El día de hoy circuló la noticia de un medio periodístico limeño que señaló que habrían 60 trabajadores contagiados de Covid-19 de la empresa minera Antamina que se ubica en Ancash. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud de Ancash, consultado por Red Muqui, señaló que hasta ahora son 7 casos confirmados los relacionados a la empresa minera Antamina y que la información propalada por un medio periodístico de Lima no tiene como fuente a la DIRESA de Ancash. La(s) DIRESA(s) en todas las regiones del país son las entidades del Estado responsables en emitir información oficial sobre el número de pruebas de descarte de Covid-19 que realizan y el resultado de casos positivos y negativos.

El jueves 9 de abril, el director regional de Salud en Ancash, Luis Palomino, anunció vía conferencia de prensa que 7 personas de Antamina habían dado positivo a las pruebas de Covid-19 y que estaban realizando la cuarentena en sus centros de producción.  En referencia a la empresa señaló: “han confirmado que el sábado están haciendo tamizajes con pruebas rápidas a todos los trabajadores para ver quienes dan positivo y quiénes no”. Sin embargo, este fin de semana pasado, 11 y 12 de abril, no se realizaron las pruebas de descarte de Covid-19 en el campamento de Yanacancha de Antamina debido a que la empresa minera no tiene las pruebas de descarte de Covid-19.

Empresa minera mintió

La semana pasada, tras la protesta de los trabajadores y la denuncia de instituciones y medios periodístico; la empresa minera Antamina anunció mediante un comunicado que había adquirido pruebas de descarte de Covid-19 para todos sus trabajadores y trabajadores de empresas contratistas con las que laboran. Sin embargo, este anunció fue desmentido el día de ayer, domingo 12 de abril, por los propios representantes de la minera Antamina ante la protesta de los trabajadores que exigían que les realicen las pruebas de descarte para volver a sus casas. El representante de Antamina señaló: “las únicas entidades que tienen las pruebas es el MINSA y ESSALUD. Las pruebas no las tenemos”.

Trabajadores aislados no pudieron salir de Antamina

En la protesta del día domingo 12 de abril, los trabajadores exigieron que la empresa minera Antamina cumpla con las pruebas de descarte de Covid-19 para que puedan retornar a sus casas. Un trabajador señaló que observaron que 3 buses salieron el día sábado 12 de abril con trabajadores mineros. Sin embargo, el representante de Antamina señaló que esos 3 buses “no es para usted ni para mí, es para la gente que está aislada. Nos han regresado los buses. El Estado no nos va a dejar salir”. De esta manera, Antamina confirmó que además de los trabajadores con Covid-19 que confirmó la DIRESA de Ancash, hay más trabajadores que se encuentran aislados en el campamento de Yanacancha, que intentaron salir en esos 3 buses.

Empresa minera paraliza labores

Frente a todos estos acontecimientos que se han hecho público estos días; la empresa minera Antamina acaba de anunciar mediante un comunicado el día de hoy, lunes 13 de abril, después de 19 días de haberse detectado al primer trabajador con síntomas de Covid19, que “hará una suspensión temporal de operaciones: Porque no se trata de la mina sino de la salud, seguridad y tranquilidad de todos”.

En el comunicado ya no señalan específicamente que harán pruebas de descarte de Covid19 a sus trabajadores, como lo anunciaron en comunicados pasados, sino, solamente: “haremos evaluaciones médicas a todos los que permanecen en nuestros campamentos. Actuaremos de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de Salud. Debemos comenzar esta misma semana”.

Posteriormente, la empresa minera informó que envió una carta notarial al medio de prensa de Lima para que se rectifique en la información vertida sobre los 60 trabajadores con Covid-19 de Antamina, confirmando en la carta que sí hay 7 trabajadores de Antamina y sus empresas contratistas con el virus. Sin embargo, en la carta, la empresa no reconoce que tiene trabajadores aislados en el campamento con síntomas de Covid-19.

Desde la Red Muqui exigimos que la empresa minera cumpla con su ofrecimiento de adquirir las pruebas de descarte de Covid-19 para todos sus trabajadores y sea transparente en los comunicados que emite. Asimismo, es fundamental que SUNAFIL y los representantes del Ministerio de Salud constaten in situ las condiciones en las que se encuentra los trabajadores directos de Antamina y de sus empresas contratistas para que se eviten más contagios dentro del campamento minero.

 

Nota actualizada hasta las 9pm del 13 de abril.

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

No cabe duda que en estos tiempos del coronavirus tanto el Estado como la sociedad civil estamos aprendiendo a enfrentar todos los desafios que nos plantea esta pandemia. No basta con emitir normas legales. Según la Defensoria del Pueblo, hasta el momento ya van más de 200 normas emitidas por el gobierno nacional, sectorial, regional y local para afrontar la propagacion del Covid – 19. También es importante estar atentos al rol que cumplen los entes supervisores, reguladores y fiscalizadores estatales, ya que tanto los funcionarios publicos, los organismos estatales, así como las empresas privadas han venido infringiendo el Estado de Emergencia.

 

Es importante señalar que estos entes fizcalizadores como OEFA, Osinerming, Sunafil, entre otros, están autorizados para supervizar, fiscalizar y sancionar, si el caso lo amerita, a las instituciones y empresas que infrinjan las normas y el estado de emergencia. Uno de los sectores al que hemos hecho seguimiento es el de la minería y que ha sido cuestionada por haber sido exceptuada del estado de emergencia.  Probablemente es el sector que más denuncias ha recibido, ya que ha expuesto a sus propios trabajadores y las comunidades aledañas al contagio del virus. Desde la Red Muqui hemos reportado varios casos confirmados de contagio de trabajadores en empresas mineras como Antamina y Cerro Verde, por ejemplo.

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que es el organismo encargado de promover, supervisar y fiscalizar los temas laborales en el Perú, es probablemente uno de los entes que más denuncias ha recibido en las ultimas semanas, y muchas de estas del sector minero. El caso más conocido es de la empresa minera Antamina (Ancash), que ya suma dos personas con covid-19. Recientemente la Diresa confirmó que un policía que brindaba servicios de seguridad a Antamina en el campamento de Yanacancha se contagió de covid-19 por tener contacto con el primer caso reportado: el trabajador minero del mismo campamento. Como se sabe, la PNP tiene convenio privado con la empresa minera Antamina y la comisaría queda muy cerca al campamento de Yanacancha. Además de ello, en los últimos días, los trabajadores han denunciado maltrato y abuso de la empresa, ya que no solo estan confinados, sino tampoco saben si son portadores del virus. En este caso, Sunafil ha tenido que intervenir para que Antamina tome las medidas necesarias en atención a los pedidos de los trabajadores: realización de pruebas de covid-19 a todos los trabajadores y retorno a casa tras las pruebas de descarte. Sin embargo, por la gravedad de las denuncias, el caso no ha quedado ahí; la Fiscalia local ha abierto una investigación preliminar contra la empresa por los presuntos delitos de “violación de medidas sanitarias, desobediencia y resistencia a la autoridad”.

 

El caso de Antamina es uno más de muchos casos de trabajadores de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay (Cusco), Shougan (Ica), Southern (Tacna), incluido los trabajadores de empresas que se dedican al transporte, acopio, concentrado y exportación de minerales en los puertos del Callao (Perubar, Impala, Ferrovías), que se ha denunciado en estas semanas y, lamentablemente, a pesar de las aclaraciones del presidente Vizcarra el viernes 20 de marzo, de las acciones recientes de Sunafil, y de la denuncian de organizaciones de derechos humanos, no se han respetado las normas sanitarias y laborales en el sector minero. Urge que los entes reguladores y fiscalizadores como Sunafil cumplan un rol más proactivo y efectivo. Ya lo hemos señalado: en estos tiempos de Covid-19 nadie deberia tener corona y muchos menos el sector minero, que ponen en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y las comunidades aledañas.

 

Después de la presión de Conveagro, gremio que reúne a las organizaciones agrarias y ganaderas a nivel nacional, y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que lograron tener una reunión con el ministro de Agricultura el 30 de marzo, Jorge Montenegro; el Ministerio emitió el 4 de abril la resolución ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, que “establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19”.

Como es de conocimiento público, los gremios agrarios han estado exigiendo al gobierno central medidas para que las y los agricultores del sector rural puedan sobrevivir a esta crisis desencadenada por el Covid-19, que los perjudica en su producción regular al tener limitaciones de tránsito y encarecimiento del transporte de carga, compra de insumos, comercialización, etc, que agrava más las condiciones en las que ya venían produciendo; especialmente en aquellos lugares donde no tienen acceso al agua y a la tierra por el uso que hacen de los bienes comunes las empresas extractivas como la minería. Y, también en aquellos lugares donde los pasivos ambientales mineros son un peligro para la producción agropecuaria.

Actividades que comprende la medida

Hasta la fecha, después de 23 días de cuarentena, la resolución ministerial del MINAGRI es la única medida que el gobierno ha emitido para el sector agropecuario. Medida que “comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias diversas. c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso. f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, productos veterinarios y material genético. g) Importación y exportación de productos agropecuarios. h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego)”.

Estas medidas comprenden a los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realizan algunas de las actividades señaladas con el objetivo de que se mantenga la cadena alimenticia en el país que, en las últimas semanas, se ha visto perjudicada con el alza de precios de algunos alimentos en las ciudades del país y el abastecimiento al gran mercado mayorista de Lima.

Gráfica de la reducción de ingresos promedio al Mercado Mayorista (Eduardo Zegarra)

 

 

 

Pase laboral de tránsito

La resolución del Ministerio de Agricultura también comprende que los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario puedan tramitar virtualmente el pase personal laboral ante la única Plataforma Digital del Estado Peruano (gob.pe/pase laboral) o, en su defecto, tramitar el pase en la comisaría más cercana con la acreditación expedida por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, con el formato anexo en la resolución ministerial.

Protocolo sanitario

La resolución también señala que “los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos fines”. Para ello, el Ministerio emitió un protocolo en el que señala que los productores, trabajadores y empresarios deben desinfectar sus herramientas de trabajo; guardar la distancia mínima de un metro si interactúan con otras personas; no compartir cabinas de tractores ni de camiones durante la campaña; uso de ropa exclusiva para labores del campo; y el personal dedicado a la carga y descarga de alimentos, debe hacer uso obligatorio de guantes y mascarilla. Si quieres revisar todo el protocolo, entra AQUÍ.

Agro abandonado

En declaraciones al periodista Glatzer Tuesta, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, señaló que además de la indiferencia de los grandes medios de comunicación con la problemática del sector en estas crisis por el Covid-19; los funcionarios del Estado del sector agricultura no están informando sobre la realidad del campo al gobierno central.

“Somos 2.2 millones de agricultores familiares que alimentamos al país (..) y 1 millón 200 mil productores viven en condición de pobreza y no podemos colocar nuestras colocar nuestras cosechas de papa, producción de quesos que venían a Lima, etc. El bono social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no llega a los hombres y mujeres de la agricultura familiar, porque no han sido reconocidos en la primera medida”.

Desde la Red Muqui, institución que ha venido denunciando las condiciones en las que laboran los trabajadores mineros en esta emergencia sanitaria nacional, nos sumamos también a las exigencias de Conveagro y las organizaciones gremiales agrarias para que este sector, que es indispensable para la alimentación del país, sea apoyado por el Estado. Es inadmisible que el gobierno permita que las actividades mineras continúen funcionando con normalidad sin una adecuada fiscalización, teniendo a la fecha 4 personas contagiadas en el sector minero; y al sector agrario se le mantenga abandonado.

Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

VER VIDEO

Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

El día de hoy, la congresista Mirtha Vasquez y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, con el respaldo de su bancada, acaban de ingresar el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprimía el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial. El Proyecto de ley de las congresistas mantiene únicamente una parte del artículo 1 de la Ley de Protección Policial, referida a que las y los policías tendrán asesoría y defensa legal gratuita cuando afronten “una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial”. Esta asesoría y defensa legal será realizado por “un Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú”, tal como lo señala el artículo 6 de la Ley aprobada, en consonancia con lo planteado en el artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 31012 aprobada (Ley de Protección Policial) tiene 6 artículos en total y una disposición complementaria derogatoria.

La congresista Mirtha Vasquez señaló en sus redes sociales que el Proyecto de Ley 4986 busca derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del Gatillo Fácil”, como llaman también a la Ley de Protección Policial. “No podemos retroceder en derechos humanos ni permitir la impunidad con una norma que atenta contra el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía”, añadió.

Análisis del Proyecto de Ley

El proyecto de Ley de la bancada del Frente Amplio mantiene la esencia del primer párrafo de la Ley de Protección Policial en el artículo 1. y desecha el segundo párrafo del mismo artículo, porque atenta contra el principio de la autonomía judicial, al señalarse que los jueces deben establecer “mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”

Los siguientes artículos que quieren derogarse de la Ley de Protección Policial; el artículo 2 y 3, son declarativos y contradictorios con el artículo 1, 3 y 4, que fundamentalmente plantean que los jueces no pueden “dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías investigados; y también están “exentos de responsabilidad penal” cuando causen lesiones o muertes en cumplimiento de su función.

Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios.

El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país.

La ONU se pronuncia

Después de recibir la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la Ley de Protección Policial aprobada, el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció el día de ayer: “Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”.

Agregó que, “en el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.

El día de ayer, martes 31 de marzo, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de la región Ancash, informó a través de un comunicado que se reportaban dos nuevos casos de personas con coronavirus (Covid-19). Un trabajador de 42 años, perteneciente a una empresa minera de la región, que actualmente se encuentra en una clínica de Huaraz; y una mujer de 43 años de la ciudad de Chimbote, que no presenta síntomas y actualmente se encuentra aislada en su domicilio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este comunicado de la DIRESA, la empresa minera Antamina sacó un comunicado señalando que el trabajador minero es “un trabajador de una empresa contratista, que se encontraba en el campamento de Yanacancha”, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

La empresa señala que el trabajador fue derivado el día 25 de marzo a la clínica San Pablo, en Huaraz, para que le hagan la prueba respectiva, dando positivo el día de ayer. Agrega que “el paciente se encuentra estable y evoluciona de forma favorable”. Asimismo, precisa que el trabajador tuvo interacción directa con 2 personas, que posteriormente fueron aisladas inmediatamente y actualmente no presentan síntomas asociados al Covid-19, “dando una de ellas negativo a la prueba”, y encontrándose la otra persona, “completamente asintomática”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días atrás, el miércoles 18 de marzo, uno de los propietarios de la Compañía Minera Antamina, Teck Resources Limited, había informado que continuarían operando la mina con una fuerza laboral reducida para el mantenimiento de las operaciones críticas, tal como lo disponía el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, en el último comunicado de la empresa Antamina, la empresa no señala cuáles eran las labores específicas que estaba realizando el trabajador que ahora tiene Covid 19.

Tras conocerse estos casos, ahora suman a 13 los infectados con Covid-19 en Ancash. El trabajador minero es el primer caso que se registra en la ciudad de Huaraz.

A este nuevo caso en el sector minero, se suman el caso del trabajador minero de Cerro Verde y el trabajador de las empresas mineras Tinka Resources y Buenaventura, sumando ya 3 personas del sector minero con Covid-19.

Desde la Red Muqui continuamos informando y exigiendo que los trabajadores mineros en general tienen que ser protegidos por el Estado, debido a que actualmente continúan trabajando en diferentes áreas de la cadena de producción minera sin que Sunafil fiscalice las condiciones en las que trabajan, que los expone al contagio de Covid – 19, como lo hemos denunciado en notas informativas anteriores.

 

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Probablemente nadie se esperaba ni imaginaba la dimensión y la afectación del coronavirus (Covid-19) en el mundo y de modo particular en nuestro país. Hemos escuchado desde nuestros espacios más cercanos como el de la familia, el barrio, la comunidad y la organización, que pasada la cuarentena volveremos a la normalidad, y que todo esto quedaría como un mal recuerdo de lo que vivimos. Bueno, esto, como es evidente, no va pasar; y creo que poco a poco estamos asumiendo esa realidad. El Covid-19 se va quedar por un buen tiempo, por lo menos hasta que no haya la cura, tendremos que aprender a convivir de otra forma. Por ahora, es el aislamiento social, el autocuidado y la práctica de la solidaridad, la forma en la que tenemos que vivir.

 

Es en este nuevo escenario, vamos a enfrentarnos a varios desafíos a nivel social, cultural, económico, político, ecológico, entre otros, que va desde lo local hasta lo nacional. Muchos han empezado hablar solamente de la gran crisis económica que se viene post coronavirus, esta es una de las dimensiones de la crisis. El segundo tema a atender es la crisis sanitaria: urge que el gobierno haga una reforma en el sector salud no solo por esta situación adversa, si no por un tema reivindicativo para todos los peruanos y peruanas. La tercera dimensión a mirar es el sector agrario, que durante décadas ha sido postergado por la mayoría de gobiernos de turno, y esto no solo pasa por dar más subsidios o presupuesto a este sector, si no por generar las condiciones necesarias para garantizar esta actividad: ello implica proteger zonas de recarga hídricas, cabeceras de cuenca, entre otros. Garantizar y reconocer la pequeña agricultura familiar rural con un enfoque ecológico es por donde deberíamos empezar.

 

Por otro lado, una situación que nos preocupa es la afectación de derechos en tiempos del Covid-19. El gobierno nacional y el Congreso de la Republica han emitido una serie de normas que le otorgan muchas facultades a los miembros de la PNP y las FF.AA. en el uso de la fuerza en situaciones de emergencia nacional. La ultima norma aprobada por el Congreso, es la mal llamada “Ley de Protección Policial – Ley N° 31012”, que ha generado un gran número de cuestionamientos jurídicos debido a su contenido; ya que ha modificado disposiciones penales y procesales para generar una protección legal de exención de responsabilidad penal para el personal de la PNP y de las FF.AA. quienes en el uso de sus armas de fuego u otros medios de defensa causen lesiones o muerte de personas. Esta norma debe declararse inconstitucional, ya que el mismo Ejecutivo había observado la norma cuando la Comisión de Defensa del Congreso disuelto anterior le solicitó opinión. Por ello, hay que estar atentos y vigilantes en la actuación de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, debido a que ya se han registrado varios casos de abuso de derechos en el presente estado de emergencia.

 

Como decimos, esto recién empieza. En el camino seguramente vamos a encontrar más desafíos que atender. Por lo pronto, hay que estar informados y tratar de mantener la calma y afianzar nuestros lazos familiares, así como el de solidaridad entre peruanos y peruanas.

El sábado 28 de marzo del presente año, se acaba de publicar la mal llamada “Ley de Protección Policial – Ley N° 31012”, que abre la puerta a múltiples situaciones de impunidad frente a posibles daños a la vida e integridad de las personas. Esto se agrava porque en la actualidad nos encontramos en una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por el Covid 19, donde los miembros de la Policia Nacional del Perú (PNP), así como las Fuerzas Armadas, se encuentran bajo control del orden público interno.

A continuación, les presentamos el análisis de cómo fue aprobada la norma desde el Congreso disuelto anterior; las implicancias jurídicas y sociales de la norma, y la vulneración de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

Finalmente, la publicación contiene un cuadro resumen de las normas emitidas en materia del control del orden público interno en el marco del estado de emergencia por el Covid-19 y los derechos que afectan.

 

Análisis de la inconstituci… by prensamuqui on Scribd

Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

26 marzo 2020

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte – ORPIAN-P
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT
Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
Comunidad Nativa Wachapea Amazonas
Comunidad Nativa Pakun Amazonas
Centro Poblado de Paragsha Pasco
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE)
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
Frente Callao Dignidad
Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua
Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac
Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri
Comuneros de San Antonio Huarochiri
Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo
Consejo Regional de la Mujer Huancayo
Comunidad de Óndores Junin
Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO
CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya
Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
La Pastoral Social del Vicariato de Jaén
La Red Huamachuco
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Red por una Globalización con Equidad – RedGe
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Red Muqui
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF
Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Earthrights International – ERI
Oxfam en Perú
APRODEH
AIDA
Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud

Por: Juan Aste Daffós                                                      

En el Perú hoy, la emergencia por el Coronavirus o Covid19 tiene dos factores que van a determinar el impacto económico, social y ambiental. El primero es la desaceleración de la economía mundial, en particular de China, EEUU y Europa; y el segundo, es el efecto de las medidas aplicadas por la emergencia en salud pública decretada por el gobierno peruano para enfrentar el Coronavirus (Covid19) y la respuesta de la población, las instituciones, las comunidades, los trabajadores, los agricultores, las empresas y las organizaciones sociales en general.

La producción industrial China cayó 13,5% en enero – febrero 2020. La más baja en los últimos 30 años, mientras el consumo interno y la inversión en máquinas y equipos se redujo en un 24,5% y el desempleo aumento de 5.2% a 6.2% de enero a febrero, entendiéndose que la recuperación de su economía no será en pocos meses en la medida que depende de sus más importantes socios: EEUU y Europa; los que no reactivarán sus economías pronto debido al manejo no adecuado de la emergencia por el Covid19. Esta situación presenta precios a la baja de los minerales en el corto plazo, con lo que se afectará la disponibilidad de divisas en el Perú ya que la minería aporta con el 60% del ingreso por exportaciones, ejerciendo una presión para la devaluación y la inflación, subiendo el costo de vida, por lo que el banco central afrontará la situación soltando dólares al mercado.

Sin embargo, la minería tiene una contribución muy baja al financiamiento del presupuesto público, debido a que el ingreso de tributos internos neto de devoluciones que recibe el Estado peruano de la actividad minera es solo del 3.0% en 2015-2019 y constituye el 2.6% de las exportaciones mineras en el mismo período.

El Impacto de la Emergencia por el COVID 19 en la economía peruana

En la actual situación, es difícil establecer la magnitud de la desaceleración de la economía en el Perú, pero sí se puede afirmar que el impacto de la disminución de la demanda de los productos y servicios de exportación, en particular de minerales y el turismo, por parte de China y otros países, será menor en importancia que las consecuencias de las medidas de emergencia; principalmente porque hoy no se sabe cuál es el avance de los resultados ni por cuánto tiempo más se va a mantener el aislamiento social, aunque ya tenemos una prórroga de 13 días más hasta el 12 de abril y, por lo tanto, se prevé un impacto mucho más significativo de la emergencia en la economía que de un shock externo temporal.

En la emergencia actual por el Coronavirus, el impacto de un shock externo temporal será menor que la desaceleración y la recesión interna porque esta afecta a los más pobres y a los informales que viven el día a día y son la mayoría del país, así como a las asociaciones de productores, cooperativas y las micro y pequeñas empresas que usan el crédito y tendrán problemas con la cadena de pagos; a diferencia de los especuladores de siempre que se benefician subiendo los precios de los productos de primera necesidad y las mascarillas en medio de la emergencia. El control de precios y facilidades reales para pagar las deudas son dos demandas que el gobierno tiene pendientes.

Sin embargo, en el manejo de los recursos para atender la emergencia no se evidencia un plan de corto plazo que permita aumentar sustancialmente el gasto público en salud postergando el criterio de la austeridad fiscal por el de salvar la vida de las personas. Es claro que los infectados aumentan y los fallecidos también, pero aún estamos a tientas, aunque asumiendo medidas más radicales, pero se requiere de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

La otra cara, está en la reducción del impacto ambiental, pero no por acción sino por omisión, al disminuir al mínimo el transporte y la emisión de gases y generarse un aire menos insalubre en las ciudades; pero no ocurre lo mismo con la actividad minera como se verá más adelante.

La Minería y la Emergencia por el COVID 19

El viernes 20 de marzo el presidente Vizcarra afirmó que no había sido “presionado” por la Confiep para permitir que las empresas mineras operen normalmente desde la extracción del mineral hasta su embarque en el puerto en plena emergencia por el Covid19. Y señaló que “algunas (unidades mineras) tienen operación remota porque están lejos, donde está la mina, y está confinada. El concepto de estas unidades es de aislamiento social, con lo que cumplen la norma”.

Luego el presidente Vizcarra completó su argumentación diciendo que las compañías que estén trasgrediendo la norma al permitir la libre entrada y salida de sus trabajadores serán sancionadas, siempre que no hayan dispuesto garantizar la presencia únicamente del personal mínimo requerido para el normal funcionamiento de las operaciones. (Véase diario Gestión del 23 de marzo 2020).

En resumen, para el presidente Vizcarra, las operaciones mineras remotas o aisladas socialmente cumplen la norma y pueden funcionar normalmente sin ser sancionadas una vez que hayan garantizado trabajar con el personal mínimo requerido. Sin embargo, el aislamiento social en un campamento no se da en condiciones de funcionamiento normal de las actividades mineras, cualquiera que sea su ubicación; porque los trabajadores van y vienen de sus ciudades de origen o residencia, ya que laboran bajo los sistemas de 20 días de trabajo por 10 días de descanso en que comparten con sus familiares (20*10) o también utilizan el 14 * 7.

De esta manera, el primer ministro Zevallos ha quedado desairado porque el lunes 16 de marzo precisó, que todas las actividades, incluidas la minería y la agroexportación, quedaban paralizadas al igual que todas las actividades económicas del país, con la excepción de las actividades esenciales vinculadas a los centros de abastecimiento de alimentos, energía, medicinas (farmacias), y hospitales. (Véase el diario “La República” del 16 marzo 2020). Esta declaración del primer ministro fue corregida el mismo lunes 16 de marzo por la presidenta de la Confiep, María Isabel León, en declaraciones a Patricia del Río de RPP, donde afirmó que las mineras no podían parar y que aún estaba por concertarse un acuerdo en la reunión con la ministra del MINEM ese mismo lunes.

Oh sorpresa, al día siguiente, martes 17 de marzo, la ministra de energía y minas, Susana Vilca Achata, emite un comunicado en el que se señalaba que el MINEM había obtenido la conformidad del MEF a la propuesta de actividades mineras y conexas que estaban exceptuadas de paralización en la emergencia nacional, de acuerdo al literal l del numeral 4.1 del artículo 4 del DS 044-2020-PCM, a través del oficio N° 059-2020-EF/10.01 del MEF del mismo día 17 de marzo, dado por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi. Todo el mismo 17 de marzo 2020: ¡¡que rapidez cuando se trata de los intereses mineros!!

Veamos que dice el literal l, numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 044-2020-PCM que rubrica el Primer Ministro Zeballos:

“l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.”

Pero, ¿cuáles son las actividades esenciales en la actividad minera, sea de minería subterránea o de tajo abierto? He aquí el comunicado del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) del 16 de marzo 2020 que informa que entre las actividades esenciales a mencionar están:

  • Control de la operatividad del sistema de suministro de energía, que a su vez genera estabilidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
  • Funcionamiento a plena capacidad de las plantas de tratamiento de aguas industriales.
  • Control de la estabilidad física, que incluye el pleno funcionamiento de los sistemas de drenaje, actividades de estabilidad y monitoreo de las presas de relaves.
  • Funcionamiento a plena capacidad de los sistemas de drenaje, ya sea en minas subterráneas o a tajo abierto.
  • Plena operatividad de los sistemas de ventilación en minas subterráneas.
  • Vigilancia a capacidad plena de los almacenes de explosivos e insumos químicos fiscalizados.

Luego, el 19 de marzo, el IIMP saluda el comunicado y el oficio 059 del MEF y añade dos insumos para el tratamiento de aguas industriales (cal viva y peróxido de hidrógeno) y dos para el sostenimiento de minas subterráneas (cemento y agregados de construcción).

Pero el comunicado del MINEM se refiere a “operaciones críticas” y no a actividades esenciales, señalando que la aprobación de las excepciones de paralización se daba “a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente, en los siguientes términos:

Actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

Luego el comunicado del MINEM señala las disposiciones que cumplirán las empresas mineras durante la cuarentena, y determina que trasladen al personal indispensable propio y de contratistas para realizar sus “operaciones críticas”, que cumplan con las medidas de emergencia, monitoreo y seguridad, y que con sus hospitales y clínicas privadas, cumplan con “el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y mitigar el contagio del COVD 19, en el marco de las acciones de control sanitario”.

Y, al final el comunicado del MINEM, remarca, que de acuerdo a los numerales 8.3 y 9.3 del DS 044-2020-PCM de emergencia por el Coronavirus, “los titulares mineros se encuentran facultados para continuar con el transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré, y otros, carga y mercancías y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico.” En otras palabras, las empresas mineras pueden realizar todas sus actividades desde la extracción del mineral hasta el puerto de embarque.

Las “operaciones críticas”, solo están referidas en el actual marco legal cuando se trata del funcionamiento de los “Activos Críticos Nacionales” y así lo precisa la propia presidenta de la Confiep, María Isabel León, cuando en la nota de prensa de Perú 21 del 25 de marzo 2020 titulada “Confiep afirma que pedido para que mineras puedan seguir operando “fue malentendido» y señala que “se trataba de cubrir activos críticos que necesitaran un stock mínimo de personal, dentro del cumplimiento de garantías de salud y seguridad para ellos».  Pero ¿una, varias o todas las unidades mineras pueden ser consideradas un “Activo Crítico Nacional”?

La respuesta es NO, porque de acuerdo al D.S. N° 106-2017-PCM, los llamados “Activos Críticos Nacionales” están definidos como “aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.” Es decir, solo pueden ser “Activos Críticos Nacionales”, por ejemplo, un puerto de embarque o un aeropuerto de importancia nacional o la infraestructura del Sistema eléctrico interconectado nacional para la transmisión de energía para el país.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿la minería es una actividad de interés nacional y, en consecuencia, puede ser considerada como un Activo Crítico Nacional? Si para la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería la respuesta es afirmativa, entonces siempre las empresas mineras realizarán sus actividades normalmente desde la extracción de minerales hasta el puerto de embarque y salida del Perú.

¿Que se puede concluir?  

La emergencia por el Covid 19 y otras epidemias o pandemias que vendrán, refuerzan la necesidad de que el Estado con la participación de las poblaciones organizadas en sus territorios haga respetar su autonomía y la soberanía sobre los bienes naturales y no naturales, así como, que sea garante de un ambiente sano para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Tiene que haber una visión más integral y territorial frente al Covid19.

Se requiere un plan de salud pública y un presupuesto mucho mayor para enfrentar el Covid19; desde la superación de esta emergencia en el corto plazo, el ingreso a la etapa del control del virus hasta la fase de aplicación de la vacuna identificada, y pensando en las emergencias similares que surgirán en los próximos 10 años. Esto supone aumentar sustancialmente el gasto público en salud, sin la restricción de la austeridad fiscal.

Se deben priorizar las actividades sostenibles que diversifiquen y dinamicen la economía interna de las regiones desde organizaciones de interés colectivo que persigan el buen vivir y permitan superar las limitaciones de la dependencia de la exportación minera, que en definitiva no es una actividad de interés nacional o por encima de las demás.

La actividad minera no debe ser considerada una operación crítica o de interés nacional y, por lo tanto, no se debe considerar a la unidad minera como un Activo Crítico Nacional. Deben salvaguardarse los derechos, la salud y la vida de los trabajadores mineros y sus familias asegurando que cumplan con el aislamiento social, garantizando condiciones de protección de la salud a los trabajadores que laboran en actividades esenciales, bajo la supervisión de Sunafil.

Los compromisos de colaboración entre los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe, Asia, Europa, EEUU y otros países del mundo para enfrentar esta pandemia y otras, que de seguro vendrán en el futuro cercano, conjuntamente con los efectos del cambio climático, se puede convertir en uno de los escenarios donde ya nada será igual después de la emergencia del COVID 19.  Hoy se requiere con urgencia de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

 

ANEXO: ¿La minería no debe parar porque es de «interés nacional»?

 

Completamente falso, la minería solo aportó el 3% del total de ingresos tributarios internos neto de devoluciones del Estado Peruano para 2015-2019, su aporte al PBI es similar, su efecto multiplicador en la minería es cada vez más débil y el estudio para 1960-2011 «Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Perú», Cepal, OIT,2014, concluye que la economía peruana “ha pasado de un modelo primario exportador semindustrial a uno primario exportador y de servicios» (pág. 40 del estudio) y mientras el IPE (2017) y Macroconsult (2012), financiados por la sociedad nacional de minería, concluyen en sus estudios que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 9 y 4 empleos indirectos, respectivamente, mientras en Chile, la International Copper Association (ICA) realizó el estudio “Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile” para 1990-2016 y concluyó que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 3.7 empleos indirectos. Creemos más en la seriedad de los estudios en Chile que los estudios pagados por los propios dueños de las minas en el Perú. En empleo directo, la minería solo aporta con el 1.1% de la PEA para 2012-2019. O sea, genera muy poco empleo directo e indirecto, siendo un 67% eventuales de contrata y de preferencia son de regiones distintas a las que realizan su trabajo. En realidad, su principal aporte es que las exportaciones mineras son el 60% del ingreso por exportaciones y sirven para disponer de dólares para las importaciones, afectando cada vez más a los productores nacionales y a la generación de empleo e ingresos, sin contar el valor del impacto ambiental, económico y social que causan en su entorno. Si la minería genera pocos puestos de trabajo directos e indirectos, aporta muy poco en tributos, la disponibilidad de divisas fomenta el circulo vicioso de la dependencia de las importaciones y no asume el valor del impacto ambiental que genera, matando biodiversidad, ríos, la producción y el empleo, así como afectando irreversiblemente a los trabajadores mineros y a la población de su entorno en el Perú, ¿sabes para lo que sirve la minería en Perú, además de favorecer a las transnacionales y a las productoras mundiales de tubos para construcción, cables, autos, computadoras y otros?, para que abandonemos el impulso del turismo ecológico, arqueológico y vivencial, que dinamizan la producción agroalimentaria, los productos de la medicina natural, y la gastronomía, asociados con todos los servicios de transporte y hotelería y el comercio que ello implica, generando empleo masivo en asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, y otras formas de organización colectiva de la producción.