El largo camino hacia el Ordenamiento Territorial en Cajamarca

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En el año 2007 se empezó a elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Cajamarca, como paso previo a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Han pasado ocho años y el ente rector nacional sigue dando prioridad exclusiva a las ZEE de los departamentos o a sus Estudios Especializados. El Plan de OT parece estar cada vez más lejano.

Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, comentó un artículo publicado en Noticias SER en el mes abril[1], básicamente expresando la total disposición que tendría el MINAM a coordinar con las regiones que trabajan sus procesos de gestión del territorio. Además, ofreció la “expertise y capacidad de gestión (del MINAM) para conducir y orientar los procesos”.

Pues bien, partiendo de la experiencia de Cajamarca, es necesario seguir incidiendo en aquellos aspectos que puedan estar débiles en el ente rector, pues lo concreto es que localmente nos queda la sensación de que hubiera un retroceso en cuanto a las expectativas que se tenían al inicio de este gobierno para contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con esta mirada se empezó el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), pero pasados ocho años, no resulta fácil hacer una proyección para culminar siquiera los Estudios Especializados (EE), ni mucho menos para completar el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y o el POT. Veamos por qué.

La ansiada opinión favorable

En el comentario que aludimos, el ministro señalaba: “Se han aprobado un conjunto de instrumentos técnico normativos donde se ha definido claramente el proceso metodológico del ordenamiento territorial, así como el conjunto de instrumentos mínimos necesarios para elaborar un plan de ordenamiento territorial”. Llama la atención esta frase, pues hasta la fecha de redacción de este texto, se acaban de publicar las guías metodológicas para sólo dos de los siete EE, pese a que la Resolución Ministerial que autorizaba su elaboración fue publicada en el mes de mayo del 2013; hace dos años.

En este periodo y producto de las observaciones del MINAM, en Cajamarca se han elaborado hasta tres versiones de los seis EE aplicados a la realidad regional, las mismas que han sido enviadas al ministerio para su opinión favorable. A decir de quienes participan en el proceso, la entidad no muestra mayor celeridad en la revisión de los documentos ni para brindar asistencia técnica al equipo responsable, de modo que el acompañamiento pueda ser de calidad, sobre todo considerando que no se contaba con una propuesta metodológica para direccionar la elaboración de los estudios.

No obstante, en estos dos años, Cajamarca, sin contar con una guía metodológica para el diseño de los EE, una vez más ha demostrado que está un paso adelante en su proceso, pues ha completado la tarea valiéndose de la experiencia acumulada desde el 2007. Sin embargo, la reciente publicación de las guías significa que los procesos deberán adecuarse a ellas y, por lo tanto, ser sometidos nuevamente a revisión, para buscar la tan ansiada opinión favorable. A esta dilatación del tiempo se le agrega el que habrá que esperar hasta que el resto de guías metodológicas sean publicadas y los EE nuevamente sean adecuados a sus indicaciones.

En tal sentido, que el ministro considere que se ha definido claramente el proceso metodológico puede entenderse como un comentario bastante ligero. Más aún, cuando tampoco se conocen (o no existen) las guías para el DIT y para el POT.

Mellando la participación

La disposición del MINAM, en cuanto a la participación de los diferentes actores en el proceso, tampoco ha estado exenta de críticas; esto a raíz de la publicación de las Resoluciones Ministeriales N°056 y 087–2015-MINAM, que básicamente señalan la conformación que deberían tener las Comisiones Técnicas Regionales (CTR). En Cajamarca, estas disposiciones han sido observadas, debido a que la participación propuesta excluye a representantes de otros sectores que han tenido un involucramiento activo en el proceso regional. Por este motivo, se consideró pertinente invitar a representantes del ministerio a participar en una de las últimas asambleas de CTR, a fin de que escucharan sus fundamentos. Como resultado de este evento, se acordó remitir un documento formal al ministerio, proponiendo la revisión de la citada resolución. El argumento principal es que Cajamarca cuenta, desde el 2007, con una CTR activa, la misma que, con el pasar de los años y debido al requerimiento de mayor inclusión de actores, ha ido integrando a representantes de plataformas de concertación, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, como los Consejo Regionales de la Mujer y de la Juventud, razón por la cual suma alrededor de 60 actores.

Pero a decir del MINAM, no es necesaria la presencia de más actores. Esta postura relegaría a sectores que en Cajamarca han resultado fundamentales, pues han brindado soporte técnico y logístico, en aras de la legitimidad del proceso. Así, por ejemplo, los y las integrantes de la CTR hoy participan en la elaboración de los EE. No se debe obviar tampoco que el proceso de OT tiene un componente político, en el que es importante generar consensos regionales, lo que empieza por incentivar la participación.

Se ha dicho que las normas publicadas garantizan la adecuada participación del conjunto de actores, pero no necesariamente es así, pues las realidades y los requerimientos regionales son distintos. En tal sentido, cada proceso debería tener la libertad de adecuar sus CTR, informando y justificando ante el MINAM los respectivos cambios. De hecho, en el caso de Cajamarca ya se había observado, desde el 2007, el Decreto Supremo N°087 –2004-PCM (que ha servido de base para la resolución del MINAM), porque no consideraba la participación de actores fundamentales.

Se debe señalar, por otro lado, que no se ha escuchado un buen argumento que justifique los límites a la participación, por lo que el ministerio debería recoger la experiencia de regiones como Cajamarca, que ha sido una de las pocas que ha adelantado el trabajo respecto a este tema. Se debería considerar, pues, los aspectos positivos que han permitido este avance y que tienen que ver con el aporte activo de los distintos actores. En una región tan diversa (con una problemática amplia, índices de pobreza alarmantes, sin un espacio para discutir el desarrollo desde las diversas miradas y conflictos sociales pendientes de solución), un proceso de OT inclusivo desde su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores interesados puedan aportar. Si el proceso de ZEE – OT de la región es reconocido, se debe, en gran parte, a la participación ciudadana que, a través de la CTR, se sustentó como uno de los pilares fundamentales.

Además de la socialización de las guías metodologías para el resto de EE, y luego para el DIT y el POT, el gobierno nacional tiene varios pendientes al 2016, como el dejar sentadas las bases para contar con una ley de OT y mejorar los procedimientos actuales para la entrega de autorizaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos naturales y las concesiones mineras, ya que la forma en que se viene realizando, incentiva la aparición de conflictos y la desconfianza de la población.

Por ahora, en Cajamarca se esperará la respuesta del MINAM a la preocupación de la CTR. No obstante, con este contexto, quedamos convencidos de que será imposible avanzar en la formulación del POT, en lo que queda del gobierno de Humala.

[1]Comentario al artículo: “Ordenamiento Territorial: La prioridad postergada” de Ronald Ordoñez, publicado en Noticias SER, el 15 de abril de 2015. Ver: http://www.noticiasser.pe/15/04/2015/medio-ambiente/ordenamiento-territorial-la-prioridad-postergada

 

Por:

Ronald Ordoñez

Fuente: Noticias SER

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Familia de Pastrana denunciará a Río Blanco por omisión a normas mineras

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Chulucanas. “Desde el 31 de julio hasta la fecha solo hemos recibido contradicciones y mentiras sobre el destino del ingeniero geólogo Orlando Pastrana”, aseguró el abogado de la familia del extinto minero desaparecido en Cerro Negro en la provincia de Ayabaca.

José Panta insiste en la posición de la familia de denunciar a la empresa minera Río Blanco Cooper por haber omitido una serie de prevenciones contempladas en el reglamento de seguridad en la minería, además de negligencia y otras faltas.

Panta exigió a las autoridades poner mayor interés en traer el cadáver de Pastrana hasta Piura, para luego ser trasladado hasta Nazca, donde lo esperan sus hijos, quienes velan solo la ropa del minero.

Las necropsias de ley aplicadas a los cuerpos de la comunicadora social Aleida Dávila, y el cocinero Segundo Tacure, dieron como resultado que su muerte se produjo a causa del frío. La hipotermia acabó con sus vidas, y sus cuerpos ya han podido ser enterrados cristianamente; sin embargo el cadáver de Pastrana continúa en la zona de montaña.

Panta se ampara en el Decreto Supremo 055 del año 2010 que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería para anunciar una denuncia contra Río Blanco. La demanda se basaría en la libertad de trabajo, y se probaría al sustentar la falta de un plan de emergencia y de seguridad durante la expedición.

ÚLTIMO ADIóS.

Con un concurrido cortejo fúnebre se sepultaron ayer los restos del trabajador de la minera Río Blanco, Segundo Tacure Saavedra, fallecido a los 41 años de edad. Él fue encontrado después de más de un mes de estar desaparecido en Cerro Negro, ubicado en la provincia de Ayabaca, junto a la fallecida Aleida Dávila. Con ellos también se extraviaron Orlando Pastrana y Manuel Herrera. Este último fue el único sobreviviente del fatal periplo.

El funeral del cocinero partió de su domicilio en la calle Gabriel Béjar al mediodía, y la multitud a cada momento decía: “Segundo Tacure Saavedra, ¡presente!… Que se haga justicia… Qué se dé con los responsables de la muerte de este joven padre que solo lo llevaron para matarlo en la sierra de Piura”.

El sepelio recorrió las calles de Chulucanas y en la esquina de las calles Ayacucho con Libertad hizo un alto para despedirse del local “El Cajamarquino”, donde su hermano Manuel Tacure le había enseñado a cocinar. Manuel dijo entre sollozos que lo va extrañar porque era su mano derecha en su negocio, y con quien tenía un proyecto de poner una cevichería..

Luego, el cortejo siguió por las calles Libertad y Junín hasta llegar al cementerio Divina Misericordia. En ésta, su última morada, la viuda de Tacure, Elvira Roldán Sánchez, y la hija del occiso, Claudia Tacure (19), evitaron dialogar con la prensa, pero su inconsolable llanto evidenciaba el dramático momento que les ha tocado vivir. Las lágrimas por la muerte del buen esposo y buen padre exigían justicia para castigar a los responsables.

 

Fuente: La Republica

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Se frusta Juicio Oral sobre sobre Espinar y se declara reo contumaz a Herbert Huaman

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Como se sabe el Primer Juzgado Unipersonal Provincial Penal de Ica programo audiencia de inicio de juicio oral para el caso de los dirigentes de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herberth Huaman Llave y Sergio Huamani Hilario (FUDIE) a quienes el Ministerio Público acusa de varios delitos contra la tranquilidad pública por el conflicto ambiental suscitado en mayo del 2012 en la provincia de Espinar – Cusco, contra la empresa minera Xtrata Tintaya hoy Glencore Antapaccay, solicitando más de 20 años de pena privativa de libertad para los dirigentes sociales.

La audiencia se desarrolló el día de hoy, a las 8.30 am, en las instalaciones del Poder Judicial de Ica, estando a cargo el Juez Darcy Vivanco Bayllon, donde concurrieron solo dos de los acusados, con sus abogados. La ausencia de dirigente del FUDIE Herbert Huaman Llaves,  fue justificada por su abogado, aduciendo que su patrocinado por motivos laborales no pudo desplazarse hasta la ciudad de Ica, acreditando lo dicho con la entrega de un certificado de trabajo, además sostuvo que las distancias geográficas desde Espinar a Cusco impiden que su patrocinado esté presente en el juicio. Estos argumentos no fueron suficientes para revocar la decisión del magistrado, quien decreto el traslado compulsivo de Herbert Huaman Llave, el magistrado sostuvo que ni el trabajo o la distancia geografía de Espinar a Ica justifican válidamente su ausencia, y que solo frustra la instalación de juicio, puesto que existe resoluciones administrativas que obligan a los dirigentes a ser juzgados en el distrito judicial de Ica y que los acusados teniendo conocimiento de la medida deben de tomar las acciones previsoras para garantizar su presencia. Pese a que la defensa técnica sostuvieron que es obligación del juzgado garantizar el derecho de defensa y que debido a la desigualdad de armas que existe entre las partes por el traslado de competencia, se debía resolver tomando en consideración las circunstancias de complejidad del caso, no fue suficiente para que el Juez Vivando deje sin efecto su medida, confirmando la declaratoria como reo contumaz al dirigente social.

Finalmente se reprogramó la audiencia de instalación de juicio oral  para el día 20 de agosto del año en curso a horas 14.00 pm.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

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Grupo Perú COP demanda un proceso participativo y transparente para la preparación de las INDC

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Hace más de dos meses se realizó en Lima la COP 20 donde se produjo el “Llamado de Lima a la Acción Climática” que dejó tareas pendientes que los Estados deben cumplir. Una de esas tareas es la elaboración –y su respectiva comunicación- de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas o también llamadas INDC las cuales deben comunicarse antes de la realización de la COP 21 en París en diciembre de este año. El Grupo Perú COP llama la atención del Gobierno pues aún no se tienen noticias sobre el proceso de la elaboración de las INDC peruanas.

Esperamos que este proceso no se realice a puertas cerradas como en anteriores ocasiones, cuando Perú envió sus compromisos climáticos en el año 2010 sin la participación de la sociedad civil ni de los pueblos indígenas. Por el contrario, exigimos  un proceso abierto que cuente con la participación la sociedad civil y recoja los aportes para la construcción consensuada de las INDC. Debemos seguir el ejemplo de otros países de la región, miembros y afines a AILAC (grupo del que Perú forma parte en las negociaciones de la CMNUCC), como Chile que viene realizando un proceso de discusión pública de sus contribuciones o como México que ya ha convocado a sesiones para realizar este proceso. Somos conscientes que solo se podrá alcanzar el cumplimiento de las INDC que Perú proponga con el consenso de la sociedad en su conjunto. Es así que el Grupo Perú COP demanda mayor transparencia y participación en los procesos de elaboración de las INDC.

Asimismo, la decisión de la COP 20 establece que los Estados pueden incluir adaptación dentro de las INDC, y en el caso de Perú esta debería ser una obligación. Nuestro país al ser uno de los más vulnerables al cambio climático, requiere que la atención no solo se centre en la mitigación, sino en acciones de adaptación que permitan reducir nuestra vulnerabilidad.

Las INDC constituyen un tema de relevancia nacional donde se deben hacer priorizaciones que deben ser discutidas por la sociedad en su conjunto. Esperamos que las políticas de cambio climático no sigan aisladas, sino que tengan un norte claro. Las INDC deberían vincularse con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el Acuerdo Perú-Noruega-Alemania, entre otras políticas. El Grupo Perú COP exige un diálogo participativo vinculante, transparencia, coherencia y articulación entre las diversas incitativas que se realizan sobre cambio climático. Asimismo, demanda mayor involucramiento de los diferentes Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades; y mayor coordinación en la elaboración de acciones contra el cambio climático.

Esperamos que en la próxima sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático pueda abordarse esta temática y dar luces sobre los avances de las INDC peruanas e iniciar un proceso transparente, participativo y descentralizado.

Grupo Perú COP

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A cuatro años de aprobada la Ley en: límites de la Consulta previa en Perú

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Desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa en nuestro país, en agosto de 2011, ya son 20 los procesos que están o en ejecución, y ya 8 concluidos. Once de ellos corresponden a exploración y explotación de hidrocarburos, aunque en minería todavía ninguno se ha llevado a cabo.

En reglamento de la ley de Consulta Previa se aprobó en 2012. La medida busca, principalmente, garantizar el respeto al medio ambiente y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia de cada proyecto de inversión, de modo que se evite la conflictividad social.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo de conflictos sociales de enero de 2015, las actividades que mayor conflictividad social arrastran son las que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería e hidrocarburos.

Y es ahí a donde la consulta previa tiene su mayor desafío como instrumento que debe permitir garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Pero ¿Qué se consulta a los pueblos indígenas? La investigadora Riccarda Flemmer, autora del estudio Consulta, participación y transformación de conflictos considera que en nuestro país, la consulta se ha dado de modo temprano.

Es decir, el proceso, en materia de hidrocarburos, las realiza Perupetro y el Viceministerio de Interculturalidad, antes de que se otorgue la licitación de lote consultado. Mientras que en otros países, la consulta se hace sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando ya hay un inversionista.

“Esto tiene desventajas porque en el Perú es tan temprana la consulta… funciona como capacitación en términos de derechos porque muchas de las comunidades no saben cómo funciona la explotación de petróleo, ni qué derechos tienen en términos de estándares internacionales, de legislación nacional tampoco. También es para enseñar qué puede significar un proyecto de hidrocarburos”, agrega Flemmer.

¿Qué es lo que se consulta a los pueblos?
La especialista de DAR, Iris Olivera, aclara que lo que se consulta es el Decreto Supremo que autoriza el contrato de licitación del lote respectivo. Sin embargo, en el proceso para el lote 169 no se vio la discusión clara de ese decreto.

“Las actas internas dicen ‘autorizamos el ingreso de Perupetro para que pueda iniciar las actividades en nuestra comunidad. Para eso planteamos acuerdos: más contratación de personal local, saneamiento básico, titulación, otros’.”, señala.

Así es como se llegó a la etapa de diálogo: con la idea de que Perupetro era la empresa que iba a venir a explorar.

 

Fuente: Los Andes

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Veronika Mendoza: Cuando el Estado juega con la salud de las personas

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En mayo 2012, tras meses de intentos fallidos de diálogo con la empresa minera Xstrata y con el Estado, la población de Espinar (Cusco) optó por realizar una huelga indefinida. Al octavo día, indiferencia y torpeza del gobierno de por medio, el conflicto estalló violentamente, con un triste saldo de dos valiosas vidas humanas perdidas. En los días previos y para incidir en la necesidad de atender prontamente las demandas de Espinar, yo explicaba públicamente el informe “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco” realizado en 2010 y que el Ministerio de Salud (Minsa) me había remitido oficialmente. En este se señala la presencia de metales pesados en agua de consumo humano y en las personas. Pero en lugar de preocuparse por el contenido del informe y por lo que podía implicar para la salud de los espinarenses, los voceros del gobierno, desde el ministro de Salud hasta el propio Presidente de la República, pasando por el ministro del Ambiente, insistieron en desconocer el informe, alegando que era falso, que correspondía a otra zona, que estaba siendo malinterpretado por azuzadores, etc. De hecho esa fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista días después, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

Tras las muertes, el inicio de los procesos judiciales contra el alcalde y varios líderes sociales, se instaló una Mesa de diálogo y se realizó un monitoreo ambiental y una evaluación de metales pesados en comunidades del entorno del proyecto minero Tintaya. Se confirmó que había un problema de contaminación -52% de los puntos monitoreados presentaron algún parámetro por encima de los estándares establecidos- y que el 100% de las 180 personas evaluadas por el Minsa presentaba metales pesados. ¡Al fin la verdad se abría paso, al fin la salud de los espinarenses iba a ser atendida! No, solo fue una ilusión. No ocurrió nada de eso. Meses después de realizado el estudio, los comuneros de Huisa y Alto Huancané empezaron a recibir cada uno un papel sin membrete ni firma -signo de que nadie quiere asumir responsabilidades- en el que se incluía una lista de los metales pesados que se había encontrado en sus cuerpos y recomendaba que cada quien “consulte con su médico” (sic) para conocer las implicancias en su salud.

Luego, tras la denuncia de uno de los médicos que en su momento fue parte del equipo del Minsa que realizó dicho estudio, se supo que no solo se les había evaluado los 6 metales pesados anunciados sino 11 más sin su consentimiento. Sí, al parecer para el Minsa los pobladores -incluidos los niños- de Espinar fueron “conejillos de indias”.

Resulta más indignante aún que, hasta el día de hoy, 3 años después de que estallara el conflicto, la población de Espinar no haya recibido información clara sobre las implicancias de esa presencia de metales, tampoco ha recibido algún tipo de atención en salud, ni se ha determinado la fuente de la contaminación, condición esencial para evitar que más personas sean afectadas.

Es decir, desde el 2010 el Estado peruano tiene conocimiento de que cientos de personas en Espinar están expuestas cotidianamente a metales pesados y que podrían tener graves impactos en su salud, pero no ha hecho absolutamente nada frente a ello. ¿Pura desidia, discriminación o temor de afectar sus relaciones con el gremio empresarial minero? Sea cual fuere la razón esta situación solo puede ser calificada de una manera: inhumana.

Artículo publicado en Diario UNO, lunes 2 de marzo 2015.

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La realidad del cerro El Toro – Huamanchuco

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El cerro El Toro hace noticia para dar a conocer lo que ya se ha convertido en rutina: La muerte de tres obreros Se trata de los hermanos Julio, Samuel y José  Benítez Tiburcio de 30, 24 y 22 años de edad, que se dedicaban a la extracción de oro.

Según los familiares, habría otro minero muerto pero se desconoce el nombre, ya que los propietarios estarían ocultando este accidente laboral.

Además, informaron que los fallecidos fueron trasladados sigilosamente por los dueños de la mina hasta su tierra natal en el distrito de Cochorco, sin reportar el accidente a la Policía Nacional.

El hermano de las víctimas pide que se investigue el hecho, ya que son varias las personas que ya han muerto en minas artesanales sin que la PNP, ni la Dirección de Energía y Minas de la Libertad hagan algo para evitar más muertes.

Nuevamente, pues, nuestro querido e histórico cerro El Toro es protagonista de la noticia y, de esa manera, pone sobre el tapete del análisis la penosa realidad que soportan los obreros mineros. Moribundo como está el cerro El Toro, convertido hoy en una isla a la que pocos hicimos algo para frenar este problema, pese hacer amenazados.

Del Cerro El Toro no queda más que un viscoso cascarón, el cual en cualquier momento va a hundirse enterrando así parte del corazón huamachuquino.  ahora, como vacío esta ya nuestro cerro ahora le toca el turno de asesinar a los cerros de Sitabamba, en Santiago de Chuco, a donde ya empiezan a emigrar los ambiciosos mineros fantasmales del Cerro el Toro, y , también, de Parcoy y Pataz con su terrorífica guadaña a destruir sus hermosos cerros hasta convertirlos en cascarones vacíos.

Triste realidad que se va dibujando poco a poco en nuestra región por la negligencia de nuestras autoridades regionales y provinciales que se rinden ante el seudo poder que tienen los dueños de los yacimientos mineros amparados algunos por amañadas concesiones y, otros, sin ellas. Hecho que siempre hemos reclamado y que, tercamente, hoy señalamos.

Se reconoce la importancia que tiene la minería para el desarrollo económico de nuestro país. Lo que es materia de condena es la zona y la forma en que se desarrolla esta actividad que no respeta para nada la fuente de vida como es el agua. Para los elementos inescrupulosos el oro es lo primero, no vacilando en contaminar y destruir la ecología, delitos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno saben que la verdadera solución a este problema es el Ordenamiento Territorial  que defina las zonas de explotación minera y las zonas de explotación agrícola para que, de esta manera, ambas fuentes de riqueza se desarrollen armónicamente y contribuyan así al desarrollo de la economía nacional con absoluto respeto a la vida y bienestar de los pueblos.

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Máxima: amenaza de muerte

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El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de La Amaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.

El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera Maribel a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

MARIBEL, LA NUERA DE MÁXIMA, CON SUS ANIMALITOS EN LA ZONA DE TRAGADERO GRANDE.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

MÁXIMA EN NOVIEMBRE DEL 2011 CUANDO LA PNP LA GOLPEO PARA INTENTAR DESALOJARLA.

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

 

Por Rocío Silva Santisteban

Fuente: La Mula

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Después de 3 años se inicia juicio oral por conflicto socio ambiental en Espinar – Cusco

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Después de 3 años y 2 meses de investigación el Primer Juzgado Unipersonal de Ica citó a audiencia de inicio de Juicio Oral a ex alcalde y dos ex dirigentes sociales de la provincia de Espinar, producto del conflicto socioambiental ocurrido en mayo del 2012. El Juicio Oral se desarrollará en la ciudad de Ica en el Modulo Penal – Calle Chiclayo N° 243, a las 8.30 a.m. del día miércoles 05 de agosto del presente año.

Debemos destacar que con el Juicio Oral en contra de los líderes de la provincia de Espinar, se demuestra claramente la política de criminalización de la protesta social que se vive en el país en contexto de actividades extractivas.

Antecedentes del caso:

Como se recuerda en el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

El ministerio Público de Ica, inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes se les acusó de diversos delitos contra el orden público y otros, debido al conflicto socio ambiental ocurrido en mayo del 2012, donde los pobladores espinarences acusaban a la empresa Minera Xstrata Tintaya, hoy Glencore Antapaccay, por contaminación ambiental en el entorno del proyecto minero, así mismo se pedía a la empresa un nuevo Convenio Marco, entre otras demandas locales.

Después de más de dos años de investigación, el pasado mes de noviembre del 2014, en uno de los procesos (principal), el Juzgado de Investigaciòn Preparatoria de Ica archivo las investigaciones fiscales a favor del personal de senerazgo de la Municipalidad Provincial de Espinar; Ezequiel Qquehue Choqueccota, Juan Alberto Antonio Huaytapuma, Daniel Alfredo Condori Vilca y Roger Chullo Caballero, por los delitos de Tenencia Ilegal de Materiales Explosivos e Inflamables y Disturbios. Lo mismo ocurrió a favor de Romualdo Ttito Pinto, chofer de la camioneta de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, a quien se le acuso del Delito de Tenencia Ilegal de Municiones.

Respecto a Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herbert Huaman Llave (ex dirgente del FUDIE) y Sergio Huamani Hilario (FUDIE), se dispuso pasar a la etapa de juicio oral y determinar la responsabilidad o inocencia de los líderes sociales de Espinar.  La Fiscalìa Provincial de Ica, solicita en relación a este caso más 20 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil, por los delitos; Atentado Contra la Seguridad Común, Entorpecimiento de los Servicios Públicos y Disturbios.

NOTA:

•    Desde el año 2012 se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco y no en Ica.

•    Por el contrario las investigaciones sobre las muertes en el conflicto de mayo del 2012 en Espinar se encuentran archivadas.

Derechos Humanos Sin Fronteras.
Agosto del 2015

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Los errores de la minera Río Blanco que costaron la vida de tres personas

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En diversos medios de comunicaciones se menciona que los ronderos dificultaron la búsqueda de los extraviados en Cerro Negro e incluso se les culpa de las muertes de estos, cuando en realidad consta en reuniones, actas y fotos que sucedió todo lo contrario pues cientos de ronderos colaboraron con la búsqueda. Por otro lado, un aspecto importante a considerar es el accionar de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. al enviar a sus trabajadores a una zona de difícil acceso sin decirles cuál era la verdadera misión, en una temporada climatológica hostil, con equipos ineficientes y sin un adecuado plan de rescate.

Según recientes declaraciones del único sobreviviente, Manuel Herrera, los cinco expedicionarios: Orlando Pastrana (topógrafo), Aleida Dávila (periodista) y Segundo Tacure (cheff),  Gladys Elena Cunchaya Palomino (enfermera) y Manuel Herrera (geólogo) y Aníbal Herrera Meléndez, un comunero de la zona que se les unió en el camino, se dirigían al cerro Henrry’s Hill, donde yacen los restos del campamento minero abandonado desde el 2009. Ese mismo día, la enfermera, Gladys Cunchaya, regresó debido a que la altura le afectó.

EL ENGAÑO

Al llegar al campamento, debían tomar coordenadas de las perforaciones de exploración minera y fotografiarlas, luego de realizar caminatas y realizar los registros de información y fotográficos, se encontraron con cinco lugareños en el campamento. Orlando Pastrana, líder de la expedición, los sumó al grupo y reveló que el verdadero objetivo de la misión fue proseguir el camino hasta Ayabaca para encontrar nuevas rutas para la explotación minera. Manuel Herrera, declaró que a él informaron que la expedición iba a durar tan solo cuatro días.

Sin embargo, la intención de la empresa minera era hacer un levantamiento topográfico para construir trochas carrozables, la primera que una el campamento minero con el cerro Chinguelas, otra hacia la ciudad de Ayabaca y una tercera que comunique con la frontera con Ecuador.

EQUIPOS INEFICIENTES

Manuel Herrera, señala que la empresa les proporcionó un teléfono satelital que solo estuvo operativo hasta el día siguiente y cuando lo enviaron para ser reparado, la empresa nunca lo mandó de regreso. Asimismo,  indica que al estar extraviados, mandaron una señal de alarma a través de un GPS pero no obtuvieron respuesta por parte de la empresa.

NO EXISTIÓ PLAN DE RESCATE

El abogado de la familia de Orlando Pastrana, el topógrafo fallecido, responsabilizó  directamente a la minera pues no siguió el reglamento debido para prever la desaparición y por no poner en práctica el plan de contingencia y seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores, ya que la comunicación se perdió desde el día 7 hasta el 10 de julio.
Asimismo, el geólogo sobreviviente, afirmó que enviaron una alarma a la empresa con la intención de que les envíe un helicóptero y los rescate, pero nunca los auxiliaron. Manuel Herrera recordó que Pastrana, jefe de la expedición, le dijo: “Voy a prender el GPS de alarma para que nos envíen auxilio. Dentro de cuatro a cinco horas nos envían un helicóptero y nos rescatan”

TRABAJADORES SIN EXPERERIENCIA

En sus declaraciones  a las autoridades, Manuel Herrera, un bachiller de 25 años, quien apenas en marzo pasado había ingresado a hacer sus prácticas en la minera, señaló que  no tenía la mínima experiencia pues era “su primera vez” en ese tipo de misiones y que no recibió ningún tipo de preparación para esa empresa. En efecto, la única instrucción que tenía en manejo de equipos de GPS era la que recibió en la universidad. Asimismo, la viuda de Pastrana indocó en sus declaraciones a la prensa que este había solicitado a la empresa gente con experiencia.  «Mi esposo pidió gente que conociera el área, no pidió practicantes»

Por otro lado, aún continúan las interrogantes en este lamentable caso: ¿Qué hacían un cocinero y una comunicadora en esta compleja misión? ¿Por qué solamente el topógrafo sabía cuál era el objetivo real de la expedición? ¿Acaso ocultaron la misión por no contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad?

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