El proyecto Santa Ana, ubicado en la región Puno, consta de seis concesiones mineras en un total de 5,400 hectáreas. Estas concesiones se encuentran ubicadas en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito.

  El proceso de concesión se dio mediante la modalidad de petitorio minero, el mismo que fue solicitado por Jenny Karina Villavicencio Gardini, en mayo de 2004. La misma persona gestionó, previa solicitud de petitorio, un acuerdo con los pobladores del distrito de Huacullani, ya que las zonas peticionadas estaban completamente superpuestas a la zona reservada Aymara Lupaca, declarada temporalmente mediante Decreto Supremo 002‐96‐AG para la protección de flora y fauna silvestre. 

Posteriorimente, en el mismo año, los petitorios pasaron a convertirse en el proyecto Santa Ana cuando Villavicencio Gardini los vende a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company sucursal del Perú (BCMC). Actualmente, BCMC es la titular de los derechos mineros del proyecto y ha realizado actividades de exploración desde mediados de 2004. Tiene programado empezar la etapa de producción de las minas para el año 2012.   

Los puntos clave del conflicto fueron: La superposición de áreas concesionadas con la zona reservada Aymara Lupaca  (zonas de biodiversidad y valor cultural), la misma que es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito). Aunque es cierto que fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta. El otro tema es la titularidad de una empresa extranjera en zona de frontera. El DS 083‐2007‐EM que, contraviniendo el artículo 71 de la Constitución, autoriza la presencia de una empresa extranjera declarando de necesidad pública la inversión privada del Proyecto Santa Ana. 

Esta situación habría despertado preocupación y alarma en la población respecto de los posibles riesgos de contaminación ambiental y a la salud de la población. Del mismo modo el proyecto minero pone en cuestión la intangibilidad de zonas reservadas. Esta actitud tiene como antecedentes las denuncias hechas años anteriores sobre la contaminación de ríos y otros recursos hidrográficos en otras provincias de Puno como resultado de la minería formal e informal.

Tras meses de movilizaciones por parte de las comunidades aimaras, las mismas que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos, el gobierno central revocó, en junio del 2011, la concesión del proyecto minero a la canadiense Bear Creek.

La empresa minera planeaba invertir unos 71 millones de dólares en la mina Santa Ana para desarrollarla desde el 2012 y producir unas 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años.

http://muqui.org/adjuntos/RM_03-11-2011.pdf.  http://www.descentralizacion.org.pe/apcaa/archivosaa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/NIA3_2011.pdf [1]