Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el desinterés del gobierno nacional para atender el conflicto generado por la expansión minera de la empresa Summa Gold, que se encuentra en el Centro Poblado Shiracmaca, los caseríos Coigobamba y El Toro, en el distrito de Huamachuco, Región La Libertad. Es por ello que deben ser atendidos los siguientes puntos:

  1. Las poblaciones afectadas por la actividad minera en Huamachuco han denunciado la destrucción de sus canales de abastecimiento de agua; el riesgo de desastres por las rajaduras de las viviendas y centros educativos debido a las explosiones, que también afecta la integridad física y emocional de niñas, niños, y personas adultas mayores. Esto va de la mano con la afectación en la salud humana y ambiental por la emanación de partículas que afectan la calidad del agua y aire. Además, siguen las presiones para que la población venda sus terrenos a precios bajos para la exploración minera.
  2. El problema de fondo es el desplazamiento poblacional violatorio de los derechos a sus terrenos, a la vivienda, el agua, la salud, y la educación, a fin de realizar labores de exploración y explotación minera. Esto compromete el destino del territorio y las poblaciones afectadas alrededor de la cuenca, porque la expansión minera afecta la economía, la vida de Huamachuco y otras zonas, que no pueden quedar supeditadas a la expectativa de mayores ingresos para las municipalidades e intereses privados.
  3. Llama la atención que la empresa y las autoridades locales estén abocados, en medio de la protesta social de la población de Shiracmaca, a comprometerse en obras para el abastecimiento de agua y una posta médica, cuyo monto la empresa deducirá del impuesto a la renta. Siendo demandas acumuladas que deben resolverse desde sus causas, es preciso ubicarlas dentro de una solución integral y duradera sobre el futuro del territorio y las poblaciones locales. Esto tiene que ver con la viabilidad de la expansión minera y su impacto en el territorio y que no rezague las posibilidades de otras actividades económicas y sociales. Advertimos que, si no se consultó la expansión minera y ahora se asume alguna obra, esto no debe darse a cambio de que la población sea desplazada. Sería un pésimo precedente nacional.
  4. Resulta inaceptable que la PCM y las entidades competentes del gobierno nacional no solo demoren en sus intervenciones, sino que, además, no sigan estrategias adecuadas para no ser sorprendidos por la empresa que, por ejemplo, ante una esperada visita de OSINERMING, en diciembre del presente año, adelantaron sus explosiones días antes, por lo que la supervisión, supuestamente inopinada, finalmente no se dio.
  5. Consideramos que mientras se reúnen los representantes de Shiracmaca, el gobierno regional, la PCM, y luego con la empresa, para tratar el problema de viabilidad de la expansión minera, las operaciones de Summa Gold deberían suspenderse dada la gravedad de su impacto ambiental, económico y social sobre las poblaciones involucradas.
  6. Solicitamos al gobierno nacional y regional, así como a los representantes del CP Shiracmaca, respetar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos con su firma, las acciones y medidas de acuerdo a su responsabilidad y competencias. Asimismo, solicitamos se trasparente la titularidad de los accionistas de la empresa Summa Gold, dada informaciones emitidas por Ojo Público y se recoja la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

¡Emergencia y Reactivación sin Imposición de la Minería en Huamachuco!

¡Por los derechos de los pueblos a una vida digna, con salud humana y protección ambiental!

La Libertad – Lima, 23 de diciembre del 2020

 

Organizaciones firmantes:

Red Descolonialidad del Poder y Autogobierno Social

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Red Alforja-Centro América

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancia Químicas Tóxicas

Asociación Nacional de Centros

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento de educación Popular A.L-CEAAL-Perú

Asociación Proyecto Amigo

Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH

Alternativa-Centro de Investigación Social y Educación Popular

AMAS-Marianistas- La Libertad

Aklla Pacha

Asociación Servicios Educativos Rurales

Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad-Sedys-La Libertad

Asociación Caminos de la Memoria

ACCION INTERNACIONAL POR LA SALUD

ASOCIACION EDUCATIVA TEOLOGICA EVANGELICA -AETE

Cañi-Quimit-Sembrando Comunidad

Consejo Regional- La Libertad

CEP ALFORJA-CEAAL- Costa Rica

Centro Cultural Sangre de Halcón

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote-Ancash

CooperAcción

Comisión Derechos Humanos- CODEH ILO-Moquegua

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia-COSDEJ-Lambayeque

Comisión de derechos Humanos- COMISEDH

Centro de Participación y Proyección Ambienta-CEAMB

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Centro Esperanza

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas

Derechos Humanos y Medio Ambiente-Dhuma-Puno

Escuela Saúl Cantoral

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Familia y bienestar social

FOCSIV – PERÚ

Grupo de Iniciativa Nacional por los derechos del Niño-GIN

GRUFIDES-Cajamarca

Grupo impulsor de afectadas y afectados con metales tóxicos-SC

IFEJANT

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible- IDLADS PERÚ

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos – ISADH PUNO

Movimiento Sembrar

MINKA

Movimiento Cultural Dosamarus

Natura-Chimbote-Ancash

Pastoral Social del Vicariato de Jaén-Cajamarca

Red Regional Agua Desarrollo y Democracia-REDAD-Piura

Runakunawan

Red para la infancia y la familia- Perú

Nury García Córdova

Mario Vidori

Omar Alberto Cavero Cornejo

José Bernabé Vargas-Machuca

Evelina Altamirano Calderón

Karin Marly Vergara Portilla

Sonia Johana Asurza Espíritu

Georgina andino

Danilo Quijano Silva

Yolanda Zurita Trujillo

Diego Saavedra Celestino

Luna Contreras

Bethsabé Andía Pérez

Marco Bazán Novoa

Evelina Altamirano

Jimena Lucero Catalán Corman

Magdalena Corman Pérez

EDWARD ALFONSO CASTRO FIGUEROA

Manuela Roxana Mendoza Cárdenas

Thomas R Moore Huyett

Roberto Espinoza LLanos

Jorge Agurto Aguilar

Carolina Ortiz Fernández

Marco Aurelio Milla Toro

Betto Martín Geldres Trujillo

Ricardo Pérez Bailón

Patricia L. Ryan

SHAPIOM NONINGO SESEN

Juan Carlos Giles Macedo

Julissa Porta Chanco

Alicia Pacareu García

Gustavo Soto Santiesteban

Raphael Hoetmer

Jaime Coronado Del Valle

Javier Jahncke Benavente

Maritza Caycho Figueroa

Antonieta Pacheco Jara

Rosario Narváez Vargas

Alberto Osorio Torres

Julia Carmen Espinoza Bernal

Paola María González Pizango

José Siancas Gamboa

Kevin Shigrhoshi Takano Ramos

Antonio Romero Reyes

Linda Carol Vigo Escalante

Lisbeth Yshel Quiliche Moreno

Hilda Herrera Muñoz

Alex Vásquez Caballero

Ismael Vega Díaz

José Antonio Espinoza Hernández

Sergio Martín Quispe Contreras

Antonieta Pacheco

Roberto López Linares

Belissa Olympia Andia Pérez

Benjamín Mercado Huánuco

Miluska Liceht Salazar Cárdenas

Angela Del Carpio Valladares

Sandra Ríos Vargas

Clarisol Evelyn Tocas Cárdenas

Ever Vivar Carbajal

Wilmer Enrique Córdova

Margarita Pomajambo Fernández

Ana Correa

Lidia Carrión Melgarejo

Percy Ríos Lozano

Siguen firmas

Comuneros de Alto Huarca, lugar donde se encuentran las operaciones mineras de Antapaccay (Glencore), denuncian actos de violencia y detención por parte de los efectivos de la policía nacional en campamento minero de Espinar. Los hechos han sido denunciados por los propios comuneros quienes realizaban protestas en contra de la empresa minera Antapaccay por incumplimiento de acuerdos.

Según lo manifestado por los comuneros, los efectivos policiales habrían golpeado a las mujeres y detenido a más de 5 comuneros, además señalan que los retuvieron en el campamento de la minera. Las personas agredidas y detenidas fueron: Cirilo Llave Umasi, Guzmán Álvarez Umasi, Jesús Llave Ccapa y Abad Tancayllo quien sería un joven con una discapacidad especial. Finalmente, luego de las denuncias realizadas por las redes sociales y los medios locales los detenidos fueron liberados.

Este tipo de abusos no son nuevos en Espinar, hace buen tiempo que las comunidades del entorno del proyecto minero de Antapaccay denuncian represalias y hostigamiento por el personal de seguridad de la empresa minera y de los efectivos policiales; como se sabe Glencore esta ampliando sus operaciones mineras en Espinar con el proyecto minero de Coroccohuayco.

 

 

Frente a los Decretos Supremos 027 y 028 publicados recientemente que declaran como necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autoriza a la empresa Nuevo Arcoiris SAC a adquirir 21 derechos mineros dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande, las autoridades y la población local de Tambogrande a través de una reciente reunión ha rechazado el ingreso de la minera Nuevo Arcoiris y para ello han elegido y juramentado un comité técnico de defensa del valle de San Lorenzo.

El comité elegido será presidido por el alcalde del distrito de Tambogrande, Alfredo Rengifo y estará acompañado por dirigentes agrarios y miembros de la sociedad civil. Como primera acción han acordado reunirse este sábado 19 de diciembre para analizar las acciones que van a desarrollar, entre ellas plantear una movilización y el envío de cartas y documentos al Ejecutivo para que se desista del ingreso y autorización del proyecto minero de Nuevo Arcoiris, y para evitar el posible reinicio de un conflicto social en plena pandemia.

Las autoridades y población organizada han adelantado que de no obtener respuesta alguna por parte del gobierno, todo el pueblo de Tambogrande y el Valle de San Lorenzo tomaran medidas de protesta en contra de la minería.

Como se sabe, el problema radica en los 21 derechos adquiridos que afectarían directamente un total de 16,300 has del distrito, es decir 163 millones de metros cuadrados dentro de los cuales se encuentran 20 centros poblados, más de 1,100 predios agrícolas en producción y canales de irrigación del Valle de San Lorenzo.

A ello se suma lo manifestado por el alcalde Rengifo quien mencionó que dicha decisión de otorgar 21 derechos a la empresa Nuevo Arcoíris no fue consultada al pueblo quienes se enteraron a través de la prensa escrita.

Como se recuerda, la consulta ciudadana hecha en Tambogrande en el 2002 mostró un rechazo de más del 90% de la población a la posibilidad de tener gran minería en la zona cercana al valle. Desde ese momento hasta la actualidad, se reclama por una zonificación ecológica y económica clara que permita zanjar estos debates y aclare qué áreas del país son para minería y cuáles para agricultura

 

El gobierno nacional, mediante Decreto Supremo N° 027-2020-EM, publicado en día feriado hace una semana, ha declarado de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, autorizando a la empresa minera Nuevo Arcoiris SAC, de capitales canadienses, a adquirir y poseer concesiones y derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera en los distritos de Tambogrande y Las Lomas de Piura. Al respecto, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional queremos señalar lo siguiente:

1.- El año 2002 la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito y más del 98% de la población optó por la agricultura del valle de San Lorenzo que comprende principalmente los distritos de Tambogrande y Las Lomas, y rechazó el riesgo de incorporar la minería en su economía y en su territorio. La empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. pretendía ingresar por la fuerza con sus operaciones mineras; sin embargo, en diciembre del 2003, al no contar con la licencia social y tener serias observaciones técnicas y legales, Centromin Perú resolvió el contrato de opción que tenía con la Minera Manhattan sobre las concesiones mineras y la empresa tuvo que retirarse de Piura y del país el año 2005.

2.- El valle de San Lorenzo es uno de los valles más fertiles y productivos del norte, y es conocido por su sobresaliente producción de mango y limón siendo esta la más importante fuente de ingreso para los agricultores y pobladores de la zona. El estudio “Valor Económico del Valle de San Lorenzo” encargado por la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, antecedente de Red Muqui en 2001-2002, concluyó que ni la renta que dejarían 30 proyectos mineros en Tambogrande superaría la utilidad neta y el empleo generado por los 8 mil agricultores del valle. Intentar nuevamente autorizar proyectos mineros en una zona agrícola reconocida a nivel nacional es un acto de provocación para la población local y la reactivación de un posible conflicto social en plena pandemia, siendo ademas Piura una de las regiones más golpeadas.

3.- No es nueva la forzada figura legal de emitir un decreto supremo para autorizar proyectos mineros en zonas de frontera en el Perú, cuando la Constitución Política, en su artículo 71, establece que: “dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”, esto por ejemplo debe ser uno de los temas a revisar en la discusión por una Nueva Constitución, que pone en riesgo la seguridad nacional en favor de intereses extranjeros en nuestro país.

4.- El referido  decreto supremo señala que la minera “Nuevo Arcoiris S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona jurídica constituida en Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %”. Si bien el DS es legal, carece de la legitimidad, porque los agricultores, pobladores y comuneros de los distritos de Tambogrande y Las Lomas no fueron informados ni consultados previamente sobre esta decisión.

Finalmente, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional exhortamos al gobierno peruano, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Energia y Minas y demás autoridades competentes a revisar y derogar el mencionado decreto supremo, y que en adelante este tipo de decisiones sean informadas y consultadas previamente a las comunidades y población, ya que el riesgo y los impactos sociales, económicos y ambientales que puede generar el ingreso de la actividad minera en el valle de San Lorenzo son incalculables, y éste tipo de normas debe ser un tema de agenda en la discusión por una nueva Constitución.

 

Piura – Lima, 17 de diciembre del 2020.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Durante la pandemia uno de los sectores que más privilegios ha recibido fue el sector minero, no solo porque fue considerada una actividad esencial, si no porque se han emitido una serie de normas para que sigan operando con facilidad, inclusive han recibido los prestamos de Reactiva Perú, aún con todos estos beneficios las empresas mineras han utilizado la suspensión perfecta para en la practica despedir a sus trabajadores y han expuesto a sus trabajadores al contagio de la Covid-19. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha señalado que serían más de 12 mil trabajadores contagiados, y a la fecha no hay datos oficiales actualizados del Estado, que ha sido poco transparente en compartir esta información ante la solicitud que diferentes instituciones y medios han realizado. Por denunciar estos abusos los trabajadores sindicalizados han recibido malos tratos, hostigamiento laboral y despidos arbitrarios.

La respuesta de las empresas mineras es más que lamentable, debido a que en los momentos picos de la pandemia han trabajado entre el 50 y 80% de sus operaciones, el precio de los minerales se ha mantenido, inclusive en el caso del oro esta ha aumentado de precio en un 30% en el mercado global; es decir no hay justificación alguna para los ceses y despidos arbitrarios, así como el maltrato en la seguridad y salud de sus trabajadores. Por parte del Estado es clarísimo que el rol de fiscalización a través SUNAFIL es insuficiente y precario, primero porque no existe personal suficiente para fiscalizar y atender todas las denuncias de los trabajadores, y en segundo lugar porque las sanciones no se cumplen o las empresas simplemente no las respetan, y esto no solo pasa en el sector minero, si no en casi todos los sectores, tal como ha pasado con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador.

Recientemente el gobierno de Sagasti ha emitido un Decreto Supremo para declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, en favor de la empresa Nuevo Arcoíris SAC. en Tambogrande Piura, permitiendo que la empresa minera se haga de unas concesiones mineras en el valle de San Lorenzo, un valle agrícola muy fructífero y que en el pasado ya ha rechazado el ingreso de cualquier actividad minera.

Lamentablemente, cuando se trata de garantizar derechos económicos mineros a los empresarios, los gobiernos de turno son muy diligentes con estas autorizaciones y normas; sin embargo, cuando se trata de atender y reivindicar derechos laborales, de salud o de denuncias de contaminación ambiental, la respuesta del gobierno es muy endeble. Desde la Red Muqui nos solidarizamos con las demandas de los trabajadores mineros, pero también advertimos que muchos de estos proyectos mineros vienen generando desde hace mucho tiempo atrás impactos ambientales, a la salud humana, impactos sociales y económicos en las comunidades y poblaciones locales que son irreversibles, y sobre estos temas los sucesivos gobiernos tampoco han hecho mucho.

El 08 de diciembre del presente año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N° 027-2020-EM – “Declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera”, norma por la cual se declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras de la empresa Nuevo Arcoiris S.A.C. en la frontera norte del país en el departamento de Piura.

Dicha empresa está conformada por Tesoro Minerals Corp. (capital canadiense), con un porcentaje de acciones del 99.9996 %; y, Raúl Alfredo Ferreyra Martínez (persona natural peruana), con un porcentaje de acciones de 0.0004 %.

Esta norma autoriza Nuevo Arcoíris S.A.C. para que pueda adquirir 9 concesiones mineras y obtener las autorizaciones correspondientes para el desarrollo del proyecto minero.  Por ende, declara como necesidad pública “la inversión privada en actividades mineras”.

Fuente: El Peruano

Es importante tener presente que, de acuerdo al artículo 71 de nuestra Constitución Política, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, tienen el derecho de poseer y adquirir propiedades en igualdad que los peruanos. Pero esta atribución encuentra una limitación, cuando “los extranjeros pretender adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía, de manera directa o indirecta, sea de forma individual o en sociedad” dentro de los límites de la frontera del territorio nacional (50 kilómetros de la línea de frontera), solo podrán hacerlo cuando sea declarado de necesidad pública por el Concejo de Ministros.

¿El proyecto minero de Nueva Arcoiris SAC es de necesidad pública?

La empresa Nuevo Arcoiris, a través del DS 027-2020-EM logró que se declare como “necesidad pública” su proyecto de inversión privada y por tanto la autorización de adquisición de 9 concesiones mineras. Pero en el marco de esta atribución que tiene el poder ejecutivo, cabe preguntarnos: ¿Cuáles han sido las razones objetivas y concretas por las cuales se declara de necesidad pública la inversión privada en minería y la adquisición de estas 9 concesiones mineras en la región de Piura? ¿Tal declaración es coherente con los intereses nacionales y locales? ¿Las FFAA están facultadas para emitir este tipo de valoraciones de Estado?

Al remitirnos al Decreto Supremo en cuestión encontramos que el primer argumento para sostener la necesidad pública, es que esta trascendería al interés privado debido y que el desarrollo de las futuras actividades mineras fomentaría el desarrollo y bienestar de las localidades fronterizas, a través de la captación de ingresos como el canon y las regalías mineras y los puestos laborales. Un argumento final es la “opinión favorable que se habría obtenido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitida mediante Oficio N° 1436 CCFFAA/D-1/UAM del 10 de junio de 2020 del Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

Para que exista una real necesidad publica de determinada actividad, esta debe satisfacer los siguientes criterios: “lo público no sólo es interés del Gobierno sino interés de toda la comunidad; y debe analizarse y demostrarse en el caso real cómo se concreta la necesidad pública. No basta la simple invocación a este concepto”; como si ocurre cuando se planifica la construcción de una central hidroeléctrica, hospitales, carreteras, etc, que están orientadas a satisfacer necedades básicas. Si trasladamos estas exigencias al Decreto Supremo que analizamos, no se cumpliría debido a que, en principio se hizo un análisis general de los posibles beneficios de una futura actividad minera en esta zona. Recordemos además que las concesiones mineras son derechos expectaticios y no contienen información concreta de las capacidades productivas de un proyecto minero o su rentabilidad y por ende la captación de recursos para el Estado peruano no se pueden determinar con exactitud, y el pago de los derechos mineros por las 9 concesiones mineras no sería una razón suficiente para motivar la necesidad pública.

De otro lado, el informe emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contiene información relacionada a la seguridad nacional; pero no es un análisis concreto relacionado a los beneficios de la actividad minera de Nuevo Arcoíris para el interés nacional o local. La Fuerzas Armadas no son el sector competente para hacer este tipo de valoraciones, sus competencias están dirigidas a los temas de “seguridad nacional”  que no deben estar ligados a la toma de decisiones sobre políticas económicas, ya que no son competentes por criterio de especialidad.

Consideramos que la declaratoria de necesidad pública de la adquisición de 9 concesiones mineras y la aprobación de inversión minera por parte de la empresa Nuevo Arcoíris S.A.C. en la región de Piura, no ha sido emitida con previos estudios concretos que evidencien las ventajas que representaría el desarrollo de este proyecto minero para el país.  Es importante resaltar que la propia población de Tambogrande en junio de 2002 mediante consulta popular convocada por el Municipio de Tambogrande decidió decir no al desarrollo de proyectos mineros en su territorio: el 74% de los tambograndinos participó en ella. De los votantes, más del 95% señaló su oposición al proyecto minero. Las principales razones a esta oposición han sido los graves impactos ambientales, sociales y económicos que generaría a la población local, recordemos que Tambogrande cuenta con 42 mil hectáreas de producción agrícola (mangos, limones y otros), que abastecen el mercado externo e interno, así también existen bosques de algarrobos. El valle brinda empleo permanente a más de 18 mil personas entre productores y trabajadores agrícolas. Y finalmente la emisión de este Decreto Supremo si bien es legal no es legitima, puesto que la población de Tambogrande no fue consultada ni informada sobre esta decisión del gobierno nacional.

Desde el 8 de diciembre los trabajadores de la empresa minera Nexa Resources se encuentran acampando en los exteriores del Congreso, exigiendo solución al cese colectivo de 164 trabajadores, que desde julio no perciben ninguna remuneración económica. Ello a pesar de que la empresa minera recibió un crédito de 10 millones de soles de Reactiva Perú. Más de 600 personas, que es la cantidad aproximada de las familias de los trabajadores despedidos, son los que se ven perjudicados por este cese colectivo.

Tras las protestas reiniciadas el 9 de diciembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación del Río Coata y el Lago Titicaca en las avenidas de Puno, que reunió a más de 500 pobladores afectados de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Chilla; el día de hoy arribaron a la ciudad de Puno los ministros de Salud, Ambiente, Energía y Minas; y Vivienda y Construcción.

Desde que se hizo público en octubre que 34 personas personas tienen arsénico y 2 mercurio – debido a que uno de los dirigentes pudo tener acceso al informe-, las autoridades del ejecutivo y del gobierno regional no han implementado medidas de emergencia para salvaguardad la salud de las personas afectadas y del conjunto de poblaciones que viven alrededor de la cuenca del Coata, que exigen también ser muestreadas para confirmar o descartar que tienen metales tóxicos en sus organismos.

Frente a estos hechos que tienen como antecedentes que el 2017 ya se alertaba la presencia de metales pesados como arsénico, boro, hierro, manganeso, plomo, zing y coliformes fecales, tras el monitoreo ambiental de la calidad del agua y suelo en Coata; y la confirmación el 2018 por la Dirección Regional de Salud de Puno, que informó de la existencia de sustancias tóxicas en los pozos donde la gente usa el agua para prepara sus alimentos; recién el día de hoy, 15 de diciembre del 2020, el ejecutivo llega a Puno con la voluntad de instalar una Mesa Técnica para elaborar un Plan de Acción que ayude e mitigar los impactos negativos que ya generado la contaminación del río Coata.

Reunión

En este momento se está desarrollando la reunión y el dirigente Félix Suasaca señala que han venido a resolver los puntos de la Plataforma y que si no se resuelven los puntos volverán a la protesta indefinida.

Una de las mujeres dirigentas que hizo uso de la palabra, señaló que en su comunidad, que está a 4km del distrito Coata, no hay ningún centro de salud. Ella remarcó, dentro de la Plataforma presentada , que necesitan centros de salud con médicos especializados porque sus hijos no pueden seguir enfermos y, además, que necesitan agua potable no contaminada.

Puntos de la Plataforma

  • Oficializar la Mesa Técnica de la Cuenca del Coata a través de un Decreto Supremo e instalar la Mesa Multisectorial de Salud sobre metales pesados en cuerpo humano y tamizaje al 100% de personas de los distritos de la cuenca del Coata.
  • Aprobación y ejecución de proyectos de centros de salud y equipamiento integral con laboratorios médicos, medicamentos y médicos especializados en metales pesados.
  • Ejecución de obras de saneamiento básico urbano y rural en los distritos afectados de la cuenca del Coata.
  • Inmediata ejecución del proyecto de cadena ganadera vacuno por parte del Ministerio de Agricultura, debido a que el ganado ha sido afectado por la contaminación.
  • Inmediata ejecución de proyectos de descontaminación, recuperación y remediación del río de la cuenca del Coata y lago Titicaca de las zonas afectadas.
  • Cierre y tapado del río Torococha y no más vertimiento de aguas residuales de SEDA Juliaca.
  • Cierre inmediato de las mineras que están operando en la cabecera de cuenca del Coata.
  • Indemnización por daños ambientales y reparación y ampliación de dotación del agua potable mediante cisternas a las poblaciones afectadas.

 

El conflicto socioambiental en Ica

Por: Edwin Alejandro Berrospi / Área Socioambiental de la Red Muqui

El crecimiento económico en el Perú basado en la explotación excesiva de los recursos naturales como los minerales, el petróleo y la agricultura, han generado graves impactos ambientales, sociales y económicos en el país, como se puede apreciar en el último conflicto socioambiental que estallo en violencia en la Región Ica por la explotación laboral de las agroexportadores y los graves problemas con los recursos hídricos. Es decir las empresas agroexportadoras han recibido privilegios del estado (mediante la ley 27360) conocidas como la ley de Promoción Agraria que fue aprobada por el régimen de Fujimori y que permitía obtener extraordinarias ganancias a las agroexportadoras con mano de obra barata, con menos derechos laborales y encima podían ser sub contratadas a través de sérvices. El negocio de las agroexportadoras fue extendida por 10 años más por un congreso fuertemente cuestionado, incluso promulgada por el propio presidente Vizcarra y que finalmente con las protestas que surgieron en Ica esta norma fue derogada por el Congreso de la República

Sin embargo, la derogatoria de esta norma no soluciona el grave problema de la sobre explotación de los acuíferos en el Valle de Ica que afecta seriamente la disponibilidad del agua, la concentración de las tierras por las empresas agroexportadoras y la pobreza de los pequeños agricultores.

El grave problema de sobre-explotación de los Acuíferos en el Perú

Los cultivos de agroexportación del valle de Ica utilizan grandes cantidades de agua para su producción (espárragos, vid,  algodón, etc.) por ello creciente demanda por el recurso hídrico ha generado un grave problema en la disponibilidad de agua subterránea, debido a que se extrae con tecnologías modernas de pozos cada vez más eficientes. La tecnología utilizada por la mayoría de las empresas agroexportadoras es computarizada y con un sistema de riego por macro-aspersión, lo que un campesino o el pequeño productor agrario no podrían tener acceso por el alto costo que implica su adquisición.

La población pobre del valle de Ica es la que más sufre y a veces estas comunidades tienen que sobrevivir con apenas 10 litros de agua por personas.

Actualmente la explotación de los acuíferos es intensiva y a lo largo de varios años ha llevado a una situación de sobrexplotación. Según en inventario de la Autoridad Nacional del Agua, en Ica existen más de 2,880 pozos en tres sistemas de extracción (1840 pozos tubulares, 354 pozos mixtos y 686 pozos de tajo abierto)[1] que explota un promedio de 526 mmc para uso agrícola, y tan solo el 7% para uso doméstico y el 1% para uso pecuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reserva explotable en el acuífero de Ica era de 189 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó un volumen de -146 hm3/año, y en 2013-2014 se llegó a una cifra mucho peor. En el caso del Acuífero de Villacurí la reserva explotable era de 63 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó una cifra de -165 hm3/año; y en 2013-2014 la cifra estuvo en -215 hm3/año. Asimismo, la reserva explotable en el acuífero de Lanchas era de 17 hm3/año; y en 2009 se sobreexplotó un volumen de -25 hm3/año; y en 2013-2014 subió a una cifra de -36 hm3/año.

 

 

 

 

El problema de la concentración de tierras para la agro-exportación

Desde la década de los 90´ con el régimen de Fujimori, se inicia el mercado de la tierras como mecanismo para otorgar la seguridad jurídica a los propietarios individuales y mediante el DL 653  “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” muchos empresarios empiezan a comprar tierras en Ica para la agroexportación y es ahí donde se inicia  también la marginación a los pequeños productores agropecuarios y las comunidades campesinas.

En efecto, la concentración de tierras se ha expandido a gran velocidad y por consiguiente la apropiación de las principales fuentes hídricas del Valle con el objetivo de expandir la agroexportación. La propiedad de la tierra es fundamental para ejercer el control del acceso al agua principalmente subterránea como podemos ver entre el periodo (1994 y 2012) la concentración de tierras con más de 500 hectáreas se ha incrementado en más de 347% a favor de grandes empresas agroexportadoras, mientras que los pequeños productores o agricultores familiares con menos de 5 hectáreas se ha reducido en -27.25%.[2]

 

 

 

 

 

Por ello es importante que la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales y el gobierno regional fiscalicen a las grandes empresas agroexportadoras que vienen utilizando de manera indiscriminada los acuíferos y de manera inmediata se debe disminuir la explotación de las aguas subterráneas para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Además desde las organizaciones sociales y la junta de usuarios de riego; así como de las autoridades locales debería conformarse los comités multisectoriales para ejercer una vigilancia y un control estricto de las principales fuentes hídricas.

La agricultura y en especial la agricultura familiar con más de dos millones de agricultores familiares necesitan la atención urgente del estado en plena pandemia con políticas públicas claras de protección de las principales fuentes hídricas y el acceso humano al agua, reactivación de agro con mayor presupuesto público entre otras demandas de este importante sector que produce alimento para todos los peruanos y peruanas.

[1] IRHS Inventario de recursos hídricos subterráneo 2009

[2] Censo Agropecuario 1994 y 2012