Más allá de las Bambas. Perspectivas sobre la actividad minera y conflictos sociales en el Perú.

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En medio del debate sobre la reforma política impulsada por el gobierno de Vizcarra, tras haber recibido el voto de confianza por la mayoría congresal; a marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo reporta 73 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera. Este tipo de conflictos representa el 63.5% del total de conflictos sociales en nuestro país. Y muestra no solo estadísticamente la importancia de atenderlos, sino la necesidad de generar un debate público para buscar soluciones integrales a las causas que originan estos conflictos. El peligro de buscar solo soluciones caso por caso como generalmente hacer el gobierno y las empresas mineras, genera que no haya soluciones integrales nacionales, y puedan surgir nuevos conflictos en otros lugares o en los mismos lugares, tras el incumplimiento de acuerdos entre el Estado, la empresa minera y las comunidades.

Por ello, desde la Red Muqui y sus instituciones miembros, realizamos este Foro para dialogar sobre las perspectivas de la minería en el presente y futuro; qué está pasando en los territorios donde la minería está amenazando en entrar sí o sí, como es el caso de Tía María en Arequipa, y en Tambobgrande, Piura, para mencionar algunos casos; y qué lecciones se pueden sacar de lo ocurrido en las Bambas hasta ahora, en que se están desarrollando las mesas técnicas por ejes frente a la problemática social y ambiental denunciada por las comunidades.

Ponentes:

– José De Echave – Economista (CooperAcción)
– Eduardo Cáceres – Filósofo (Aprodeh)
– Rocio Silva – Periodista y abogada
– Ana Leyva – Abogada (CooperAcción) (por confirmar)

 

Lugar: Auditorio Hotel Perú Pacífico Av. Cuba 127, Jesús María

Fecha: Miércoles 12 de Junio de 2019

Hora: 5:30 – 8 y 30pm

Mayor información: bit.ly/2Kwawhh

 

Ingreso Libre.

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Minera ANTA NORTE pretende instalar 23 plataformas de exploración en Cajamarca

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Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

 

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

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Pronuciamiento contra la Explotación Minera en Locuto – Tambogrande

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AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.
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Corte Suprema declara ilegal D.S. 001-2015 del MINEM por violar propiedad comunal

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La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, ha resuelto declarar fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001-2015-EM por violar el derecho constitucional de las comunidades campesinas de disponer de su territorio comunal, y por violar su derecho a la consulta previa. La acción popular se presentó en el 2015 por representantes de las organizaciones indígenas CNA y ONAMIAP con el acompañamiento legal de la institución FEDEPAZ y el grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de DDHH, del cual forma parte RED MUQUI.

Recordemos que en el 2015 durante el periodo de delegación de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Energía y Minas emitió una serie de normas bajo el argumento de “promover la inversión privada”. Una de estas normas fue el Decreto Supremo 001-2015-EM que desarrolla los requisitos para la concesión de beneficio en un terreno superficial que pertenezca a una comunidad: en su artículo 3.1.1.c.iii establece como uno de los requisitos para este procedimiento la “copia legalizada del acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina que otorga la autorización de uso del terreno superficial a favor del solicitante”.

Esta norma busca simplificar los procedimientos por los cuales los titulares de concesiones mineras acceden al territorio comunal violando los derechos constitucionales de comunidades campesinas y nativas cuya autonomía es reconocida por el artículo 89° de la Constitución Política; y como lo señala el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

SALA SUPREMA CONFIRMA QUE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESO ADMINSITRATIVO ES INCOSTITUCIONAL

La defensa del Ministerio de Energía y Minas argumentó que el artículo 3.1.1.c.iii c, supuestamente no vulnera los derechos de las comunidades campesinas, ya que lo señalado en el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas haría referencia a la expropiación o venta del territorio comunal; lo que implica la pérdida de los derechos de propiedad y no a la concesión de beneficios mineros. Por otro lado, la Sala Superior (segunda instancia) había señalado en su argumentación que de la “interpretación sistémica” de la norma impugnada no se desprendía que la exigencia del requisito de copia certificada de la Junta Directiva afectara la autonomía de la comunidades, puesto que una norma reglamentaria no se puede oponer a una norma constitucional; y se sobreentendía que el requisito de los dos tercios de comuneros calificados se tenía que aplicar. Por esta razón, declaró infundada la demanda; sin embargo la Sala de la Corte Suprema en apelación y última instancia concluyó que la norma impugnada no respeta la Constitución y el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas, señalando lo siguiente: “… el artículo 3° del Decreto Supremo 001-2015-EM tiene como objetivo la simplificación en el trámite para el procedimiento de concesión de beneficio minero-véase el encabezado de la norma- y, por consiguiente propugna evitar un procedimiento complejo y lato. En esa línea, con el fin de alcanzar la referida simplificación administrativa, la norma hace expresa alusión al órgano comunitario que considera es el que puede autorizar directamente el mencionado derecho del solicitante- Junta Directiva- sin que guarde sentido con esta finalidad de la norma que exija como requisito un acta a un órgano comunitario que no contase con la potestad de otorgar la autorización del uso del terreno superficial comunitario”

Como lo señala David Velazco, abogado de FEDEPAZ: “El artículo 3 del Decreto Supremo 0001-2015-EM, es una norma aparentemente legal, pero la constitución exige mayoría calificada en una asamblea para poder disponer del territorio comunal y no un acta de junta directiva de la asamblea. Lo que ha hecho la Corte Suprema es expulsar esta norma inconstitucional del sistema jurídico, por lo cual el Ministerio de Energía y Minas no podrá aplicarla en sus procedimientos.”

GOBIERNOS VIENEN APLICANDO POLÍTICAS DE DESPOJO DE TERRITORIOS COMUNALES

Como lo venimos señalando desde la Red Muqui, el Estado peruano durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, por presión de las empresas mineras y otros intereses; viene aplicando políticas de despojo de territorios a través de simplificaciones administrativas. Lo que hace el Ejecutivo es solicitar delegación de facultades legislativas al Congreso para emitir normas administrativas que violan derechos constitucionales de comunidades campesinas, por lo que se actúa bajo un supuesto manto de legalidad. Otras normas que siguen vigentes y vulneran derechos de comunidades campesinas son la Ley 30230- “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización para inversión del país”-, sobre la cual se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad aún pendiente de fallo. Desde la Red Muqui venimos realizando análisis e informando sobre la ilegalidad de estas normas desde nuestras publicaciones: “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú” y “Normas y políticas públicas que afectas derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016-2018.»

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PCM no demuestra avances para la atención de personas afectadas por metales tóxicos

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En octubre del 2018 el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”. Como ya se había señalado desde la “Plataforma Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos”, esta norma es importante porque es un paso hacia la construcción de una Política Nacional de atención integral a los afectados y afectadas por contaminación con metales tóxicos en contextos de extracción de minerales; sin embargo, a pesar de haber pasado 6 meses de la emisión de esta política sectorial, no se están teniendo avances concretos para salvaguardar el derecho a la salud de las y los afectados.

Como lo viene informando el Ministerio de Salud ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República; este ministerio ha presentado ante la PCM una propuesta de decreto supremo para la conformación de la “Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para proponer el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es así que el miércoles 15 de mayo, los representantes de la Plataforma de afectados que aglutina casos de contaminación de las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Lima y Amazonas, se hicieron presentes ante la CPAAAAE; el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud; y la Defensoría del Pueblo, para buscar respuestas concretas de parte del gobierno central ante esta problemática generalizada en el país. Sin embargo, la respuesta de instituciones como la Defensoría del Pueblo muestran que no hay prioridad para una política ambiental específica para el tema de salud ambiental por contaminación por metales tóxicos. El argumento de Alicia Abanto, de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; es que no tienen presupuesto para impulsar un informe defensorial en esta temática, cuando para los afectados por este tipo de contaminación sería un gran respaldo contar con un informe de ésta institución.

Reunión con el MINSA y Congreso

De la reunión con el Viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillan; el Viceministerio se ha mostrado con la predisposición de impulsar una política pública nacional intersectorial y especializada, pero no han mostrado claridad en cómo se va a lograr ello si no se tiene un plan de cómo gestionar el presupuesto para esta política, que si bien tiene alcance nacional también tiene que ver con la función que vienen desarrollando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) en cada territorio afectado.

Por su parte, la CPAAAAE, a cargo del congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas; a pesar de la ausencia constante de la bancada fujimorista; en función a su rol de control político viene dando seguimiento a la construcción de una política intersectorial que garantice atención efectiva a los afectados y afectadas. La próxima semana con la coordinación de Red Uniendo Manos, CEAS Y Red Muqui, se estará desarrollando la Audiencia Pública temática en Junín con la participación de comunidades y organizaciones afectadas e interesadas.

En palabras de una de las voceras de la plataforma de afectados, Yolanda Zurita: “hemos venido para exigir una atención integral al Ministerio de Salud, con profesionales especializados, con presupuesto asignado por región y Planes de Salud efectivos, así como mecanismos de prevención para que no sigamos expuestos a esta contaminación. Hay regiones como Cerro de Pasco que llevan casi 80 años contaminadas; el 2017 ellos han venido a encadenarse y no es posible que a la fecha no exista una política nacional intersectorial y efectiva: solo respuestas limitadas, aisladas y a corto plazo”

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Pronunciamiento Red Muqui: Empresas buscan dejar sin fiscalización la actividad minera

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RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompañan y asesoran a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. En reciente audiencia pública sobre el Expediente N° 05410-2015-AA en proceso de amparo presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. de capitales norteamericanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido los argumentos de las partes, en particular de la empresa que busca la no aplicación del “aporte por regulación”.
  2. Con el proceso presentado  por la empresa minera Cerro Verde, suman ya 18 procesos de amparo presentados por empresas en contra de la OEFA con la misma finalidad: no aplicar dicho aporte. Otro de ellos es el caso de la empresa minera Perubar que está pendiente resolver por el TC. Incluso son abogados de los mismos estudios jurídicos, que patrocinan a distintas empresas con los mismos argumentos. Frente a ello consideramos que se trataría en realidad de una estrategia coordinada desde las empresas mineras, para lograr que al menos uno de los casos tenga un fallo a su favor, para que las demás lo utilicen como “precedente” para otras acciones legales que favorezcan a otras empresas mineras.
  3. El “aporte por regulación” es una contribución creada por la Ley 27332, que en el caso de OEFA, de acuerdo a los D.S N° 129 y 130-2013, tiene como finalidad financiar sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de solución de controversias y de reclamos; las que se aplican, entre otras, a las empresas que realizan actividades extractivas.
  4. Eliminar el “aporte por regulación”, pondría en riesgo o dejaría sin capacidad a la OEFA para ejercer sus funciones, puesto que el monto recaudado por dicho aporte equivale actualmente al 70% del presupuesto de la OEFA para dichas actividades. Asimismo, si el TC fallara a favor de la empresa minera, el Estado Peruano tendría que devolver a ésta y las demás empresas mineras que esperan éste fallo, cerca de S/. 700 millones de soles por los aportes realizados desde el año 2014.
  5. En lo procesal, debemos decir que la Corte Suprema ya falló en segunda instancia declarando infundado el proceso de amparo, lo que tiene calidad de “cosa juzgada” y vincula a todos los poderes públicos; y no puede ser desconocido por el TC.
  6. La defensa de la OEFA ha reiterado que “la minería no es una actividad inocua”, quiere decir: que sí genera daños. Por ello se le exige un instrumento de gestión ambiental (EIA u otro) para evaluar cómo va a asumir el impacto que generan sus actividades; y la fiscalización de la OEFA es justamente para verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicho instrumento.
  7. De no existir una adecuada fiscalización, como buscan las empresas, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de más conflictos sociales como el reciente de Las Bambas en el denominado corredor minero, donde se concentran varios proyectos mineros (Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua); el de Morococha con el traslado de la ciudad y sus incumplimientos (Junín); los graves problemas de impactos ambientales y en salud en La Oroya y Cerro de Pasco, entre otros.

Esperamos que el TC asuma su propia jurisprudencia que indica “el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares a fin de garantizar bienes constitucionales por las imperfecciones del mercado (…)”. Desde la Red Muqui señalamos que es necesario priorizar la vida de las personas y el impacto en el ambiente, por encima de los intereses económicos de las empresas.

Lima, 13 de mayo de 2019

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PRONUNCIAMIENTO: En defensa del Protocolo de defensoras y defensores de derechos humanos

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RED MUQUI saluda la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Reconocemos que ha sido un proceso amplio el que ha sido llevado adelante por el MINJUS, con la participación de diversos sectores, incluida la sociedad civil y la academia, y si bien es perfectible, lo consideramos un gran avance en la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Es importante aclarar a quiénes alcanza la definición de las personas defensoras de derechos humanos en el Protocolo. Se señala que son aquellas “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de os derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional.”

En el campo que aborda la Red Muqui, sentimos un gran avance, al ver recogidos en dicha definición a las y los dirigentes sociales de comunidades campesinas y nativas, pueblos originarios o indígenas, y de frentes locales y otras articulaciones representativas de poblaciones, que en la mayor parte de los casos, sufren de persecución y criminalización de su protesta pacífica, ante la pasividad de un Estado que no cumple con los acuerdos suscritos en los procesos de diálogo, o que impone decisiones sin mecanismos de consulta y participación adecuados, que sólo sirven como meros trámites o “requisitos” que cumplir para que en el caso de la minería los proyectos se lleven adelante.

Además de ello, la política de los gobiernos en los últimos 25 años ha buscado abordar los conflictos socio ambientales con estados de emergencia “preventivos”; convenios de la Policía Nacional con las empresas mineras para posibilitar la “represión” de las protestas sociales; criminalización de la protesta creando nuevos delitos en el Código Penal, aplicando figuras delictivas como la “asociación ilícita para delinquir” y el “crimen organizado” en casos como los proyectos “Tía María” en Arequipa y en el propio “Las Bambas”, impulsando la aplicación del delito de terrorismo en casos como el del Proyecto “Río Blanco” en Piura; esas son las estrategias de los gobiernos que sufren las y los defensores y defensoras de derechos humanos, y que esperamos con una aplicación efectiva del protocolo puedan generar acciones de protección efectivas en los casos que corresponda.

Lima, 06 mayo de 2019

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Piura: Más de 10 mil ronderos y campesinos dicen NO a la minería

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Desde tempranas horas miles de ronderos y campesinos de las distintas comunidades de la provincia de Huancabamba y Ayabaca de Piura, y Namballe y San Ignacio de Cajamarca; se concentraron en la ciudad de Huancabamba realizando un mitin de cierre en la plaza principal de la ciudad. Hicieron uso de la palabra autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y presidentes de distintas comunidades que rechazan el proyecto minero Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation; y otros proyectos mineros que quieren realizarse en la región. También participó el congresista por Piura, Hernando Cevallos.

Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas. Asimismo, los bosques de neblina que se encuentran en estas provincias proveen de agua a las comunidades.

Palabras de los dirigentes y autoridades

En palabras del presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, José Octavio Cunayque, el presidente Martín Vizcarra; el presidente regional de Piura, Servando García; no deben imponer el proyecto minero Río Blanco en la región. “Vamos a luchar por nuestro medio ambiente y no queremos que nos impongan un modelo extractivista que solo contamina. Alcaldes de Pacaipampa, Ayabaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera: hay que trabajar proyectos productivos que permitan que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, señaló el dirigente, enfatizando que es necesario demostrar las alternativas a la minería existentes en la región. Hizo el llamado a que se invierta no solo en piedra y cemento sino también en proyectos alternativos que permitan el desarrollo de los pueblos.

Asimismo, señaló que anteriormente se acusó de terroristas a los dirigentes, de narcotraficantes, y que ahora tienen 3 juicios por delitos que no han cometido. “Nos acusan de secuestro, de cohecho, de robo agravado. 30 dirigentes nuevamente enjuiciados. La persecución que se nos hace no la podemos permitir, por eso esta jornada de lucha nos fortalece. Solo unidos vamos a poder vencer”, finalizó.

El alcalde de la provincia de Huancabamba, Ismael Huayama Neira, ex rondero; señaló que a pesar de los 30 juicios que tuvo por parte de la empresa minera siguió adelante escuchando su pueblo y que ahora como alcalde de la provincia seguirá ratificando la voluntad popular expresada el 16 de setiembre del 2007 en qué a través de consultas populares realizadas en los distritos de la provincia Huancabamba y Ayabaca, la población votó en un 95% por el No a la realización de actividad minera en sus tierras.

Actualmente señaló que está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgar la licencia de funcionamiento para que instalen sus oficinas en la provincia. “No daremos licencia a esta empresa criminal que nos asesinó, secuestró y persiguió, dejando viudas y personas discapacitadas”, enfatizó fuertemente.

Agregó que “debemos preocuparnos por conservar, reforestar las cuencas donde están los colchones acuíferos; ahí están las nacientes de agua, los bosques de neblina. No permitiremos que lo malogre una inversión minera. Saludo que varias comunidades como Paicampampa se hayan plegado a la lucha al darse cuenta que en sus zonas también hay otras concesiones mineras de otras empresas”. Señaló que al aprobarse el ingreso del proyecto minero río blanco sería carta blanca para que otras empresas operen en la región.

A su turno, el presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas señaló que son más de 36 empresas mineras que quieren entrar en la zona, y que unidos como el día de hoy van a vencer. “Hace tiempo no se veía una movilización tan grande y unida”, enfatizó. El alcalde del distrito de Carmen de la frontera, Sebastián Meléndez Ubilluz, coincidió con lo señalado y agregó que “hoy se ha demostrado que las rondas campesinas, los pueblos y autoridades, estamos unidos”.

Amanda Cruz, secretaria de la mujer de la Central Única Provincial de rondas campesinas de Huancabamba, señaló: “nosotros seguimos más fuertes que nunca, los que queremos nuestra tierra, los que defendemos nuestra naturaleza, estamos aquí presentes y seguiremos fuertes. A pesar que los medios de comunicación nos calumnian, seguiremos adelante.

Entre la participación de los dirigentes mencionados, todos coincidieron en que el pueblo nunca va a olvidar las mueres, mutilaciones y torturas, y que la señal de ello es la masiva movilización que se presenció el día de hoy.

Casi finalizando el mitin, el congresista por Piura, Hernando Cevallos señaló que no se puede permitir que el poder Ejecutivo y el Congreso estén esperando la oportunidad para permitirle al proyecto minero Río Blanco que entre a Ayabaca y Huancabamba. Afirmó que la única garantía que se tiene es al pueblo movilizado; “es una lección en el país lo que hacen para parar a las mineras y a la corrupción. Constitucionalmente a 50 km de la frontera no debería haber una empresa transnacional”, enfatizó. Agregó que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que la consulta previa sea vinculante, en referencia a la actitude de los gobiernos que no han respetado la voluntad popular expresada el 2007, que le dijo no a la minería en Piura.

Finalmente, el presidente de la Federación Regional de las Rondas Campesinas, Marcial Calle; denunció el olvido y la marginación de las autoridades del gobierno central y regional. “Para ellos nuestras comunidades están olvidadas; no nos ven, no nos dan desarrollo de nuestros proyectos, especialmente la agricultura. Por eso a nuestros alcaldes que tenemos como aliados, son los más cercanos. Pero sabemos que su presupuesto es pequeño. Por eso le decimos al gobierno nacional y regional que no traicione la voluntad popular”.

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Red Muqui conmemora el Día Internacional de la Tierra como nuestra “casa común”

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Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

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Gobierno no da garantías para diálogo en Las Bambas

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Después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en el corredor minero sur de la provincia de Cotabambas, Apurímac; el día de hoy se frustró el inicio del diálogo en el distrito de Challhuahuacho.

Durante el desarrollo inicial de la mesa de “Diálogo y cumplimiento de compromisos” que tenía que tocar el tema de justicia y derechos humanos y abordar la constitución de las otras mesas técnicas en base a los 9 puntos de la plataforma de lucha señalados por las comunidades, municipalidades y gobierno regional, que el gobierno aceptó el viernes 12 de abril; los presidentes de las comunidades de Cotabambas y autoridades locales, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue la ministra designada por Salvador del Solar y la PCM, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos arribados el viernes pasado. El representante del ejecutivo que dirigió la reunión fue Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quién se encontraba junto al viceministro de Justicia.

Asimismo, los dirigentes de las comunidades denunciaron que el Decreto Supremo N° 075-2019 PCM, emitido el día de hoy a través del diario El Peruano, que conforma la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, restringe la participación de los representantes de las comunidades en el desarrollo de las mesas técnicas al limitar la participación de sólo una persona en representación de las más de 50 comunidades que han realizado las protestas por diversas afectaciones que la actividad minera ha generado en sus pueblos, y designa la participación de 5 representantes del ejecutivo, señalando la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el vice ministro de Gobernanza Territorial y un representante del Ministerio de Justicia, Salud y Transportes y Comunicaciones; que no es lo que demandaba la gente al solicitar la presencia de los ministros para llegar a soluciones efectivas y no pase lo que ha sucedido con anteriores mesas de diálogo en que se han firmado actas pero al final no se han implementado los acuerdos arribados. La conformación de La Comisión Multisectorial la observamos en el artículo 4.

 

Por estas razones y porque los representantes del ejecutivo, a través de la policía, no dejaron ingresar a los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca a la mesa de diálogo; en palabras de Gregorio Rojas, denunciaron lo que ellos llamaron un atropello. Los diversos dirigentes que se encontraban dentro del local comunal donde se llevaba a cabo la reunión, señalaron:»nos retiraremos de esta mesa de diálogo, mejor que participe solo el gobierno con su Decreto Supremo por que no considera a las organizaciones sociales», increpó el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincias de Cotabambas, Victor Limaypuma. Otro dirigente, David Huamani, remarcó: «no queremos más discriminación por parte del gobierno central».Allison Abarca, de la organización de mujeres de la provincia de Cotabambas. agregó: «queremos respeto a todos los distritos de la provincia, no vemos representantes del ministerio, queremos al ministro de justicia»

Los representantes de las 3 comunidades que no dejaron ingresar a la mesa de diálogo, estaban a la expectativa de tocar el tema de justicia y derechos humanos por los cientos de criminalizados a través de diversas denuncias que ha entablado la empresa y la fiscalía por las diversas protestas en los últimos años.

La dirigente comunal Lisbeth Abarca señaló: «Queremos desarrollo de la provincia de Cotabambas. También somos denunciados. Queremos a los representantes de gobierno central no queremos a los funcionarios»

Desde Red Muqui señalamos que el diálogo es fundamental, pero debe darse en equilibrio con la participación de los representantes de las comunidades sin restricciones; comunidades que han mostrado organización y voluntad de diálogo para dar solución a los problemas que ha desencadenado la actividad minera. Asimismo, el gobierno del presidente Vizcarra debe ser responsable con la participación de los ministros designados para dar seguimiento y cumplimiento al desarrollo de las mesas; en especial la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue designada públicamente en la asamblea del viernes en Challhuahuacho y también está designada oficialmente en el Decreto Supremo. También deben participar los ministros implicados en los ejes de Salud, Transporte y Justicia, que son las principales afectaciones que tienen las comunidades por el desarrollo de la actividad minera y el abandono del Estado.

Por estos motivos desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenido de las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y, así, tomen decisiones informadas.
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres. Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo, pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo.
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, desde Red Muqui planteamos nuestra preocupación ante lo acontecido el día de hoy y frente al Decreto Supremo que restringe la participación de los representantes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas y de los alcaldes municipales.

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