Por: Elqui Cruz Ayala / Geógrafo

Los avances de la expansión de las industrias extractivas en relación con el Estado, han generado el incremento de vías de conexión para el traslado de maquinaría, energía, insumos y el mineral de las zonas de producción minera, conjuntamente con este proceso de intervención territorial se han generado las posibilidades de conexión del campo con la ciudad, llegando a incrementar las migraciones de hombres y mujeres para buscar nuevas formas de empleo, lo cual conlleva a una transformación del campo, generando nuevos procesos de transformación de la estructura tradicional de los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas.

Estas nuevas formas de transformar el territorio de las comunidades indígenas, son parte de un proceso mayor, algunos lo llaman la nueva ruralidad y se explica en la aparición de nuevos elementos que han ido dinamizando el campo, como la expansión de la minería y sus efectos, entre otros procesos que ésta trae alrededor de la demanda de servicios y los cambios estructurales en la forma de vida y la modificación de la cultura de las poblaciones que ancestralmente han ocupado el campo, hoy interpretado como lo rural en el país.

Estas transformaciones en el territorio, ha llevado a que mujeres y hombres busquen nuevas estrategias económicas para diversificar sus ingresos, modificando los roles de género, para desarrollar intereses diferenciados sobre el territorio entre mujeres y hombres. Una de estas consecuencias es la feminización de la agricultura (Osorio 2011), ya que por efectos de la migración de los hombres son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de la producción en el campo y por otro lado desde el Estado se asume que todo lo rural y toda actividad en donde se ocupan las mujeres son actividades minimizadas y por ello son asumidas dentro de las estadísticas de pobreza y sumadas a la representación de lo pobre en el país.

La permanencia y la responsabilidad de las mujeres en el campo, ha llevado a asumir prácticas que den rentabilidad al uso de la tierra, como el alquiler, el partir, encargos, entre otras, pero esto está sujeto a una doble mediación, la cual está ligada a la familia y a la comunidad. Esta relación de la transformación del campo ha generado nuevos efectos en los roles de género y su interés diferenciado en el territorio, para ello algunas comunidades han entendido, que es necesario modificar los roles que se establecen en los estatutos de la comunidad, para reconocer a las mujeres como comuneras calificadas y con ello caminar a fortalecer la gobernanza de la comunidad y reconocer la participación de las mujeres por consecuencia de la constante migración de los hombres hacia las zonas en donde existe demanda de otro tipo de trabajo, generando que las mujeres desarrollen actividades iguales a los hombres.

Por otro lado los estatutos de las comunidades campesinas, tienen que tener una fuerte relación con la Ley de comunidades campesinas, pero en la práctica esta no es interpretada para desarrollar los mecanismos necesarios en los estatutos de las comunidades para la participación igualitaria de mujeres y hombres como lo establece la Ley de comunidades. Pero como se comenta anteriormente, existen nuevas estrategias en las comunidades para hacerle frente a la expansión de las industrias extractivas y dinámicas que están modificando sus formas de vida y una de estas nuevas estrategias es reconocer a las mujeres como comuneras calificadas, reconociendo su rol dirigencias para la defensa del territorio y con ello el derecho al uso de la tierra de forma igualitaria a los hombres.

Estas nueva forma de inclusión de las mujeres, no solamente tiene que ver con procesos extractivos, existen otros procesos de fondo en la estructura de las comunidades, que tienen que ver con el incremento de la población, en otros casos con la migración de los hombres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la escasez de tierras comunales, procesos que mediante el Estado se busca distritalizar a las comunidades para quitarles hegemonía sobre el territorio, entre otros.

En relación a la inclusión de las mujeres dentro de los estatutos, no es de forma gratuita, ya que todo miembro de una comunidad, en donde gozan de derechos para el uso de la tierra, también tiene asignado deberes con la comunidad, los cuales se establecen en muchos casos con faenas comunales, aportes y otras formas de son parte de las dinámicas sociales en una comunidad.

Como hemos notado, existen nuevas formas de inclusión de las mujeres dentro del sistema de gobierno de las comunidades campesinas e indígenas, que en muchos casos están sujetos a la inclusión o adopción de nuevas formas que superponen y en muchos casos terminan modificando el sistema social de una comunidad, como el caso de las religiones protestantes, las cuales ponen en práctica un sistema de igualdad en los roles de las mujeres y de los hombres, los cuales se reflejan en lo cotidiano, pero no en la representación política de las mujeres en la dirección de la comunidad, sin embargo este sistema de igualdad en los roles de género está generando transformaciones en el territorio comunal.

En el caso de las comunidades en donde se ha incluido a las mujeres en los estatutos y con ello la posibilidad de la participación política y el uso de la tierra con los mismos derechos de los hombres, podría estar generando nuevos cambios, en este sentido nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los cambios en el territorio de la comunidad que han sido generados, con el nuevo rol de la dirigencia de estas mujeres? ¿Existe una transformación que acompaña una nueva visión territorial producto de este nuevo sistema de gestión comunal, en donde aparecen las mujeres como un nuevo actor político?

Pensar en estas preguntas nos ubica en dos procesos distintos, por ejemplo en Cusco y Apurímac. En algunas comunidades campesinas del Cusco – Paruro, las mujeres han logrado ser parte de la dirigencia y decisión política amparándose en los estatutos y en algunas leyes para la igualdad de oportunidades. Sin embargo esto está sucediendo en zonas en donde no existen procesos de exploración o explotación minera, ni de conflictividad socioambiental, pero que a su vez son zonas en donde existe una fuerte especulación por la tierra en base a las concesiones mineras. En Apurímac, podríamos mirar el proceso minero Las Bambas, instalado en el distrito de Challhuahuacho, el cual lejos de mejorar las posibilidades de un desarrollo inclusivo con el Fondo Social Las Bambas y los roles del Estado para generar un ambiente equitativo entre hombre y las mujeres del campo, lo que ha logrado en los últimos siete años, es incrementar las brechas de pobreza y generar una mayor carga de trabajo en el hogar de las mujeres. Ya que sin acceso a una educación y con el abandono del campo por la población masculina e influencia del proceso minero en curso, las mujeres han sido las que se han encargado de la producción en el campo, pero sin la fuerza física necesaria para lograr una producción óptima y sin la posibilidad de una participación política que contribuya a generar reformas a favor de ellas y de sus familias con respecto al uso de la tierra y a las formas de cooperación para la producción en el campo.

Traer esta pequeña explicación nos podría aclarar el panorama y sin duda más preguntas, de cómo serán las nuevas configuraciones territoriales de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en diferentes escenarios y cuáles serían las estrategias del Estado para contribuir a generar menos inequidad social, pero sin duda también lo expuesto podría ayudar a entender que la economía de un país que se basa en las industrias extractivas, está destinado a ver incrementada la brecha de pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo de las poblaciones más vulnerables

Foto: Subersiones.org

POR CANON MINERO EN APURÍMAC

Comuneros del distrito de Coyllurqui (Cotabambas, Apurímac) se mantienen enfrentados debido a pretensiones políticas y económicas de dividirlo en dos para crear nuevos distritos que se constituirían sobre la base de los centros poblados de Chaccaro, Ñahuinlla, Nueva Fuerabamba, Huanca Umuyto y Pisccasa (Todos ellos ubicados en la parte alta de Coyllurqui).

Esta nueva disputa alrededor de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, tiene que ver con la apuesta de varios sectores del estado y la empresa por distritalizar las zonas directamente vinculadas al proyecto, además de los beneficios de canon que estos nuevos distritos recibirían.

Es así que el alcalde de la municipalidad de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano, lideró una marcha junto a otros 800 comuneros de la zona baja del distrito. Este grupo se movilizaba, este martes 8 de marzo, hacia Cheqtarumi, un centro poblado de Tambobamba que pretende ser convertido en distrito a iniciativa y presión del congresista fujimorista y reeleccionista, Antonio Medina.

Aunque el alcalde Mendoza Zambrano contaba con la autorización del Gobernador Provincial de Cotabambas, para realizar esta marcha pacífica, al mediodia fueron interceptados por los comuneros de Ñahuinlla (parte alta Coyllurqui), Pumamarca (parte alta Tambobamba), Fuerabamba (Chalhuahuacho), Pisaccasa (Mara) y Chaccaro (Tambobamba). Según el burgomaestre, fueron amedrentados y hubo un enfretamiento que dejó más de 20 personas heridas, incluyéndolo.

Por qué más distritos

Estos hechos se dan luego de que el 27 de enero el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N°006-2016-PCM, declarara de interés nacional la provincia de Cotabambas para la ejecución de acciones de demarcación territorial. La norma dispone que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial elabore, en un plazo máximo de 40 días hábiles, el informe técnico necesario para la creación de los nuevos distritos.

Los centros poblados que se convertirían en nuevos distritos serían: Chaccaro, Pisaccasa, Ñahuinlla, Nueva Fuerambamba, Pummamarca y Huanca Umuyto.

Según el alcalde de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano, el 28 de febrero último se llevo a cabo una asamblea general en donde se acordó rechazar esta apuesta por la distritalización, impulsada por el alcalde de Tambobamba, Odilón Huanaco, y el congresista fujimorista Antonio Medina, junto con los presidentes de “Comités Pro Distritalización”, quienes tendrían el propósito de orientar una distribución “más justa y democrática” del canon minero proveniente de Las Bambas.

«Con la creación de estos distritos se lograría la creación de una nueva provincia y sería de Yanahuara con su capital Chalhuahuacho, de esta manera se estaría desmembrando a la Provincia de Cotabambas. De esta manera, los Cotabambinos perderíamos el 10% como zona de influencia directa y 25% del canon que corresponde a la provincia», aseguró el alcalde de Coyllurqui

DATO:

La marcha que viene haciendo cotabambinos a Lima y Abancay no tiene “nada” que ver con este conflicto. Quienes marchan a Lima son quienes buscan renegociar contratos y exigir cumplimiento de acuerdo con la empresa.

 

Fuentes: APRODEH, Observatorio de Conflictos Mineros y Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco.

Foto: Inforegión

A UN AÑO DE LA PROTESTA EN ISLAY

A un año del último episodio de violencia y caos que vivieron los agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) emitió el documental “La batalla del cobre”, el mismo que se estrenó el 11 de febrero de este año.

El programa ‘En Portada’ viajó hasta Arequipa para conocer de primera mano el conflicto minero que sufre esta región a raíz de la adjudicación de dos minas de extracción de cobre, a la empresa mexicana Southern Cooper. Los documentalistas españoles, reconocen también que minería es uno de los principales sectores de la economía peruana, pero también el origen de un tercio de los problemas sociales.

“En Portada toma el pulso de este conflicto a través de sus principales actores y ha confrontado a unos con otros, a través de hechos y testimonios, en una batalla que se sigue librando y cuyas heridas siguen abiertas”, remarca el equipo de RTVE.

El documental presenta al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa y sus 15 mil hectáreas de cultivo y como sirve de sustento alimenticio a 50 mil habitantes y a todo el sur peruano.

“La proximidad al valle, eminentemente agrícola, preocupa a sus habitantes, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto. Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenciones”, indica el registro.

En la primera parte, el equipo de RTVE llega hasta la zona del proyecto Tía María con un representante de Southern, ahí la empresa les muestra la zona del tajo abierto a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar y a 7 km. de distancia del valle, según el funcionario de Servicios ambientales, Darío Oviedo.

En otro ángulo del documental, la reportera recoge la opinión de Otto Hito, un ingeniero ambientalista  independiente quien los conduce hacia el yacimiento “La Tapada” que está más próximo a la población y a los cultivos del valle. En el lugar, el técnico refiere que entre este yacimiento y el valle, apenas existen 1,200 metros de distancia.

“(El peligro) es la cercanía, el material particulado, los gases que va a producir La Tapada y como estos llegarán hasta los cultivos y a la población”, indicó Hito.

Mientras que se muestran imágenes de como empieza un día laboral en el distrito Cocachacra, se recoge el testimonio de la campesina, Mercedes Hinojosa quien en tiempo de cosecha le brinda trabajo a unos 40 agricultores.

“Nosotros vivimos con el agro, de lo que cosechamos. (…) si la Tía María entra, ¿Qué vamos a comer la gente? ¿De qué vamos a vivir?”, cuestionó Hinojosa.

En documental se menciona que en el valle del Tambo, 4 de 5 personas viven de la agricultura, algunos dueños de la tierra la trabajan, otros la arriendan para usufructo, moviendo unos 400 millones de soles por año.

En otro momento, declara Jesús Cornejo, presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo que agrupa a más de la mitad de agricultores del lugar.

“Quien debe asumir los compromisos y las necesidades del pueblo es el gobierno, no la empresa Southern (…) ustedes han visto al decisión del pueblo en defender el valle, no les importa morir”, asevera Cornejo a la reportera española.

Tras exponer testimonios de todas las partes, RTVE rememora los hechos de la huelga indefinida en la provincia de Islay y los deudos de aquellos que murieron durante la protesta.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio refiere que hubo excesos por parte de la policía y de los civiles. Asimismo, la gobernadora opina que la ausencia del Estado es la que viene originando la conflictividad social en el país y la población que vive de actividades tradicionales –como la agricultura- no ha sido bien atentida.

También se recoge opinión de la periodista arequipeña, Mabel Cáceres de El Búho, quien señala a falta de diálogo y una cultura de negociación se suscita hechos de violencia y es ahí cuando el gobierno se da por enterado desde Lima.

De igual modo, el defensor del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, también hizo hincapié en la falta de diálogo desde el gobierno y la misma empresa con la población.

En medio de la remembranza del conflicto, se recoge la voz de Daniel Toranzo, el reportero que grabo el preciso instante en que la policía intentó crear una prueba falsa contra un poblador.

Otro hecho mencionado por RTVE es la relación que mantenía el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, abogado de Southern, y su negociación oculta en la que se transaban más de un millón de dólares a cambio de detener el paro en Islay, la misma que acabó con la propagación de sus conversaciones teléfonicas.

Durante el recorrido audiovisual, los realizadores también muestran videos corporativos de la empresa minera y sus ofrecimientos en torno al proyecto.

Como se recuerda tras los hechos de violencia suscitados en mayo de 2015, Southern mantiene paralizadas sus acciones en la zona mientras establece un Plan de Socialización que intenta convencer a los arequipeños sobre los beneficios de la minería.

La producción española muestra el caso de ‘Tía María’ como un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

‘La batalla del cobre» es un reportaje con guión de Yolanda Álvarez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen de José Manuel Frean; sonido de Alfredo Sánchez-Toledo; montaje de Javier Mula; y producción de Ana Pastor y Lourdes Calvo.

Fotos: RTVE En Portada

Video: YouTube Info Peru

AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

  • Ministerio de Economía y Energía (BMWI) de Alemania se informó sobre situación social del sector minero peruano

Funcionarios del Ministerio de Economía y Energía (BMWI) recibieron a los representantes de la sociedad civil alemana y peruana, el pasado 12 de enero en Berlín, para tratar las implicancias del Convenio de Cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología entre los gobiernos de Alemania y Perú, firmado en julio de 2014.

El gobierno alemán comentó que desde que se suscribió el convenio, no ha habido ninguna reunión oficial intergubernamental entre Perú y Alemania. Sin embargo, informó que un primer encuentro está programado para este 23 de febrero, días antes de la conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Es por ello que funcionarios de este país mostraron su interés en escuchar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil, y así poder tratar estos temas con el gobierno peruano.

En dicho encuentro, RED MUQUI –como parte de la sociedad civil peruana– planteó su preocupación en cuanto al abastecimiento de minerales para la industria alemana desde el Perú.

Asimismo, expuso los problemas existentes del sector minero en Perú en lo que se refiere a la conflictividad socioambiental, a causa de: la falta de mecanismos de prevención por parte del Estado; la desregulación ambiental y de la propiedad comunal a través de los paquetazos normativos; la poca participación ciudadana al inicio de grandes proyectos extractivos; la implementación deficiente de la Ley de consulta previa; la falta de transparencia en la información de las empresas mineras (aunque Perú es un país que impulsa el EITI), y las violaciones a los derechos humanos que se han venido suscitando tras el estallido de ciertos conflictos mineros.

De igual modo, las organizaciones de la sociedad civil alemana y peruana hicieron una serie de recomendaciones:

  • Efectiva prevención de conflictos, con especial atención al respeto de los derechos humanos y ambientales.
  • Elaboración e implementación de una ley de Ordenamiento Territorial.
  • Apoyo en la remediación y sanación de pasivos ambientales, al igual que atención de salud especializada para los afectados por contaminación por metales pesados.
  • Apoyo en el manejo adecuado de los recursos hídricos (calidad y cantidad).
  • Apoyo, a través de las agencias de cooperación alemanas, en el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan del medio ambiente (MINAM, OEFA, SENACE).

Estos puntos fueron planteados de acuerdo a la naturaleza del Convenio de Cooperación Perú-Alemania, cuyo principal beneficio para el Perú, es recibir apoyo en tecnología para mejorar la actividad minera -a cambio de importaciones de cobre y zinc- sin que ello implique necesariamente una mejora directa para las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de influencia minera.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, sugirieron una reunión entre los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de ambos países para que conozcan más detalles del Convenio Minero, y puedan debatir sobre la mejor forma de su implementación.

DATOS (Fuente CooperAcción):

  • Alemania es el principal importador del Cobre y Zinc proveniente del Perú
  • Entre los años 2001 y 2013, Perú fue el principal abastecedor de cobre en concentrados, de Alemania.
  • 48.3% de la importación de maquinarias provienen de Alemania.
  • Alemania es el sétimo país destino de las exportaciones de metales y minerales del Perú.

Lee también: Acusan falta de transparencia en convenio minero Perú-Alemania (SERVINDI)

 

Foto: ICNdiario

CON NUEVO ATENTADO

En lo que va de este año, trabajadores de la empresa minera Yanacocha han irrumpido dos veces en la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe, para amedrentar a su segundo hijo, Daniel, quien vive solo en su propiedad de Tragadero Grande (comunidad campesina de Sorochuco de Celendín Cajamarca), predio que Yanacocha reclama como suya.

Esta vez, alrededor de 150 hombres ingresaron a la propiedad de la familia Chaupe Acuña y destruyeron los cultivos de papa que Daniel iba a cosechar en dos meses.

Este nuevo hostigamiento, ocurrió apenas cuatro días después de que su perro guardián y mascota, fuese encontrado herido. El sábado 30 de enero, muy temprano en la mañana, Daniel se había alejado de su casa para alimentar a sus ovejas y ayudar a su vecino con sus actividades agrícolas. Al volver (4 de la tarde) su perro Cholito, tenía un profundo corte de 10 centímetros en el pescuezo.

Precisamente este martes 2 de febrero último, el hijo de Máxima Acuña pudo comprobar quienes se habían ensañado con su mascota; al promediar las 10 de la mañana, Daniel observó cómo es que alrededor de 150 hombres, entre policías y agentes de seguridad privada de la empresa Yanacocha, destruyeron su sembrío y sacaban sus papas 2 meses antes de la cosecha. Cuando Daniel Chaupe exigió explicaciones, solo recibió risas y amenazas: “Ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ahora con tu sembrío, mañana te toca a ti”.

Al tratar de registrar este nuevo atropello con su teléfono celular, algunos de estos hombres persiguieron a Daniel, sin embargo, él logro escapar y denunciar este hecho a través de las redes sociales.

“Mi perrito llamado Cholito es pastor de mis ovejas y guardián de nosotros (…) este animalito me ha salvado de la muerte de muchas oportunidades cuando la empresa minera me perseguían a matarme y él nos alertaba y en las noches cuando querían entrar a mi casa él no les dejaban que se acerquen”, publicó en su cuenta personal de Facebook.

Este tipo de hostigamiento, ocurre justo cuando Daniel cumple 25 años. Aun así, amigos de la familia llevaron a su perro Cholito a un veterinario en Cajamarca para tratar la herida que estaba muy infectada.

Daniel comentó que desde hace unos meses, viene siendo espiado con drones y cámaras de vigilancia. De esta manera se aseguran de atentar contra su hogar cuando él no está en casa, indicó.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada defensora de Máxima Acuña de Chaupe, explicó que la minera se ampara en la Ley N° 30230 para invadir constantemente el terreno de los Acuña Chaupe, predio que la empresa reclama como suyo.

«Con la Ley 30230 se modificó la figura del derecho de ‘defensa posesoria’, lo que antes significaba que una persona que posee un terreno tiene un derecho ganado aunque no sea propietaria, ahora lo puede hacer un propietario que no se encuentra en su terreno», explicó.

En ese sentido, la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) comentó que bajo esta figura legal –modificada- la empresa minera Yanacocha hace valer sus “derechos de propietario” para invadir las tierras de Máxima Chaupe. “Así han cambiado la ley para que encaje en este de casos. La minera entra porque considera que es su propiedad y según ellos están ejerciendo su defensa”, agregó.

De igual modo, Vásquez Chuquilin aseguró que se han presentado denuncias, pero la fiscalía del sector no resuelve ninguna, hasta el momento.

 

Fotos: CATAPA / Facebook de Daniel Chaupe / Dariem Charles

ACUERDO EN CHUMBIVILCAS

  • Ese día recién se acordarán  puntos de la agenda de trabajo entre pobladores, la minera HudBay y el MEM
  • Pobladores exigen información sobre modificaciones que se realizó al EIA del proyecto Constancia

Las organizaciones sociales y autoridades de Velille (Chumbivilcas, Cusco) acordaron que el 17 de febrero se llevará a cabo la próxima reunión de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los funcionarios de la empresa minera HudBay que opera en la zona a través del proyecto Constancia

En esta sesión se aprobará el reglamento interno de la Mesa de Diálogo, la agenda de trabajo y la acreditación de los representantes de las partes. En el encuentro con los funcionarios del MEM y HudBay, los dirigentes comunales y las autoridades locales, dejaron en claro que esperan que esta no sea una mesa de diálogo más y que finalmente se logren acuerdos que tomen en cuenta las demandas de la población y sean adecuadamente implementados.

En la reunión del 27 de enero, también estuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además del MEM y HudBay; el encuentro se inició en presencia de la Fiscalía de Prevención de Delitos de Chumbivilcas, en el sector de Maranniyuq, y luego se trasladó al colegio Juan de Dios Valencia en Velille. Tras un intenso intercambio entre los representantes de cada sector, se tomó el acuerdo de iniciar el proceso de diálogo.

Las organizaciones sociales del distrito de Velille iniciaron un paro de 72 horas el lunes 25 de enero, el cual fue contundente al movilizar más de 6 mil pobladores incluyendo a representantes de Livitaca. Aunque la Dirección Regional de la Policía envió un gran contingente de efectivos, y sin no hubo ningún enfrentamiento de por medio, así como tampoco denunciados o detenidos.

Recién en el tercer día de movilización hacia el campamento minero del proyecto Constancia, se pudo instalar un nuevo proceso de diálogo, con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la empresa minera, así como de los gobiernos locales y dirigentes sociales.

De esta manera se levantó el paro de 72 horas que había sido acordado por asamblea popular el 10 de enero último.

Los reclamos

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, así como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras / Tomate Colectivo

TRAS PROMULGACIÓN DE DECRETO SUPREMO

  • Ejecutivo no ha vuelto a fijar fecha para otro eventual diálogo

Autoridades y representantes de organizaciones sociales de Challhuahuacho (Cotabamba, Apurímac) buscarán reunirse con cada uno de los 12 ministerios y hacer seguimiento al inicio de las obras que cada sector debe ejecutar para que las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, cambien su condición de extrema pobreza; adelantó Juan Pablo Conislla, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de dicho distrito.

Esta decisión fue tomada tras la publicación del Decreto Supremo (Nº 005-2016), que fue parte del compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar “de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho”. Con esta norma se busca institucionalizar los acuerdos arribados en la mesa de diálogo distrital y asegurar la ejecución presupuestal de 700 millones de soles para los próximos años, aunque el decreto en cuestión, no especifica ninguna cifra para este fin.

“La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tal efecto, las entidades del Estado priorizarán su presupuesto a fin de atender los compromisos asumidos, sujetos a su capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, así como al cronograma de ejecución de las respectivas intervenciones”, indica claramente el artículo 2 de la norma.

En ese sentido, Conislla señaló a RED MUQUI que para las autoridades y dirigentes, este dispositivo legal es un primer paso, así como una garantía para asegurar que el próximo gobierno se encargue de cumplir con este distrito que, desde hace 3 años, espera salir de la extrema pobreza, pese a tener actividad minera.

“Somos conscientes de que las obras pendientes en Challhuahuacho no las va a hacer Ollanta Humala, sino el gobierno que entre. Es por eso que nosotros exigimos que se emita esta norma para que esto no quede en promesas y los ministerios estén comprometidos desde ahora”, comentó.

Por su parte, Allen Torres, miembro del equipo técnico de Cotabambas, considera que la emisión de esta norma es un paseo más por parte del Ejecutivo.

“Creemos que este papel es un pasea más del gobierno. Hasta ahora no hay ningún cronograma establecido y mucho menos una fecha de una próxima reunión de trabajo. El último contacto con los funcionarios de la PCM fue cuando nos trajeron el decreto antes de su publicación. Luego de ello no hay más, y hay mucho por hacer”, expresó a RED MUQUI.

El dirigente campesino, Juan Pablo Conislla, también afirmó que tras la suspensión del diálogo programado para el 19 de enero, los funcionarios de la PCM regresaron a Tambogrande el 22 para mostrarles el texto del decreto que fue publicado en el Diario El Peruano el lunes 25 de enero último.

ANTES DE ELECCIONES

No obstante, el texto del decreto indica –en su artículo 3– esta política de desarrollo se pretende llevar a cabo “en el mediano plazo que trascienda al actual Gobierno, en vista que las elecciones generales de abril próximo, determinarán el ascenso de nuevas autoridades nacionales”.

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Son 12, los ministerios que han refrendado este decreto junto con el presidente Ollanta Humala: Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

VER DECRETO 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

OTRO CONFLICTO EN EL CUSCO

Esta mañana el  frente de Defensa de Velille, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y las ocho comunidades de Velille iniciaron  el paro preventivo de 72 horas en contra de la empresa minera HudBay Perú SAC, que promueve el proyecto Constancia en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

Los manifestantes se movilizaron por las principales vías de acceso, para concentrarse a 1 km del campamento minero, cerca de Chilloroya. Ante la Plataforma de Lucha presentado por el Frente de Defensa del distrito de Velille, los representantes de la empresa Hudbay se comprometieron en iniciar proceso de dialogo el día de mañana martes 26 a las 13 horas; en el que participaran los representantes de la empresa minera, las autoridades de Chumbivilcas, los representantes de las 8 comunidades y los representantes de los frentes de defensa. Siendo como intermediario la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ya ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policia Nacional.

La comunidad de Uchuccarco en ese entonces denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2da adenda al convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

Asimismo, vecinos del distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas;  reportaron que a través de la radio emisora local “Qorilazo”,  una persona que se auto identificó como comandante de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Espinar, habría manifestado que los efectivos policiales en torno a la unidad minera Constancia contaban con la orden de disparar a cualquier persona que intentara violentar las instalaciones de la mina. Este hecho provocó el malestar de la población y causó la adhesión de más manifestantes a la protesta.

Durante la jornada los accesos hacia la provincia de Chumbivilcas estuvieron bloqueados y los piquetes de huelguistas señalaron que mantendrán sus posiciones hasta el día 27 de enero, impidiendo el pase de los vehículos. Por otro lado, se informó que un grupo de 200 personas aproximadamente logró acercarse hacia las instalaciones de la mina Constancia; no obstante, los dirigentes del Comité de Lucha han negado cualquier tipo de coordinación con dichas personas.

Hasta el momento, el  Ministerio de Energía y Minas ha enviado un comunicado exhortando al diálogo entre la empresa y la población, así como al cese de la movilización.

Qué es lo que reclaman

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, asi como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Algunos antecedentes

Velille es un distrito de la provincia de Chumbivilcas, y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la Canadiense HudBay, junto a los distritos de Chamaca y Livitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Velille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio, estas discusiones estaban centrados en los aportes sociales y ambientales que la empresa deberia realizar para el distrito de Velille.

Parte de estas discuciones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que se habría brindado desde el Gobierno Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constacia.

Tanto el Alcalde de Velille Sergio Valencia Salcedo como el presidente del Frente de Defensa de Velille Guider Puma, han señalado que se ha insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuesta a sus demandas.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras / Observatorio de Conflictos Mineros/ Voces de la Tierra

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras / Voces de la Tierra