Poder Judicial mantiene en vilo a Máxima Acuña y su familia

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TRAS POSTERGACIÓN DE SENTENCIA

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el 3 de mayo la lectura del fallo que resolvería si se revierte, o no, el juicio que Máxima Acuña ganó contra Yanacocha, en donde se le pretendió acusar de usurpación agravada.

Los magistrados argumentaron que no tenían votos suficientes para emitir una opinión sobre el recurso de casación presentado por la empresa minera.

De manera que no hubo sentencia final que días anteriores, ya que no hubo quórum suficiente en las sesiones celebradas por la sala en las últimas semanas, y porque, además, uno de sus miembros estará de vacaciones en los próximos días.

A la salida de la diligencia, Mirtha Vásquez, abogada de la campesina, lamentó que el tribunal prolongue la incertidumbre de la familia y aseguró que la sala pudo notificar con anticipación sobre la postergación de la lectura de sentencia.

“Esperamos que la próxima vez se emita la sentencia porque esto genera mucho desgaste emocional para Máxima y su familia. Ellos tienen que trasladarse desde muy lejos y les resulta un viaje muy costoso, ya que su hija, esposo y yerno fueron también están implicado en todo este proceso”, agregó.

Por su parte, Máxima Acuña aseguró a los periodistas que solo espera «justicia, y nada más». Escuetamente reiteró que no puede tener tranquilidad ya que la empresa sigue enviando a sus trabajadores para hostigarla y provocarla.

A su turno, Christian Schroder, Director Regional Legal de Yanacocha, insistió en que la minera solo busca entablar un diálogo con la familia desde hace dos años.

El funcionario minero aseguró a RED MUQUI, que pese a los procesos –civil y penal- que la empresa lleva contra la familia campesina, si están dispuestos a seguir promoviendo el diálogo, e incluso llegar a un acuerdo extrajudicial.

Finalidad de casación

Por medio de este recurso de casación presentado a esta máxima instancia, la minera pretende que se declare nulo el fallo que declaraba inocente a Acuña, y su familia, por la presunta comisión del delito de usurpación del terreno. Precisamente, ese fue el histórico proceso que la ganadora del premio Goldman ganó a Yanacocha ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, en segunda instancia.

De esta manera se reabriría el juicio –en primera instancia- que en agosto de 2014 condenaba a Máxima, su esposo Jaime, su hija Ysidora y su yerno Elías a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad (suspendida) y al pago de una reparación de S/.5,500.

Para Mirtha Vásquez, esta casación «es solo un recurso extraordinario donde Yanacocha intenta que se interprete la ley como a ellos les conviene».

“Si la casación sale a favor nuestro, este caso por fin quedaría cerrado. En la sala de Cajamarca lo que se dijo es que no se pudo probar que hubo ‘violencia’, que es el primer elemento para la configuración del delito de usurpación agravada”, explicó

DATOS:

  • El proyecto Conga, tiene una inversión prevista de 4.800 millones de dólares.
  • Para llevarlo a cabo se contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para verter los residuos tóxicos.
  • Yanacocha compró entre 1996 y 1997 tierras para su proyecto minero Conga a la comunidad campesina de Sorocucho, donde se encuentra Tragadero Grande, la propiedad en disputa con los Chaupe Acuña.
  • La familia alega que poseen dichos terrenos desde 1994 por medio de un certificado de posesión. Yanacocha argumenta que dicho documento no es un título de propiedad.
  • El proyecto se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos.

Fuente: RED MUQUI / EFE / Semana Económica

Fotos y videos: RED MUQUI

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Defensoría espera conocer observaciones que viceministro tiene sobre monitoreo de 217 conflictos sociales

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EN RESPUESTA A FERNÁNDEZ-CONCHA

  • Encargado de conflictos sociales de la PCM no cree en reportes mensuales de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo espera recibir directamente los cuestionamientos del viceministro Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, acerca de su sistema institucional de monitoreo de conflictos sociales.

En entrevista al Diario El Comercio, el funcionario de la PCM desconoció el reporte de la Defensoría que da cuenta de la existencia de 217 conflictos sociales, y más bien aseguró que el Estado solo tiene registrados, unos cinco. A ello añadió que, si realmente hubiera más de 200 conflictos, el país estaría paralizado.

Es por ello que, Giselle Huamani, Adjunta para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esperan tener oportunidad de conversar con Fernández-Concha para conocer sus observaciones sobre los casos, la base de datos y los reportes mensuales que genera la Defensoría sobre los conflictos sociales en nuestro país.

“Estamos esperando que la Presidencia del Consejo de Ministros nos alcance una propuesta escrita para poder entender de dónde vienen sus observaciones. Yo le aseguro (al viceministro) que tenemos una rigurosidad para la tipificación y la contabilidad de los casos”, remarcó en entrevista con RED MUQUI.

En ese sentido, Huamani Ober detalló que la Defensoría tiene 38 oficinas en todo el país, las cuales están a cargo de jefes defensoriales que están en constante vínculo y diálogo con los diferentes actores locales para poder identificar y recoger estas posibles situaciones y casos ya desarrollados en conflictos.

La adjunta de Conflictos sociales también recalcó que el registro y monitoreo de conflictos, están siendo supervisados por medio de visitas que se realizan en todas las regiones donde se ubican estas oficinas defensoriales y módulos de atención

“Realizamos visitas justamente para ahondar y precisar en los casos. Así podemos apoyar los planes de intervención”, señaló a RED MUQUI.

Además, aseguró que a lo largo de este mes de abril la Defensoría está implementando un sistema de monitoreo de conflictos denominado “SIMCO”, una plataforma virtual que ofrecerá acceso directo a la base de datos que esta institución maneja sobre los conflictos sociales en el país.

“Los ciudadanos y organizaciones podrán bajar datos, cruzar información y darle seguimiento a cada uno de los casos. Esa es una manera de acercar la información que tenemos a la población”, detalló.

Cabe mencionar que el funcionario de la PCM insistió en que solo se tienen 5 conflictos, al considerar que la tensión o el indicio inicial no es un conflicto.

“El conflicto se da cuando hay una crisis una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis”, sostuvo a El Comercio.

En otra entrevista concedida este fin de semana al Diario Oficial El Peruano, se le preguntó sobre la posibilidad de un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, al ver que sus cifras sobre conflictos sociales difieren de las del Gobierno.

Indicó que por el momento viene coordinando con los ministerios, ya que cada uno cuenta con una estrategia y una oficina que maneja conflictos. Ahora se pretende unificar criterios y concepto alrededor de los conflictos.

“Redefiniremos esos conceptos y nos pondremos de acuerdo con cada uno de los sectores. Buscaremos a la Defensoría del Pueblo para ver si podemos llegar a una misma metodología”, comentó al desestimar el número de conflictos registrados por esta entidad.

Fuente: RED MUQUI / El Comercio / El Peruano

Fotos: RED MUQUI / El Peruano

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Proyecto de Ley para proteger cabeceras de cuenca pasará a discusión en el pleno del Congreso

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TRAS APROBACIÓN EN COMISIÓN

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó por mayoría el proyecto de ley protección de cabeceras de cuenca que desde ahora pasará a la agenda de discusión del Congreso.

Después de varias semanas de revisiones, recomendaciones y cambios en el predictamen del proyecto de ley (N°283-2016), el título final quedó como: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación.

Ahora, el desafío de la Comisión es elaborar y aprobar una guía metodológica para la identificación de las cabeceras de cuenca en todo el país y su la delimitación geográfica correspondiente.

Además, es necesario contar con un reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuenca, considerando el marco legal de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La futura aprobación de esta ley significaría una mejor protección para las comunidades campesina e indígenas ubicadas en los alrededores de las cabeceras de cuenca, pues ya no se verían afectadas por actividades productivas o extractivas que podrían vulnerar sus medios de vida y territorios.

Este proyecto legislativo es una propuesta sistematizada que surgió durante la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012) que recién fue presentada en setiembre del 2016, por el Congresista Marco Arana.

Para RED MUQUI la aprobación de una ley que proteja los lugares donde se originan las aguas de los ríos, es necesaria para que realmente se cumpla la norma que declara al agua como derecho humano fundamental. Ya que de no garantizar las nacientes de ríos no se puede hablar de generación del recurso hídrico.

“Era importante contar con la ya que estas aguas son consumidas directamente por las comunidades y utilizadas en actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería, que además abastecen mercados locales y de las grandes ciudades”, comentó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ha cuenta con el respaldo de Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, del Ministerio de Ambiente, Programa de Adaptación del Cambio Climático (PACC Perú) y de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal.

Todos estos organismos coinciden en que este proyecto no contraviene a la Ley de Recurso Hídricos, y que más bien resuelve algunos vacíos legales.

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros ha recomendado incluir en el texto sustitutorio la prevención de conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca.

Fuente: DHSF Cusco / Comisión de Pueblos del Congreso / RED MUQUI

Foto: malcolmallison

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Conga: Juzgado determinó que 16 líderes ambientales no cometieron secuestro de gobernador

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DESPÚES DE 4 AÑOS

  • Se determinó que pruebas eran inconsistentes
  • Fiscalía había solicitado 36 años de cárcel

El Juzgado Colegiado Supra Provincial de Cajamarca declaró inocentes a 16 líderes ambientales de Cajamarca, que hace 4 años fueron acusados de haber secuestrado a dos gobernadores de Celendín en medio del conflicto generado por el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.

La sentencia señala que no se han probado los cargos imputados, ya que las pruebas presentadas contra los procesados son inconsistentes como para hacer efectiva la condena de 36 años que solicitó la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín.

Como se recuerda, en el año 2013 Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, entonces Gobernadores del distrito de Sorochuco y la provincia de Celendín, aseguraron que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

La fase de juicio oral comenzó el 6 de marzo y duró unos 22 días. Es así que el 28 de marzo se hizo la lectura de la sentencia que acabó con 4 años de un tedioso proceso judicial contra los dirigentes, en represalia por cuestionar y oponerse al Proyecto Conga.

Los líderes se mostraron conformes con la justicia y, a su vez, agradecidos de la defensa legal del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y otras organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, solicitaron mayor responsabilidad por parte del Ministerio Público, pues este proceso ha llegado hasta estas instancias debido a una acusación sin fundamento formalizada por la Fiscalía de Celendín.

También mostraron solidaridad con otros dirigentes y ronderos campesinos que pasan por procesos similares, reclamando el cese de la política de Criminalización de la Protesta Social en nuestro país.

“Aún hay varios casos post conflicto Conga, sobre todo los líderes han estado siendo acusados de manera sistemática por varios cargos. Este caso era especialmente preocupante porque la Fiscalía pedía hasta 36 años. Pero hay otros casos más”, indicó Mirtha Vásquez, abogada de los líderes ambientalistas.

Origen del caso

El 26 de abril del 2013, un grupo de dirigentes sociales asistió a una reunión que había sido convocada por el gobernador de Sorochuco. En dicho encuentro, los dirigentes le solicitaron a Pedro Zamora que era mejor trasladar la reunión a la Plaza de Armas de la localidad y así la población escuche y participe de la discusión sobre Conga.

Sin embargo, el gobernador Zamora defendió el proyecto minero durante las dos horas que duró la reunión; mientras tanto, los vecinos de Sorochuco hacían sentir su voz de rechazo.

Luego de ello, el gobernador interpuso una denuncia por secuestro agravado, argumentando que se le había obligado a participar de esa reunión pública bajo amenazas de usar piedras, palos y armas blancas para “agredirlo”.

DATO:

Las personas absueltas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / Grufides

Fotos: Grufides

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MEM insiste en desconocer derecho a consulta previa de pueblos Awajún y Wampis

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TRAS SENTENCIA FAVORABLE A COMUNIDADES

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) apeló la sentencia que ordena anular el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116 (a cargo de la empresa Maurel Et Prom), debido a que las comunidades Awajún y Wampis de la zona de influencia de explotación (Cenepa, Condorcanqui, Amazonas), no fueron consultadas.

El fallo judicial del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima es el primero que declara fundada una demanda de amparo por omisión de consulta de hidrocarburos en la Amazonía. Dicha demanda se había presentado hace casi tres años.

Ahora que la magistratura determinó el retiro de las empresas operadoras que trabajaban en etapa de exploración, la procuraduría pública del MEM apeló la sentencia sobre la Acción de Amparo del Lote 116.

Al mismo tiempo, el ministerio emitió un comunicado acorde con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, quien aseguró que la decisión judicial atenta contra la seguridad jurídica en el Perú. La nota de prensa del MEM utiliza las mismas palabras del empresario.

«En salvaguarda de los intereses del Estado peruano, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM) apeló la sentencia sobre la Acción de Amparo del Lote 116, por considerar que afecta la seguridad jurídica al haber sido arbitrariamente emitida violando los derechos constitucionales«, señaló el MEM a través de un comunicado de prensa.

Cantuarias ya había dicho esperar que el MEM y Perupetro apelen el fallo, con el fin de pasar a una segunda instancia para lograr una decisión “beneficiosa” para el país y las comunidades del lugar quienes podrían “salir de la pobreza” con la extracción de petróleo.

No obstante, son 70 comunidades nativas afectadas que no están de acuerdo con la actividad petrolera que ha venido contaminando sus fuentes de agua, ha matado peces y otras formas de vida en los ríos.

Es por ello que en el 2014 interpusieron una demanda sobre dos actos administrativos: el Decreto Supremo N°066-2006-EM, que suscribió el contrato de licencia de exploración y explotación en el Lote 116, y la Resolución Directoral N° 283-2011-MEM/AAE, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) afirmó que el Poder Judicial debe ratificar en segunda instancia su decisión de anular el contrato de explotación del Lote 116. Ello no debería tomar otros dos años y medio, estimó.

“El Lote 116 es un lote petrolero que se superpone a las 73 comunidades establecidas en la provincia de Condorcanqui en Amazonas, pero no solo se superpone a las comunidades sino también a la Reserva Comunal Tuntanain. Entonces, afecta al derecho de territorio de esas comunidades”, precisó Maritza Quispe.

También resaltó que el fallo haya emplazado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a Perupetro a disponer el retiro de las empresas concesionarias Maurel Et Prom Perú y Pacific Stratus Energy Perú y de todas las compañías que trabajan para ellas en la zona.

DATO:

El Lote 116, de casi 659 mil hectáreas, fue entregado en el 2006 a la empresa Hocol. Más tarde pasaría a manos de la francesa Maurel et Prom, que luego se fusionaría con la canadiense Pacific Rubiales Energy para operar el lote petrolero ubicado en las regiones Amazonas y Loreto.

Las organizaciones civiles que asesoran a los pueblos Awajún y Wampis son el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción y el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE).

Fuente: CAAAP / SERVINDI / Gestión / El Comercio / La República

Fotos: CAAAP / El Comercio

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Rolando Luque renunció y aun se desconoce política de gestión de conflictos sociales

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UN MES DESPÚES DE CREARSE VICEMINISTERIO

Este domingo, la Presidencia del Consejo de Ministros aceptó la renuncia de Rolando Luque Mogrovejo, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

Esta decisión (resolución ministerial N°202-2016-PCM) se oficializó un mes después de la creación del nuevo viceministerio de gobernanza territorial, asumido por el abogado Javier Concha-Fernández Stucker. Este viceministerio pasó a tener a su cargo tres secretarías: la de Descentralización; la de Gestión Social y Diálogo y de Demarcación y Organización Territorial.

“Luque venía con una mirada distinta desde la Defensoría del Pueblo en donde trabajó durante 18 años. Como adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad tenía una visión preventiva de los conflictos, y de atención a los problemas de fondo de estos”, subrayó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

En una reciente visita a Lima, la delegación del Frente de Desarrollo Sostenible de la frontera norte del Perú, no pudo ser recibida por Luque debido a que no se contaba con la autorización del nuevo viceministro.

Representantes de comunidades, rondas campesinas y frentes sociales de Piura habían solicitado una reunión con el funcionario para tratar la problemática de la población ante la muy probable reactivación del proyecto minero Río Blanco en Piura.

Y es que luego de los cambios en la PCM, la ONDS (órgano técnico especializado) que respondía directamente al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; pasó ser un órgano de línea que ahora trata con el nuevo viceministro.

Diferencias

De acuerdo a sus fuentes, el diario El Comercio sostuvo que hubo un distanciamiento entre el ministro Zavala y Rolando Luque tras la agudización del conflicto de Saramurillo (Loreto), en el que varios ministros terminaron asumiendo el diálogo en el último tramo, como en el caso del titular de la Producción, Bruno Giuffra.

No obstante, era evidente la diferencia entre el enfoque del viceministerio de gobernanza territorial y el que vino trabajando la ONDS acerca de la estrategia para abordar los conflictos.

Para comenzar, el viceministro Fernández Concha es ahora un funcionario que tiene una perspectiva empresarial minera.

Para RED MUQUI, otra preocupación que surge a raíz de este cambio de timón en la gestión de los conflictos sociales, ha sido la imposición de medidas como la declaratoria de emergencia en provincias como Cotabambas, en donde está pendiente la resolución del conflicto a raíz del cambio del EIA del proyecto Las Bambas.

“De esta manera la PCM mantiene una línea represiva y reactiva frente a los conflictos. Se continúa con la falta de voluntad para escuchar y atender los temas de fondo, lo cual es necesario para facilitar un nuevo diálogo”, indicó Jahncke Benavente.

En ese sentido el representante de la RED MUQUI agregó que en medio de la conflictividad que se vive en el país alrededor de las actividades extractivas, resulta preocupante que hasta ahora el viceministro Fernádez-Concha no se haya presentado públicamente para plantear cuál será la política de conflictividad social, que evidentemente ha cambiado.

Otro punto que no queda claro desde esta nueva dependencia de la PCM, es el manejo de la demarcación territorial.

Desde RED MUQUI, Javier Jahncke apuntó que no es gratuito que la demarcación territorial y los conflictos hayan sido colocado bajo la competencia de un solo viceministro, ya que existe incertidumbre respecto a la demarcación de tierras de algunas comunidades, en donde se presentan controversias respecto a límites y ubicación de linderos.

“Con la ley 30230 y los nuevos decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo, se brindan facilidades a terceros, interesados por los proyectos de inversión pública priorizados, para que se tengan acceso a tierras de comunidades y poblaciones que tienen dificultades con sus títulos de propiedad y situación de posesión”, aseveró.

DATOS:

  • Rolando Luque asumió como jefe de la ONDS en octubre de 2016, tres meses después del inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
  • Luque provenía de la Defensoría del Pueblo, en donde trabajó durante 18 años, la mayor parte de ese tiempo como Adjunto de Prevención de Conflictos sociales de Defensoría.

Foto: La República

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Vizcarra pide cumplir Ordenamiento Territorial sin saber que Ley 30230 impide esta función a alcaldes y GORE

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ANTE DESASTRES NATURALES

  • Ministro olvidó que política de OT es aprobada por el Ejecutivo

El primer vicepresidente, Martín Vizcarra exigió que los alcaldes y Gobiernos Regionales (GORE) cumplan con su labor de planificación y Ordenamiento Territorial (OT), una vez que se comience la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño.

“Según la constitución, el que está como responsable del ordenamiento de las ciudades, no es el gobierno nacional; quien planifica y ordenan las ciudades son los alcaldes”, señaló.

En ese sentido, reconoció la necesidad de comenzar un proceso de OT, y aseguró que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hay una voluntad firme de planificar el territorio, pero que se requiere lograr un consenso entre los tres niveles de gobierno.

“Estamos viviendo un problema, no solo de puentes y carreteras, sino de ordenamiento territorial de las ciudades. Se ha construido en sitios que no debe construirse”, aseveró en entrevista con Cuarto Poder.

Sin embargo, el también ministro de Transportes y Comunicaciones, desconoció que la Ley N° 30230* (en su artículo 22) establece que la política nacional de OT es aprobada por Decreto Supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, recordó la RED MUQUI.

De igual modo, Vizcarra olvidó mencionar que desde el año 2014 el proceso de OT es de uso “referencial”, y que es un proceso que no define los usos –o exclusión de usos- de los territorios. Eso lo hace el Ejecutivo en pleno, ni siquiera el Ministerio del Ambiente (MINAM), que es el sector encargado de conducir este proceso.

En consecuencia, la Ley N° 30230 le quita competencias a los GORE y a gobiernos locales, que llevan a cabo el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), en conjunto con la participación de la población que habita en el territorio.

Es así que la RED MUQUI cuestiona ¿Cómo es que el vicepresidente puede pedir que las autoridades locales y regionales ejerzan funciones de planificación, organización del espacio físico, uso del suelo y conservación del medio ambiente?

RED MUQUI lamenta que, en una situación de desastre y daños terribles, el Ejecutivo recién haya visto la importancia del proceso de Ordenamiento Territorial para determinar qué tipo de actividades y usos se le pueden dar al territorio, incluso el de vivienda.

Actualmente se espera que el Ejecutivo de prioridad a los procesos de ZEE que GORE y municipalidades vienen cumpliendo, y que el MINAM les dé luz verde para comenzar con paso siguiente: el OT en sí.

RED MUQUI recomienda que Vizcarra y el Ejecutivo deben ver que el OT también brinda una oportunidad para llevar a cabo procesos de participación de comunidades y poblaciones, en primer lugar, de los miles de damnificados por El Niño.

Vizcarra asevera que no es la primera vez que estamos expuestos a las fuertes lluvias y huaicos generados por El Niño, y que, a lo largo de los periodos de gobiernos, locales y regionales, no se soluciona la situación de quienes viven en las laderas y quebradas, ya que se teme perder votos a vísperas de elecciones.

“Si ya sabemos que, en el 83, en el 98 y que ahora en el 2017 el agua pasa los 2000 m3 por segundo del río Piura, ¿por qué no planificamos una ciudad previendo esta situación? se puede hacer y vamos a hacerlo”, reclamó.

Según adelantó en Cuarto Poder, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) viene preparando una propuesta para de ordenamiento, que será presentada en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

*Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

Fuente: Cuarto Poder / RED MUQUI

Foto: Peru21 / Canal N

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Exgerente minero sería el viceministro que atenderá conflictos sociales

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EN LA PCM

  • Designación del abogado Javier Fernández Concha está confirmada
  • Viceministerio de Gobernanza Territorial absorbe a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

El abogado y gerente general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo, habría sido designado como nuevo titular del viceministerio de Gobernanza Territorial, que funcionará dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y atenderá gestión de conflictividad social en el país.

Según el sitio web del estudio de abogados Fernández-Concha, del que aun es socio, Javier Fernández-Concha Stucker aun es gerente general de la minera Sulliden, cargo que asumió en el 2006, y luego en el 2014.

Según informó el diario El Comercio, Fernández-Concha fue presentado ayer al equipo de la PCM y trabaja ya en su despacho, y su presentación oficial se anunciaría luego de la sesión del Consejo de Ministros de este jueves 2 de marzo. Sin embargo, RED MUQUI se comunicó con la PCM y no se confirmó la presentación oficial del nuevo encargado del avance de las mesas de diálogo pendientes en nuestro país.

Este martes 28 de febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la creación de este viceministerio (Decreto Supremo 022-2017) que contará con tres secretarías: Descentralización, Gestión Social y Diálogo, y de Demarcación y Organización Territorial.

Precisamente, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que tiene como jefe a Rolando Luque, pasará a formar parte de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, la cual atenderá los conflictos sociales en el país. No obstante, se desconoce cuáles serían las nuevas funciones de Luque, quien tiene menos de seis meses en el cargo.

Para CooperAcción, miembro de la RED MUQUI, la ONDS pasará a convertirse en un organismo de línea y seguirá careciendo del peso necesario para liderar desde el Estado la estrategia frente a la conflictividad social. “Se necesitará un compromiso muy fuerte del vice ministro para que las cosas cambien, además de recursos importantes que al parecer no van a llegar”, indicó la institución.

Reestructuración de la PCM

Si bien la norma, aún no ha oficializado la designación de Fernández-Concha, sí aprueba las modificaciones en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, de manera que el viceministerio será la segunda instancia en jerarquía después del despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala.

“El despacho viceministerial de gobernanza territorial está a cargo de el/la viceministro/a de Gobernanza Territorial, quien es la autoridad inmediata a el/la Presidente/a del Consejo de Ministros en materias de desarrollo territorial, descentralización, diálogo y concertación social y demarcación territorial. Articula las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades públicas del gobierno nacional y con los gobiernos regionales y gobiernos locales”, establece el decreto supremo.

En opinión de CooperAcción, el país requiere de un verdadero sistema nacional de conflictos que cuente con: mecanismo preventivo que permita procesar adecuadamente demandas sociales; una capacidad de intervención multisectorial de parte del Estado, liderada -no queda otra- por la PCM, y por supuesto un claro enfoque de derechos.

“El gobierno debe reconocer que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos y que identifique la posible afectación de derechos de poblaciones enteras, tanto urbanas como rurales, por la puesta en marcha de determinados proyectos”, enfatizó.

Perfil del viceministro

En el perfil público del estudio Fernández-Concha, el virtual viceministro de Gobernanza Territorial, es especialista en estrategias de defensa y solución de conflictos legales. Entre el 2006 y 2014 asumió la gerencia general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo, a cargo del proyecto minero aurífero Shahuindo en Cajamarca.

“Desde el 2006 asumió la gerencia general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo cuya función desempeña en la actualidad. Ha liderado las fases de solución de conflicto legal, gerenciado la exploración, permisos y construcción del proyecto minero, incrementando el valor de la empresa de aproximadamente 30 millones de dólares canadienses en el 2006 a más de 300 millones de dólares canadienses en la actualidad”, indica el perfil, en el que se resalta su nombramiento como vice-presidente del área legal y asuntos corporativos de la matriz canadiense; y gerente general y responsable de todas las subsidiarias en el Perú.

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción / El Comercio / Estudio Fernández-Concha

Foto: RED MUQUI

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Fiscalía formaliza investigación a Yanacocha por irrumpir en predio y hostilizar a Máxima Acuña

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POR USURPACIÓN AGRAVADA

  • Investigación preliminar culminó el 17 de febrero
  • Fiscal tomó como elementos probatorios vídeos registrados por el propio personal de Yanacocha

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Celendín (Cajamarca) notificó que su despacho fiscal decidió “Formalizar Investigación Preparatoria” contra la empresa minera Yanacocha por Usurpación Agravada en agravio de Máxima Acuña Atalaya y su familia. Así lo confirmó Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña.

Esto se debe a que la Fiscalía, a cargo del Dr. Marco Terán Arribasplata, determinó que que miembros de seguridad de la empresa minera sí ingresaron al predio que ocupa la denunciante los días 18 de setiembre y 4 de octubre del año pasado.

La defensora legal de la familia indicó que, si bien, los ataques son constantes desde el año 2014, en las fechas señaladas han ocurridos los ingresos “más violentos”. En ambas oportunidades, la empresa no solo destruyó los cultivos de papa y parte de la choza familiar, sino que se enfrentaron directamente a Máxima Acuña y a su esposo Jaime que se encontraban solos en el lugar.

“Luego de que la familia denunciara estos hechos (ocurridos en setiembre y octubre de 2016) se inició una investigación fiscal que ha concluido el 17 de febrero último, y que ha tenido como resultado esta disposición fiscal que encuentra indicios razonables para formalizar esta denuncia”, señaló a través de su cuenta personal en Facebook.

Vásquez recordó que, desde el año 2014, la Familia Chaupe Acuña viene sufriendo una serie de agresiones por parte de la empresa minera Yanacocha, quien de manera recurrente ha venido ingresando al predio ocupado por esta familia, aduciendo que estas acciones serían “defensas posesorias permitidas por ley”.

La abogada recordó que algunas de las denuncias han sido archivadas y otras se encuentran en curso. En cuanto a la decisión del Fiscal Terán, la letrada manifestó que el argumento de la defensa posesoria no tiene razón de ser.

«Defensa posesoria sería una actuación inmediata cuando detectas que alguien te quiere invadir, pero la que posee ese terreno es la familia y no la empresa. Entonces, ¿cómo la empresa puede verse amenazada de que alguien la invada si no posee el terreno? Además, ese terreno está en litigio y mientras lo esté se protege a la parte que está en posesión de ese terreno», expresó.

Por el momento, el representante del Ministerio Público en Celendín (Cajamarca) señala que existen indicios de que Yanacocha cometió el delito de usurparción. En base a ello, el fiscal Terán ha decidido que debe iniciar una investigación preparatoria, que luego de realizarse tendría dos desenlaces: que se formalice la acusación o se archive el caso.

“Este es el primer caso en que un Fiscal resuelve seriamente el tema, valorando las pruebas y dando argumentos contundentes sobre la existencia de indicios de delitos, dando luz verde a la investigación”, resaltó Vásquez Chuquilin.

En esta etapa, el Fiscal ha creído conveniente realizar una investigación más profunda, tras culminar la preliminar (el 17 de febrero), sin embargo, aún no se ha formalizado una denuncia penal contra la minera.

La abogada de la ganadora de los premios Goldman, dijo que los agraviados esperan que en este proceso se desenvuelva de la manera más objetiva y sobre todo con celeridad para evitar que la empresa los siga agrediendo y justificando esta conducta abusiva y violenta en una figura legal como la defensa posesoria.

“Llegar a un predio ocupado por una persona o familia, destruir e irse, de ninguna manera puede convalidarse como defensa posesoria; ahora, con este caso, está en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial sentar precedente, diferenciar la figura de defensa posesoria e impedir que sea utilizada para generar abusos y delitos”, agregó la defensora legal de la familia campesina.

Los funcionarios de Yanacocha denunciados son los siguientes: Raúl Farfán Amat y León, director de asuntos externos; Gilberto Bazán Hernández, jefe del área de Tierras, Carlos Martos Chávarry, especialista de seguridad, Jean Carlo Serván Delgado, gerente legal, y Julio Feliz Herrán García, jefe de seguridad de dicha empresa.

Foto: Ojo Público

Fuentes: Facebook Mirtha Vásquez / La Mula / RPP

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Economía y criminalización de la protesta social crecen a la par en Latinoamérica

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EVIDENCIA INFORME INTERNACIONAL

  • Diez organizaciones de derechos humanos presentaron publicación que refleja políticas de represión hacia quienes protestan
  • APRODEH presentó el caso de Perú respecto a pueblos indígenas y actividades extractivas

En América Latina, los Estados que han logrado crecimiento económico y mejora en la condición de vida de algunos sectores sociales, respondieron de manera hostil y antidemocrática ante quienes expresan las contradicciones del desarrollo económico a través de la protesta social, señaló el informe “Los Estados Latinoamericanos frente a la protesta social”.

Tras las diversas presentaciones de casos y normativas desde las fuerzas del orden, el documento muestra cómo es que los gobiernos latinoamericanos respondieron de forma dispar a tensiones y conflictos que expresan las contradicciones del modelo económico, y la desigualdad social que aún queda por reducir.

Esta publicación documenta y analiza casos sobre las respuestas del Estado frente a la protesta social en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

“Con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes a todos los países analizados”, se refiere de manera preocupante.

Desde nuestro país, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), miembro de la RED MUQUI, formó parte del grupo de diez organizaciones latinoamericanas de derechos humanos, que construyeron y presentaron dicho informe.

En su aporte desde el caso peruano, APRODEH señaló que la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

Las 10 organizaciones latinoamericanas del informe, añaden que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevas tendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta, a través de reformas normativas y legislativas.

“Los Estados suelen utilizar la fuerza para contener y controlar las manifestaciones públicas, en vez de tomar medidas para garantizar el ejercicio de derechos y resolver los problemas de fondo”, remarcaron.

En su introducción, el documento enfatiza que la protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. “Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado”, se precisa.

Sin embargo, las respuestas estatales que buscan restringir las protestas, se dan a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática.

A lo largo de la publicación se presentan cuatro ejes: las restricciones legales y administrativas a las manifestaciones públicas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial.

Asimismo, se profundiza en temas vinculados con los conflictos de tierra y territorio, la intervención de las fuerzas armadas en la protesta social, la falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y el impacto de las leyes antiterroristas.

Otra cuestión, es la violencia policial contras las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las prácticas estatales racistas.

Algunos apuntes sobre Perú

A lo largo del documento se van mencionando los puntos en común entre los nueve países. APRODEH, miembro de la RED MUQUI, señaló que en Perú la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

En ese sentido se da cuenta sobre la arbitraria declaración de Estado de Emergencia, que, si bien está en el artículo 137 de la Constitución, se ha convertido en una práctica estatal reiterativa que prohíbe –durante 30 o 60 días- las manifestaciones y reuniones públicas en conflictos de gran repercusión y militarizar el control del orden público. Ante ello se citan los casos de Amazonas, en 2009; en Cajamarca, en 2011 y 2012; en Espinar, en 2012; en Islay y en Apurímac, en 2015.

Entre otros puntos, se resalta En Perú, la extrema violencia con la que las fuerzas del orden actúan durante los conflictos entre las comunidades rurales y las industrias extractivas. Entre 2010 y 2015 se registraron por lo menos 75 muertes en este tipo de conflictos, la mayoría de ellas ocasionadas por el uso de armas de fuego.

Conclusiones

La reflexión del informe refiere a cómo los Estados pueden evitar situaciones de violencia en las protestas mediante protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos. Se destacan en ese sentido las pautas delineadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Una perspectiva respetuosa de los estándares de derechos humanos implica que los Estados establezcan regulaciones para garantizar el derecho a la protesta. En este sentido, es importante que el sistema internacional de protección de derechos humanos precise el contenido y alcance de estas obligaciones positivas de los Estados”, resaltan las organizaciones participantes.

Esta publicación es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones:

Justiça Global, Brasil.

Corporación Humanas, Chile.

Observatorio Ciudadano, Chile.

CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia.

Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México.

Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México.

Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México.

Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay.

APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú.

Provea- Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos, Venezuela.

CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.

Fotos: Mídia Ninja Brasil / Fabiola Ferrero de Venezuela

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