El día de ayer, 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.

Paro Total

Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.

Huelga Indefinida

Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.

Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.

Alerta emitida por el Sindicato de Obreros Mineros en las redes sociales: “Pedimos medidas para proteger nuestra salud”

Ayer, 1 de agosto, un derrame de relaves mineros que contiene ácido oxálico, altamente tóxico, se produjo en la planta San Nicolás perteneciente a la empresa Shougang, en la que opera la empresa minera Shouxin Perú S.A. Shougan es el principal accionista de la empresa minera Shouxin, y la planta está ubicada en el distrito de Marcona, perteneciente a la región Ica. El derrame de relaves mineros se produjo por el desborde en los espesadores de la Planta de Beneficio de la unidad minera Explotación de Relaves de la empresa. Ver video.

Incendio en Planta

Asimismo, durante la madrugada, entre 1 y 40am y 3:20am, se produjo un incendio de la nueva faja transportadora de minerales en la misma planta, San Nicolás; generando preocupación en los trabajadores al levantar un montón de polvo en toda la planta, que durante la mañana habían presenciado el desborde de relaves mineros. En redes sociales –facebook y twitter, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A, señaló su extrañeza frente a este hecho, en el marco de las exigencias que han ido planteando para obtener el cumplimiento de sus derechos laborales. Se preguntaron: ¿Qué casualidad que una faja nueva que transporta mineral, parada y no operativa se haya incendiado. Estas pasan diferentes pruebas de seguridad. Es muy sospechoso que de la nada se prenda fuego? ¿O la intención es tener una justificación para no producir, y solo enviar mineral en crudo debido al alza de los metales de hierro y justificar para este próximo trimestre el decrecimiento en la producción?

 

A pesar de este y otros casos, que también denunció el sindicato en redes sociales, como la filtración de relaves hacia las orillas del mar de Marcona que se viene produciendo hace varios años; la empresa no tiene ningún plan para afrontar este tipo de situaciones, afirma un trabajador de la compañía. Con respecto a esto punto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que desde hoy inició su supervisión, examinará la implementación del Plan de Contingencia; es decir, las medidas tomadas por la empresa para contener los daños medioambientales. El OEFA complementará el análisis de la emergencia ambiental con las investigaciones sobre las causas del derrame.

Empresa explotará relaves mineros

Recientemente la empresa minera Shouxin acaba de presentar una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para ampliar la capacidad de producción de la planta concentradora polimetálica, y poder explotar los relaves mineros dejados por la empresa minera china Shougang. US$140 millones será la inversion de la empresa de capitales chinos Minera Shouxin Perú.

El objetivo es aprovechar los metales no ferrosos de baja ley contenidos en los relaves mineros. Frente a ello, genera una gran preocupación para Red Muqui, que una empresa como Shougang que no ha remediado sus pasivos ambientales, pretenda ampliar su producción, a través de Shouxin, explotando relaves mineros, que generarán mayor concentración de toixicicidad en sus desechos; y ello será más contaminante para el ambiente.

La cuestión de alerta ambiental tuvo repercusión en las redes sociales y llamó la atención del congresista Marco Arana que en su twitter exige que OEFA, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Medio Ambiente adopten inmediatamente medidas.

Por otro lado, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A reporta que “el gobierno regional de Ica, Javier Gallegos no pronuncia ni una palabra sobre este grave atentado contra el medio ambiente y el escenario laboral de los trabajadores mineros de Shouxin y Shougang”. Mientras tanto, el OEFA ha manifestado que publicará el informe de su investigación señalando oportunamente los resultados.

Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte – secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, RED MUQUI y la Asociación Nacional de Centros nos constituimos en Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo, para verificar la situación de conflictividad social generada por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de conceder la autorización de construcción al proyecto minero Tía María.

El día lunes 22, en la ciudad de Arequipa tomamos conocimiento de la lamentable decisión del gobierno, anunciada por el Premier Del Solar, de hacer uso de la fuerza represiva en contra de la protesta social de la población de Valle de Tambo generada por la imposición del citado proyecto.

El mismo día, la Misión fue informada por las y los dirigentes locales que en el marco de la acción policial por “liberar” la vía Panamericana, se habrían producido 4 detenciones de pobladores. Del mismo modo, se informó a la Misión que algunos civiles resultaron heridos producto de la acción policial. Al respecto, la Misión solicitó una reunión inmediata con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez, y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López, quienes señalaron que hasta ese momento no se habían producido detenciones ni personas heridas por las intervenciones policiales.

El día martes 23, la Misión se trasladó al Valle de Tambo, visitando la Comisaría de Cocachacra y el Cuartel Chucarapi, antes y después de producido un nuevo enfrentamiento con los pobladores. En este contexto se produjo la primera detención, del señor Gilberto Colque, quien fue conducido a las instalaciones del Cuartel Chucarapi. La Misión verificó que el Sr. Colque se encontraba en buen estado de salud y contaba con defensa legal, el mismo que posteriormente -tras larga espera de presencia fiscal- fue trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar las investigaciones. Consideramos fundamental que el Ministerio Público priorice una presencia permanente de fiscales en el Valle de Tambo, a fin de brindar garantías a la población para el ejercicio de sus derechos.

Durante el mismo día, la población del Valle de Tambo recibió al Viceministro de Gobernanza Territorial, Sr. Raúl Molina. Sin embargo, la voluntad de apertura de la población no encontró eco en el gobierno, cuando se informó de una reunión del Ministro de Energía y Minas con representantes de la provincia de Islay, en los precisos momentos en que la población se encontraba movilizada en el Valle de Tambo.

La Misión expresa su preocupación por la falta de diálogo y por los hechos de violencia.No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de vida y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura, agroindustria y agroexportación.

En este sentido, se exhorta a las partes, en particular al poder ejecutivo, a cesar el uso de mecanismos de violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los derechos de las personas. En este sentido, recordamos a la opinión pública que las y los pobladores del Valle de Tambo vienen levantando su voz de protesta frente al proyecto de Tía María desde hace 10 años, sin encontrar respuesta desde el Estado, encontrándose en un estado de tensión y afectación hasta la fecha.

Del mismo modo, la Misión comparte su preocupación frente a la situación de las personas heridas en el contexto del conflicto. Hasta este momento, el actual conflicto ha producido 11 policías heridos y/o contusos, dados a conocer ampliamente por los medios. Del mismo modo se ha reportado 3 civiles heridos, entre ellos una pobladora impactada peligrosamente por una bomba lacrimógena en la frente, según los medios han indicado. Resulta grave que no pueda determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las protestas.

Finalmente, la Misión exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar una solución definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete el derecho de las y los ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su futuro. El gobierno del Presidente Vizcarra debe recuperar su rol de garante de derechos, y no aceptar presiones de grupos económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Lima, 24 de julio del 2019

Misión de Observación de Derechos Humanos llega a Arequipa y Valle de Tambo

La Misión de Observación conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; llegará el martes 23 de julio al Valle de Tambo en Islay para recibir información de la población respecto a la situación de derechos humanos que se vive en la provincia en el marco de la protesta que vienen realizando hace varios días, y frente a los hechos sucedidos el día de hoy, lunes 22 de julio.

Tras sostener reuniones con el jefe policial de la región, Roy William Ugaz, el día de hoy; y posteriormente con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; la Misión de Observación se trasladará al Valle de Tambo con el objetivo de recibir información de la población, tal como la ha recibido de parte de las autoridades del Estado, en el marco de la elaboración de un Informe sobre la situación del Valle de Tambo en materia de derechos humanos. Informe a presentar a organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En reunión con el jefe policial de la región, que indicó que el operativo policial se encuentra en el marco de garantizar el libre tránsito; la Misión señaló su preocupación sobre el uso indebido de la fuerza con bombas lacrimógenas y el uso de perdigones. Asimismo, informó sobre la detención que habrían sufrido 4 personas durante las protestas, de acuerdo al reporte difundido al mediodía por dirigentes del Valle de Tambo. Al respecto, el jefe policial de la región, tras coordinaciones telefónicas durante la reunión realizada en horas de la tarde; negó la detención de personas en comisarías de la zona y en el cuartel de militares de Chucarapi. Cuartel que han solicitado a las fuerzas armadas en el marco del operativo policial que realizan.

En la reunión de la Misión con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; señaló que los fiscales que estuvieron en Islay no reportaron algún incidente mayor, y que los fiscales se apersonaron al lugar de los hechos para observar que el libre tránsito sea garantizado. Agregó que es necesario, tras la situación que se vive en Valle de Tambo y Arequipa; se abra el diálogo entre las autoridades nacionales, regionales y locales.

Finalmente, la Misión de Observación de Derechos Humanos y Ambientales señaló a los representantes del Estado con los que sostuvo reunión, que el Estado debe asumir su rol garante de derechos de las personas por encima de intereses económicos y de presiones políticas de grupos interesados en implementar sí o sí el proyecto minero Tía María.

 

Prensa Red Muqui

Contacto en Arequipa: 937412825

Desde tempranas horas se desarrolló la movilización de miles de pobladores de diferentes distritos, caseríos, y barrios como el de Castilla, La Hermita, Cruz Blanca, José Galvez, y también de la zona rural de la provincia de Otuzco, perteneciente a la región La Libertad.

Exigen el retiro de la empresa minera brasileña Vale; dueña del proyecto minero “Eposuyay”, que pretende iniciar operaciones en la cabecera de cuenca del cerro Urpillao, Sogochan, Urmo y Tres Piedras, que alimenta de agua a varios distritos y a la provincia en general.

Como señalaron varios dirigentes presentes en la movilización, la minera Vale causó en Brasil la muerte de más de 150 personas y más de 180 desaparecidos, tras romperse el dique de contención de los relaves mineros.

Licencia de exploración

En la actualidad la empresa minera Vale tiene el permiso de exploración, pero solo están desarrollando talleres informativos en la provincia y dando regalos a las comunidades para convencerlas de la realización del proyecto. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco, Johnny Juárez, señaló que no quieren a la empresa en la provincia, y exigen que se retire con sus oficinas. “Nosotros no queremos minas, lo que queremos es que se fortalezca la actividad agraria”, afirmó.

En la provincia se siembra papa, trigo, cebada, maíz, verduras y menestras.

Alcalde provincial

La movilización finalizó con un mitin en la plaza principal de la provincia, en que el alcalde, Heli Verde Rodríguez, junto a sus regidores, se comprometió en respaldar la lucha hasta al final. Señaló que muchas veces las empresas mineras sustentan la aprobación de la “licencia social” de la comunidad, con firmas de los pobladores participantes en sus talleres informativos; pero, muchas veces los firmantes son gente de otras zonas, como ocurrió en el cerro Campar; según la lista de personas firmantes que observó cuando fue al Ministerio de Energía y Minas en Lima.

Finalizó su discurso señalando: “como los hemos visto desfilar, a una sola voz decimos: agua sí oro no”, generando el grito y aplauso de la población reunida en la plaza.

Acuerdos

Los acuerdos de la movilización organizada son:

  • Cancelación de la licencia de exploración del proyecto minero Eposuyay, de la empresa Vale, y el retiro definitivo de la empresa en la provincia.
  • Hacer llegar el memorial con la exigencia al presidente Vizcarra, la Presidencia del Concejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente; y la presidencia del Congreso de La República.
  • Organizar un paro regional en toda La Liberad, en caso no se atienda memorial.
  • Exigir mediante carta a los medios de comunicación, que no hagan propaganda a favor de la empresa minera.

Dato: Más del 60% de la provincia de Otuzco está concesionado a empresas mineras.

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí

En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.