La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y las veinte instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de normas que flexibilizan los estándares mínimos de protección de derechos humanos favoreciendo únicamente la promoción de inversiones. Frente a esta situación en junio del 2015, la CNDDHH emitió un pronunciamiento contra la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo otorgadas por el Congreso de la República. A octubre del presente año, podemos constatar que dichas facultades en el caso de los Decretos Legislativos 1192 y 1210, lo que han conseguido es seguir debilitando el marco normativo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en base a lo siguiente:

1. Es necesario recordar que el gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico bajo esa justificación se han ido aprobando paquetes de normas como el Decreto Supremo 054- 2013- PCM, Decreto Supremo 060-2013-PCM, Ley 30025, Ley 30230, Decreto Supremo 001-2015-EM, Ley 30327 y recientemente los Decretos Legislativos 1192 y 1210 como parte de una estrategia premeditada.

2. Si bien estas normas han sido impulsadas desde el Poder Ejecutivo, es necesario señalar que el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En varios casos contraviniendo la misma Constitución Política e incluso a través de decretos supremos modificando normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas y nativas.

3. El Decreto Legislativo 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esta medida instaura un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado. Tener un solo marco legal ante la dispersión de normas que se venían aprobando es saludable; pero hacerlo principalmente para impulsar las inversiones y las asociaciones público-privadas apartando a los jueces que son los que garantizaban y resolvían en última instancia un proceso expropiatorio, no solo es un error sino un acto que contraviene el ordenamiento jurídico, puesto que bajo esta norma no se quiere entender que la expropiación constitucionalmente es una norma de excepción, así lo determina la Constitución Política en su artículo 70.

4. El Decreto 1192 a lo largo de sus artículos contiene una redacción ambigua buscando normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir de la declaratoria de necesidad pública, establecida de acuerdo a los criterios del gobierno de turno. Con lo que la necesidad o interés público carecerán de límites; es así que un proyecto de inversión privada o asociación público-privada, que requiera de tierras urbanas o rurales puede acudir a un ministerio, un gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante un procedimiento ahora expedito, puesto que la actual ley tiene plazos fijos y cortos que buscan quitar cualquier obstáculo al proceso. Además la norma no hace ninguna diferenciación entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad, en tanto que las comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales geo-referenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se  convierte en un derecho inseguro.

5. A esa situación hay que agregarle que después de tres semanas de aprobado el Decreto, apareció uno nuevo. Nos referimos al Decreto Legislativo 1210, cuyo único artículo modifica la décima disposición complementaria del D.L. 1192 la cual excluía las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. En esta modificación, de manera sospechosa, se retira lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, quedando en evidencia lo que está detrás de esta norma. Este decreto no solo afectará a las comunidades, sino también a toda la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas indiscriminadamente para incentivar la inversión como parte de una supuesta necesidad pública de todas y todos los peruanos.

6. Exigimos pues al Estado el respeto al marco de protección de los derechos humanos relacionados con tratados de derechos humanos, garantías constitucionales y leyes de ordinarias de protección de derechos. Por otra parte al Congreso de la República solicitamos reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Lima 27 de octubre del 2015

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Invitado permanente de la RED MUQUI

x

CON CAMINATA POR PASCO, JUNÍN Y LIMA

Las 12 comunidades campesinas y centros poblados del distrito de Simón Bolivar de Pasco, realizan la “marcha de sacrificio por la Vida y la Salud de Pasco” que pasará por varios centros poblados de las regiones de Pasco, Junín y Lima. Esta caminata masiva pretende llegar hasta las sedes de los ministerios que hace tres años se comprometieron a ejecutar un Plan de Emergencia Ambiental que contemplaba 30 medidas para reducir el alto índice de metales pesados en el agua, aire y suelos de este distrito, en el que viven casi 14 mil personas.

Se estima que esta caravana de protesta estaría llegando a la capital entre el 30 de setiembre y 1 de octubre. Quienes encabezan esta marcha a pie es el alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, y autoridades municipales, así como presidentes de Asentamientos Humanos acompañados por las Comunidades Campesinas y padres de familia con niños afectados. La marcha se inició el ayer desde la localidad de Quiulacocha que es una de las más afectadas por la presencia de una relavera minera. Este fin de semana estarían llegando a Junín al ingresar por el distrito de Carhuamayo (provincia de Junín).

Por su parte, la municipalidad provincial de Pasco se ha sumado a esta lucha por medio de la entrega de alimentos no perecibles, agua y frutas para las personas que realizan esta protesta. Sin embargo, sus autoridades no participan directamente.

Los regidores de Simón Bolívar, Hugo Rojas y Jaime Silva indicaron que un total de 2,070 niños menores de 12 años son los más vulnerables a metales en la sangre y representan poco más del 14% de la población. Actualmente, 50 de estos menores se encuentran en estado crítico al no poder caminar.

Desde hace casi 20 años, los problemas de salud pública se han agudizado en el distrito debido a la presencia de metales pesados en el agua, el aire y el suelo, lo cual ha perjudicado a más de 14 mil personas de comunidades, anexos y asentamientos humanos.

Entre los años 2007 y 2012, los pobladores ha sido evaluados a través de tres estudios, el último de ellos fue realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección regional de Salud Pasco. El resultado de la “Determinación de Plomo en sangre en niños y mujeres gestantes de las poblaciones de Pasco”, concluyó en que casi el 60% de niños evaluados presentan más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre (límite establecido por la OMS).

Tras la presentación de este estudio, y de los realizados por el Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), el Estado peruano declaró en emergencia ambiental en cuatro localidades de Simón Bolivar en mayo de 2012 (R.M. N° 117-2012). En ese mismo año, se aprobó un Plan de Acción inmediato y de corto plazo (90 días) con 32 acciones que no se han llevado a cabo hasta la fecha.

Dicho plan que deben ejecutar cinco ministerios, contempla el cierre de pasivos ambientales (relavera de Quiulacocha y desmontadera Excélsior), control de riesgos y remediación ambiental, pavimentación y forestación de vías, sistema de agua potable, planes de nutrición con la población, entre otros.

DATO:

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, está permitido no más de 10ug/dl en la sangre. Sin embargo, los niños del distrito de Simón Bolívar presentan 28ug/dl habiendo sobre pasado el límite, perjudicando su salud para el resto de sus vidas.

Foto: Aquino Photography

Este jueves 20 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica dará inicio al juicio oral en el que se determinará la culpabilidad –o inocencia– del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, y los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, a raíz del conflicto socioambiental que se desató hace tres años en la provincia de Espinar (Cusco).

Este proceso inicia luego de 3 años y 2 meses de investigaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Ica, que ahora solicita más de 20 años de cárcel y el pago de S/. 100 mil por reparación civil, para Mollohuanca, Huamán y Huamani, quienes son acusados por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios.

Cabe recalcar desde el año 2012, el Ministerio Público de Ica inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes también se les acusó de delitos contra el orden público, luego del paro contra el proyecto minero Tintaya de la minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay).

Sin embargo, en noviembre del año pasado, se archivaron las investigaciones fiscales contra el personal de seguridad de la Municipalidad Provincial de Espinar, que había sido acusado de tenencia Ilegal de materiales explosivos e inflamables y disturbios. Asimismo, se archivaron las investigaciones de la fiscalía en torno a las dos personas que fallecieron en medio del enfrentamiento entre policías y pobladores, en el paro del 29 de mayo.

A Óscar Mollohuanca se le imputan los delitos de peculado, apología de delito, disturbios y atentado contra la seguridad común durante las protestas contra la minera Xstrata Tintaya. Según el entonces Fiscal de la Nación, José Peláez, su caso fue trasladado a Ica ante las supuestas amenazas que recibían jueces y fiscales en el Cusco. Fue así que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación emitieron dos resoluciones administrativas (N° 096-2012 y N° 1343-2012, respectivamente), para derivar la competencia de los procesos de Espinar (Cusco) a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

Desde el año 2012 está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por este pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco, y no en Ica.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), miembro de la Red Muqui.

Las Organizaciones miembros de la Red Muqui enfocadas en derechos humanos y temas de defensa legal, mostraron su satisfacción por la reciente aprobación de la ley que regula el “uso de la fuerza” de la policía nacional, como parte del ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución.

Si bien es cierto, desde hace algún tiempo, la sociedad civil reclamaba una normativa como el recién aprobado Decreto Legislativo No. 1186, las organizaciones de la Red Muqui advirtieron que el texto de la norma aún muestra generalidades, respecto al accionar policial en un contexto de protestas y conflictos sociales.

En ese sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz expresó su preocupación sobre algunas expresiones usadas para el uso del arma de fuego, por parte de efectivos policiales, en caso de protestas sociales. Para Fedepaz, algunos términos como: “Medios de policía”, “…otros elementos de apoyo” (inciso C, artículo 3), o “peligro real o inminente de muerte” (inciso E, artículo 8.3) no están del todo definidos, y podrían llevar a un efectivo policial a tomar una decisión arbitraria del uso de la fuerza. En atención a ello, Fedepaz pidió al Estado la pronta aprobación del reglamento de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que podrían perjudicar a la población civil.

Para el abogado que lleva la defensa de casos en Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, José Ramiro Llatas, estas imprecisiones en la ley causan una sensación de impunidad, debido a que la policía nacional no suele cumplir con sus atribuciones de saber mediar en casos de conflicto (artículo 11, numeral 6 de la Ley de la Policía Nacional). Para Llatas es recomendable, no solo reforzar el texto legal del “uso de la fuerza”, en cuanto a conflictos sociales y protestas, sino analizar también cómo actúa el Poder Judicial y la Fiscalía frente a los casos donde la policía es denunciada por abuso de autoridad. “Es curioso cómo los procesos contra dirigentes sociales avanzan con rapidez, mientras que los de algunos malos efectivos policiales, terminan siendo archivados”, aseveró Llatas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dio cuenta en su informe anual de un total de 125 civiles muertos por uso excesivo de la fuerza, durante los conflictos sociales ocurridos entre el año 2002 y julio de 2015, es decir en los últimos 13 años. Dicha base de datos, realizada en base a fuentes como la Defensoría del Pueblo, centros médicos y algunos medios de comunicación, muestra que hubo 17 fallecidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 80 durante el gobierno de Alan García y en lo que va del gobierno de Ollanta Humala registra 45 fallecidos.