de esa reunión porque el ministro Francisco Ísmodes tenía una reunión del COER en la ciudad de Cajamarca por la afectación de los huaycos en la región.

A la fecha existe una convocatoria realizada por el Ministerio de Energía y Minas para sostener una reunión el próximo martes 19 de febrero a las 10 de la mañana en un lugar por confirmar en la ciudad de Bambamarca; y los dirigentes del Comando Unitario de Lucha están evaluando su participación el día de hoy, jueves 14 de febrero, porque se tiene que precisar la agenda de la reunión, el lugar y la participación de los dirigentes de las distintas organizaciones que conforman el Comando Unitario de Lucha.

Existe mucha desconfianza hacia la empresa minera Gold Fields y el gobierno central, porque el día de ayer en la mañana, miércoles 13 de febrero, durante la protesta en la zona de Trucha de Oro, los bambamarquinos fueron reprimidos por la DIROES con bombas lacrimógenas y perdigones cuando se encontraban en uno de los terrenos de una de las manifestantes.

Asimismo, el dirigente Victor Jambo Sanchez del Comité Unitario de Lucha señaló que ha sido afectada la productividad de los cultivos de más de 5 mil usuarios de los canales de regadío que están conectados al Río Tingo Maygasbamba donde cayeron los relaves mineros, y que es necesario que se haga un análisis también de la baja de la producción agrícola.

Finalmente señaló que es necesaria que siga la unidad del pueblo de Bambamarca y toda la provincia de Hualgayoc y el respaldo de diversos tipos de instituciones para poder solucionar el problema de la contaminación ambiental en la provincia y la salud de las personas afectadas con metales pesados en su organismo.

Por causa de lluvias intensas en los últimos días, en la madrugada del 12 de febrero del 2019 se ha desbordado el rio Mantaro por la zona de Chanchaspama en la región de Junín, donde viven aproximadamente 300 familias. La gente que vive en esta zona está amenazada por las inundaciones y hasta ahora 30 familias han abandonado sus casas. Además de la población, también se ven afectados los campos de cultivo en esta zona. Según el último registro del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) el río Mantaro está a menos de 40 centímetros de alcanzar su nivel crítico de desborde en otras zonas, que pone en riesgo las zonas ribereñas donde también existen viviendas y sembríos.

Problemáticas que ocurren en las zonas afectadas

El desborde del rio Mantaro en específico trae consigo serios problemas; lamentablemente no solamente tiene graves consecuencias para las viviendas de las familias afectadas sino también para el medio ambiente y la salud de la población circundante. Según estudios de la Universidad de Hamburgo, la Universidad Humboldt en Alemania y de la empresa Sensatec, se ha descubierto una alta concentración de metales pesados en el agua que fluye por el río Mantaro y en las tierras colindantes que sobrepasan los límites permisibles definidos en los estándares de calidad ambiental para el agua que puede ser potabilizado con simple desinfección. Datos oficiales de la OEFA y del ANA comprueban esto.

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Mapa: Concentraciones de plomo en los sedimentos de la cuenca de río Mantaro (OEFA – nov. 2015; ANA – marzo 2014)

El río Mantaro nace cerca de la mina Cerro de Pasco donde la contaminación del agua por metales pesados es muy alta, fluye por la Oroya, pasa por Huancayo y también por Chanchaspama, lugar del desborde del río. Según la Universidad Humboldt los resultados de las mediciones muestran una contaminación extrema del sedimento del rio con metales pesados y se puede detectar a lo largo de todo el rio Mantaro y sus afluentes hasta el Valle del Mantaro. Los sedimentos fluyen con la corriente del agua y se depositan en el fondo del río.

La subida del nivel del agua o flujos muy rápidos del rio, especialmente cuando hay lluvias intensas, producen que cuando hay inundaciones los sedimentos contaminados sean transportados fuera del cauce del rio a los suelos agrícolas y se depositen y acumulan en este. Los suelos agrícolas a lo largo de los canales de regadío y cerca a las orillas de los ríos del valle del Mantaro tienen un mayor riesgo de contaminación. Según el Instituto Geológico de Perú las zonas más afectadas son Sincos, Orcotuna, Matahuasi y Huamancaca que queda cerca de Chancaspama en la Provincia de Junín.

Red Muqui propone que es sumamente importante realizar continuamente monitoreos de la calidad de agua y prevenir ante situaciones de desbordes. Es responsabilidad del Estado evitar la contaminación de ríos por metales pesados y su respectiva contaminación del ambiente y la salud de personas.

Tras no haber llegado a ningún acuerdo con los ministros del Estado, se confirmó el paro indefinido en Bambamarca a partir del 6 de febrero. El diálogo con el Ministro de Energía y Minas Francisco Ísimodes y la Ministra de Salud Zulema Tomas este lunes 4 de febrero 2019 en Bambamarca, no convenció a los/as dirigentes/as de la sociedad civil que consideran este encuentro como “un paseo más” y exigen“ la presencia del presidente Vizcarra y el responsable de Gold Fields." Consideraron que los Ministros no tuvieron capacidad de responder con decisiones concretas a los graves hechos de contaminación minera que ocurren en la región, como por ejemplo el derrame de relaves mineros de la empresa Gold Fields este pasado 16 de diciembre 2018. La población se encuentra movilizada en protesta frente a la situación de contaminacíon que se vive en la zona a causa de la actividad de a la empresa minera Gold Fields en Hualgayoc, Bambamarca y ante el anuncio de operaciones de la minera Yanacocha con su proyecto minero "la Lorena" en en distrito San Pablo.

Para entender el conflicto en Bambamarca, hay que recordar el contexto y la cronología que explica cómo se ha ido desarrollando la insatisfacción de los/las pobladores, organizaciones sociales y autoridades de las provincias de Hualgayoc y San Pablo, que les llevó a llamar al paro indefinido este miércoles 6 de febrero 2019.

Conflicto por emergencia ambiental: Minera Gold Fields en Hualgayoc - Bambamarca

  • Razones del conflicto: Contaminación o deterioro ambiental; contaminación e impactos en suelo, agua, aire, fauna; daños en la salud de las personas; incumplimiento de acuerdos. 
  • Proyectos y empresas involucrada: Gold Fields La Cima S, Compañía Minera Coimolache S.A. (proyecto Minero Ciénega Sur, proyecto Mirador Sur, proyecto Minero Tantahuatay, Compañía Minera San Nicolás) - MASGLAS Perú.

2016
Se declara la provincia de Hualgayoc-Bambamarca en Emergencia Ambiental con la Resolución Ministerial N 272-106-MINAM por contaminación de los ríos Tingo - Maygasbamba (vertiente de 36 canales), Hualgayoc - Arascorgue y Perlamayo, debido a pasivos ambientales y proyectos mineros. Además, se registraron 372 personas con la sangre contaminada por metales pesados. La Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de la provincia Hualgayoc - Bambamarca permitió la elaboración del “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”. Este plan, tenía que permitir el inicio de proceso de remediación de los pasivos ambientales de la zona. Además, se debía implementar atención integral, vigilancia, seguimiento y consejería en salud a la población contaminada y expuesta a metales pesados.

2018
2 años después de la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) y de la elaboración del “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”, la población y rondas campesinas expresan su disgusto frente a la demora de la implementación de dichos acuerdos. El derrame de la presa de relaves de la empresa minera Gold Fields el 16 de diciembre 2018 aumentará el descontento y temor de las poblaciones locales.

2019
Debido a la ausencia de los Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y Ministerio Ambiental a la Asamblea Multisectorial realizada en Bambamarca el 25 de enero 2019 a la cual estuvieron convocados para organizar medidas de remediación y atención, las organizaciones sociales y autoridades de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Cajamarca, acuerdan acatar paro indefinido el 06 de febrero 2019. Los representantes de los ministerios previamente citados pospusieron su visita al lunes 04 de febrero. Considerando que no habría la expresión de un compromiso real del Estado para remediar concretamente a los casos de contaminación, se anunció el mantenimiento del paro indefinido.

Conflicto ambiental: Minera Yanacocha en San Pablo - Alto Perú

  • Razones del conflicto: rechazo de la población a la instalación de exploración minera; minería informal; peligro de contaminación y desaparición manantiales de agua y lagunas alto Perú
  • Proyecto y empresa: Minera Yanacocha (proyecto Lorena)  

2019
09 de enero 2019, la Minera Yanacocha anuncia la aprobación del proyecto minero Lorena que generará una inversión de 500 000 dollares para una primera fase de exploración. Sin embargo, la población de San Pablo expresa su desacuerdo e iniciará una serie de movilizaciones y marchas en muestra de su rechazo a la instalación del proyecto minero “La Lorena”. Los pobladores tuvieron el respaldo de los alcaldes de los distritos de San Luis, San Bernandino y de la provincia San Pablo. El alcalde provincial se pronunciará el 23 de enero en una movilización hasta el caserío Las Vizcachas, con el compromiso de expedir una ordenanza municipal para colocar una tranquera de protección para evitar ingreso de maquinaria perteneciente a Minera Yanacocha.

Durante una inspección realizada a la zona de San Cirilo, pobladores e integrantes del Frente de Defensa Ambiental y rondas campesinas manifestaron encontrar trabajos relacionados a la minería informal.

 

Otros conflictos mineros:

Cajamarca se encuentra con un aumento de conflictos sociales relacionados a la minería en sus distintas provincias: conflicto social en Combayo y Baños Dellnca con la empresa Yanacocha, conflicto social en Cajabamba con  empresa Shahindo, conflicto social en la Encañada con el proyecto Michiquillay, conflicto social en Chugur con el proyecto Tantahuatay.

Artículo escrito por Grufides

Los representantes del Frente de Defensa y Desarrollo de Morococha, representados en Elvis Fuster; la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha, representados en Mauro Marin; la Asociación de Propietarios Desplazados, representados en Noel Gamarra; y el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; se unieron en conferencia de prensa realizada el martes 5 de febrero en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a representantes de PASSDIH Arzobispado de Huancayo, Luis Samaniego; CNDDHH, Ana María Vidal; y Red Muqui, Javier Jahncke; para exigir a Chinalco que cese en la hostilización a las familias que aún permanecen en antigua Morococha, y acate la reciente medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto - Sede La Oroya, que establece que la minera de capitales chinos, Chinalco: se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”.

La empresa minera Chinalco, según Carlos Castro, abogado de las 3 organizaciones demandantes de Morococha; tiene hasta el próximo jueves para interponer alguna acción legal frente a ésta resolución.

Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

El presidente del Frente de Defensa de Morococha, además, señaló que según el EIA del proyecto minero Toromocho de Chinalco en la nueva Morococha, existe presencia de metales tóxicos en el ambiente por la presencia de un depósito de relaves y también existe peligros de inundaciónRecordemos que la mayoría de la población fue desplazada forzosamente de Morococha a Carhuacoto a fines del 2013, llamada ahora Nueva Morococha, porque se encontraron minerales debajo de la ciudad de Morococha y el proyecto de ampliación de Toromocho de Chinalco comprende ese territorio, siendo una mina a tajo abierto.

“No se ha cumplido con un reasentamiento digno, y se ha vulnerado el derecho a nuestra propiedad”, agregó Elvis Fuster, tras afirmar que el modo y la forma como la empresa les arrebató su territorio fue arbitrario y contó con la colusión del ex viceministro de minas, Ricardo Labó.

Los dirigentes señalaron qué debido a los incumplimientos de la empresa minera, continuamente han buscado el diálogo, y por ello el 26 de septiembre del 2018 fueron a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Por ello emprendieron acciones de protesta pacífica y posteriormente emprendieron la acción legal para paralizar la destrucción de la antigua Morococha y de sus viviendas.

 

Puertas Giratorias

ricardo labo

El ex viceministerio de Minas, Ricardo Labó, anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco. Ricardo Labó fue quien pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, que tenía como objetivo evitar los riesgos de una zona con pasivos ambientales mineros y remediarlos. Posteriormente Ricardo Labó asumió la presidencia del directorio de Activos Mineros S.A.C, luego de renunciar al viceministerio de minas, y en su período destinó estas tierras al proyecto minero de ampliación de Toromocho operado por Chinalco.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para expropiar las 34 hectáreas de Morococha, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se había señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

 

Denuncia penal por negociación incompatible

 

denuncia portada

 

Durante la conferencia, también acompañaron a los dirigentes, los abogados Carlos Castro y José Camayo, quiénes minutos antes acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para presentar la denuncia penal contra Ricardo Labó, ex viceministro de Minas y otros funcionarios involucrados en la irregular transferencia de las 34 hectáreas de antigua Morococha a Chinalco.

Ésta denuncia es por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Según el artículo 399: “el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2del artículo del código penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa”.

Según el abogado Camayo, en dos momentos se cometió el delito de la negociación incompatible: “en la transferencia de expropiación de la SBN a Activos Mineros S.A.C y luego cuando Activos Mineros S.A.C. vende a Chinalco las 34 hectáreas”. ¿A provecho de quien se hizo esta transacción? ¿Acaso fue de Chinalco y también del viceministro Ricardo Labó Fossa?, se preguntó el abogado.

El abogado Camayo señaló que el Decreto Legislativo 1192 en el que se ampara la SBN, “menciona que solo se debe transferir predios para obras de infraestructura o para beneficio de la sociedad. Teniendo en consideración ello, en ese entonces el ex viceministro Labó solicita a la SBN se transfiera la propiedad de 34 hectáreas a Activos Mineros S.A.C, empresa estatal que depende del Ministerio de Energía y Minas. Pero, Activos Mineros S.A.C luego vende éstas 34 hectáreas a la empresa minera Chinalco, violando lo establecido en la ley”.

Y, además, en el contrato de compra y venta, precisa el abogado, “en una de las cláusulas señala que las partes declaran que en la retribución establecida en la cláusula tercera de la presente adenda y recibida por Activos Mineros S.A.C; los 5 millones 900 mil soles que Chinalco pagó a Activos Mineros S.A.C por las 34 hectáreas luego pasan como aporte a favor del fondo social Toromocho. Es decir, los 5 millones 900 mil soles vuelven a Chinalco porque el fondo social Toromocho pertenece a Chinalco.

Y un último factor señala el abogado Carlos Castro, es la prohibición expresa de la ley que “prohíbe la venta de predios que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable”. Y contrario a ésta norma, Activos Mineros S.A.C transfirió las tierras a título oneroso. Esto advierte una confrontación a las leyes vigentes y han afectado el derecho a la propiedad de los pobladores que es un derecho constitucional.

Javier Jahncke de Red Muqui señaló que el Ministerio Público debe actuar de acuerdo a las denuncias porque “seguramente se ejercerán muchas presiones, porque en la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional, la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco es uno de proyectos que está esperando Vizcarra como parte de los ingresos económicos fuertes en el país. Consideramos que el derecho de las personas y las familias a su salud, a su vivienda, y sus derechos, está por encima de algún ingreso económico”.

 

Gobierno Regional de Junín

Finalmente, el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; señaló que respaldan las exigencias planteadas porque “mucho de los acuerdos tomados en el proceso de negociación en su momento entre las organizaciones de Morococha, la empresa y el Estado, no han sido justos y no han sido alcanzados”

Agregó que el gobierno regional ha solicitado una reunión con representantes de Chinalco y a la fecha no han tenido alguna respuesta. Expresó, además, la molestia del gobierno regional porque la empresa minera Chinalco ha solicitado 5 años más de exoneración del pago del canon para toda la región Junín.

Los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Morococha, la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toro Mocho de Morococha; invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el martes 5 de febrero a las 11am en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para presentar sus demandas específicas, tras haber logrado una resolución favorable del Juzgado Mixto – Sede La Oroya, el reciente martes 29 de enero, que ordena a la empresa minera Chinalco: se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”.

Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

El mismo martes 29 de enero, las organizaciones de Morococha presentaron un memorial con la firma del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, y autoridades ediles de la región, respaldando el pedido de las familias de Morococha: Chinalco debe de cesar en las hostilizaciones, abusos y agravios a las familias de Morococha, que tiene como finalidad obligarlos a que abandonen su ciudad. Las familias conviven más de cinco años con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera china Chinalco.

La Pastoral Social Dignidad Humana, Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estarán acompañando a la delegación de los representantes de las organizaciones de Morococha, que informarán, también, sus próximas acciones para lograr que se implemente inmediatamente la resolución a su favor, así como otras medidas como parte de su estrategia social y legal por defender los derechos humanos de los pobladores de Morococha.

 

Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Jirón José Pezet y Monel 2467, Lince.

Fecha: 5 de febrero – 11am, 2019

El día de ayer, jueves 31 de enero, el presidente Martín Vizcarra junto a sus ministros presentaron oficialmente la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Ésta Política fue emitida a través del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF el 31 de diciembre del 2018, pero pasó desapercibida en el contexto de las movilizaciones que la ciudadanía realizaba para defender a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela en la lucha contra la corrupción y por las fiestas de año nuevo, sin que se haya realizado debate alguno al respecto.

Presentación y propuesta

En medio de la presentación pública el día de ayer en el Centro de Convenciones de Lima, decenas de trabajadores organizados realizaron un plantón exigiendo la derogatoria de éste Decreto porque vulnera derechos laborales fundamentales como la reposición laboral por despidos arbitrarios y recortaría beneficios laborales como vacaciones, CTS, etc. Recordemos que el 15 de enero se realizó una jornada nacional de lucha exigiendo la derogatoria de éste Decreto, pero los grandes medios de comunicación no le dieron gran cobertura.

Vizcarra

Durante la inauguración en la presentación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, el presidente señaló: “La meta que les propongo es crear un país competitivo, productivo y sostenible, un Estado moderno y eficiente con instituciones sólidas que brinden mejores servicios y generen bienestar para todos los peruanos”. Asimismo, añadió que debe promoverse la competitividad de los trabajadores peruanos para que sea posible su inserción en empleos “donde sus derechos sean respetados a cabalidad y talentos sean aprovechados a su máximo potencial”.

Al respecto, desde Red Muqui respondimos inmediatamente en nuestras redes sociales:

Diversificación económica: Que un país no es competitivo sobre la base de seguir dando grandes beneficios a una sola actividad económica extractiva como la minería que no genera empleo sostenible. Que no hay competitividad en un país si no se cierran las brechas de productividad entre empresas de diferente tamaño, asociaciones, cooperativas y el agro, por ejemplo.

Trabajo: Que no somos competitivos ni productivos cuando se cree qué eliminando derechos laborales como la reposición laboral, los trabajadores van a querer producir más; bajo el argumento de la eliminación de “restricciones laborales” que no ayudan a dinamizar el mercado, como lo establece el D.S de la PNCP a contracorriente de lo dicho por el presidente.

Sostenibilidad ambiental: Que no seremos un país sostenible si como lo señala la Política Nacional de Competitividad y Productividad, se reduce el gasto ambiental del Estado frente a los pasivos ambientales dejados por las actividades extractivas de la minería y a la vez se promueve la “puesta en valor” de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza para dinamizar la economía y seguir beneficiando el gran capital; dejando de lado la titulación pendiente de las comunidades campesinas y nativas (pueblos indígenas), debilitando la propiedad comunal e individual. Una especie de reedición del perro del hortelano 2, creando “zonas de sacrificio” en minería que afectan los derechos fundamentales de las personas, para atender la demanda de los altos niveles de consumo de países del extranjero y de grupos de poder económico de nuestro país.

Informe sobre PNCP

Desde Red Muqui hemos cuestionado esta Política, autodenominada “segunda fase del ajuste de los 90” a través de notas informativas y un debate en vivo, realizado el lunes 21 de enero, con especialistas para analizar la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) que pueden ver en el siguiente link (goo.gl/SuuXrg); porque consideramos, finalmente, que nos condena a seguir siendo un país extractivo minero; no diversifica realmente nuestra economía; vulnera derechos laborales fundamentales de la población en general; rebaja los estándares ambientales; no garantiza un desarrollo sostenible; y aborda los conflictos sociales como riesgos para las inversiones en la lógica de costo o beneficio, y no desde una perspectiva de derechos humanos que garantice la participación ciudadana, la consulta previa y el diálogo social.

En paralelo a ésta política, en breve se debe hacer pública de parte del Gobierno la “Visión de la minería al 2030” que trabaja el Grupo Alto Nivel (GAN), y que según el PNCP permitirá la “aceptación social” de la minería y la realización prioritaria de la cartera de proyectos mineros pendientes.

Debido a estos argumentos, realizamos un informe: Naturaleza e implicancias de la Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (PNCP), para abrir el debate y señalar que sí hay propuestas alternativas a la minería, con una verdadera diversificación productiva, sostenibilidad ambiental y con generación de empleo sostenible.

Pueden revisar el Informe en este link: goo.gl/D6QdXN

 

 

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón.

El memorial publicado exigió apoyar y respaldar los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Juzgado mixto de La Oroya

La creciente presión y las medidas adoptadas por el pueblo de Morochocha Antigua han dado lugar a un resultado positivo. El mismo día el juzgado mixto de la Oroya emitió una resolución que aprueba la medida cautelar de no innovar: que ordenque los demandados Minera Chinalco Perú SA, la Superitendencia Nacional de Bienes Estatales y la Empresa del Estado del Derecho Privado, Activos Mineros SAC; se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”. Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

La medida cautelar resulta en suspender alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la SBN, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se ha señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

Puertas Giratorias

Como se ha señalado anteriormente, tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

ricardo labo

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente. 

 

Normas y políticas públicas que afectan derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016 - 2018

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