Un día de lucha por Máxima Acuña

,

“¡Todas somos Máxima!”, fue el grito que se escuchó desde la plaza Washington en el Cercado de Lima hasta la sede de la minera Yanacocha en el distrito de Miraflores. Cientos de mujeres marcharon en respaldo a la campesina cajamarquina que sostiene un proceso judicial con la compañía minera, lo que le ha traído serias dificultades. Un permanente hostigamiento para acceder al terrero en el que vive.

Así entonces se vivió en el Perú el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas decidieron que la lucha de Máxima sería la de todas, en primer lugar, para luego precisar un pliego de pedidos por la igualdad salarial, laboral, la despenalización del aborto, la Unión Civil, entre otros campos.

 

Fuente: Diario 16

/por

La Ley de Promoción de las Inversiones, ¿Recentralización de competencias?

,

El Congreso de la República aprobó hace algunos días la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, que ha sido publicada en El Peruano el pasado 21 de mayo.  Esta ley establece un conjunto de disposiciones con el fin de simplificar e integrar permisos y procedimientos, principalmente, en temas de  evaluación del impacto ambiental, servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal y expropiación de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura.

Algo que no debería pasar desapercibido de la referida ley, y que motiva el presente artículo, es el procedimiento establecido para la servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal, pues se trata de un procedimiento que vulnera derechos ganados a los gobiernos regionales con el proceso de descentralización y que pretende obviar intentando recentralizar competencias que fueron otorgadas a dichos gobiernos desde el año 2003.

En el año 2002, el propio Congreso de la República aprobó la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización – LBD y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – LOGR, estableciendo entre las competencias exclusivas de los gobiernos regionales, la competencia de “Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal” (artículos 35° y 10° de ambas leyes respectivamente). Durante el gobierno del presidente Toledo la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN que por aquella época se encontraba adscrita al sector del MEF inició el proceso de transferencia de las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado señaladas en el artículo 62° de la LOGR. Fue un proceso gradual porque los gobiernos regionales no las habían desempeñado anteriormente y entonces, requerían contar con equipos de profesionales adecuadamente capacitados para lograr un buen desempeño de las mismas. Además, para ello tendrían también la asistencia técnica de la SBN.

Los primeros gobiernos regionales que lograron acreditar las funciones en esta materia entre los años 2005 y 2006 fueron Lambayeque y Tacna. El MEF emitió la Resolución Ministerial N° 429-2006-EF/10 (2006-07-26), con la que dio por concluido el proceso de transferencia. A los pocos meses el MEF emitió la Resolución Ministerial N° 656-2006-EF/10 (2006-12-02), dando también por concluido el proceso de transferencia para los gobiernos regionales de Amazonas, Arequipa, San Martín y Tumbes. En los siguientes años el gobierno del presidente García no continuó con el proceso de transferencia de estas funciones para ningún otro gobierno regional, así como tampoco lo ha hecho el presidente Humala en lo que va de su periodo, permitiendo que la SBN continúe ejerciendo una competencia que desde el año 2003 ya no le correspondía ejercerla según lo establecido en la legislación de la descentralización del Estado. Sin embargo, los mencionados gobiernos regionales desde que recibieron formalmente las funciones han venido ejerciendo esta competencia exclusiva emitiendo, por ejemplo, actos resolutivos sobre los terrenos de propiedad del Estado que se encuentran bajo el ámbito de su jurisdicción.

La citada ley de promoción de las inversiones recientemente aprobada por el Congreso hace mención a los terrenos eriazos de propiedad estatal en varios de sus artículos para la realización de proyectos de inversión. Destacan los artículos que van del 18° al 27° respecto a la servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal. En ninguno de ellos se hace referencia a los gobiernos regionales como la autoridad legítimamente competente a quien, en todo caso, debería solicitarse la servidumbre. La norma cierra el círculo de este procedimiento “simplificado” como un arreglo solamente entre los sectores competentes y la SBN, y donde los gobiernos regionales quedan completamente al margen. No hay una sola referencia a la participación de los mismos.

Queremos pensar que  se trata de un apresuramiento y desconocimiento por parte de los congresistas del marco legal vigente sobre el proceso de descentralización; pero al haber sido promulgada, corresponde a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y a los seis gobiernos regionales que actualmente ejercen esta competencia exclusiva demandar la inconstitucionalidad de esta ley ante el Tribunal Constitucional, puesto que se contrapone explícitamente al mandato de dos leyes orgánicas de mayor jerarquía, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que les confiere plenos derechos a los gobiernos regionales para actuar de manera exclusiva sobre la materia en cuestión.

 

Ricardo Muñoz Portugal

/por

PCM creará otro grupo de trabajo con Grau para resolver conflicto en Las Bambas

,

Lumbersexual meh sustainable Thundercats meditation kogi. Tilde Pitchfork vegan, gentrify minim elit semiotics non messenger bag Austin.

ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

/por

Nueva publicación de CooperAcción: «disputa de la representación de los pueblos Awajún y Wampis en la región Amazonas – Perú»

,

El texto aborda la construcción de la representación de los Pueblos Awajún y Wampis, en los diversos momentos de su relación con el Estado Peruano, culminando en la caracterización del estado actual de la disputa de esa representación entre la reciente organización “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP”, iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional, y el grupo de organizaciones  liderados por el Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis –CPPAW y la organización ODECOFROC que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral coordinando actividades con otras organizaciones y con la re-constituida “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P”.

La principal motivación de la autora – Marlene Castillo Fernández – y de CooperAcción, es que la publicación que presentan contribuya a un discernimiento mejor informado y formado sobre la naturaleza y alcance de la disputa por lograr reconocimiento de representación de los Pueblos Awajún y Wampis ante el Estado, las empresas extractivas y la opinión pública regional y nacional, antes y después del suceso conocido como “Baguazo” (05 de Junio 2009).

El Capítulo 1 presenta la situación de representación de estos dos pueblos indígenas amazónicos cuando había un proceso de consulta previa sobre la categorización de la Zona Reservada Santiago Comaina que fue extendida hasta la margen derecha del río Morona y de acuerdos con el Estado. El Capítulo 2 examina los cambios que se producen en la época de conflicto abierto con el Estado hasta el suceso del Baguazo. Posteriormente, en el Capítulo 3 se analiza la situación de la disputa de representación profundizando “lo representable”, “los representantes” y “los representados” post Baguazo. Para finalmente, en el Capítulo 4 presentar una visión panorámica de la actual disputa a modo de mapeo organizacional en el territorio ancestral.

 

Esta publicación está especialmente dirigida a comunicar sus alcances a quienes desde su institución, organización y labor están preocupados por el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas en el Perú, lo que pasa por conocer y buscar comprender sus disputas – internas y externas – en la configuración y rumbos de los conflictos latentes y abiertos con las políticas estatales que denominamos colonizadoras y los proyectos principalmente minero-energéticos promovidos por dichas políticas.

No menos importante, es que también pretende llamar la atención sobre la demanda estratégica de diálogo intercultural con el Estado que viene planteando el grupo de organizaciones indígenas movilizadas, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado, es parte de la configuración del conflicto y del tránsito de lo que la Defensoría del Pueblo caracteriza como conflicto latente a  lo que  llama conflicto activo.

Descargar aquí

Foto: Peru21

/por

Caravana de Ciclistas de Pasco vendrán pedaleando hasta Lima con mensajes de los pueblos hacia la COP21

,

EN MARCHA POR EL CLIMA

Nuevamente la caravana de “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático” recorrerá cientos de kilómetros desde la ciudad de Pasco hasta Lima para participar de la Marcha Mundial por el Clima que se llevará cabo en Lima, así como en distintas ciudades del mundo, y de manera con París, en el marco de la 21 Conferencia de las Partes.

En esta oportunidad, los ciclistas llevarán a Lima la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21” y la repartirán en la marcha. De igual modo, darán a conocer cada uno de los problemas y propuestas de los pueblos de montaña además de unirse a la voz de expresar y exigir un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21.

Este documento, surgió de la sistematización de una serie de mensajes recopilados durante el primer recorrido interprovincial que los “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático”, realizaron el 22 y 23 de octubre. Tras pedalear 246 km, los deportistas visitaron comunidades y ciudades, recogiendo información y demandas para llevar los “mensajes de los pueblos de montaña hacia la COP21”. Por esas fechas llegaron hasta Huancayo y entregaron dichos mensajes a los participantes de la Audiencia Climática que se desarrolló el 23 de octubre.

Asimismo, en diciembre, estos mensajes –contenidos en la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21”- serán compartidos por la sociedad civil, durante la Conferencia de Partes que organiza la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), es decir, la COP21.

Recorrido

El 28 de noviembre, esta caravana hará un primer recorrido de Morococha a Ticlio, registrando la contaminación ambiental en este lado del país. Al día siguiente, 29 de noviembre –día de la marcha climática a nivel mundial- se reunirán en el frontis de la Municipalidad Distrital de Ate y partirán desde las 7 de la mañana por la Carretera Central, rumbo a la Marcha Mundial por el Clima. Durante el trayecto, los atletas estarán acompañados por una movilidad de auxilio mecánico. Se calcula que a la 10:00 de la mañana este colectivo llegará al Parque Washington.

Organizan: RED MUQUI, Centro Labor de Pasco, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), FCVP, Municipalidades provinciales de Pasco, Junín y La Oroya, Municipalidades distritales de Matucana, San Bartolomé y Ate.

La COP21

En la COP 21 de Paris (Francia), nuevamente se reunirán estados y países para decidir el futuro del clima y de la humanidad. Todos esperamos que las partes de la CMNUCC suscriban un nuevo acuerdo climático justo, que apunte realmente a la mitigación respecto a la generación de los Gases de Efecto Invernadero (causantes del cambio climático).

Por eso las organizaciones sociales a nivel nacional e internacional vienen programando actividades alternativas a la COP21 para vigilar, llevar propuestas y exigir el compromiso con el futuro del planeta.

Por su parte, el Perú presentará el documento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (iNDC) a la CMNUCC.  Por lo tanto, es necesario que los diversos sectores de la sociedad civil a nivel local y nacional continuemos involucrados en estas discusiones, generando propuestas y/o demandas principalmente para afrontar los efectos negativos del cambio climático.

/por

¿Quiénes concentran las tierras en el Perú? – Una mirada hacia Apurímac

,

Por: Elqui Cruz / Geógrafo

El proceso de ocupación de tierras en el País, se remonta a los datos que la historia nos muestra en los periodos cronológicos de las culturas prehispánicas del antiguo Perú, sin embargo el futuro traería nuevos procesos de ocupación y concentración de tierras desde la aparición de un nuevo gobierno llamado colonia.

Muchos siglos después, este proceso de concentración de tierras, traería la preocupación de la ciudadanía en la década de los 50 y 60, ya que justo en este momento ocurrió un fenómeno en donde los pobladores del interior del país emprendieron un proceso de migración para ocupar las principales ciudades y capitales, buscando un mejor acceso a servicios, educación y empleo.

En estas décadas, la preocupación por la extensión y cantidad de tierras que algunas personas concentraban, llevo a buscar estandarizar sus dimensiones y establecerlas en 250 Hectáreas como propiedad individual (1) . En los años siguientes esta preocupación llevo a pensar en una nueva estandarización, la cual consiguió establecer en 150 Hectáreas (2) como máximo para la propiedad individual, preocupación que fue incorporada en la constitución de 1979, como un proceso permanente, es decir el país ya tenía claro que no era saludable para la planificación de un territorio, que la propiedad de la tierra se concentre en cantidad y extensión en solo un grupo de personas.

Décadas después, el país entra en un momento en donde la guerra interna dura más de dos décadas, generando otro fenómeno de movilización de la población que habitaba en el campo, fenómeno que fue inducido por la ocupación a la fuerza de grupos armados y despreocupación del propio Estado, obligando al abandono de tierras y terminando por desplazar a estas poblaciones nuevamente hacía las grandes ciudades del país. Este desplazamiento ya no solo sería por buscar mejores condiciones laborales y de servicios educativos, sino también por buscar una mayor seguridad, justicia y atención del Estado.

Sin embargo la preocupación por la concentración de la tierra en pocos individuos dejó de ser del interés de quienes tenían el gobierno en los años 90, promulgando la “Ley de Tierras” (3) , en la que no se define con claridad el tamaño o extensión de la tierra a la que puede acceder un propietario, como también no se define con claridad cuál sería el propósito del propietario en el uso de tierras de proporciones muy extensas. Acompañando a esta ley, surgen nuevos mecanismos para la promoción de la inversión en el sector minero (4) , en las que se le da estabilidad tributaria y con ello se abre todo un mercado dirigido por el MINEM y el INGEMMET, vía el Estado, para especular con la tierra y poner en concesión casi todo el territorio nacional, lo que ha conllevado a la ocupación en algunos casos en más del 100% (5) de muchos territorios de las regiones, provincias, distritos y comunidades campesinas e indígenas del país.

En este proceso cabe mirar al interior de la regiones del país, en donde no se tiene todavía claro quienes están concentrando la mayor cantidad de tierras y con qué propósito. En este sentido exploramos algunos datos de la región de Apurímac, en donde existe un gran proyecto minero y mecanismos de desarrollo de enclave (6) que están pensados para darle soporte a este tipo de actividad económica.

Apurímac, es una región ubicada en la sierra sur del país, donde se desarrollan los mecanismos de soporte de enclave para un gran proyecto minero, en la zona conocida como “Las Bambas”. En este territorio la configuración del espacio nos estaría evidenciando la despreocupación del Estado por normar y estandarizar la concentración de tierras y la propiedad, evidenciando un territorio ocupado en su mayoría por titulares mineros en proyectos de exploración y explotación minera y titulares de concesiones mineras que estarían esperando el momento más propicio para especular con las tierras que tienen dadas en concesión por el Estado.

Por otro lado, también pone en evidencia la cantidad de predios rurales que están registrados como propiedad individual, la cual tiene una extensión muy ínfima con respecto a la cantidad de territorio concesionado a la minería. En el caso de las comunidades campesinas, estas estarían ocupando un territorio mayor al de la propiedad individual de predios rurales, pero mayor a la extensión de tierras que ocupan las concesiones en actividad de extracción y explotación.

Otro elemento que marca las condiciones para la ocupación del territorio en Apurímac está en función de los mecanismos de desarrollo de enclave que estarían desarrollando conectores eficientes para mejorar los flujos que necesita la actividad minera, esto se manifiesta en los ejes de integración vial que están hechos para conectar los principales lugares donde ya existe la explotación de minerales y aún se está en proceso de exploración.

Cuadro N°1. Concentración de tierras en Apurímac

Esta figura podría dar la idea, de que se buscarían integrar a los centros poblados más desarticulados del país, sin embrago estos ejes viales, no se están pensando en desarrollar procesos de conexión para minimizar los espacios entre el agricultor y las grandes ciudades, si no para acercar los mecanismos de desarrollo de enclave que dan soporte a las actividades mineras.

Esta mirada en cuanto a la concentración de la tierra en Apurímac, nos lleva a las siguientes preguntas:

¿En el Perú no existe la preocupación del Estado por tener un manejo más integral y transparente libre de la especulación de la tierra?

¿La propiedad y concentración de la tierra no tiene más un interés de regulación de parte del Estado como mecanismos de protección del territorio?

¿Qué otros procesos regulatorios con respecto al uso y ocupación de la tierra podrían generar nuevas dinámicas, para proponer una alternativa al desarrollo de enclave?

Sin duda, el Estado tiene que responder a las interrogantes que surgen con respecto a la ocupación y concentración de tierras por parte de terceros, como también buscar los mecanismos que gestionen el territorio de manera eficiente, integrando a las economías que plantean otros modelos de desarrollo, diferentes a la economía de desarrollo de enclave, como la que actualmente rige la ocupación del territorio en nuestro país.

Por otro lado sin dejar duda de que el Estado está pensando en generar nuevas relaciones entre las economías de enclave y el tan esperado desarrollo, podemos mencionar que actualmente existen proceso en donde la población y la sociedad civil están buscando nuevas estrategias para retomar sus tierras y la producción del campo, esto estaría generando nuevas dinámicas de comercialización, las cuales escapan a la forma de mercado que existe en lo urbano, para buscar sus propios mecanismos de comercialización, bajo sus propias reglas de intercambio, comercio y el uso de un idioma en común.

Podríamos decir entonces, que la concentración de la tierra tiene una cercana relación con la economía de desarrollo de enclave, la cual busca generar los mecanismos necesarios para incorporar sus reglas sobre el territorio que ocupa, sin embargo siendo el territorio un medio vivo y dinámico, surgen en la población económicamente minoritaria nuevas estrategias para generar dinámicas económicas enfocadas en un desarrollo más integral.

Anexo: Mapa N° 1

 

(1) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(2) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(3) Ley N° 25505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

(4) Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708; Ley Nº 27343.

(5) Informe de Concesiones Mineras. Cooperacción.2014

(6) Dinámicas Rentistas. Gerardo Damonte. GRADE.2012

 

FOTO: El Comercio

/por

El 60% de territorios indígenas y campesinos del Perú están en nueva plataforma global territorial

,

El Instituto del Bien Común (IBC Perú) indicó que el 60% de las tierras que le pertenecen a comunidades indígenas y campesinas del Perú, ya se encuentran registradas a la primera Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios “LandMark”, que a través de su página web, permite el acceso a una plataforma interactiva que contiene mapas e información clave de las tierras que son propiedad colectiva.

LandMark muestra de forma detallada, las principales amenazas y presiones que existen hacia las tierras de los pueblos originarios en todo el mundo. De igual modo contiene información sobre los niveles de seguridad jurídica que existen sobre dichas tierras consuetudinarias o colectivas.

Además está dotada de una tecnología de punta en materia de información geográfica, y proporciona información a nivel de comunidades y de países, permitiendo a los usuarios hacer comparaciones sobre la situación de tenencia de tierras.

Son 13 las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas, quienes trabajaron en decenas de países, entre ellos el Perú.

“El Perú es uno de los países en donde existe mayor información sobre los pueblos indígenas y las comunidades. Existen organizaciones que se han preocupado por armar bases de datos y realizar mapeos, además de tomar información del Estado (…) tenemos entre un 60% y 65% cubierto”, resaltó Richard Chase Smith, director del IBC Perú.

Tras comentar que en el Perú se cuenta con la colaboración de organizaciones locales, Chase indicó que para alimentar la plataforma, también se toma información oficial del Estado, la cual –lamentó- no está sistematizada.

“En estos momentos estamos trabajando con información proporcionada por la Sociedad Civil, no obstante, estamos acercándonos al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en donde se ha creado un ente rector para el saneamiento de propiedad rural; esperamos poder trabajar con ellos y armar un directorio de comunidades nativas e indígenas”, comentó Chase Smith a la RED MUQUI.

Instrumento político

Otro de los grandes problemas que se pretenden enfrentar con la plataforma es la invisibilidad. Landmark presenta los límites de las tierras de uso o propiedad comunitaria, tanto las legalmente reconocidas como las de tenencia tradicional. De esta manera le proporciona a las comunidades y a los pueblos indígenas, la oportunidad de reaccionar a tiempo en la protección de sus tierras.

“A través de los mapas los hacemos visibles, ahora ellos pueden decir: aquí estamos, no nos pueden ‘quitar’, no pueden decir que ‘existimos’, o que nuestras tierras no son ‘nuestras’ o que están ‘sin uso’. El salir de la invisibilidad diciendo «aquí estamos», y que están perdiendo sus tierras, es un mensaje político muy fuerte. Ahora que cada comunidad figura en un mapa global, junto con indígenas de otras partes como Canadá, Irán, Indonesia, Filipinas, África; pueden juntar sus voces para reclamar más fuerte”, explicó Richard Chase.

Este 10 de noviembre, Landmark fue presentada simultáneamente en Washington (EE.UU) y Lima (Perú)

Inicio de la plataforma

El director del IBC Perú, comentó a la RED MUQUI que la idea del la plataforma global territorial, surge a raíz de los conflictos que parten de la legislación que flexibiliza la fiscalización ambiental en varios países del mundo -como es el caso de los paquetazos ambientales en Perú- y que además desconocen derechos colectivos de la propiedad comunal.

“Existe un tremenda carrera de atraer inversionistas, y muchos ven a estas comunidades rurales y tradicionales, como un impedimento. Es por ello que decidimos armar una plataforma digital que muestre la situación de las tierras comunales e indígenas”, señaló.

El gran proceso de desarrollo de la plataforma comenzó en marzo de 2012, un año después se conformó el comité directivo, y a mediados del mismo, comenzaron a trabajar. Recién, a finales del 2013, The World Resources Institute de EE.UU contrató los servicios de una compañía especialista en el armado de plataformas digitales, la cual se construyó el 2014 y parte del 2015.

Un gran desafío

Finalmente, el representante del IBC Péru, advirtió que va a tomar años seguir agregando información a la plataforma.

“Todavía tenemos grandes vacíos, esperamos conseguir mayores relaciones con otras instituciones relacionadas a este tema. Para la difusión del uso de la plataforma en las comunidades y pueblos indígenas, tenemos a los miembros locales que están mapeando y que prestan información a este soporte digital. En Perú sí capacitamos a las comunidades en la lectura de mapas”, resaltó.

 

DATOS

  • El desarrollo de la plataforma estuvo a cargo del Instituto del Bien Común (IBC) Perú, World Resources Institute – WRI (EE.UU), WAIPT (Francia) y la consultora Liz Alden Willy (Kenia), las dos primeras asumieron la coordinación general de la iniciativa.
  • Miembros del comité consultivo: AMAN (Indonesia), FPP (Inglaterra), FES (India), PAFID (Filipinas), Rainforest Foundation – UK, RAISG (seis países amazónicos), Right and Resources Initiative (EE.UU), UNINOMAD (Irán) y The International Land Coalition (Italia).

FOTOS: Captura web / Gabriela Delgado

/por

Suspenden mesa de diálogo programada para hoy en Las Bambas

,

EL MISMO DÍA DE LA REUNIÓN

  • Diálogo se programaría en 10 días más, según resolución de la PCM
  • Mesa de diálogo recién fue implementada oficialmente, un día antes de llevarse a cabo el diálogo

La implementación de la “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, fue suspendida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a menos de un día de la fecha programada. A último momento, el Premier Pedro Cateriano, decidió instalar oficialmente (R.M. Nº 263-2015-PCM) este grupo de trabajo que debería dar pronta solución al conflicto generado por el Proyecto minero Las Bambas que dejó un saldo de 4 muertos, a fines de setiembre.

Se suponía -para hoy- la presencia de funcionarios de la PCM, MEM, MINAM, MINAGRI; autoridades regionales, locales y dirigentes sociales. Sin embargo, el único que hoy se apareció en la plaza principal de Tambobamba, fue el representante del Ministerio de Energía y Minas, Martín Ortiz, quien recién informó de esta disposición publicada el domingo, en el Diario Oficial El Peruano.

Diálogo en 10 días más

El recién oficializado Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, estará adscrito a la PCM y tendrá la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones, y otras que sean determinadas por sus integrantes.

La resolución firmada por Cateriano resalta que el Grupo de Trabajo se instalará en un plazo máximo de  diez (10) días hábiles, y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles, (a partir del día siguiente de su publicación).

Respuesta

Para los pobladores y dirigentes de Grau y Cotabambas, esta decisión del Ejecutivo les cayó de sorpresa y cuestionaron que dicha resolución se haya emitido a menos de un día antes de la fecha programada (16 de noviembre) para la reunión de diálogo, la cual se fijó con anticipación y bajo el compromiso de los mismos ministros de Estado, que viajaron hasta el lugar el 30 de octubre pasado.

bambas2

Es así que varios alcaldes de los distritos aledaños a la zona de influencia minera del Proyecto Las Bambas, mostraron indignación ante la ausencia del gobierno central y el anuncio sorpresivo de la suspensión de esta mesa de diálogo.

“Realmente es preocupante la actitud del gobierno. El mes pasado vienen cuatro ministros a levantar el estado de emergencia, programan para hoy el inicio del diálogo, y terminan por no estar aquí como lo prometieron. Así no se puede creer en las autoridades del gobierno central”, indicó el alcalde de Haquira, Issac Anaya.

“Pedimos al Estado que se solucione esta demanda, queremos que se evite ejercer más violencia y que sobre todo se conserven los derechos humanos de las personas. Las autoridades locales estamos comprometidas en buscar una solución”,  enfatizó el alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani.

“No queremos que esta mesa tan solo quede en palabras, no queremos que solo sea de trabajo, sino de solución definitiva al conflicto”, solicitó el alcalde de El Progreso, Juan Licahua.

“Por culpa de las autoridades nacionales, a nosotros nos ven mal. El pueblo cree que somos parte de este ‘paseo’, y no es así. Nosotros también estamos esperando”, manifestó el alcalde de Mara, Adiel Sota.

En medio de estos cuestionamientos, el gobierno ha vuelto a militarizar la zona, pese a que el propio ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, acordó levantar el estado de emergencia.

Militarización hasta el 14 de diciembre

bambas3   bambas4

Desde este domingo 15 de noviembre (un día antes de programado el diálogo), el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias de Grau y Cotabambas, hasta el 14 de diciembre. Según la Resolución Suprema Nº 227-2015-IN (publicada el sábado, 14 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano), esta disposición busca asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o ilícitos que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.

“La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de Apurímac”, indica la norma refrendada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez; y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

FOTOS: RED MUQUI SUR

/por

PRONUNCIAMIENTO: Demora injustificada del TC de admitir demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30230

,

En relación con la demanda de inconstitucionalidad que diversas organizaciones indígenas nacionales, ONGs del movimiento de derechos humanos y la CNDDHH presentamos contra la Ley No. 30230, contenida en el Exp. Nº 00012-2015-AI, nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestar lo siguiente:

Con fecha 9 de abril del año 2015, el Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA); el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; la Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú; la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos adjuntando la firma de 6,346 ciudadanos acudimos al Tribunal Constitucional para interponer DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, y 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57del Título III y contra la Tercera Disposición Complementaria Derogatoriade la Ley Nº 30230.

Sustentamos dicha demanda en el sentido de que las normas cuestionadas violan y desnaturalizan el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida de todos los peruanos, así como vulneran el derecho a la propiedad, que ostenta  rango constitucional, sobre los territorios de las comunidades campesinas y nativas en su condición de pueblos indígenas. Además, porque violentan derechos y principios constitucionales contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia vinculante expedida tanto por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), así como, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos.

Se trata de un conflicto constitucional, toda vez que  lo que está en cuestión es el desmontaje y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y la afectación del derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el Perú.

Al respecto de la regulación procesal de una demanda de inconstitucionalidad, debemos señalar que el artículo 103, del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, precisa que interpuesta la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional resuelve su admisión dentro de un plazo que no puede exceder de diez días.

De conformidad con la sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0266-2002-AA/TC, f.j. 6, una de las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional tiene que ver con naturaleza de ambos procesos y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia. Que no debe olvidarse que la “jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin”. (STC 0004-2004-PCC, f.j. 3.3)

En ese sentido queda en evidencia la inexcusable demora en la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad, toda vez que han pasado 7 meses de la presentación de la demanda sin que hasta la fecha el TC haya admitido la referida demanda, grave situación que importa la violación del derecho al plazo razonable, garantía y concreción del derecho al debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en forma expresa en el artículo 139.3 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En atención a estos argumentos, exhortamos al TC de trámite a la demanda de acuerdo a las reglas y normas procesales vigentes, más aún cuando se trata de un órgano encargado, precisamente, de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que destaca las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

Lima, 11 de noviembre de 2015

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

Confederación Nacional Agraria – CNA

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAAP

RED MUQUI

 

Foto: Publimetro

/por

Dirigentes de Cotabambas y Grau sostendrán mesa de diálogo con el Gobierno central este 16 de noviembre

,

TRAS DECISIÓN DE LEVANTAR HUELGA

Ministerio del Interior levantó estado de emergencia a cambio de que población acuerde levantar paro interprovincial

Sociedad Civil no ha sido convocada en este encuentro de diálogo

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau acordó por unanimidad, levantar el Paro Interprovincial que se acata en la zona a raíz de la colocación de una plata de Molibdeno del proyecto minero Las Bambas a cargo de la empresa Minmetal Group Limited (MMG).

Tras analizar la situación que se vive en ambas provincias de Apurímac durante 30 días de declararse el estado de emergencia, representantes de organizaciones sociales de base, comités provinciales de lucha, dirigentes y líderes comunales decidieron levantar la medida de lucha con el fin de poder retomar sus reuniones y así poder mantener informada a la población.

Posterior a esta decisión, cuatro ministros de Estado (Interior, Energia y Minas, Vivienda y Salud) viajaron hasta Apurímac para también levantar el estado de emergencia que se había decretado en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.

RED MUQUI conversó con Rodolfo Abarca del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, quien informó que este 16 de noviembre se dará inicio a una mesa de diálogo en la que participará la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobierno locales, la empresa Minmetal Group Limited y las organizaciones sociales de base de los poblados de la zona de influencia minera.

“Solo nos informaron que en esta mesa de diálogo participarán estos cinco actores, no se ha hablado de ver si se convoca a alguna organización de la Sociedad Civil”, comentó Abarca.

Decisión partió de los pobladores

Dos días antes, en Asamblea Provincial Extraordinaria (celebrada el miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas), Ronald Bello Abarca, representante del Frente de Intereses del distrito de Tambobamba, refirió que al enviar una carta al Ministerio del Interior solicitando una reunión para tratar el levantamiento de la medida de lucha; dicho sector les respondió que para ello, debían realizar una asamblea en la que todos los dirigentes tenían que estar de acuerdo con esta decisión.

Al estar imposibilitados de informar o declarar ante los medios de comunicación, los dirigentes coincidieron en que deponer la medida de fuerza, era la mejor opción. Es por ello, que celebraron esta Asamblea Interprovincial frente a la Municipalidad del poblado de Pisaccasa, la cual se registró ante el Juzgado de Paz del distrito de Tambobamba.

Aun queda pendiente

En la reunión del 28 de octubre, a poco más de un mes del estallido del conflicto en el que murieron cuatro personas, la presidenta del Comité de Lucha Interprovincial, Virginia Pinares aclaró que ha estado viajando a Lima y a Cusco buscando diálogo con el Ejecutivo y siguiendo de cerca la situación judicial de los 17 detenidos por la Policía Nacional, quienes en su mayoría se encuentran recluidos.

El acta de esta reunión extraordinaria en Tambobamba, indica que diferentes dirigentes no confían en la Mesa de diálogo de Coyllurqui que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre entre ministros y alcaldes distritales, ya que aun no existen condiciones favorables para la provincia, heridos y deudos de los fallecidos.

Algunos pobladores provenientes de la comunidad de Pumamarca refirieron que la empresa minera Minmetal Group Limited les ofreció dos camiones, además de otros “intercambios” en  lugares aledaños. También manifestaron su desacuerdo frente a la “distritalización” que viene ofreciendo el Estado en centros poblados como el de Tambulla.

Foto: La República

/por