La Organización de Naciones Unidas llama la atención sobre la consulta previa y sobre los conflictos sociales que se generan cuando las empresas que no están cumpliendo el derecho a la salud. En mayo de este año, la ONU, emitió el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, producto de la visita que realizó la comisión especial al Perú del 10 al 19 de Julio del 2017. Durante su estaría en Perú, los expertos se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Red Muqui estuvo presente y expuso los casos que se viene acompañando como Pasco y La Oroya, donde hay graves afectaciones a la salud por actividades extractivas mineras.

El informe afirma que en promedio de los 200 conflictos sociales que ocurren en el país al año, el 45% se encuentran en el sector minería y las principales causas de estos conflictos son los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la falta de transparencia y de acceso a la información y la limitada participación de las partes interesadas en los procesos de adopción de decisiones.

Dentro de su diagnóstico el informe señala que la mayoría de presuntas afectaciones a los derechos humanos a causa de las actividades de empresariales están relacionadas con el impacto ambiental y social de proyectos a gran escala.[1] Se señala, también, que el Estado Peruano se ha comprometido a llevar a cabo un proceso participativo e incluyente para la elaboración del plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos en 2019.[2]

A percepción de Grupo de Trabajo, los vínculos de las esferas normativas y las empresas y los derechos humanos no se están examinando suficientemente. Así, subrayan la necesidad de que las políticas de los ministerios y departamentos gubernamentales sean más coherentes, en particular las políticas de aquellos que se ocupan de temas relacionados con los derechos humanos y las de los que configuran prácticas empresariales.[3]

También, ha recalcado el carácter obligatorio de la consulta previa en territorio indígena, ya que, muchos de los conflictos se generan por la controversia con las empresas que habían adquirido tierras sin tener en cuenta los derechos territoriales de las comunidades indígenas y no indígenas.[4]

Así, dentro de las principales recomendaciones que formula el grupo de Trabajo se encuentran los temas relativos a la realización de la consulta previa de manera oportuna:

d) Adopte medidas para velar por que se celebren consultas previas e informadas con los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales y porque estas se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles, de conformidad con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, en particular por lo que respecta a su consentimiento libre, previo e informado. Esas medidas deberían incluir una mayor orientación y apoyo para los procesos de consulta, la fijación de plazos para la celebración de las consultas y las diferentes fases de estas, la adopción de medidas adicionales para asegurar la participación informada, como la prestación de asistencia jurídica y técnica, y el pleno acceso a la información, así como la imposición de sanciones efectivas en caso de incumplimiento;

e) Cree un órgano o institución específica que se encargue de llevar a cabo las consultas con los pueblos indígenas, que sea independiente del ministerio responsable de otorgar las concesiones o de controlar las empresas estatales implicadas;

También se señala que se ejerza la vigilancia sobre las empresas en materia de derechos humanos:

h) Exija a las empresas estatales que incorporen el respeto de los derechos humanos en sus políticas y procedimientos y que ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores;

i) Asesore a las empresas estatales y privadas sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, incluida la forma en que deben hacer públicos sus esfuerzos por identificar los riesgos para los derechos humanos y las medidas que deben adoptar para prevenir esos riesgos y hacerles frente. Por lo que respecta a los sectores en los que los riesgos para los derechos humanos son especialmente considerables (minería, petróleo y gas, agroindustria), el Gobierno debería considerar la posibilidad de introducir la obligación de presentar informes y el ejercicio de la diligencia debida en materia de derechos humanos.

La realización de los EIA con enfoque de derechos humanos:

k) Integre los aspectos de derechos humanos en los sistemas y procedimientos de las evaluaciones del impacto ambiental (EIA)

 


[1]Pág. 4

[2]Decreto Supremo N° 002-2018-JUS del 01 de febrero de 2018.

[3]Pág. 5

[4]Pág. 7

Informe ONU by prensamuqui on Scribd

Este 13 de junio se presentará en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya la Investigación de universidad de Humboldt titulado “Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú”. Los resultados del estudio serán expuestos por el geógrafo alemán Constantin Bittner cinco de la tarde en el Aula 3 del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXII, ubicado en Jirón Alfredo Cadenas 290, Pueblo Libre, altura de la cuadra 18 de la Av. Bolívar.

La presentación del estudio estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

La publicación, que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre, evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de gua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que pone en cuestión si el Perú es un país minero, evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará el martes 12 de junio en Auditorio del Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la República (Jr. Áncash 542 – Cercado de Lima) a las 5 y 30 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de gua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

 

SLE-272-2 Alternativas de Desarrollo en Las Regiones Mineras de Peru(1) by Suriname Mirror on Scribd

Después de tres meses se retomó la Mesa de diálogo y negociación entre el Estado y los pobladores de Morococha. Según informó Gestión, el gobierno se comprometió a ceder un terreno en el Valle del Mantaro donde serán reubicadas las familias que se encontraban en las 34 hectáreas que el gobierno cedió para la ampliación del Proyecto minero Toromocho de propiedad la minera Chinalco.

El diario Gestión explicó que “entre los puntos acordados, se estableció que el Fondo Social Toromocho permitirá la adquisición de un terreno, con una dimensión igual o mayor a 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de proyectos productivos. Adicionalmente, la minera Chinalco Perú se comprometió a la elaboración del estudio técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS)”.

Luis Samaniego Ríquez , responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo, informó a Red Muqui, que la mesa de diálogo se retomará en junio ante el pedido de la población. Se abordará en ese espacio, a más detalle otras demandas como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se revisará, también,  el Convenio Marco.

Como se recuerda, una delegación de Morococha llegó a Lima hace unas semanas y realizó un plantón en la puerta del Ministerio de Energía y Minas exigiendo apertura al diálogo. En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias.

Al respecto Red Muqui, también, se pronunció : “manifestamos nuestra preocupación por el anuncio del Presidente Vizcarra de iniciar la segunda etapa del proyecto Toromocho en las circunstancias en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha antigua y nueva hasta la fecha”. ¿Esta vez se cumplirán los acuerdos? ¿No se tratará solo se apaciguar las aguas para evitar paralizaciones anunciadas por la población? Al retormarse la Mesa de diálogo, los habitantes esperan que se lleguen a acuerdos favorables.

Análisis de coyuntura por Javier Jahncke y Beatriz Cortez, Red Muqui

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

La presentación del estudio estuvo a cargo del geógrafo  Constantin Bittner, miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

De otro lado, Bittner mencionó en las conclusiones, que “hay un gran potencial en la agricultura, que brinda empleo y aporta a la soberanía y seguridad alimentaria”. Destacó que “el Valle del Mantaro es el granero de Lima, es el principal aportante para su alimentación. Los productores tienen importantes técnicas ancestrales que aplican en sus actividades y deben ser consideradas”.

Aseveró que sin embargo, “hay limitaciones para el acceso a la tierra y no hay niveles de organización de los productores, como las cooperativas, por ejemplo, que se deben impulsar” y remarcó que “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Entre las recomendaciones destacan que ante la falta de información de parte del Estado sobre los impactos ambientales, “que es necesario organizar a los productores para que realicen mediciones ambientales participativas, que son importantes para ejercer una adecuada vigilancia”. Asimismo, indicó que “se deben considerar las áreas de influencia directas e indirectas de los proyectos al establecer las zonas remediación”. El geógrafo considera que las medidas que se tomen desde el Estado, deben “buscar lograr la seguridad alimentaria, y seguridad de los mercados para los ingresos de los productores, además del Estado debe apoyar como prioridad la agricultura familiar”.

Finalmente afirmó que el Ordenamiento Territorial debe priorizarse, estableciendo zonas de protección en especial en las zonas de recarga hídrica donde ni la minería ni la industria deberían ingresar”.

Por su parte la Ing. Jessica Solis del GORE Junín, informó que está trabajando “una ordenanza regional para proteger las cabeceras de cuenca (donde operan las empresas mineras)”. Para ello, cuentan con el respaldo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos, y otros para establecer áreas intangibles en las cabeceras de cuenca.

Finalmente el Ing. Wilmar Luján de la Universidad Nacional del Centro, indicó que es imprescindible este tipo de estudios para la Universidad, pues faltan estudios sobre la contaminación en el Perú, y en especial en el Valle del Mantaro.

¿Es factible la agricultura en una zona de contaminación minera? ¿Qué consecuencias nos está trayendo este paradigma primario exportador? ¿Qué otras potencialidades tiene el Perú? Para conversar en torno a estas preguntas, La Escuela Profesional de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Centro de Desarrollo Rural (SLE) de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Humboldt de Berlín, el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular y la Red Muqui, organizan este viernes 1 de junio a las 4:30 p.m. en el aula 9 (segundo piso) de la referida Facultad, el conversatorio: Alternativas al desarrollo en las regiones mineras del Perú.

Expondrá Constantin Bittner, geógrafo, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú. Impactos ambientales de la minería e ingresos alternativos en la agricultura en Junín y Cajamarca. Auspiciado por el SLE. Por su parte, el de geógrafo de Red Muqui, Mattes Tempelmann ha venido asesorando la definición y elaboración del estudio, así como las presentaciones que realizarán en Lima, Cusco, Cajamarca y Huancayo.

La investigación analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se examinó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

En el conversatorio que se realizará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también, comentarán Carlos Carcelén, historiador y experto en historia ambiental, profesor del Departamento Académico de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales; y Miguel Alva, geógrafo, especialista en tecnologías de georreferenciación y docente del Departamento Académico de Ciencias Geográficas de la misma Facultad. El evento está dirigido a la comunidad universitaria y al público en general. El Ingreso es libre.

Investigación: Alternativas de Desarrollo en Las Regiones Mineras de Perú by prensamuqui on Scribd

¿Cuáles son los conflictos e impactos ambientales que está causando la minería en el Perú y que afecta seriamente a la agricultura, ganadería y los medios de vida que sustentan a gran parte de la población peruana? y ¿Cuáles son las alternativas al desarrollo que permita identificar los enfoques alternativos para la estrategia de desarrollo regional donde se priorice la diversificación económica productiva?

Estas son algunas de las preguntas que plante responder en el Foro: “Alternativas al Desarrollo en las Regiones Mineras del Perú” organizado por la Pastoral Pastoral Social y Dignidad Humana – Passdih, Plataforma por la salud ambiental y humana, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y La Red Muqui.

El Perú es uno de los mayores exportadores de materias primas en el mundo, principalmente de cobre, plata y zinc, así como de plomo, molibdeno y oro. Sin embargo, los niveles de pobreza en el campo son los más altos y va en aumento debido a la mala distribución de la riqueza y la falta de políticas para enfrentar la lucha contra la pobreza. A ello hay que sumarle los conflictos sociales donde la actividad minera continúa siendo el mayor foco de conflictividad social en el Perú, que está provocando no solo la vulneración de derechos de las comunidades y poblaciones ubicadas al entorno de proyectos mineros, sino también está afectando a ecosistemas frágiles y el agua que son elementos vitales para la vida

Los organizadores señalan que, actualmente, una de las mayores limitaciones es la falta de información sobre las potencialidades de las comunidades para promover alternativas al desarrollo como la “Agricultura Familiar”, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria del país. Así, lo que se busca con este evento es analizar con estudiantes de las universidades e institutos superiores de la región Central del País la problemática ambiental generados por la actividad minera y formular alternativas al desarrollo sostenible en regiones mineras del Perú.

El evento abordará los temas de conflictos e impactos mineros en el Perú y se realizará la presentación del estudio “Alternativas de Desarrollo en Regiones Minera del Perú” elaborado por el Centro de Desarrollo Rural SLE de la Universidad de Humboldt- Berlín, Alemania, esto último a cargo del destacado investigador alemán Contantín Bittner, quien es geógrafo y postgraduado de la Universidad Humboldt de Berlín Alemania en estudios de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.

El evento se realizará este jueves 31 de mayo en la ciudad de Huancayo en el Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Las organizaciones que componen la Red Muqui presentan el manual de Metodologías para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales con enfoque de alternativas al Desarrollo que fue co editado con Proyecto Amigo y el Colectivo Tejiendo Saberes (PDTG). Un documento que es producto de varios años de experiencia de trabajo de campo de las organizaciones miembros de la Red Muqui con comunidades afectadas por la minería y que permitirá a los dirigentes, poblaciones organizadas y los facilitadores de procesos sociales plantear agendas y propuestas de alternativas al desarrollo. El libro tiene como base un enfoque de educación popular, transformación de conflictos e interculturalidad. Tambien ofrece una variedad de herramientas participativas y tiene un capítulo especialmente sobre el mapeo participativo.

Como se sabe, los últimos años los conflictos socio ambientales han ido en aumento, solo en el 2017 la Defensoría del Pueblo reportó 169. La minería ilegal, legal, grande y mediana que actúa de forma irresponsable ha venido vulnerando el medio ambiente. Frente a ello, los pueblos y personas afectadas, pueblos y afectados por la minería vienen desarrollando acciones para evitar sus impactos nocivos. Han tenido que exigir sus derechos, defender su territorio, hacer más sostenible el uso de los bienes comunes, construir agendas y alternativas al desarrollo que les permitan un “buen vivir”. De ahí surge la necesidad de elaborar este manual.

Javier Jahncke, director ejecutivo de Red Muqui, comento al respecto: “En Red Muqui consideramos que era necesario trabajar un manual vinculado a alternativas al desarrollo porque trabajamos con organizaciones sociales y necesitan refrescar sus modos de llegar a las poblaciones”. El Manual está dirigido a facilitadores de procesos, pero también a dirigentes sociales para el mejor funcionamiento de su comunidad y que se canalice mejor la toma de decisiones.

Por su parte, Mar Daza, del Proyecto Democracia de Transformación Global (PDTG), quien participó en la elaboración del documento, comentó: “Hemos tomado como base, la heterogeneidad cultural del país, es el enfoque por el cual partimos, tomando como base las diferentes realidades en el Perú”. Un segundo enfoque es el de educación popular donde se rescata el compromiso de generación de alternativas de vida, alternativas al desarrollo, finalmente, en el manual está presente el enfoque de transformación de conflictos. Agregó que se trata “de una propuesta, una forma de caminar producto de la experiencia de las organizaciones que conforman la Red Muqui y pueden ser readaptadas, mejoradas y esperamos que este sea el aporte”.

Mattes Tempelmann, especialista y geógrafo de Red Muqui ha coordinado el proceso de la sistematización de este manual, afirmó que “en los últimos dos años se trabajó en Piura, Cusco y Lima con todos los miembros de Red Muqui para sistematizar las metodologías que cada uno está usando en su trabajo con comunidades afectadas por la minería”. Aseveró que el Manual es como una caja de herramientas, contiene un paso a paso de cómo aplicarlas y va ser útil para quienes tienen un trabajo directo con poblaciones y desean construir una agenda enfocada en alternativas al desarrollo.

Se puede acceder al Manual a través de la página web de Red Muqui, su descarga es libre.

 

 

Metodología para el fortalecimiento de Organizaciones sociales con enfoque de Alternativas al Desarrollo by prensamuqui on Scribd

Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.

En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo que acompañó la reunión, LuisSamaniego Ríquez, comentó a Red Muqui que tras retirarse de la reunión el viceministro,Miguel Incháustegui, los asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paró en Morococha y en la carretera central.

Las familias afectadas llegaron hasta la puerta del MINEM alrededor de las 10 de la mañana con pancartas y exigiendo, además, que se cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental. En el comunicado que publicó la Municipalidad distrital Morococha se afirma que “la población ha venido sufriendo una serie de atropellos por parte del Estado y la empresa minera, exigimos el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y exhortamos el cumplimiento del canon respectivo”. Las familias esperaron 5 horas en la puerta del MINEM alguna respuesta de parte del ministro o sus representantes.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, comentó que con el reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco, “incluso se ha llegado a prohibir que otras empresas mineras les den trabajo a los pobladores”, afirmó.

Por su parte, Elvir Mayta, regidor del distrito de Morococha, aseveró que “el gobierno central no está cumpliendo con el proceso de reasentamiento de forma adecuada, no ha hecho respetar nuestros derechos». Agregó que exigen que no se le otorgue a la minera esas 34 hectáreas donde hay población porque es una decisión arbitraria de parte del Estado.

Rossy De la Rosa Rojas, del Frente amplio de defensa por los Intereses de Morococha, declaró que “la empresa ni el Estado han logrado solucionar la problemática en Morococha, hace un tiempo ancianos, niños, pobladores están sufriendo atropellos de parte de la empresa. Hay vigilancia sobre cada uno de nuestros actos”. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua contiene pasivos mineros de alto riesgo, las familias que aún permanecen en esa zona, aseguran que no tienen otro lugar donde vivir y no se les ha asegurado condiciones dignas de subsistencia.

Cabe señalar que cuando se emitió el decreto el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advirtió se estaba utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria.