El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve a prorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

Decenas de campesinos y campesinas de la región Cusco pertenecientes a la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco(FARTAC), llegaron el lunes 21 a Lima para exigir que el Gobierno asuma con seriedad la remediación de la crisis agrícola que se produjo por las heladas y sequías en diferentes regiones del Perú.

Los campesinos al no poder producir con normalidad, han perdido entre el 70 y el 80% de su producción. Aunque el Estado declaró el estado de emergencia para la región del Cusco y otras regiones, hasta ahora los agricultores no han recibido compensación por la pérdida de su producción. El Estado ha destinado solo 107 mil soles para paliar los efectos de las heladas y sequías; que en toda la región tuvo una pérdida de más de 13 mil hectáreas de producción. Un presupuesto que sería lo equivalente a 7 u 8 soles por hectárea, ni siquiera lo que vale un jornal.Para remediar los daños se necesitarían por lo mínimo 1 millón 500 mil soles; “esa es la base para que de alguna manera podamos remediar la agricultura en toda la región”, destaca Saúl Mamani, vocero de la delegación de la FARTAC, quien dio declaraciones al colectivo Emancipación en medio de las protestas que desarrollaron en el centro de Lima.

Apoyemos las Alternativas al desarrollo

De acuerdo al informe de la FAO, el 75 % de la producción para nuestra alimentación proviene de las comunidades campesinas. Aunque el porcentaje es tan alto, la inversión del gobierno en el sector agrícola es muy baja en comparación con otros sectores. El presupuesto nacional se ha restringido para el sector agropecuario en este año; ha reducido del 2% al 1.8 %. Según Saúl Mamani, vocero de la delegación, el Estado se ha olvidado completamente del sector, sobre todo de la agricultura familiar en el país. Es importante promover la biodiversidad del país, fortaleciendo la agricultura familiar; cuanto más se invierte en la agricultura familiar, menor es la dependencia de otras fuentes de ingresos como la minería, que es un sector que se extiende por todo el Cusco y que no es una actividad económica ambientalmente sostenible a diferencia de la agricultura familiar.

Resultados

Finalmente, tras días de protesta en el centro de Lima, el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, William Arteaga, los atendió, y se comprometió en desarrollar una reunión este lunes 28 en la ciudad de Cusco, entre una comitiva de su equipo técnico y los representantes de la FARTAC.

El objetivo de la primera reunión es que el Gobierno presente la cartera de proyectos que tiene relacionados al sistema de riego tecnificado en la región. Asimismo, que se conozcan los proyectos que tiene el Gobierno Regional del Cusco, y los alcaldes provinciales y distritales, para que se coordinen esfuerzos y se tenga en cuenta qué proyectos ya cuentan con presupuesto y cuáles no; para que en una próxima reunión con la presencia del viceministro William Arteaga, los alcaldes distritales y el gobernador regional, se pueda discutir la aprobación de nuevos proyectos para la cosecha de agua, siembra de agua, represamientos de agua y riego tecnificado; estableciendo metas conjuntas.

Durante la conferencia de prensa realizada el día de hoy, 25 de enero, en Cusco, en la sede de la FARTAC, los representantes campesinos precisaron que es urgente un Plan de Contingencia porque los efectos del cambio climático a través de las heladas y sequías ocurren desde hace años y no hay atención del gobierno central y del gobierno regional frente a este suceso.

Remarcaron también qué en su reunión con los funcionarios del Ministerio de Agricultura, se enteraron que el Gobierno Regional del Cusco solo destina 290 mil soles anuales de presupuesto para atender los efectos del cambio climático en la agricultura de toda la región. Y, agregaron, que solo el 19% de los campos de cultivo de papa y de maíz cuentan con riego tecnificado.

  1. En los últimos 10 años, la empresa minera Southern en contubernio con los gobiernos de turno (Alan García, Ollanta Humala y otros) ha pretendido a como dé lugar imponer su proyecto minero Tía María y La Tapada apelando a una serie de argucias y mentiras; pero el pueblo del Valle de Tambo en consulta popular (2009) le dijo ¡NO! al proyecto minero con más del 90 por ciento. El Valle de Tambo está convencido de que Tía María y La Tapada perjudicará su hábitat, su ambiente, su agua y su agricultura; por eso los agricultores se mantienen en pie de lucha defendiendo su territorio, protagonizado una serie de acciones de protesta y sobretodo dos históricos paros indefinidos (2011 y 2015), con el lamentable saldo de 8 hermanos tambeños caídos por la brutal represión policial y militar, además de decenas de heridos, detenidos y más de un centenar de denunciados hoy procesados ante la justicia.
  2. Esta criminalización de la protesta social apunta a descabezar y desarticular la respuesta cívica-social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado Peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino una asociación ilícita para delinquir; este argumento que carece de toda lógica elemental contraviene lo establecido en la Constitución que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano, que todo estado democrático debe garantizar
  3. Y como si esto no fuera poco, este estado represor cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, pretende “hacerlos escarmentar” a nuestros defensores del Valle de Tambo amenazándolos con meterlos a la cárcel por varios años. Por otro lado, la Procuraduría del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que “solidariamente deben pagar” a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa (disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc.), cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos.
  4. Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú, para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra que junto a la minera Southern intentarán este año 2019 imponer una vez más Tía María y La Tapada, ya lo anunció su ministro de energía y minas Francisco Ismodes, sólo están a la espera del mejor momento para hacerlo. La minera Southern -por su parte- invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública señalando que el pueblo del Valle de Tambo en alto porcentaje acepta su proyecto. Eso es una reverenda mentira. Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno está convencido de su modelo de desarrollo que quiere tener en base a la agricultura, el Valle de Tambo nos enseña el camino y estamos seguros que juntos defenderos el agua, la vida y la agricultura.

¡AGRO SÍ, MINA NO!

¡SALVEMOS EL VALLE DE TAMBO!

¡EL VALLE NO SE VENDE, EL VALLE SE DEFIENDE!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Pronunciamiento de organizaciones de la Plataforma: Salvemos el Valle de Tambo

Según información publicada en el diario oficial El Peruano y propalada por Diario Radio Karisma La Oroya, el 10 de diciembre del 2018, la Minera Chinalco Perú S.A. y Minera Centenario S.A.C han aprobado una fusión por absorción. La fusión de sociedades implica la fusión de sus patrimonios; tanto los activos como los pasivos de las empresas que pasan a fusionarse formarán parte del nuevo patrimonio constituido de Minera Chinalco Perú S.A. En éste caso, extinguiéndose sin liquidarse Minera Centenario.

Minera Centenario S.A.C tiene un total de 14 concesiones mineras en el centro del Perú. Con la fusión con la Minera Chinalco, que despojó de sus tierras a las familias de propietarios que aún quedaban de Morococha para poder explotar el proyecto minero Toromocho; las inversiones y actividades de la empresa minera china se amplían a gran escala en la región Junín.

Morococha antigua hoy en día se ha convertido en una ciudad fantasma; Carhuacoto, la «Morococha Nueva», a la que fue trasladada la mayor parte de la población; se ha convertido también en una ciudad inviable, sin actividades económicas por el incumplimiento de la empresa Minera Chinalco S.A de establecer en dicha ciudad el campamento de sus trabajadores para promover la economía local, por lo que muchas familias se han visto obligadas a migrar.

Exigimos que las empresas asuman con responsabilidad las nuevas obligaciones que conlleva la fusión en curso; que el procedimiento sea el legalmente correcto, y que ante todo se respeten los acuerdos y convenios suscritos y las decisiones sean participativas, respetando los derechos fundamentales de las personas de Morococha antigua y Carhuacoto (Morococha nueva).

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta  de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.

En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.

Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.

En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Antecedentes

No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia – parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

 

RED MUQUI, en su pronunciamiento de balance al final del año 2018, planteó su apoyo a la lucha frontal contra la corrupción, ratificando nuestra adhesión a la voluntad de miles de peruanos y peruanas que, indignados por presenciar la corrupción al más alto nivel que implican a ex presidentes, grandes empresarios y funcionarios públicos, se han movilizado para exigir una reforma total en el país, respaldando a fiscales probos como José Domingo Pérez y Rafael Vela, y exigiendo la renuncia de Chavarry como Fiscal de la Nación, en el inicio de una larga lucha por cambiar nuestro país en crisis, visibilizando las responsabilidades de los corruptos y el sistema que lo genera.

En ese sentido, queremos hacer énfasis en lo señalado en nuestro pronunciamiento (ver aquí: https://goo.gl/wh2kge ), en que la corrupción también se reproduce en “el mantenimiento de las puertas giratorias que permiten que funcionarios de empresas mineras ingresen como funcionarios del Estado para facilitar autorizaciones y normativas para dichas empresas”,  fundamentalmente en el campo del sector minero, donde se ha visibilizado un claro conflicto de ntereses y negociaciones ocultas para que puedan darse estas facilidades (ver aquí:  http://puertagiratoria.convoca.pe/).

Asimismo, señalamos en el Pronunciamiento, que para una reforma total que haga justicia también en las personas y en las comunidades campesinas e indígenas que han sido afectadas por la minería, debe cambiarse la política económica que es la misma impulsada por el gobierno de Kuczynski, que sigue aplicando el actual gobierno en su segunda etapa con el presidente Martín Vizcarra; quién sigue “impulsando las inversiones orientadas a la extracción compulsiva de recursos naturales facilitando especialmente nuevos proyectos de exploración y explotación minera. Estos proyectos mineros se impulsan en base a los marcos normativos y políticas que dictó el gobierno de Kuczynski, que eliminan garantías para las tierras de comunidades en favor de los proyectos de inversión prioritarios (como el D. Leg 1333 que sigue vigente), el acaparamiento de tierras con intereses económicos, la flexibilización de estándares ambientales (como el D.S 003-2017/MINAM y D. Leg. 1285) y, ahora, planteando incluso, flexibilizar los derechos laborales; medidas con las que no estamos de acuerdo, pues con ello el Estado sigue dejando de lado su rol garante de derechos, y sigue priorizando un rol promotor de la actividad minera, poniendo a las personas al servicio de la economía”.

También señalamos que debe erradicarse la criminalización de la protesta social, los Estados de Emergencia preventivos y la privatización del rol de nuestras fuerzas policiales como estrategia para “proteger” la actividad minera mediante convenios.

Queremos incidir en que el diálogo es vital para el logro de la paz social, por ello invocamos a que el gobierno impulse procesos de diálogo y no los elimine, como acaba de ocurrir hace unas semanas a través de un Decreto Supremo. Es vital que para la discusión de agendas sobre el desarrollo del país en minería participen las y los afectados por la actividad minera. Por ello, “nos oponemos a cambiar la lógica del diálogo por la negociación o la fuerza; las personas no pueden renunciar a sus derechos fundamentales por privilegiar una actividad económica”, como señalamos en el pronunciamiento.

En esa perspectiva, exigimos desde Red Muqui que se abra un diálogo nacional público para abordar los temas de los impactos sociales y ambientales que genera la minería y los límites de su crecimiento a nivel nacional; la reforma laboral que afecta los derechos fundamentales de las personas; la reforma del sistema de justicia y la eliminación de “puertas giratorias” en el sector minero para evitar se afiance la corrupción; y la necesaria diversificación económica que nos es tan necesaria para la seguridad alimentaria y no depender sólo de una actividad económica.

Finalmente, invitamos al gobierno y a la sociedad civil en general, a revisar nuestra Agenda Muqui: https://es.scribd.com/document/396106674/Agenda-Muqui-2018-2021, que en sus 8 ejes sintetiza los temas que ponemos en agenda para la discusión pública en el año que inicia, que visibiliza los temas que no fueron parte del referéndum, pero que son fundamentales para discutir y poner la economía al servicio de las personas, recuperando el respeto por sus derechos; ese es el rol que esperamos del gobierno y la sociedad civil.

Para ver nuestro pronunciamiento completo, hacer click aquí: https://goo.gl/wh2kge

Lima, 07 de enero del 2019.