Desde las 9 de la mañana empezaron a llegar los cerca de trescientos agricultores del valle de Tambo y ciudadanos arequipeños a los exteriores del Ministerio de Energía y Minas, para respaldar a la Junta de Usuarios del Valle, al gobierno regional de Arequipa, y al Frente de Defensa de la Central Azucarera de Chucarapi, que se encontraban en la audiencia del Consejo de Minería tras haber interpuesto tres recursos de revisión al otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María por parte del Ministerio de Energía y Minas.

También llegaron a los exteriores del Ministerio, cerca de 40 integrantes del Colectivo Arequipeños por Arequipa que respaldan la realización del proyecto minero Tía María de la empresa Southern. En su mayoría eran jóvenes menores de 25 años que eran dirigidos por una persona en especial. Los agricultores de valle de Tambo señalaban que esos jóvenes eran pagados por la empresa y que no eran de Arequipa.

El contingente numeroso de agricultores y ciudadanos arequipeños que rechazan el proyecto minero también protestó porque no dejaban ingresar a la prensa arequipeña a las instalaciones del Ministerio.

Informes de la Audiencia

Después de 3 horas de audiencia, que inició aproximadamente a las 10am, salieron los representantes del gobierno regional y señalaron que el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas estaba llevando el expediente de manera oculta al no haber informado que la Junta de Usuarios del Valle había recusado a los 5 integrantes del Consejo de Minería por diferentes causales; y lo que es peor, en vez de que otros integrantes del Consejo de Minería resuelvan esa impugnación; lo resolvieron los mismos integrantes, rechazando esa impugnación. El representante legal del gobierno regional, Walter Paz, señaló que advirtieron en la audiencia que llevarán al poder judicial lo sucedido.

Asimismo, informó que la empresa Southern pidió que se suspenda la audiencia porque había un juicio en curso contra el gobierno regional de Arequipa por haber anulado la servidumbre minera, que se sobrepone a las “Lomas de Cachendo”, que fue denominado el 2018 como un ecosistema fragil por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, según informó el representante del gobierno regional, el juzgado de Arequipa ha rechazado la acusación de la empresa Southern hacia el gobierno regional.

Posteriormente, el presidente de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, Jesús Cornejo, salió de la audiencia y agradeció a los agricultores y ciudadanos que se trasladaron desde Arequipa hasta el Ministerio y señaló que aunque la empresa Southern no quería que se toquen aspectos del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María; ellos lo señalaron porque la construcción del proyecto va a tener repercusiones ambientales y, porque, sobre todo, existe una acción judicial aún no resuelta desde el 2015 en el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, porque Southern no levantó todas las objeciones hechas a su EIA (demanda contenciosa Nº 04177-2015).

Asimismo, el abogado representante de la Junta de Usuarios, Mario Chavez, agregó que impugnaron a los integrantes del Consejo de Minería por no haber declarado la caducidad del EIA de Tía María al no haber iniciado sus obras en el plazo máximo de 5 años, de acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (N° 27446). Sin embargo, al igual que el representante legal del gobierno regional de Arequipa, mostró su indignación al constatar como los mismos integrantes del Consejo de Minería rechazaban la impugnación, siendo jueces y parte a la vez.

Desenlace

De acuerdo a las declaraciones del representante legal del gobierno regional de Arequipa, y de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo; el Consejo de Minería emitirá una resolución sobre la cancelación o no de la licencia de construcción del proyecto tía maría, dentro de 15 días. Cabe recordar que la cancelación de la licencia de construcción no implicaría la cancelación de todo el proyecto minero, pero si significaría una batalla perdida importante para la empresa Southern.

En los exteriores del Ministerio, los agricultores también exigían que el presidente Vizcarra cancele de una vez el proyecto minero tía maría debido a las muertes que ya ha generado el conflicto.

Desde hace casi tres décadas, los conflictos sociales relacionados con la explotación minera en nuestro país han ido creciendo en número e intensidad. Los que son provocados por la presencia de la minería representan el 64% de todos los conflictos sociales del país (que a su vez ocupan el 66% de la totalidad de los conflictos nacionales)[1]. En este contexto, una fuerte preocupación por los riesgos que la actividad minera genera hacia la salud humana y ambiental ha ido aumentando entre las comunidades indígenas, campesinas, y población en general. Estos riesgos se multiplican con la proliferación de la minería informal e ilegal que tienen menor control por parte del Estado. Las actividades mineras ilegales e informales se relacionan en la mayoría de los casos con la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), conducida por individuos, grupos o comunidades que extraen pequeñas cantidades de mineral al día, utilizando poca tecnología y maquinaria. 

El día de hoy 27 de setiembre se ha producido la muerte de un joven en el cerro el Toro, que se ubica en la provincia de Huamachuco, sierra de La Libertad; producto de los derrumbes causados por la minería ilegal. Huamachuco viene siendo escenario de protestas frente a los problemas que genera la minería informal en las comunidades desde hace varios años. A inicios de año, también, se produjo el asesinato de un dirigente del Frente de defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián de Suyo en Piura, producto de las disputas entre la minería informal e ilegal. El día de ayer, jueves 26 de septiembre, se acaba de realizar una movilización en Cajamarca producto de la contaminación del Valle de Condebamba por la minería formal e informal; el segundo valle productor de nuestro país. Asimismo, en Ancash, la minería informal sigue proliferando en Pallasca y Chacas y queriendo entrar a la comunidad de Vicos, perteneciente al parque nacional de Huascarán; obteniendo el rechazo de la comunidad. En Madre de Dios, que es el lugar más enfocado por los medios de comunicación, la minería illegal sigue operando en lugares donde no hay presencia policial.

Entre los factores principales que han empujado la proliferación de la minería ilegal e informal, sobre todo entre los mineros artesanales y de pequeña escala, se encuentra la baja oportunidad de empleo y de ingreso económico de las poblaciones que viven en las regiones donde hay minería informal e ilegal.

Agregado a ello, en este último mes se acaba de aprobar el aplazamiento hacia el 2021 de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera para que los mineros artesanales y pertenecientes al segmento de pequeña minería, puedan iniciar el proceso de formalización. No obstante, dar respuesta a la realidad de la minería informal en nuestro país requiere de una respuesta integral. En el Foro que estamos organizando contaremos con la participación de representantes regionales, del Estado y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (FENAMARPE).

Día: miércoles 2 de octubre de 2019
Hora: 9am – 1pm

Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

[1] Defensoría del Pueblo, Julio 2019, pp. 19, 21.

El día de hoy, viernes 27 de septiembre, la institución Proyecto Amigo de la provincia de Sanchez Carrión en la Libertad, se pronunció frente a la muerte del joven Luis Eduardo Briceño Escobedo de 17 años, del distrito de Bambamarca, perteneciente a la provincia de Bolívar.

El levantamiento del cadáver se realizó el día de ayer, jueves 26 de septiembre, por el personal de medicina legal del Ministerio Público y policías de la Divincri. De acuerdo a la examinación del cuerpo, el personal de medicina legal constató que el joven habría muerto de asfixia; posiblemente por un derrumbe en la zona donde se encontraba trabajando.

Solo se hizo el levantamiento del cadáver y no se realizó la necropsia respectiva, pese a que el Ministerio Público está obligado a realizarlo. Frente a ello la fiscalía podría ser denunciada por omisión de funciones.

En el cerro El Toro se encuentran operando tres empresas formales, siete informales en vías de formalización y aproximadamente 200 mineros ilegales, según la comisión investigadora regional de la problemática de la minería informal en el cerro El Toro, formada hace algunos meses.

Frente a ello, la institución que hacer parte de la Red Muqui, Proyecto Amigo se pronunció:

PRONUNCIAMIENTO ¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Denunciamos contundentemente las muertes que siguen dándose en el Cerro el Toro, sin que se haga algo por resguardar el derecho de todos; en especial de los niños y adolescentes. HOY UN ADOLESCENTE MÁS HA MUERTO. Murió asfixiado, rasguñando la tierra para tratar de salir de uno de los cientos de derrumbes que suceden desde hace años sin que se haga lo necesario para detener tanto daño. Invocamos a nuestras autoridades a hacer lo necesario para buscar justicia. NO permitamos otro entierro clandestino, No permitamos que esto se arregle con un monto de dinero entregado a las familias afectadas. Nos solidarizamos con el gran dolor que en estos momentos deben de estar pasando. Por su ser querido fallecido es que pedimos que esto NO QUEDE IMPUNE y que NO VUELVA A REPETIRSE. Invocamos a la fiscalía a proceder de acuerdo a ley y que reciba el apoyo de toda la comunidad huamachuquina para que haga respetar la búsqueda de justicia. No sigamos pasivos, intentemos una vez más; repudiemos la falta de acción determinada para resolver la situación de la minería ilegal, en todas sus formas. Aquí No decimos no a la minería, decimos que se haga bajo ciertas condiciones, como el respeto a la vida. Lo pedimos en nombre de la infancia, adolescencia y población que vive cerca de las zonas afectadas por la contaminación y los accidentes que provoca dicha actividad. Esta afectación se refleja en varios problemas de salud que no van a tener cura total por lo que debemos hacer algo. Lo pedimos por los trabajadores también, que en la búsqueda legitima de ganar más, trabajan sin ningún tipo de protección, de seguridad social. Huamachuco debe contar una historia diferente. NO permitamos, No toleremos la indiferencia frente a lo que sucede. Exijamos derechos para todos y todas. El oro y un trabajo no puede valer más que la vida

¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Proyecto Amigo

Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ica: El día de hoy, viernes 20 de setiembre, después de una postergación, reinicia el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, quienes vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012, exigiendo respeto al medio ambiente a la empresa minera Glencore Xstrata y al Gobierno Nacional. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,

El 17 de julio del 2017, el Juez del primer juzgado unipersonal de Ica, absolvió a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, así como a Herbert Huamán y Sergio Huamaní presidente y vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar (FUDIE) los declaró inocentes. La Fiscalía había solicitado 20 años de prisión efectiva, y una reparación civil de 100 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron esta sentencia.

Hace más de un año, la Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformado por los magistrados Osmar Albujar De La Roca, José Javier Magallanes Sebastián y el Juez Rafael Fernando Salazar Peñaloza, decidieron declarar nula la sentencia que absuelve a dichos dirigentes cusqueños y ordenaron un nuevo juicio, los argumentos de los jueces fueron que la sentencia de primera instancia no tenía el debido sustento, sin embargo, el Juez en primera instancia si hizo una correcta fundamentación.

Desde las organizaciones de derechos humanos se ha indicado que este proceso judicial seguido a los tres líderes fue injusto desde el principio, ya que no se respetaron principios constitucionales como ser juzgados en su lugar de origen y no en la región de Ica. Por otro lado, no se puede denunciar a dirigentes por ejercer de manera legítima su derecho a la protesta social. Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.

¿Sabemos de dónde vienen nuestros productos que consumimos todos los días y cuál es el impacto que tienen en la gastronomía peruana y en nuestras vidas? ¿Sabemos cómo se desarrollan en concreto las experiencias de agricultura familiar en las regiones de nuestro país?

La Red Muqui realizó un Desayuno de Trabajo el miércoles 11 de septiembre en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, confrontando escenarios posibles que tarde o temprano pueden convertirse en una realidad. Alimentar a más de 31 millones de personas con productos autóctonos saludables y de buena calidad va ser el desafío no solo de las generaciones por venir, sino también de nosotros, que habitamos el presente. Con este pensamiento iniciamos nuestra actual campaña y, en este contexto, queremos destacar la importancia de la «Agricultura Familiar».

La importancia de la “Agricultura Familiar”

Gracias a la diversidad de cultivos de la tierra con su pluralidad de climas que aprovechamos desde la época de nuestros ancestros, existe una cantidad de platos peruanos que hacen que la gastronomía de nuestro país sea una de las más ricas y variadas del mundo y América Latina. Pero no solamente para la gastronomía, sino también para la canasta familiar de las y los peruanos, en que la Agricultura Familiar es esencial. Según la FAO, el 70% de los productos alimenticios que se consuman en el mercado nacional son generados por la agricultura familiar. Sin embargo, la importancia de este tipo de agricultura a pequeña escala no ha tenido mayor atención por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

¿Qué pasaría si en los platos emblema de nuestro país, como la pachamanca, comeríamos solo pollo; sin las habas, choclo, papas y camotes que son nutritivos y se cosechan en nuestro país? ¿Qué pasaría si quisiéramos comer papa a la huancaína pero ya no tuviéramos las variedades de papa peruana para disfrutar de este delicioso plato? Quizás en ese momento nos daríamos cuenta de la importancia de los platos que comemos día a día en nuestros país.

A partir de estos pequeños platos de comida, servidos por una cocinera de un comedor popular autogestionario de Comas a las y los agricultores que vinieron de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, y a los periodistas presentes; es que se inició un diálogo sobre la importancia de la agricultura familiar en la sociedad y el Estado, a partir del desarrollo de la agricultura familiar en las regiones mencionadas.

Conociendo las experiencias regionales de agricultura familiar

El objetivo del desayuno fue mostrar a través de las experiencias locales, las alternativas que se practican en diferentes lugares del Perú, a pesar de las dificultades, y así demostrar la importancia de la Agricultura Familiar. En el distrito de Pataypampa, Apurímac, cerca al proyecto minero Las Bambas, “se está logrando cambiar el contexto en el que vivían las comunidades empezando a mejorar el manejo de los recursos naturales que permitió recuperar el agua. Introduciendo el sistema de riego presurizado, la agroforestería, y así logramos la diversidad productiva agropecuaria. Los excedentes vienen siendo vendidos en la feria dominical de la capital provincial (Chuquibambilla)”, señaló el agricultor y representante apurimeño, Victor de la institución de AEDRA – Apurímac.

A su turno, Aurora Portal, agricultora y productora perteneciente al colectivo por la vida y la pachamama de Cajamarca, señaló que sus experiencias y la de sus compañeras mujeres se dio a partir de la resistencia al proyecto minero Conga, que finalmente fue detenido por la población de las comunidades cajamarquinas. Frente a esta victoria, las mujeres se preguntaron: ¿ahora qué hacemos?, y empezaron a producir las tierras de la jalca cajamarquina que se verían perjudicadas por la minería. “De esta manera desarrollamos plantas medicinales, jabones y champús orgánicos, y generamos trabajo para nosotras y para la comunidad que cultiva estas hierbas y plantas. Asimismo, también participamos en ferias para vender nuestros productos y realizamos talleres con comunidades para que produzcan sus tierras tomando nuestro ejemplo”, enfatizó Aurora Portal, junto a Mirtha Villanueva, directora de la institución Grufides – Cajamarca.

Finalmente, Tulia García, directora de CEDAP – Ayacucho, señaló que en Cangallo, lugar afectado por el conflicto armado interno, pudieron “recuperar el rol de la comunidad y el de las pocas familias que seguían cultivando. Fue importante porque se logró proteger las semillas para producir en distintas tierras y ahora realizamos siembra y cosecha de agua para lograr que el agua llegue a las distintas tierras y podamos producir en un contexto de desertificación de glaciares”.

Al finalizar la presentación de las experiencias regionales, y frente a los desafíos de protección y desarrollo de estas experiencias; el especialista y autor del libro: Minería y agricultura en el Perú, Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui; señaló la importancia de estas experiencias regionales que deben tener respaldo nacional desde el Estado y sus políticas públicas. El libro es el resultado de la sistematización de las experiencias regionales presentadas, sumadas a la del Valle del Mantaro, en Junín; y la Quebrada del Chaupihuaranga, en Pasco. En palabras de Edwin Alejandro: “se debe reconocer los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre su territorio para la producción de alimentos».

Posteriormente, el especialista y director de CEPES, Laureano del Castillo, señaló la importancia de lo expresado por los agricultores y representantes de las instituciones y la sistematización del libro presentado; señalando que escuchar un discurso como el expresado es esperanzador porque “hemos escuchado experiencias positivas y existe un discurso sobre la agricultura familiar de precariedad. “Hay que mirar la riqueza que tenemos, valorarla, y transformarla también.” Finalizó señalando que en el Congreso ya existen leyes para promocionar los señalado, pero se necesitaría una ley para que se cumplan todas las leyes que ya están aprobadas. El 87% de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar y si la política económica sigue privilegiando la agroexportación, que está en manos de pocas empresas; y por otro lado siguen priorizando las actividades extractivas en nuestro país; «¿cómo podrán implementarse los instrumentos y leyes aprobados por el Estado?», problematizó.

Propuestas y Acción

En el marco del lanzamiento de la campaña también se realizó un Foro en el congreso llamado: “Agricultura Familiar y Minería en el Perú”. Participaron representantes del Ministerio de Agricultura, el congresista Marco Arana y los representantes regionales presentes en el desayuno de trabajo; presentando las experiencias regionales de agricultura familiar y las propuestas generales de las instituciones que hacen parte de Red Muqui.

El objetivo de la campaña es presentar propuestas que aporten a la reorientación de las políticas públicas para conseguir el fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas donde pueden verse vulneradas por actividades extractivas y el cambio climático. Actualmente se requieren iniciativas de parte del Estado para atender prioritariamente a más de 2.3 millones de peruanos que trabajan en agricultura familiar; que impliquen además de mayor presupuesto, fortalecimiento de la asistencia técnica, créditos a través del Banco de la Nación y el aseguramiento en el acceso a los mercados seguros.

Entre las propuestas a dar a conocer a través de la campaña, se exige la garantía del derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y el acceso de los productos; la garantía de la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la agricultura familiar mediante una política integral que priorice la protección de las cabeceras de cuenca; y promover, reconocer y fortalecer los servicios ambientales ofrecidos por la agricultura familiar y mucho más.

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Era el 16 de septiembre de 2007 cuando las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba; rechazaron la imposición del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco perteneciente a la empresa minera china Zijin.

En aquel día, a través del voto en la consulta vecinal organizada por los municipios locales; el 95% de la población, que incluye a comunidades campesinas y ronderas, optó por un modelo de desarrollo económico que rechazaba la actividad minera en sus territorios en favor de un modelo basado en la agricultura y el turismo. La consulta del 2007 marcó un hito importante en terminos de empoderamiento de la sociedad civil que antes solo se había dado en el caso de Tambogrande en el 2002; también en Piura. Actualmente la empresa china continúa implementando una estrategia para imponer su proyecto minero Río Blanco en la zona.

A pesar de que la misma constitución incluye en el artículo 197 que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”; el Estado peruano aún no atribuye el carácter vinculante a la consulta vecinal para las decisiones locales.

Después de doce años el tema sigue muy actual. Los enfrentamientos en Arequipa entre la población de Valle de Tambo que rechaza el proyecto minero Tía María y los policías que impiden el desarrollo de la protesta, continúan desde que el Gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa minera Southern. El día de ayer, lunes 16 de septiembre se realizaron protestas en la ciudad de Arequipa. En este escenario, en el cual las decisiones del Estado sobre la implementación de los proyectos mineros no incluye la aprobación social de las poblaciones –llamada también licencia social- en sus procedimientos formales obligatorios; es fundamental que la consulta vecinal sea parte del marco normativo como forma de prevención de los conflictos y fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, la licencia social que debería tener todo proyecto extractivo para operar, es solo un mecanismo voluntario de la empresa. Las audiencias públicas que realizan las empresas para presentar sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y así recoger observaciones, no tienen un mecanismo de participación efectiva de parte de la población. Además, como ocurrió en la audiencia pública del EIA del proyecto Tía María hace varios años; la empresa no dejó participar a la población que se oponía al proyecto. Asimismo, la consulta vecinal realizada en Valle de Tambo en septiembre del 2009, le dijo NO en un 97% al proyecto minero Tía María, y esa decisión no está siendo respetada.

Por estas razones, es importante que la licencia social se convierta en un requisito para que los proyectos mineros puedan desarrollarse. La consulta vecinal, como parte de un proceso informativo transparente, es un mecanismo que puede ayudar a resolver este entrampamiento entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las poblaciones que habitan los territorios que serían impactados por la actividad minera.

Al respecto, desde el Congreso de la República, hay iniciativas que se están presentando como proyecto de ley para regular la licencia social para las actividades extractivas, como la última iniciativa presentada hace unos días por el congresista Marco Arana.

Fortalecer la agricultura familiar en el Perú e impulsar la aplicación de la ley de…

La Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones que acompañan a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en el país; y el despacho del congresista Marco Arana Zegarra, en un contexto de múltiples conflictos socioambientales que colocan en el debate público el desarrollo de la agricultura familiar frente a la imposición de la actividad minera; invitan al público en general a conocer experiencias de agricultura familiar que se realizan en 5 regiones de nuestro país (Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Junín y Pasco), donde se desarrollan actividades mineras, para conocer como estas se han realizado sin mayor apoyo del Estado y conocer los riesgos que las afectan o pueden hacerlo producto de la actividad extractiva en dichas regiones. Como es de conocimiento público, cerca del 80% de nuestra canasta familiar (urbana y rural) se origina en la actividad agrícola familiar de nuestras comunidades. En el Foro público, además de la participación del Congresista Marco Arana y los técnicos de Red Muqui; contaremos con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Riego; la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE); el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); y 3 representantes de las experiencias de agricultura familiar de Ayacucho, Apurímac y Cajamarca; con los que dialogaremos, también, sobre la situación de la implementación de la ley de agricultura familiar. Día: miércoles 11 de septiembre de 2019 Hora: 3:00 p.m. Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

Red Muqui, que hace parte de la Red Iglesias y Minería en América Latina, y participó en la IV Asamblea General en Buenos Aires el 20-22 de agosto del presente año, comparte la carta emitida por la Asamblea.

CARTA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA

Queridas comunidades amenazadas, criminalizadas, explotadas y devastadas por el extractivismo minero, que resisten esperanzadas.

Reunidas y reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de agosto de 2019, sesenta laicos y laicas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores y pastoras, de 10 países de Nuestra América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú) y Reino Unido; compartimos nuestras voces y la rica experiencia que aquí vivimos en estos días a través de esta sentida carta.

Interiorizamos y asumimos como nuestros los dolores, las alegrías y las esperanzas de sus voces, que con fe e intensa fortaleza enfrentan los impactos, cada día más desastrosos, de las actividades extractivas en sus territorios que matan personas y exterminan la naturaleza.

Comprendemos profundamente las formas y las implicaciones globales de la expansión minera en todo nuestro subcontinente, siendo el cambio climático el síntoma terminal del gran daño de este sistema capitalista, neoliberal y depredador. Nos animamos a intercambiar las múltiples resistencias de nuestros pueblos, enraizadas en sus territorios, alentadas en sus culturas y espiritualidades originarias, tradicionales y cristianas. Decidimos y encaminamos acciones de fortalecimiento de estas luchas, sabiendo que de ellas depende también la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, Pachamama.

Iluminadas e iluminados por la Cruz Maya y las místicas indoafroamericanas que nos invitaron a armonizar los caminos del ser humano con los caminos de Dios y su Creación; que nos invitaron a reconocer las luces y sombras de los diferentes puntos cardinales a los que pertenecemos y a cuya tierra nos debemos, queremos decirles que nuestro corazón comunitario se hizo cruz, y se expandió al Oriente y al Poniente, al Norte y al Sur de esta tierra latinoamericana y toda la tierra que somos y que grita.

Profundamente conmovidas, conmovidos, humanizadas y humanizados por las lágrimas del pueblo de Brumadinho y las de su obispo Don Vicente Ferreira, y habiendo honrado cada uno de los nombres de las 272 personas muertas y 20 desaparecidas, los ríos Córrego do Feijão e Paraopeba y toda su biodiversidad, víctimas del crimen cometido por la empresa minera Vale contra esta comunidad.

Asimismo, habiendo hecho memoria de las más de 60 personas asesinadas, las 218 criminalizadas en los últimos 10 años a causa de conflictos mineros y de todos los pueblos en resistencia de América Latina y el Caribe ante este modelo de crecimiento infinito y capitalismo por despojo de los más vulnerables, nos hicimos silencio, indignación, rabia, lágrima, oración y urgencia.

Animadas y animados por el encuentro con las Madres de Plaza de Mayo y su valiente marcha pública que ilumina las marchas de toda Nuestra Casa Latinoamericana y Caribeña; animadas y animados por el abrazo de la Madre Norita Cortiñas que nos invitó a la paciencia persistente, esperanzada y comprometida con la memoria, la justicia y la vida, nos hicimos sentimiento de admiración por todas las comunidades defensoras de los derechos humanos individuales y colectivos, de la tierra, el ambiente y los bienes comunes de Nuestra América. Nos hicimos pasos para caminar a su lado.

Desde la memoria de los mártires latinoamericanos y caribeños, con dolor, fuerza y dignidad, nos hacemos grito: exigimos el esclarecimiento de los asesinatos y masacres hechos por empresas, con omisión o connivencia de gobiernos, contra habitantes de territorios, defensoras y defensores de la Madre Tierra, y contra la biodiversidad, en los diferentes países de la región, y de manera extremamente urgente en Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recibimos con indignación la noticia de los incendios criminales en la Amazonía liderados por el gobierno Bolsonaro, atentando de manera directa contra la vida del planeta, dado que la Amazonía es la mayor floresta de cuya transpiración depende el clima planetario, no solamente de Sudamérica.

Exigimos el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas de verdad, justicia y re-dignificación. Exigimos a los gobiernos de los distintos países de la región adoptar las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida de defensoras y defensores que se encuentran amenazados y exhortamos a los pueblos a rescatar las garantías para el funcionamiento pleno de la democracia y el ejercicio de sus derechos.

Las acciones prioritarias que planteamos en este contexto nos conducen a la Incidencia de la Red en empresas, Estados y en las Iglesias, a la promoción de la desinversión en minería del Norte Global, y a la acogida dialogante y el intercambio entre eco espiritualidades y al fortalecimiento de las comunicaciones.

Desde nuestro corazón comunitario hecho cruz y abrazo, en solidaridad con las madres latinoamericanas que consuelan y mantienen la marcha por la justicia y la memoria con toda esperanza; hechos paso urgente y grito certero, queremos ratificar que somos uno-una con Ustedes y nuestra Casa Común.

En celebración amorosa, unidas y unidos en la alegría de quienes sabemos que, desde Cristo Jesús, la Vida vence a la muerte y al dolor, haremos de cada lucha una fiesta: ¡para la vida toda y hasta siempre! ¡Que amanezca!

Buenos Aires, 22 de agosto, 2019
IV Asamblea – Red Iglesias y Minería