El 20 de febrero 2018, se inició la campaña Rexistir – Tejiendo Cuerpos Territorios, promovida por la Red Latinoaméricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales con la colaboración de los socios Enginyeria Sense Fronteres, Grufides y Catapa. La campaña busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y tomadores de decisiones a nivel regional y global, las múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impunidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras  de América Latina, sus comunidades y territorios.

La campaña consiste en material audiovisual alojado en una plataforma web www.rexistir.com y artículos de opinión que retratan las diferentes formas de violencias hacia los territorios y cuerpos de las defensoras en contexto extractivista en América Latina. A partir del 20 de febrero de 2018, podrán descubrir semanalmente en las redes sociales de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensora y Grufides, los testimonios de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales de Latinoamérica que han tenido el coraje de denunciar las estrategias empleadas por las empresas y Estados para vulnerar sus derechos. A partir del 26 de febrero al 01 de marzo 2018, se inicirá una gira europea de incidencia y sensibilización de la campaña en distintos espacios de decisión, educativos y culturales.

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REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

El extractivismo es un modelo económico y político capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y mercantilización de elementos, cuerpos, ciclos y funciones de la naturaleza. El extractivismo se basa en una cultura patriarcal, ya que existen paralelos culturales, históricos y simbólicos en los patrones de dominio de las mujeres y la naturaleza, por la cual a ambas históricamente han sido sujeto de dominación, control y explotación.

El sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial no puede funcionar si es que al mismo tiempo no mercantiliza, despoja y usufructúa los cuerpos de las mujeres y los tejidos sociales que reproducen la vida.

Las violencias que este sistema ejerce hacia nuestros cuerpos-territorios son múltiples y vulneran los derechos, en particular el de las mujeres que los defienden. El extractivismo conlleva la devastación ambiental y a la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, violando el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano, además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Por ello se hace necesario visibilizar estas violencias y denunciarlas públicamente para velar por el cuidado, protección y defensa de nuestros cuerpos-territorios.

PÁGINA DEL PROYECTO: http://www.rexistir.com/

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

Primera parte

Saúl Juárez es un ex trabajador minero que denunció la empresa minera Antamina por afectar su salud. A fines del año pasado, pese a las pruebas médicas y las sanciones que tiene la empresa de parte del Estado, una Jueza desestimó la demanda. 

“Todos sabemos que la vida del minero es corta”, dice Saúl resignado.  Ha recibido una mala noticia.

Saúl tenía un trabajo de alto riesgo, operaba en la entrada del Tajo de Antamina en Ancash. En el 2005, cuatro años después de su ingreso a la mina, empezó a decaer, enfermarse por todo, hasta que su cuerpo no resistió más.  En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él.

En el 2011 cuando le dieron la noticia que tenía cáncer, Saúl preparó a su esposa para contarle la verdad. No había vuelta atrás, pero sospechaba que sus problemas y el de otros compañeros estaban relacionados con el trabajo de exposición a arsénico, cadmio, plomo, manganeso, cobre, todos metales tóxicos.  Por eso, decidió hacerse pruebas médicas especializadas y solo mediante un examen especial denominado metalograma se pudo determinar que Saúl tenía hasta 10 tipos de metales tóxicos en su organismo.

pruebas by prensamuqui on Scribd

A la casa de Saúl ha llegado la notificación de la Jueza Rosmery Velásquez Cano, su denuncia contra Antamina ha sido desestimada sin tomarse en cuenta todas las pruebas presentadas. El gigante parece haber ganado y Saúl, no sabe si molestarse o ponerse a llorar. Tiene cáncer, la sala llena de documentos sobre la cantidad de metales pesados que tiene el cuerpo “y el Poder Judicial ha decidido no creer” dice Juárez.

¿Cómo era trabajar en Antamina? Saúl recuerda que tenía esperanza en ascender, en lograr un mejor sueldo para pagar su casa, los estudios de sus niños. Poco a poco, la mina le fue quitando las esperanzas. Ahora, que ha intentado acercarse a la gerencia, solo ha recibido negativas, “Y pensar que les dediqué mi vida”, dice.

Antamina es una de las empresas más grandes del país, de las mayores productoras de cobre. En el 2012 uno de los ductos de propiedad de la empresa se rompió ocasionando que toneladas de relave minero cayeran al río Ancash. OEFA sancionó con S/. 207 200,00 el incumplimiento de instrumentos de prevención por parte de la minera. En una investigación realizada por el portal de investigación y datos Convoca.pe en el 2015, Antamina figura, además, con una deuda de 13 millones de dólares al Estado en multas ambientales.

La minera no solo tiene sanciones por daños ambientales, sino, también, por no asegurar a los trabajadores. Mario Ríos, abogado que está llevando el caso de Juárez, afirma que la jueza no tomó en cuenta para dar su veredicto la multa que SUNAFIL le puso a Antamina hace 5 años por no asegurar a sus trabajadores condiciones adecuadas. Entre las sanciones que se le aplicó figuran: El incumpliendo sobre el registro de enfermedades medico ocupacionales, no hizo un monitoreo adecuado de los agentes químicos, incumplió en la implementación de equipos de protección personal y no informó adecuadamente sobre la seguridad y salud a sus trabajadores.

“Las observaciones de SUNAFIL demuestran que la minera no utilizaba los procedimientos adecuados y por tanto, el Sr. Juárez al estar expuesto a minerales sin la protección necesaria empezó a intoxicarse”, asegura Ríos.

Las condiciones de trabajo en las minas son duras, señala Saúl. Los trabajadores de Antamina están expuestos a polvo de diferentes minerales todo el tiempo. Es tan cotidiano, al punto que muchos de los compañeros de Saúl empezaron a presentar alergias. Pero no hicieron caso. A veces, la temperatura en la sierra norteña era de 32 grados, los trabajadores desprevenidos se quitaban las mascarillas, cuenta Juárez.

Cuando hablamos de arsénico, a Saúl se le escarapela la piel. El cáncer que tiene se llama Linfoma no hodgkin y está directamente relacionado ese metal tóxico, como lo señala la Organización Mundial de la Salud. “Si se realiza, en este momento, pruebas de salud a Juárez es obvio que no se va encontrar metales pesados en sangre u orina, pero las enfermedades que tiene Saúl son por acumulación de arsénico en el organismo”, señala Ricardo Puell, médico que lo atendió.

Ese es uno de los problemas que tiene la justicia peruana para atender adecuadamente casos como los de Saúl donde el problema de salud se presenta después de años de trabajo. “La jueza está pidiendo pruebas de salud, pero no ve el histórico, no hay mecanismos para velar por la salud de un trabajador expuesto a metales tóxicos después de terminado su tiempo de labor”, señala Javier Janhncke, secretario ejecutivo de RED MUQUI.

Durante el proceso tampoco se tomó en cuenta otros exámenes realizados a Juárez. La parte demandada solicito que quien realice los exámenes sea una entidad independiente. Sin embargo, el pedido no fue aceptado y se determinó, por el contrario, que Saúl se estaba negando a colaborar con la Justicia.

Antamina solo ha contestado a Saúl por medio de comunicados, el último, emitido en febrero del 2017, afirma: “que la Compañía Minera Antamina es una empresa responsable, basada en valores humanos, comprometida con sus trabajadores y el desarrollo del país. La difícil situación médica que atravesó nuestro ex colaborador Saúl Juárez, siempre fue tratada con sumo respeto y consideración”. En ese mismo comunicado, Antamina señala que brindó cobertura médica a Juárez hasta el 2016, posteriormente, el ex trabajador afirma que se desentendió y sobre su familia han caído los gastos médicos.

Informe oncológico by prensamuqui on Scribd

¿Qué procede? Saúl ha tenido que reponerse y apelar a la sentencia sin mucha esperanza. Carga con una delicada salud que decae poco a poco. Su labor de defensa de los derechos de los trabajadores fue reconocida en el 2016, cuando el Congreso lo condecoró como Defensor Ambiental y le otorgó un diploma de parte de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El defensor se está muriendo, dice mirando al suelo. Y luego agrega “Pero no podemos permitir que se niegue el daño que Antamina les ha hecho a sus trabajadores. Hay más casos, no soy el único.” Saúl es solo uno de otros tantos que entregaron años de trabajo y cuyas consecuencias de salud se empiezan a sentir en su jubilación.

Red Muqui.-  Hernan Pahucará e Hilda Monago, Los padres de dos niñas que presentan síntomas de intoxicación grave,  llegaron a Lima para buscar la atención urgente de las menores, quienes se encuentran internadas en el Instituto Nacional del Niño. Ellos fueron parte de la delegación, que, en junio del 2017, se encadenaron a las rejas del Ministerio de Salud solicitando atención prioritaria para niños en Pasco. Sin embargo, casi un año después afirman que sus condiciones no cambiaron.

La familia vive en el distrito 30 de agosto, su casa está ubicada frente las instalaciones de la minera Millpo en Pasco.  Hernan Pahucará afirma que fue en el contacto con el agua del río Huallaga, donde ellos lavan la ropa y las niñas juegan, que se intoxicaron. “Hubo un derrame de relaves mineros al río en el 2016 y no se previno a la gente que nos podíamos enfermar, declaró.

Las pequeñas de iniciales M. y L., que tienen 11 y 13 años, fueron evaluadas por CENSOPAS en el 2012 y se les detecto niveles de plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles.  Ya en esa época presentaron los primeros síntomas como agotamiento y problemas de concentración en la escuela. Este año los síntomas se han agravado al punto que empezaron a sangrar por la nariz y por la boca. Los padres alarmados las trajeron a Lima para que sean tratadas de forma urgente. Al respecto, el médico ambientalista Fernando Osores afirma que cuando ocurre sangrado se trata de una intoxicación crónica que puede traer daños irreversibles al cerebro o al sistema nervioso.

Hernán Pahucará asevera que “nos están dando medicamentos para calmar el sangrado, la ha revisado la psicóloga y nos ha dicho que hay muchas deficiencias, pero no están tratando el problema mayor de la intoxicación”. La madre de las pequeñas afirma que no tienen las condiciones económicas para quedarse en Lima y que no pueden regresar a Pasco ante el eminente riesgo que corren las niñas.

Red Muqui llamó la atención sobre la intoxicación de niños en Pasco el año pasado, El informe de atención médica de salud en habitantes de Cerro de Pasco y La Oroya y Situación de pasivos ambientales de San Mateo dio a conocer que los menores evaluados presentaban hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado como cancerígeno.  Fernando Osores declaró que uno de los problemas que tiene en Ministerio de salud para tratar este tipo de casos es que no cuenta con los profesionales adecuados ni con una política de atención integral de salud para afectados por metales tóxicos.

Por su parte, el congresista Oracio Pacori  afirmó que desde su despacho se está trabajando un Proyecto de Ley para realizar un Registro Nacional de Afectados en la Salud por metales pesados «. Afirmó que»no existen políticas públicas desde el Estado que permita responder permanentemente la recuperación y restablecimiento de salud de las personas afectadas».

Comento que al no saber  cuantas personas están afectadas en su salud por metales pesados no se puede actuar de forma oportuna ni brindar la atención especializada que deberían tener. «lo único que sabemos es que otra vez son los pobres y en situación de exclusión y no existe una estrategia integral para mejorar sus condiciones de vida», concluyó

Comunicado de prensa de la Unión Europea lanza duras críticas a la gestión social y ambiental del gobierno peruano.

 

Comunicado de prensa Unión Europea.-  Alto comisionado de la Unión Europea llegó al Perú y concluyó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no cumple con sus obligaciones en materia de Desarrollo Sostenible. El eurodiputado Helmut Scholz viajó a Perú en el marco de la delegación de la Comisión del Comercio internacional del Parlamento europeo, para investigar sobre los 5 años de aplicación provisional del  Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión europea con Colombia y Perú. La delegación se reunió en Perú con el Presidente, miembros del Gobierno miembros del Parlamento, así como con representantes de la sociedad civil y de empresarios.

Para Helmut Scholz, “Contrario a la evaluación positiva del Gobierno del Perú y de los grandes empresarios sobre el impacto del TLC sobe el desarrollo económico y las perspectivas de relaciones comerciales, la delegación pudo observar que el Perú no ha cumplido con los requisitos del TLC en materia de desarrollo sostenible”.  

En el informe que dio el comisionado se agrega: “Quedó en evidencia que el Gobierno del Perú no quiere convocar formalmente a Grupo de consulta local como lo requiere el capítulo del acuerdo relativo al desarrollo sostenible. Además las visiones diametralmente opuestas del Gobierno y de los representantes de la sociedad civil sobre la aplicación de las convenciones esenciales de la OIT y de otras obligaciones internacionales del Perú evidencian la necesidad de reconsiderar el funcionamiento de consejos y comités nacionales y regionales para aplicar las obligaciones de la hoja de ruta”.

La nota de prensa afirma que con el TLC el Perú tuvo la oportunidad de exportar más al mercado de la Unión Europea, pero la estructura de estas exportaciones sigue orientada a los agroindustria, a la minería y a la producción de energía. Mientras la enorme asimetría entre las dos economías encierra al Perú en la exportación de bienes primarios, una reestructuración para producir bienes de valor añadido está ausente, que permitiría al menos sacar algún provecho de las industrias extractivas. Las preguntas en el ministerio de economía relativas a planes de diversificación de la producción nacional no encontraron respuesta alguna, a pesar de que este tipo de planes existen en casi todos los países del mundo.

La extracción de petróleo y de productos mineros se ha expandido a costo de las condiciones de vida de las comunidades de nativos a tal punto que inclusive el suministro en agua de Lima está en peligro, señala el comunicado. También se hace referencia al mal uso de los recursos de la amazonía peruana: «Los bosques primarios de la Amazonia están siendo destruidos también por la expansión del cultivo de palma africana, con inversiones de grupos financieros nacionales -como el grupo Romero-, pero también por el financiamiento de inversores de Indonesia y de Malasia, que han contribuido a la destrucción de sus países de origen».

Finalmente, Helmut Scholz al respecto opina: “El objetivo entendible del Gobierno de que el Perú acceda a ser miembro de la OCDE no pude lograrse en esta situación de no cumplimiento de los estándares ambientales y sociales. En relación con la aplicación de todos los capítulos del TLC con la UE, espero al menos que se instale un Grupo consultivo local independiente convocado por el Gobierno y apoyado por la UE, dado que las estructuras nacionales no operan, y por lo tanto no están dadas las condiciones para una verdadera evaluación de acuerdo con las conclusión del TLC.”

 

Foto: Congreso de los Pueblos/ Colombia

La empresa minera Southern Perú acaba de ganar la licitación de uno de los proyectos más importantes del norte, Michiquillay.  La agencia de noticias Andina, informó esta mañana que logró la buena pro tras superar la oferta de la minera Millpo. Sin embargo, la mineria tiene un largo historial social y ambiental.

En Arequipa, dirigentes de Islay como Miguel Meza y Catalina Torocahua afirman que hay oposición de parte de las comunidades al ambicioso proyecto Tía María de Southern. Ellos aseguran que la minera está presionando al Estado y a las comunidades para que se le den los permisos comenzar a operar en la zona, donde en el 2009, mediante una consulta vecinal, la población dijo No al Proyecto Tía María y decidieron apostar con la agricultura y agroindustria.

Al respecto, el Ingeniero economista Juan Aste Daffós escribió en una columna de opinión para Red Muqui que “Que en el caso del proyecto Tía María debe señalarse que la empresa y la consultora nunca han podido responder de manera sustentada las observaciones de UNOPS sobre el alto riesgo del impacto por el polvo que emanará del tajo La Tapada, ubicado a menos de 600 metros del valle de Tambo”. La empresa tampoco ha aclarado cómo será su manejo del agua, de forma que no afecte a los agricultores del valle, cuya economía se mueven en torno a la agroindustria.

Por su parte, en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad de suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.

En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el Río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera, atribuida a la minera.

Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con la población de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la posición de la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria.

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente

n el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

Este lunes 29 de enero se realizó una nueva audiencia por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte de las organizaciones nacionales representantes indígenas andinos y amazónicos en contra de la Ley 30230. Esta fue parte del Paquetazo ambiental dado entre os los años 2013 – 2014 en el gobierno de Ollanta Humala para debilitar la institucionalidad ambiental y favorecer la ocupación de predios para proyectos de inversión, sin tomar en cuenta la superposición en territorios de comunidades campesinas y nativas, sin aplicar la Consulta Previa.

El Magistrado Augusto Ferrero Costa escuchó a los representantes de las comunidades, quienes dieron a conocer cómo afecta dicha Ley sus tierras, territorios y la desprotección ambiental que se ha generado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada con el amparo de más de 10 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, recolectadas por organizaciones del Pacto de Unidad de los pueblos indígenas, y contó con el respaldo de organizaciones civiles que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del cual forma parte Red Muqui.

En la audiencia la representante de ONAMIAP, Ketty Marcelo, afirmó: “La Ley 30230 vulnera nuestros territorios. Para nosotros nuestro territorio significa la vida misma, eso es lo que queremos que entienda el Tribunal Constitucional”.

Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA) aseguró que “se busca expropiar a las comunidades en beneficio de las empresas. Dejemos claro que nadie está en contra del desarrollo, lo que queremos es que el Estado consulte a los pueblos antes de tomar decisiones sobre sus tierras”.

Los abogados Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC), y Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del ambiente y Desarrollo Sostenible sustentaron ante el Magistrado del TC la acción de inconstitucionalidad.  “Estamos cuestionando el artículo 19 de la Ley 30230 porque le retira a OEFA la competencia de multar, eso ya ha sido incluso cuestionado dentro del mismo Congreso. La propia presidenta de OEFA ha dicho que esto atenta contra el derecho a fiscalizar adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Cuninico, no se multó y eso generó impunidad. Otro aspecto que cuestionamos de esta norma es que impide crear zonas reservadas y esto amenaza el derecho a un ambiente sano y saludable” afirmó Henry Carhuatocto.

“Esta Ley nace para generar inversión, buscando para ello flexibilizar procedimientos administrativos. Asimismo, esta norma ha venido debilitando el marco de derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, aseguró Luis Hallazi, abogado del IBC. Agregó, también, que esta Ley debió pasar por Consulta Previa porque afecta derechos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, no se realizó este proceso. “Esto es una muestra más del carácter inconstitucional de esta Ley”, indicó.

“En el caso de territorio de las comunidades, el 40% no están tituladas, se está fomentado otorgar derechos sobre tierras no tituladas”, concluyó Hallazi.

¿Qué esperan las comunidades del veredicto del Tribunal Constitucional?

“Seguimos  en este proceso porque nos motiva la defensa del derecho de la consulta previa y el amparo del convenio 169. La defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestros pueblos es fundamental, y la Ley 30230 busca fomentar la inversión sin pasar por el proceso de consulta, eso nos vulnera” comentó el dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Jorge Prado.

“Me quedé con la sensación de que los procuradores no entienden lo que implica la consulta Previa. Nuestros territorios se van a ver afectados y nosotros estamos defendiéndolos”, opina Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP , también, afirmó que es un hito que el Tribunal Constitucional haya escuchado a los representantes de las comunidades y  espera que la decisión sea en salvaguarda de los derechos de las poblaciones originarias.