El abrupto viaje a Lima del gobernador de Loreto, Fernando Meléndez, ha puesto en riesgo la etapa de diálogo en la que los pueblos de las cuencas del Corrientes y del Pastaza tomarán acuerdos con el Estado respecto a la concesión del lote 192.

El apu de la cuenca del Pastaza, Aurelio Chino Dahua, dijo que ayer acudieron a la sede del gobierno regional para tratar con Meléndez los avances de la titulación de comunidades nativas, teniendo en cuenta que el gobierno central ha transferido 150 mil soles a la cuenta del gobierno regional de Loreto a fin de que inicie los expedientes técnicos.

«En la gerencia regional de Asuntos Indígenas nos dijeron que el gobernador había viajado. Los apus se molestaron y han dicho que si no está el gobernador no vamos a presentarnos al diálogo para acordar la concesión del Lote 192. Él está como escapado», refirió la autoridad indígena.

Por su parte, Perupetro solicitó a los apus del Corrientes y del Pastaza un día más para evaluar los requerimientos de los pueblos indígenas contenidos en el documento Acta de evaluación interna.

Esos requerimientos tienen que ver fundamentalmente con temas de territorio, seguridad, respeto a derechos culturales, entre otros, y que serán discutidos en la etapa final de la consulta.

 

Fuente: La República

Fernando Eguren, sociólogo y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), explica en esta entrevista los problemas, desafíos y nuevas dinámicas del mundo rural. La pobreza, la reducida garantía sobre los recursos naturales de numerosas personas que habitan en el medio rural, las nuevas dinámicas entre sus habitantes, la falta de apoyo a la pequeña agricultura –que representa la mayor fuente de empleo del mundo rural– y el contraste entre gran y pequeña agricultura constituyen nuevos elementos para tomar en cuenta.

¿Cuáles son las tres principales transformaciones que se han generado en el espacio rural peruano en los últimos 15 años?

El surgimiento de un sector agroexportador, muy moderno en términos tecnológicos y de gestión. Asociado a lo anterior, un rápido proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa, principalmente en áreas ganadas al desierto gracias a la inversión pública en irrigaciones; y, finalmente, la continuación del proceso de atomización de la propiedad de la tierra: hay medio millón de unidades agropecuarias más entre 1994 y 2012. Estos procesos han reproducido una agricultura bipolar, por un lado con latifundios, y por otro lado con pequeña propiedad y minifundio.

¿Considera que seguimos con la mirada del ‘perro del hortelano’ impresa por Alan García? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los riesgos de esa mirada?

Lamentablemente sí, y la esencia de la mirada del ‘perro del hortelano’ es que los campesinos e indígenas no están en la capacidad de aprovechar los recursos naturales que poseen, pues son pobres e ignorantes; mientras que la gran empresa sí tiene dinero y sí sabe aprovechar los recursos. La continuación de la concentración de la propiedad, de una política extractiva y las recientes medidas para estimular el crecimiento de la economía demuestran esta continuidad. Todo ello profundiza la desigualdad social y económica en nuestro país, lo que, según los mejores economistas de desarrollo del mundo, ralentiza el crecimiento.

¿En qué sentido ralentiza el crecimiento? Muchos argumentarán que se requiere capital y tecnología de punta para impulsar justamente el desarrollo del campo.

La concentración de la propiedad contribuye a la concentración de los ingresos e inhibe a otros potenciales actores económicos a intervenir y contribuir al crecimiento económico. Impide, además, que el crecimiento económico sea más equitativo y más redistributivo; por tanto, más justo y democrático.

Una investigación de Richard Webb de hace unos dos años, habla de un sector rural diferente al que se percibía siempre. Señala que ya no se trata de un sector excluido y que se ha transformado en un actor importante dentro del contexto económico y social del país. Comenta sobre una suerte de despegue rural. ¿Qué opina al respecto?

¿Qué cosa es ser ‘incluido’? El término se utiliza con mucha ligereza. Hace muchos años, Anibal Quijano –uno de los más ilustres sociólogos peruanos– rechazaba el término ‘población marginada’, afirmando correctamente que no había tal exclusión, sino que era población incluida pero explotada. En cuanto al estudio de Webb, lo interesante es que muestra que romper con el aislamiento territorial de los campesinos, gracias a la construcción de caminos y desarrollo de las comunicaciones, hace más por ellos que las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura. Desde los años del Gobierno de Fujimori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha incrementado los esfuerzos por mejorar y extender la red vial. Uno de los programas más interesantes del Ministerio de Transportes fue el de Caminos Rurales.

¿Cómo han venido afectando la globalización y el comercio internacional las dinámicas y economías del mundo rural? A unos 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., donde se identificaron sectores ‘perdedores’ agrarios que debían ser compensados, ¿qué análisis hace?, ¿se acrecentaron las brechas sociales en el espacio rural por este acuerdo?

El Perú ha establecido acuerdos comerciales con decenas de países. Estos acuerdos han beneficiado sobre todo a los grandes exportadores agrarios y también a importadores de cereales. No encuentro que haya beneficios para el resto de productores agrarios, que son la inmensa mayoría. En contraste, ha perjudicado a algunos sectores de la pequeña agricultura, como los algodoneros, enfrentados –entre otros factores– a precios subsidiados, y cuya área de cultivo ha ido disminuyendo. Estos acuerdos han contribuido, como he mencionado, a la generación de un agro bipolar: en un extremo está la gran agroindustria de exportación, y por otro lado, una pequeña agricultura que produce sobre todo para el mercado interno y que es la base de la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo romper o reducir esa bipolaridad entre estos dos tipos de agricultura?

Resulta obvia la necesidad de un cambio de prioridades, adjudicando una mayor inversión pública a infraestructura y servicios que favorezcan a la agricultura familiar. Pero también es importante regular la propiedad de la tierra, mediante el establecimiento de impuestos progresivos, para evitar la formación de más neolatifundios.

A la luz de los nuevos resultados de Censo Nacional Agrario (Cenagro 2012), ¿qué lectura y recomendaciones de política sugiere?  

El Cenagro 2012 muestra la fuerte presencia de la pequeña agricultura o agricultura familiar (más de 2 millones de unidades agropecuarias, sobre un total de un poco más de 2,2 millones unidades agropecuarias). No puede haber desarrollo rural sin el desarrollo de esta agricultura. Tampoco puede haber un desarrollo regional, que es uno de los principales objetivos del proceso de descentralización. La principal recomendación es que el Gobierno priorice la agricultura familiar e invierta fuertemente en su promoción. Además de ser la principal abastecedora de alimentos del país, la pequeña agricultura es la que crea más empleo en el campo, muchísimo más que la agroindustria, y representa la manera más eficaz de combatir la pobreza rural.

¿Por qué las autoridades y otros grupos subestiman el minifundio a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria del país?

Si definimos el minifundio como aquella extensión de tierra que hace imposible, en las condiciones actuales, que una familia pueda vivir por encima de la línea de la pobreza, entonces más del 90% de nuestros productores agrarios son minifundistas. El que no reciban apoyo suficiente es para mí un asunto principalmente de poder: estos pequeños agricultores no lo tienen. Sus organizaciones son débiles, no pueden alterar el curso neoliberal de nuestra economía, que favorece a los grandes. Es cierto que existen acciones a favor de la pequeña agricultura, como los que ejecuta Agrorural (Ministerio de Agricultura y Riego –Minagri–), pero son esfuerzos minúsculos comparados con las necesidades de la abrumadora presencia de la agricultura familiar en el país.

Dentro de las actividades productivas, el capital y las tecnologías de punta están principalmente en manos de empresas medianas y grandes. Sin embargo, hay estudios en zonas muy específicas de la serranía que hablan de una suerte de revolución tecnológica de productores familiares. ¿Cómo evalúa este proceso?

Que la pequeña agricultura ha incrementado sus rendimientos, es cierto. Solo así se explica que haya podido alimentar a 10 millones de personas más de las que había en 1993 en el Perú, lo que muestra la gran capacidad de esta agricultura para responder al crecimiento de la demanda. Pero me parece excesivo hablar de una revolución, para lo cual se hubiese requerido un significativo apoyo estatal y privado. Este apoyo se ha reservado en beneficio de la gran agroindustria.

Hablar de desarrollo rural es mucho más amplio que hablar de agricultura. ¿Cree que hay ese enfoque en las políticas, tomando en cuenta que existe una estrategia nacional de desarrollo rural?

El año 2004 fue prolífico en estrategias nacionales, pero muchas se quedaron en el papel. Es el caso de la de desarrollo rural. Una de las razones es que era una estrategia multisectorial, pero ya sabemos que los ministerios suelen cuidar celosamente sus ámbitos y son incapaces de llevar adelante una colaboración intersectorial. Esa situación no ha cambiado a pesar de varios intentos. Además, la manera en que ha evolucionado la descentralización político-administrativa ha debilitado la posibilidad de que el Gobierno central alinee a los Gobiernos regionales y locales alrededor de estrategias únicas. Las agencias agrarias dependen de los Gobiernos regionales, y poco caso hacen al Ministerio de Agricultura. Recíprocamente, este no ejerce ningún liderazgo en las regiones.

¿Qué ha pasado con los programas de asistencia social y de transferencias condicionadas como Juntos y otros de desarrollo productivo como Haku Wiñay? ¿Están funcionando? Las cifras de pobreza rural parecen no disminuir.

No me animo a responder a esta pregunta, pues no tengo suficiente información.

Un tema en el espacio rural, como usted ha mencionado, es la presión sobre tierras. ¿Cómo garantizar que no se vulneren los derechos de las comunidades sobre sus tierras?

En este punto hay retrocesos. Las disposiciones recientes para estimular a una economía que se aletarga adelgazan los derechos de las comunidades sobre sus tierras. No hay, pues, garantías de que se respeten esos derechos. Este y los anteriores Gobiernos optaron decididamente por la industria minera y la de hidrocarburos, asentadas ambas en buena medida precisamente sobre las tierras de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amazónicas.

Hay investigadores que proponen ciudades intermedias, dado lo difícil del desarrollo de la pequeña agricultura en zonas muy remotas y golpeadas fuertemente por el cambio climático. ¿Cuál es su opinión?

Independientemente de las políticas oficiales, las poblaciones rurales están migrando a ciudades intermedias. Este dinamismo no responde, pues, a ninguna política premeditada. Las ciudades suelen ofrecer mejor calidad de vida y más oportunidades a los jóvenes. Ahora bien, estas dinámicas poblaciones urbanas constituyen importantes mercados para la producción rural, y ofrecen servicios que son importantes tanto para la producción agraria como para la propia población, como servicios de salud, de educación, oferta de insumos para la producción, etc. Además, en las ciudades intermedias el Estado está presente, acercándose así a las poblaciones rurales del entorno.

Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre los transgénicos y la actual moratoria? Hay quienes promueven esta opción de producción como la solución al hambre.

Para afrontar la creciente demanda de alimentos hay tres alternativas: aumentar la frontera agrícola, intensificar el uso de la tierra (más cosechas por año) e incrementar los rendimientos. Sobre el aumento de rendimientos, hay mucho por hacer, sin necesidad de recurrir al uso de semillas transgénicas. Hay variedades mejoradas e híbridas que pueden contribuir a aumentos significativos del rendimiento de los cultivos, y hay toda una tarea por delante para difundir las variedades de alto rendimiento que ya se cultivan pero que no están suficientemente aprovechadas. Aquí el papel de la extensión técnica es muy importante. Creo que debe mantenerse la moratoria a la importación y uso de las semillas transgénicas.

Cecilia Niezen
Periodista interesada en temas económicos, sociales y ambientales. Espacio para compartir información e ideas. @cniezen

El jueves 09, se llevó acatado con contundencia el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú.

En la ciudad de Cusco, en horas de la mañana se hizo notar la decisión de los transportistas de no acatar la paralización, ya que el transporte público se realizaba con normalidad, sin embargo a partir de las 9 de la mañana los piquetes en las principales calles de la ciudad detuvieron el tránsito.

En la movilización participaron diversos gremios de cusco, entre ellos, el sector de construcción civil, el magisterio, una facción del sindicato de Transportes, la Universidad Nacional de San Antonio abad del Cusco, algunos movimientos políticos que quisieron mostrar su apoyo a las demandas de esta medida de fuerza, entre otros.

Los distintos gremios participantes se movilizaron indistintamente por las calles de la ciudad, haciendo sentir su voz de protesta.

Entre las demandas por las que fueron convocados los sindicatos del Perú y de Cusco están: Aumento de sueldos, salarios y pensiones. Especialmente de la Remuneración Mínima Vital, la derogatoria de leyes que afectan a los trabajadores del sector privado y público. Pedido de una Nueva Ley General de Trabajo, rechazo a las intenciones de privatización de las empresas públicas encargadas de salud, agua, entre otros, cancelación del proyecto minero Tía María, y la defensa del derecho de los  pueblos sobre sus territorios (rechazo a los paquetazos ambientales).

Derechos Humanos Sin Fronteras

Albercio Bazan Jempekit, Presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y de la comunidad de Supayacu en el Distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio, dijo en entrevista con Radio Marañón, que aún están esperando un análisis formal a sus fuentes de agua.

Como se recuerda, el año pasado, se denunció la inexplicable muerte de peces en la cuenca del río Miraflores, en la jurisdicción de las comunidades indígenas. Fue entonces que organizaciones como el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), realizaron estudios al agua, encontrando aceites que al parecer fueron la causa de la muerte de peces.

Sin embargo, los integrantes de las comunidades awajún, aún esperan un análisis que les confirme hoy en día en qué condiciones se encuentran sus aguas.

“Con el apoyo de otras entidades hemos hecho análisis, entonces se ha presenciado algunos elementos que se utilizan en fábrica de plásticos, perforación de mineras, uno de ellos se llama fenoles, son aceites. En gran cantidad es tóxico para los peces, entonces esa ha sido la causa de la muerte de los peces” expresa.

Si bien, se informó que los peces ya no mueren, la población ha quedado asustada y prefiere no consumir aún los peces.

Albercio Bazán dijo que ellos siguen creyendo que la contaminación del río se debió al vertimiento de líquidos extraños por parte de la empresa Águila Dorada, la misma que realizaba hace meses actividades de exploración minera en la zona.

También informó que actualmente la empresa no realiza ya actividades de exploración y esperan que tampoco anuncie el inicio de actividades de explotación.

“La empresa ya no trabaja, su contrato fue finalizado los meses de abril, esperamos que no vuelva para no generar problemas. Ya hemos agotado la vía legal, la demanda de amparo sigue; si pudiera darse nuevamente nosotros vamos a hacer una lucha de acción, salir a protestar” dice Bazán.

El dirigente awajún, dijo que esperan que la gestión municipal en el distrito de Huarango los incluya en el trabajo que se viene realizando. Pidió por ejemplo que se tenga en cuenta el mantenimiento de la carretera que dirige a Supayacu.

Fuente: Radio Marañón

EL 6 de mayo del año 1986 se crea la Cooperativa Agraria de Trabajadores Huapalas, con 49 socios, ex trabajadores de la empresa ganadera EPSA, que les dejó maquinarias, ganado vacuno, vehículos mas no las tierras. El Ministerio de Agricultura le adjudicó irregularmente estos terrenos a esta cooperativa. A pesar de que las personas que viven ahí por más de 100 años cuentan con una Resolución Dictatorial N° 220 emitida en 1979, que los califican con derecho preferencial a la adjudicación definitiva de las tierras.

En el año 1993, el gobierno de Fujimori declara una ley que señala que cada propietario que goce de un título de propiedad puede vender su terreno. Aprovechando esta ley, en el año 1994 y 1997 la cooperativa en cuestión vende las 3 mil hectáreas a 250 mil soles a la empresa Negociación Agrícola Huapalas, es decir, cerca de 85 soles por hectárea  y esta empresa inicia un proceso de desalojo contra más de 300 familias la asociación Velasco Alvarado de Huapalas.

Hemos venido un grupo de moradores de San Agustín de Huapalas, de la Asociación Velasco Alvarado, para pedirle a la primera sala civil constitucional y social permanente  del Palacio de  Justicia  para que de una vez por todas se ponga fin a esta materia de desalojo por parte de la Empresa Negociación Agrícola Huapalas S.A., el día de mañana vamos a tener la vista de la causa y por eso estamos desde hoy reunidos, pedimos justicia para Huapalas, estamos haciendo acto de presencia.

¿Cómo les quitaron sus tierras?

Se valieron de un plano que desconocía las viviendas, lo presentaron al Ministerio de Agricultura y el mismo ministerio les adjudica a ellos las tierras, pero nosotros tenemos una resolución 220 anterior del año 1979 por el mismo Ministerio de Agricultura y la esta desconociendo ahora y por eso hemos venido de Chulucanas para que la sentencia salga a nuestro favor.

¿Qué les ha dicho el Ministerio de Agricultura?

Fuimos al ministerio de agricultura pero los ingenieros  que  habían firmado esta resolución ya no estaban porque estamos hablando del año 79 y la empresa compra las tierras en el 94.

Los miembros de la Comunidad de San Agustín de Huapalas, van a pernoctar en los exteriores del Palacio de Justicia hasta el día jueves 08 de julio, esperando recibir a las 10:00 a.m. el fallo correspondiente.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó el evento académico “Fiscalización Ambiental para el Cambio” en la ciudad de Arequipa, con la participación de docentes y alumnos de las Universidades Alas Peruanas, Católica Santa María, Católica San Pablo, San Agustín y Tecnológica del Perú, así como de miembros de los Colegios Profesionales de Biólogos e Ingenieros.

Durante el evento, el Presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, remarcó la importancia de que exista un adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades extractivas (como es el caso de la minería) y la protección ambiental. Asimismo, resaltó que la fiscalización ambiental debe ser vista como una herramienta para promover la inversión —y no como un obstáculo— y, al mismo tiempo, como una garantía de que las actividades extractivas no dañen el ambiente ni la salud de las personas.

La fiscalización ambiental realizada por el OEFA promueve ese equilibrio a través de la transparencia, la participación ciudadana, la promoción de la remedición ambiental y sobre todo a través de una fiscalización eficiente que genere confianza en la población y reduzca los conflictos socioambientales.

Para lograr sus objetivos, el OEFA tiene la potestad de dictar medidas preventivas cuando evidencie un peligro inminente a la salud de las personas, a los recursos naturales o al ambiente. Estas medidas se pueden dictar incluso en los casos en los que no exista un incumplimiento al instrumento de gestión ambiental por parte de la empresa.

El OEFA también puede solicitar la actualización del instrumento de gestión ambiental cuando identifique que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa con los declarados en la documentación que propició la certificación ambiental.

El Presidente del Consejo Directivo del OEFA exhortó a los asistentes al evento y a la población en general a confiar en la fiscalización ambiental y en su papel de garante de una adecuada protección ambiental. Una mayor confianza en la fiscalización ambiental genera una mayor confianza en la inversión.

Durante el evento, los funcionarios del OEFA explicaron el macroproceso de fiscalización ambiental, así como las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización llevadas a cabo en el departamento de Arequipa. En este departamento se realizaron 7 monitoreos ambientales y existe uno programado para fines del presente año.

Además, se informó que en dicho departamento se realizaron 509 supervisiones, desde el 2011 a mayo del 2015, en los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria. Con relación a las entidades de fiscalización ambiental (EFA), desde el 2014 a mayo del 2015 se realizaron 63 supervisiones a las EFA (gobierno regional y municipalidades provinciales y distritales) para asegurar que cumplan sus funciones de fiscalización ambiental de manera eficiente y eficaz.

Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
OCAC – OEFA

Con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias  de los avances del proceso de Ordenamiento Territorial en el país y construir propuestas consensuadas de puntos pendientes en las agendas de gobernabilidad en torno a los procesos de Zonificación Económica y Ecológica – ZEE y ordenamiento territorial en el Perú, se viene organizando el Foro Macro – regional sobre ordenamiento Territorial: “Retos y desafíos del ordenamiento territorial en el Perú”.

El foro se realizara el jueves 02 de Julio en el auditórium de la DIRCETUR, ubicado en la Plaza Túpac Amaru – 4to piso desde las 8:30 a.m. a 4:30 p.m. El evento contara con la presencia de expertos y especialistas reconocidos a nivel nacional y regional sobre Ordenamiento Territorial, así mismo con autoridades de las regiones de Cusco, Apurímac, Huánuco, Ancash y Cajamarca, líderes y lideresas de diversas organizaciones del Perú.

El foro es organizado por la Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible RENADES – Cusco, el Gobierno Regional del Cusco a través del Comité Técnico de Ordenamiento Territorial y ADG Islas de Paz del proyecto de ordenamiento participativo del territorio en los Andes Peruanos.

Plataforma Regional de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible – RENADES

Las rondas campesinas de la provincia de Sánchez Carrión, La libertad, el programa Tejiendo alternativas del Proyecto Amigo y el colectivo Tarpuymita, informamos a la opinión pública sobre la urgente necesidad de intervenir en Huamachuco para detener la expansión de la minería artesanal informal. A pesar de que tal situación se está dando de manera acelerada, estamos a tiempo para evitar que se repita el caso del Cerro el Toro, poniendo en riesgo la salud y seguridad de la población, sobre todo de los niños que trabajan y de aquellos que viven y estudian entorno. Además de poner en riesgo fuente de agua de gran importancia para el territorio.

Desde hace unos años, a pesar de los diversos intentos de que la minería informal en el Cerro el Toro pueda resolverse, no ha habido resultados suficientes.  La formalización de la minería artesanal enfrenta dificultades complejas, por lo que la propuesta no puede estar centrada en el uso de políticas represivas focalizada en los mineros operarios, sino que debe abordarse el fenómeno en su conjunto, desde las causas de su origen y reproducción.

Ahora además del Cerro el Toro, la actividad se expande a las zonas aledañas, por lo que hacemos una alerta a viva voz y convencidos de que es posible evitar tal avance. Para ello, pedimos la presencia del gobierno central y de las instancias correspondientes para que, de manera participativa, podamos acordar una estrategia de acción efectiva para paralizar la expansión de la minería informal en Huamachuco.

Para este proceso pedimos se tenga en cuenta aspectos como:

1) Avanzar con el plan de ordenamiento territorial, desde un enfoque de cuencas y de derechos humanos, que vaya de la mano con reales alternativas de producción económica que no dependan de la actividad extractiva minera

2) Establecer una estrategia que paralice y prevenga  la expansión de dicha actividad mientras no se den las condiciones para que se lleve de manera responsable;

3) Declarar el carácter de intangibilidad a las zonas de las lagunas altas;

4) Garantizar  el no trabajo de niños y niñas.

¡Por un ordenamiento territorial participativo

Por una política de prevención de la expansión minera informal

Con un enfoque de derechos humanos y de cuidado de la infancia y la adolescencia!

Huamachuco, 22 de Junio del 2015

Nury García Córdova                                                                                   Martin Otiniano
Tejiendo alternativas                                                                              Rondas Campesinas
Proyecto Amigo                                                                                Provincia Sánchez Carrión

Rocío Altamirano
Colectivo Tarpuymita

El crecimiento del PBI en la agricultura es al menos el doble de eficaz en la reducción de la pobreza frente a otros sectores, según  el Banco Mundial. Una receta que no se aplica en la región donde la tierra  esta en manos de unos pocos, como lo muestra el índice Gini que asciende a 0,81, un nivel muy superior a la media mundial que se sitúa en 0.60.

En la región existe una «fiebre de tierras”  debido a la  creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.  “En toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Por ejemplo, en Guatemala se ha reducido en 55 mil hectáreas los bosques, y en Honduras  en 145 mil; a la par que la producción de biocombustibles (cultivo de palma de aceite y caña de azúcar) en estas zonas se ha incrementado en torno al 147,5%.

De las más de un millón 700 mil hectáreas que hay en la región, el 34% es tierra con potencial para la agricultura y el 48% son bosques, según el Instituto para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS). “La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista  ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador.

Conflictos sociales y concentración de tierras

En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año  211 conflictos sociales, de éstos,  143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales, y de éstos mas de  mitad son por minería.

Raphael Hoetmer, investigador  integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización» en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales.  El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO,  afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).

El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como  “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación  construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía

Durante la conferencia se expuso  la amenaza que el proyecto Conga (Cajamarca) supone para su población y el ecosistema, compuesto de humedales y  lagunas,  pues se removerían durante 17 años 92 mil toneladas diarias de roca y se producirían 85 mil toneladas de relaves tóxicos diarios. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), resaltó que tras 22 años de minería en la región es la más pobre del país. además comentó que existe un interés por convertir el sur de Cajamarca en uno de los distritos mineros más grandes de Latinoamérica.

En el caso de Ecuador,  el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido  a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.

Pedro Landa, investigador del ERIC de la compañía de Jesús de  Honduras, explicó que el modelo extractivista reproduce las tradicionales economías de enclave  que tratan de abastecer de materias primas a los países del Norte. Este modelo económico se vio impulsado en el país tras el Golpe de Estado del 2009, que impuso una nueva Ley de Minería. A un año de esta normativa, se generaron 20 conflictos.  Los 292 proyectos mineros aprobados ocupan el 46,6% del territorio nacional. De aprobarse las 562 solicitudes en proceso,  se incrementaría esta  cifra hasta el 65.8%.

Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras

“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.
Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.

La economía solidaria y agricultura familiar

En el Perú alrededor del 90% de todas las unidades agropecuarias, es decir, más de 2 millones de predios, pueden ser calificados como Agricultura Familiar. Ahí están incluidos, tanto la pequeña agricultura comercial como las Comunidades Campesinas y Nativas. De éstos, la gran mayoría,  un millón ochocientos mil, son de sobrevivencia, según explicó Fernando Eguren, de CEPES.

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

Asimismo, en la conferencia se habló sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad  de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria.  Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.

“En toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se deben a la creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.

“La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista  ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, quien habla  de la “maldición de la abundancia”.

Conflictos sociales y concentración de tierras

En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año  211 conflictos sociales, de éstos,  143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales.

Raphael Hoetmer, investigador  integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización» en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales.  El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO,  afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).

El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como  “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación  construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía trabajar tanto para la minera o para el Estado.

En el caso de Ecuador,  el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido  a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.

Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras
“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.

Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.
La economía solidaria y agricultura familiar
Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

Asimismo, en la conferencia se hablarán sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad  de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria.  Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.