DESDE ESTE VIERNES 20

  • Desde el 2013 no se concretan acuerdos de mesa de diálogo en la zona

El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y varias organizaciones sociales representativas de la provincia de Espinar acatarán un paro preventivo de 24 horas en respuesta al incumplimiento de los compromisos asumidos por las diferentes entidades públicas para afrontar la contaminación ambiental que se vive en dicha provincia cusqueña.

Los pobladores de Espinar señalaron que la mesa de diálogo en la provincia no ha dado los resultados esperados por la población, desde que se instaló; sino por el contrario, los funcionarios representantes no toman en cuenta los plazos para llevar a cabo las soluciones planteadas en este espacio.

En diálogo con Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), el Presidente del FUNDIE, Edgar Huaranca, detalló que la plataforma de lucha de este paro responde a que desde hace casi 3 años, no se cumple con atender a los pobladores afectados por metales pesados en la sangre, además de la negación sobre la presencia de metales pesados en el ambiente, por parte de organismos públicos especializados involucrados en el tema.

“Las evaluaciones de OEFA, ANA, SENASA, CENSOPAS, DIGESA Y DIRESA, están concluyendo en sus informes que en relación a la actividad minera, no se ha hallado metales pesados en el aire y el agua; en el caso del SENASA, se está haciendo evaluaciones junto con un laboratorio extranjero que señala lo mismo. Esto que ha motivado al rechazo de las organizaciones sociales.

Respecto a la atención de salud que los afectados de Espinar requieren con urgencia, Huaranca, recordó que inicialmente, el Ministerio de Salud (Minsa) tenía contemplado ejecutar un plan específico para estas personas que presentan altos porcentajes de metales pesados en la sangre; sin embargo, solo se viene implementando el programa nacional “Más Salud” que no cuenta con especialistas para tratar estos casos.

“Esta campaña no tiene validez para la provincia, dado que la demanda inicial era una atención a las personas con metales pesados que tienen en el cuerpo y la atención inmediata (…) las personas intoxicadas por metales pesados no han sido atendidas, han sido abandonadas a su suerte”, aseveró

Tras mencionar que la empresa Antapaccay (Tintaya) no ha tomado ninguna acción hasta el momento, el representante del FUDIE mencionó que en la plataforma de lucha también se existen puntos referidos a las mineras HudBay y Las Bambas.

“Con la minera HudBay (Chumbivilcas, Cusco) y las Bambas (Cotabambas, Apurímac) tenemos el problema de contaminación y deterioro de las vías. HudBay hace circular unos 160 convoys aproximadamente, tanto de ida como de vuelta, las vías se han ido deteriorando. Además, se levanta una polvareda que afecta a las personas y a nuestros animales; lo mismo ocurre con Las Bambas que tampoco ha querido tomar las previsiones del caso, y en esta primera etapa de producción son más de 200 unidades vehiculares pesadas que circulan”, comentó a DHSF.

Precisamente, Huaranca hace referencia a las vias cusqueñas que pasan por los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata, y que llegan hasta Arequipa.

En ese sentido, indicó que existe un compromiso por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asfaltar las vías por donde transitan los camiones desde Chumbivilcas, las cuales son consideradas de alto riesgo para la salud humana y de los animales. “Hasta la fecha se ha cumplido en algo el porcentaje de avance pero no se cuenta con el presupuesto para su ejecución. Es de suma importancia que esta vía sea declarada en emergencia a fin de que no haya más contaminación”, agregó.

Durante esta jornada de lucha, se tiene programado el cierre de vías de acceso a la provincia de Espinar especialmente de aquellas que se conectan con Chumbivilcas y Cusco, como son las de Espinar, Sicuani y San Tomás. “Se  ha coordinado con las diferentes organizaciones para que desde tempranas horas se realicen los piquetes cerrando el acceso a la provincia de Espinar”, señaló el presidente del FUDIE.

Asimismo, Huaranca informó que este 21 de mayo -día simbólico de la dignidad Epinarense- se conmemora un año de la creación del Frente Único de la Juventud Espinarense, así como una serie de actividades para dar muestra de la contaminación ambiental que sufre la provincia y el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades en el año 2012.

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Fuente / Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

EN AUDIENCIA

  • Abogado del MEM desestimó estudio técnico del GORE Cajamarca por supuesta posición antiminera

Autoridades de la Comunidad Nativa de Supayaku sustentaron una demanda de amparo en relación a la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Awajún de Cajamarca, por parte de la empresa Águila Dorada que tiene a cargo el proyecto minero ‘Yagku Entsa’

Durante la presentación de un informe oral en la sede del 5° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, los representantes de la comunidad Awajún también sustentaron como es que la empresa incurrió en la violación de su derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

La audiencia inició con el pedido del Juez hacia el Presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), Albercio Bazán, quien explicó que la demanda responde la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún de Cajamarca, y que además constituye un límite natural entre sus dos comunidades Supayaku y Naranjos.

Bazán dio a conocer que pese a que esta población forma parte de la comunidad adyacente al proyecto minero, Águila Dorada y el Estado solo consideraron como zona de influencia a la Comunidad Nativa de Naranjos y no a la Comunidad Nativa de Supayaku. Asimismo, el representante de ORFAC remarcó que el Río Chirinos, provee agua a ambas comunidad; de manera que los desechos químicos producto de la actividad minera han afectado a todos los que viven alrededor del río.

“Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río… lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río”, añadió Bazán.

Que dice la defensa

A su turno, el abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, argumentó que la comunidad de Supayaku tiene Derecho a la Consulta Previa, libre e informada por ser parte del pueblo indígena y originario Awajún, que además está reconocido en la base de datos del Ministerio de Cultura, al poseer titulación desde el año 1977.

“Solicitamos la nulidad de la resolución de aprobación del proyecto de exploración Yagku Entsa que autoriza el inicio de actividades de exploración, la nulidad de la resolución de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentado por Exploraciones Águila Dorada S.A.C. y la suspensión de las actividades de dicha empresa”, indicó el abogado.

Que dice la parte demandada

Por su parte, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM), alegó que la demanda era improcedente, en tanto la comunidad pudo haber refutado la aprobación de la DIA. Ante esto el juez corroboró que dicho procedimiento es posible, siempre y cuando la comunidad conozca sobre el proyecto minero, por lo que el magistrado  preguntó al MEM cómo es que habían informado a las comunidades sobre el mismo.

En respuesta, el Procurador señaló que “Todo se publica en el Diario Oficial El Peruano”, y agregó que “Si ellos (la comunidad) sabían que se estaban realizando actividades en la zona, bien pudieron haberse acercado a pedir información”.

Ante ello, el juez precisó que en el expediente consta un informe del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, en el que se confirma la presencia de aceites grasos y fenoles en el agua del Río Chirinos, por encima de los límites permisibles para el consumo humano; a lo que el abogado del MEM respondió: “Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, respuesta que sorprendió de sobre manera a los representantes Awajún, como al equipo legal y defensor.

Irresponsabilidad

Para Fedepaz, es irresponsable y poco conocedor de nuestra realidad, el considerar que la publicación en un diario oficial –que es de circulación limitada– es un medio idóneo para explicar el impacto de un proyecto minero en los territorios de una comunidad nativa. De igual modo, resulta ligero y suspicaz aquel comentario sobre el informe del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, como si el Presidente Regional de esta región fuese el responsable del análisis de muestras de agua.

“Los representantes de Supayaku, el abogado que asume la defensa legal y todo el equipo de Fedepaz que acompaña el caso, llaman la atención sobre el manejo irresponsable y poco transparente que empresas mineras como Exploraciones Águila Dorada SAC tienen, respecto al sustento real del impacto de sus operaciones en territorios habitados por pueblos originarios, como en este caso. Al margen de que dichas empresas se ven favorecidas por un marco legislativo que facilita y promueve sus operaciones, confiamos que la justicia peruana priorice ante cualquier interés, el derecho a la consulta previa y a un medioambiente sano y libre de contaminación de los pueblos indígenas del Perú”, indicaron en una nota de prensa respecto a este caso.

DATOS:

La parte demandante integrada por los representantes de la comunidad nativa Awajún de Supayaku, el Apu Rodolfo Akintui y el cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz. Por la parte demandada, representado por el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

 

Fuente / Foto: Fedepaz

  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

El Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, fue en encargado de condecorar con la medalla de honor a Máxima Acuña, en reconocimiento a su actitud y fuerza para defender y permanecer en sus tierras frente a la empresa minera Yanacocha que las reclama como propiedad.

La máxima autoridad regional, dijo que esta condecoración se le otorga a una mujer luchadora que ha demostrado, a los cajamarquinos, que la lucha por el agua no es equivocada, y que además la sociedad internacional empieza a reconocerla como una lucha justa.

Esta ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del GORE Cajamarca, también se realizó para felicitar a Máxima Acuña por haber obtenido el premio Goldman 2016, fundación internacional que la ha colocado como una líder social a nivel mundial, debido a su destacada y tenaz defensa del medioambiente.

“Para nosotros es una alegría inmensa tener a una cajamarquina y todavía de un lugar muy apartado, que haya logrado recibir uno de los máximos galardones del planeta”, expresó el gobernador regional.

“Esta lucha no es para una sola persona, es para todo el pueblo. Yo confirmo mi resistencia, no como la empresa que me recrimina que soy una mujer que quiere dinero… Les pido compañeros tomar conciencia y seguir en pie de lucha. Porque la cosa más valiosa que Dios nos dio es la tierra y el agua. ¿Porque si no hay tierra, si no hay agua qué vida vamos a tener?”, manifestó Acuña tras recibir la medalla de honor.

Inversión sin abusos

Durante la ceremonia, el gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, aseguró ser un un gobernante creyente y promotor de las inversiones privadas., siempre y cuando estas no afecten los derechos de las personas y la vida de los cajamarquinos.

“Nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos al capital, a las inversiones, bienvenido sea el capital. Nuestra región está llena de inversiones y capitales extranjeros; bienvenido sea el capital. No nos oponemos al capital, nos oponemos al abuso”, señaló.

A su turno Máxima Acuña señaló que con enfrentamiento librado ante la empresa minera Yanacocha no busca beneficios o dinero alguno.

“Yo quisiera decirles que no busco beneficios o dinero, de repente hubiera abandonado mi tierra por un trabajo, por una miseria; lo hago pensando en el pueblo, en el futuro. Pido tomar conciencia y seguir en pie de lucha, por nuestra madre tierra y el agua. Hay que pensar en el futuro”, señaló la activista reconocida con el premio internacional Goldman.

Al término de la ceremonia, Máxima Acuña declaró a la prensa local y fue consultada sobre el destino que le dará al dinero que recibió como parte de su premiación por la Fundación Goldman.

“Aun no lo decido bien, debo conversarlo con mi familia. Parte de ese dinero servirá para seguir llevando los procesos (judiciales) que mantengo con la empresa y para aquellos que se siguen abriendo en mi contra”, indicó.

DATO:

La Medalla de Honor de la Región Cajamarca es la más alta condecoración que se otorga solo a aquellos personas naturales y jurídicas que se distinguen de manera excepcional por su labor cultural, científica, tecnológica, social, deportiva, artística en favor del desarrollo de la región Cajamarca.

 

Foto: Captura YouTube de Portafolio Periodístico

VIDEOS: Portafolio Periodístico / Enlace regional

POR MEDIO DE RESOLUCIÓN

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Celendín ordenó que la empresa minera Yanacocha retire, de inmediato, las cámaras de vigilancia que había instalado en las inmediaciones de la casa de Máxima Acuña. De igual modo, la sala que preside la jueza Edith Cabanillas Palomino, prohibió el uso de drones para sobrevolar el predio con el fin de espiar y hostigar, en tiempo real, a los miembros de la familia Chaupe Acuña.

Por medio de la Resolución N°06 (Sentencia N° 078-2016), el Juzgado Penal de Celendín respondió al Hábeas Corpus interpuesto por la defensa legal de Máxima Acuña a inicios de este año, ante los por los constantes actos de hostigamiento y violación a la libertad e intimidad de esta familia campesina. Este recurso fue interpuesto luego que la empresa colocara un sistema de video vigilancia que captaba imágenes directas de la casa de Máxima Acuña, además de hacer sobrevolar drones con la misma finalidad.

«Nos notificaron que encuentran responsabilidad en Yanacocha, por estos actos violatorios a la libertad (…) Yo sé que la empresa, a través de sus redes han mandado comunicados en los últimos días, diciendo que ellos no han ejecutado ninguno de estos actos pero, acá tenemos la mejor prueba el juez está señalando que ellos sí cometen este tipo de actos y los está sentenciando”, reaccionó la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez.

Lo que dice Yanacocha

Como se recuerda, el funcionario de la empresa minera ha declarado públicamente en medios como Cuarto Poder (América Televisión) y La Mula, asegurando que Yanacocha no tiene intención de hostigar a Acuña.

En una extensa entrevista con el portal lamula.pe, Velarde deslizó que quienes podrían haber atacado, por ejemplo al perro de los Chaupe, son los comuneros de la zona que se dedican al cuidado de alpacas.

“La acusación no ha sido hacia el personal de seguridad de la empresa sino a los que trabajan en el corral de alpacas, que son comuneros de la zona y no tienen por qué estar atacando al perrito de la señora”, aduce el gerente general de Yanacocha a La Mula.

En otra parte de la entrevista, Velarde señala que se rigen sobre una serie de principios voluntarios en derechos humanos, especialmente diseñados, para que las empresas de seguridad no cometan violaciones de derechos humanos en el desarrollo de sus actividades.

“Nosotros les exigimos a la empresa que cumpla con una serie de entrenamiento en temas de derechos humanos, y nosotros les damos entrenamiento también a los agentes de seguridad en temas de derechos humanos. Cómo comportarse, cómo interactuar con la gente”, asegura Velarde en diálogo con La Mula.

En respuesta, la abogada de Máxima Chaupe dijo considerar abusivo que la empresa use las redes o los medios de comunicación para ir haciendo quedar a esta familia como una mentirosa. Además dijo esperar que de ahora en adelante acaten la ley y empezar a cumplir lo que el juez señala.

«El señor Velarde, trata de negar que ellos hostilizan a la familia, yo creo que la mejor prueba de que él está mintiendo son estas resoluciones (judiciales) que nos dan la razón. Nosotros venimos haciendo denuncias por cada acto de hostigamiento. Cada una está en trámite, esperamos que una resolución similar a esta y que por fin, las autoridades empiecen a ponerle un alto a esta empresa que comete una serie de abusos contra esta familia”, puntualizó Vásquez Chuquilín.

 

Fuente: GRUFIDES / Portafolio Periodístico

VIDEO: Portafolio Periodístico

Foto: TheGuardian.com

MÁS DE 190 ORGANIZACIONES

  • Justin Trudeau debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos
  • RED MUQUI y AMAS de Otuzco suscribieron esta misiva internacional

Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.

El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina, titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.

Caso del Perú *

En Perú los impactos de la minería canadiense no han sido ajenos, en la mina Lagunas Norte (región La Libertad)  la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) –miembro de la RED MUQUI- realizó, entre 2005 y 2010, un seguimiento que prueba la contaminación, y que cuenta con el acta de aceptación de la empresa firmada por el gerente de asuntos corporativos de Barrick el 15 de febrero 2010. En esta zona se ubican las operaciones de la Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A. (en adelante “Barrick Misquichilca”), la cual realiza una intensa actividad de remoción de tierras para la extracción de oro, así como otras explotaciones mineras.

El seguimiento realizado a la calidad físico-química y biológica del agua en las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro concluyó que existen serios problemas de contaminación. Desde el primer seguimiento de la calidad del agua se ha remitido la información a los dirigentes ronderos y se ha invitado a funcionarios de Barrick Misquichilca. En varias ocasiones los funcionarios de la minera han objetado los resultados que indican contaminación en las cuencas de los ríos.

Los informes producidos por AMAS han sido presentados al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Lima (OEFA), a la Defensoría del Pueblo en Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad, sin que exista un pronunciamiento formal señalando las medidas eventualmente adoptadas frente a la contaminación

Respecto a consulta previa e informada ** para lograr un acuerdo u obtener el consentimiento es una característica común en los casos en que se afectan tierras indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas o rurales a las que, por su especial vínculo con la tierra y sus particulares formas de vida, se les aplican los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa. Ninguno de los proyectos analizados en el informe fue sometido a un proceso de consulta libre, previa e informada, en búsqueda de un acuerdo o del consentimiento de la población afectada.

En Perú, en el proyecto Las Huaquillas, a pesar del rotundo rechazo de los pobladores y de las autoridades regionales, la empresa minera Huaquillas S.A.C., hizo llegar un ejemplar impreso y otro en un CD de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración las Huaquillas, junto con una carta dirigida a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Directorial N° 169-2013-MEM/AAM de 29 de mayo de 2013, aprobó la declaratoria de Impacto Ambiental categoría I del proyecto. Tales medidas no han sido antecedidas de la consulta libre e informada a las comunidades aledañas a la zona del proyecto.

Entre las organizaciones firmantes, se encuentra la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: Aprodeh, Centro Labor de Pasco, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDADD, CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente, GRUFIDES, Radio Marañon; en esta carta se reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro.

Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

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(*) Página 23 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

(**) Páginas 76 y 77 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Foto: CTSNews.ca

  • Dedicó premio Goldman a quienes luchan por el agua en Cajamarca
  • Reconocimiento es considerado el Nobel del medioambiente

La campesina peruana, y ganadora de los premios Goldman 2016, Máxima Acuña saludó que la trasnacional Newmont haya tomado la decisión de retirar al proyecto minero Conga de su lista de reservas, y remarcó que es imposible combinar el modo de vida de las comunidades campesinas con el modo de explotación de las empresas mineras.

“Estamos contentos que finalmente, Newmont enfrente los hechos y haya abandonado Conga”, dijo la agricultora cajamarquina que hoy es reconocida mundialmente por su lucha y resistencia en favor del medioambiente y su comunidad.

Máxima brindó estas declaraciones a la organización internacional Earthworks que ha venido monitoreando las acciones de Conga desde sus inicios, y que además hizo reiterados llamados a Newmont para que se preserve el respeto a las comunidades campesinas de la zona de influencia del proyecto. Además remitió a la trasnacional una petición con 150 mil firmas recolectadas en todo el mundo para este fin, en coordinación con GRUFIDES y SumOfUs.

“El hecho es que nuestro modo de vida, y el agua limpia que necesitamos para sustentarlo, es mucho más importante para nosotros que podría ser la nueva mina de Newmont. Tenemos claro que las promesas desde Newmont y Yanacocha no resultan importantes porque ha quedado demostrado que no se puede tener ambas cosas: la mina y nuestro modo de vida”, señaló Máxima Acuña a Earthworks.

Unos días antes de la premiación, Newmont adujo haber tomado esta decisión, debido a la expiración de los permisos de operación y construcción, así como por la incertidumbre de que estas se renueven, es así que los 6.5 millones de onzas de oro de Conga (Cajamarca) fueron removidas por Newmont de su lista de reservas. De este modo, el proyecto con obras paralizadas en noviembre del 2011 fue ubicado a la categoría de material mineralizado, en el último reporte de la firma.

“Tengo un simple deseo. Quiero regresar a la vida pacífica que tenía en mis tierras junto a mi familia, como la teníamos por casi 20 años”, agregó la comunera cajamarquina.

Premiación

Durante la 27 edición de los premios Goldman, Máxima Acuña comenzó su discurso cantando el huayno “la Jalqueñita”, una composición con la cual narra cómo su vida con el ganado y sus cultivos, se ve interrumpida con los ladridos de su perro que le da la alerta sobre la presencia de la policía en su terreno. “Por defender mis lagunas la vida quisieron quitar”, indica un estribillo de la canción compuesta por ella misma.

“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, enfatizó al final de su discurso en el Teatro Opera de San Francisco. Luego levantó el puño en alto y en silencio, recibió los aplausos de más de mil personas.

«Yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba. Mis chocitas las quemaron, mis cositas las llevaron. Comidita no comía, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme. Ingenieros, seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron, en el campamento de Congo. Si con esto, adiós, adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer», cantó en el auditorio.

Acuña de Chaupe realizará una gira junto con los otros cinco premiados durante 10 días en San Francisco y Washington, ciudades en las que participará en conferencias y reuniones con líderes políticos y ambientales.

DATOS:

La casa y cultivos, de Máxima Acuña y su familia, están ubicados cerca a la laguna Azul, una de las lagunas que la minera Yanacocha quería utilizar como depósito, por lo que necesitaba que desaloje el lugar para poder continuar con el proyecto valorizado en más de 4 mil millones de dólares.

 

Fuente: Earthworks / Medios internacionales

Fotos: Global Environmental Prize

Video: YouTube Edgar Hancco 

 

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LAS BAMBAS

  • PCM garantiza presencia de ministros en la zona para este 27 de abril

El jefe de la Oficina de Sostenibilidad y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONSD-PCM), José Ávila, garantizó que este miércoles 27 de abril se llevará a cabo un reunión ejecutiva entre las organizaciones sociales de Challahuahuacho (Cotabambas, Arequipa), y los ministros que participaron directamente en la mesa de desarrollo de este distrito que es la principal zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En respuesta, se acordó la suspensión del paro indefinido que se acata en todo el distrito desde el 5 de abril. Esta tregua se dará hasta el miércoles 20 de abril, día en que se llevará a cabo una reunión previa con los viceministros de los sectores involucrados en la Mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, y los dirigentes de las organizaciones sociales quienes acudirán con sus respectivos asesores técnicos.

El pasado 15 de abril, José Ávila llegó hasta Challhuahuacho y  se reunió con los dirigentes de las organizaciones sociales que sostienen este un paro distrital indefinido. En dicho encuentro, como representante del Ejecutivo, el jefe de la ONSD-PCM reconoció las causas legales del paro y su expresión pacífica, además de aceptar negociar la plataforma de lucha de las 35 comunidades indígenas de la zona, según indicó el alcalde distrital, Antolín Chipani, desde su cuenta de Facebook.

Chipani, aseguró a través de un comunicado, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, el Frente de Defensa de los intereses del distrito de Challhuahuacho y la asociación de jóvenes PAKIS WARAKA, buscan el camino a la paz, mediante el desarrollo local y el diálogo.

Finalmente, el burgomaestre, dijo esperar que los acuerdos tomados en esta reunión con Ávila, contribuya a la paz y la estabilidad social en el distrito.

La medida de fuerza, que ha sido suspendida por el momento, responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Fotos: Facebook de Antolín Chipani

 

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  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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POR DISPOSICIÓN DE LA ONAGI

  • Gobernación de Cajamarca asegura que tiempo de garantías personales es indeterminado
  • Si Yanacocha irrumpe en Tragadero grande tendría que responder ante el Poder Judicial

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) dispuso que la región policial de Cajamarca se traslade dos veces por mes hasta el predio de Tragadero grande para asegurar que el personal de la empresa minera Yanacocha deje de irrumpir y hostilizar a la campesina Máxima Acuña y a su familia.

La abogada de los Chaupe Acuña, Mirtha Vásquez, detalló que la resolución directoral N° 0014 – 2015 emitida por esta dependencia del Ministerio del Interior, precisa que estos desplazamientos serán de manera inopinada a bordo de motocicletas, además de proporcionar teléfonos móviles a Máxima Chaupe Atalaya, así como a sus hijos Daniel e Isidora Chaupe Acuña, quienes podrán estar en permanente contacto con la policía y alertarlos en caso de alguna emergencia.

Además Vásquez detalló que esta disposición se da en atención a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Habla el gobernador

Por su parte, el gobernador político de Cajamarca, Edwin Edquen Sánchez, indicó que la duración de estas garantías es de carácter indeterminado.

“Se han venido tramitando garantías, y estas ya llegaron a su punto final, es decir, están consentidas. Es por eso que se ha emitido un documento de cumplimiento por parte de la región policial y las acciones de protección ya se están llevando a cabo. La duración de las garantías es indeterminada”, recalcó Edquen.

Edquen indicó que desde que las garantías son efectivas, la policía ya cuenta con mecanismos de comunicar a la autoridad competente, si la tranquilidad de los Chaupe Acuña se está trasgrediendo. También aseguró que se le está comunicando a la minera Yanacocha sobre esta decisión de su despacho, así como de la resolución de la ONAGI, con el fin de que faciliten el cumplimiento de estas garantías.

“En caso de incumplimiento por parte de la empresa minera, a la gobernación ya no le correspondería continuar algún otro proceso, sino al Poder Judicial”, puntualizó.

 

DATO:

La última incursión de la minera Yanacocha al terreno de los Chaupe Acuña se dio el 15 de marzo último. Esta vez el personal de seguridad privada de la minera rosearon unos químicos en spray sobre el terreno.

 

Foto: Número-zero.net

Video: YouTube de Manuel Giovanni Quiroz Santaya