Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe exigimos a los Gobiernos firmar y avanzar con los compromisos del Acuerdo de París

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).

Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

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Máxima Acuña: Saludamos que Newmont enfrente los hechos y haya abandonado Conga

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  • Dedicó premio Goldman a quienes luchan por el agua en Cajamarca
  • Reconocimiento es considerado el Nobel del medioambiente

La campesina peruana, y ganadora de los premios Goldman 2016, Máxima Acuña saludó que la trasnacional Newmont haya tomado la decisión de retirar al proyecto minero Conga de su lista de reservas, y remarcó que es imposible combinar el modo de vida de las comunidades campesinas con el modo de explotación de las empresas mineras.

“Estamos contentos que finalmente, Newmont enfrente los hechos y haya abandonado Conga”, dijo la agricultora cajamarquina que hoy es reconocida mundialmente por su lucha y resistencia en favor del medioambiente y su comunidad.

Máxima brindó estas declaraciones a la organización internacional Earthworks que ha venido monitoreando las acciones de Conga desde sus inicios, y que además hizo reiterados llamados a Newmont para que se preserve el respeto a las comunidades campesinas de la zona de influencia del proyecto. Además remitió a la trasnacional una petición con 150 mil firmas recolectadas en todo el mundo para este fin, en coordinación con GRUFIDES y SumOfUs.

“El hecho es que nuestro modo de vida, y el agua limpia que necesitamos para sustentarlo, es mucho más importante para nosotros que podría ser la nueva mina de Newmont. Tenemos claro que las promesas desde Newmont y Yanacocha no resultan importantes porque ha quedado demostrado que no se puede tener ambas cosas: la mina y nuestro modo de vida”, señaló Máxima Acuña a Earthworks.

Unos días antes de la premiación, Newmont adujo haber tomado esta decisión, debido a la expiración de los permisos de operación y construcción, así como por la incertidumbre de que estas se renueven, es así que los 6.5 millones de onzas de oro de Conga (Cajamarca) fueron removidas por Newmont de su lista de reservas. De este modo, el proyecto con obras paralizadas en noviembre del 2011 fue ubicado a la categoría de material mineralizado, en el último reporte de la firma.

“Tengo un simple deseo. Quiero regresar a la vida pacífica que tenía en mis tierras junto a mi familia, como la teníamos por casi 20 años”, agregó la comunera cajamarquina.

Premiación

Durante la 27 edición de los premios Goldman, Máxima Acuña comenzó su discurso cantando el huayno “la Jalqueñita”, una composición con la cual narra cómo su vida con el ganado y sus cultivos, se ve interrumpida con los ladridos de su perro que le da la alerta sobre la presencia de la policía en su terreno. “Por defender mis lagunas la vida quisieron quitar”, indica un estribillo de la canción compuesta por ella misma.

“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, enfatizó al final de su discurso en el Teatro Opera de San Francisco. Luego levantó el puño en alto y en silencio, recibió los aplausos de más de mil personas.

«Yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba. Mis chocitas las quemaron, mis cositas las llevaron. Comidita no comía, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme. Ingenieros, seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron, en el campamento de Congo. Si con esto, adiós, adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer», cantó en el auditorio.

Acuña de Chaupe realizará una gira junto con los otros cinco premiados durante 10 días en San Francisco y Washington, ciudades en las que participará en conferencias y reuniones con líderes políticos y ambientales.

DATOS:

La casa y cultivos, de Máxima Acuña y su familia, están ubicados cerca a la laguna Azul, una de las lagunas que la minera Yanacocha quería utilizar como depósito, por lo que necesitaba que desaloje el lugar para poder continuar con el proyecto valorizado en más de 4 mil millones de dólares.

 

Fuente: Earthworks / Medios internacionales

Fotos: Global Environmental Prize

Video: YouTube Edgar Hancco 

 

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CIDH recomienda normas para prevenir violaciones a los DDHH a causa de actividades extractivas

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EN ÚLTIMO INFORME

  • Informe sobre impactos de la minería canadiense que RED MUQUI presentó ante la CIDH, impulsó parte de esta publicación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo», documento que recomienda a los Estados miembros desarrollar políticas de prevención eventuales violaciones a los derechos humanos, a través de marcos normativos.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que van en aumento en la región, son generalmente implementadas en áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales, y que en su mayoría, coinciden con los territorios que son ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes.

Es por ello que en este documento se destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano que son aplicables a este tema.

“Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia”, indica.

Una de las obligaciones más destacadas en su informe, constituye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización.

“Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas”, señala en la presentación del documento.

Asimismo, la CIDH resalta la obligación de adoptar un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos.

“Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar  las actividades de las empresas y otros actores no estatales”, remarca.

Además, también contempla como obligación de los Estados miembros, el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; así como medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Todo esto alcanza a grupos específicos como: líderes, autoridades y defensores indígenas o afro descendientes, mujeres,  niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Recomendaciones

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas que procuran promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito.

La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

Si bien, la CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que pueden tener para la prosperidad económica de los países de América, y desarrolla cuáles son las obligaciones que los Estados miembro tienen con miras a garantizar que el desarrollo no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro descendientes.

Antecedentes

Cabe recordar que en el año 2013, en una audiencia pública de la CIDH, RED MUQUI y sus miembros presentaron el documento «El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá», el cual presenta cinco casos sobre los impactos de la minería canadiense.

En este informe, se plantó ante la CIDH, la necesidad de establecer responsabilidad en los países de origen de las empresas mineras que generan un fuerte impacto ambiental generan en los países donde realizan explotación de minerales.

Como consecuencia, la relatora sobre pueblos indígenas de la CIDH, Ann Marie Antoine, visitó Lima y planteó que la instancia que ella presidía emita un informe sobre la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas.

Precisamente, este informe tiene como antecedente, la acción de incidencia ante la CIDH por parte de la RED MUQUI como contribución a este proceso a nivel de América Latina.

A leer el informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf

DATOS:

  • La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
  • La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foto: Portada del informe CIDH «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo»

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“Ausentes” no es una obra “antiminera” ya que muestra todos los lados de un conflicto social

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  • Obra se presenta hasta el 18 de abril
  • Montaje combina danza, teatro, música y video para mostrar cómo se vive un conflicto socioambiental
  • A un año de la puesta en escena, los Realizadores y actores investigaron y recopilaron documentación sobre casos

El director de la obra “Ausentes”, Rodrigo Benza, enfatizó que esta puesta en escena no podría ser calificada de “antiminera” ya que se aprecian todos los actores y puntos de vista que intervienen en un conflicto social.

“Nuestro objetivo nunca es panfletario. No se trata de ser antiminero, no es ser pro policía, ni anti policía, no es ser pro protesta, ni anti protesta, sino complejizar esta situación que muchas veces nos llega de manera sesgada por los medios de comunicación”, aclaró.

En diálogo con RED MUQUI, Benza remarcó que su equipo ha trabajado constantemente para evitar los elementos que podrían hacer que la obra se perciba como “antiminera”, porque ello no estaría acorde con el objetivo del proyecto.

“A cualquiera que pueda pensar de esa manera, simplemente lo invitamos a que venga a ver la obra y luego de ello, podemos conversar y realmente opinar (…) Para nosotros es muy importante que venga la gente, que tal vez pueda estar representada en esta obra”, aseveró.

Argumento

Rodrigo Benza comentó a RED MUQUI que la propuesta escénica se remonta a un conflicto social minero, y muestra los mismos elementos que podrían poseer los (conflictos) que se originan por la extracción de petróleo, por la mala distribución del canon o la implementación de leyes por encima de la fiscalización ambiental.

“Más que de un conflicto social, «Ausentes» de cómo se maneja el poder y los intereses que se mueven alrededor, y como ello está detrás del enfrentamiento entre un policía y un ciudadano que protesta”, señaló el director de la obra.

Ni buenos, ni malos

Benza resaltó que este proyecto rompe con la dicotomía con la que se suele enfocar a las situaciones sociales. “Ausentes” no nos muestra la típica división de bandos de los buenos y los malos, ni tampoco que unos están protestando y luego viene la represión, va más allá de eso, porque la idea es tratar de comprender que un conflicto social es mucho más complejo.

Otro componente importante es romper con la visión sesgada que se tiene en Lima sobre la conflictividad social, que es visto como un hecho lejano y que causa atención por los enfrentamiento y los muertos, datos que se resaltan desde los medios de comunicación.

El punto de partida

“La idea de llevar la conflictividad social al teatro, partió de la figura del policía, a quien se le coloca como el enemigo de quien protesta, y a su vez, contra aquel ciudadano que «altera el orden» sin comprender cuáles son sus razones para salir a las calles”, reveló Benza.

Cabe remarcar que para llevar a cabo el proyecto escénico «Ausentes», el equipo de la escuela de artes de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), realizó una rigurosa investigación sobre los casos de conflictos sociales en los último 15 años, la misma que fue asesorada por la periodista especializada en el tema Jacqueline Fowks.

“Empezamos a trabajar a finales de Mayo del año pasado. Primero, con el equipo de dirección nuclear y la asesoría de Jacqueline, con ella realizamos la acumulación de material y las entrevistas a abogados especialistas en derechos humanos, personas de la comisión de la verdad, policías, a las viudas (…) la investigación nos ha permitido tener una amplitud de todos los puntos de vista que se confrontan”, explicó el director de “Ausentes”.

Otra cuestión importante en la concepción de la obra, fue la participación de los actores en el contenido de la obra, quienes también fueron investigadores del tema y del rol de cada uno de los personajes que eligieron representar. Se empezó por los seis actores principales quienes representan hasta tres personajes distintos.

Sin butacas

Debido al tema de la conflictividad, el equipo escénico de “Ausentes” consideró importante el generar una experiencia de convivencia en el público quienes están en medio de toda la acción de la obra.

“Se busca que el público perciba con todos los sentidos, no solo la vista. Con ello se logra que el cada participante se involucre completamente y establezca su propio espacio de negociación y comprenda la necesidad de un proceso diálogo”,  agregó Benza.

DATOS

  • Este es el primer proyecto de la Especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
  • “Ausentes” es un proyecto escénico interdisciplinario de investigación escénica, creado en conjunto con actores, bailarines, músicos, profesores y alumnos de las cuatro especialidades de la facultad.
  • Elenco principal: Alberick García, Alejandra Guerra, Andrea Fernández, Melvin Quijada, Ricardo Delgado y Yolanda Rojas.
  • La primera temporada ya empezó y va hasta el 18 de abril, en el Icpna del Centro de Lima (Jr. Cusco N° 446). De jueves a lunes, a las 8 p.m. Entrada general S/30 y estudiantes S/20.

 

Fotos: Atoq Ramón Huaroto

Video: Comunicaciones RED MUQUI

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Premios Goldman reconoce a Máxima Acuña como heroína ambiental a nivel internacional

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ESTA NOCHE EN EE.UU.

  • Activista hondureña Berta Cáceres también recibió este reconocimiento, meses antes de ser asesinada
  • En la premiación Acuña representará a toda Centroamérica y Sudamérica por su lucha en defensa del medio ambiente.
  • Newmont anunció que se retira del proyecto minero Conga

Este año la Fundación Ambiental Goldman colocó a la campesina peruana, Máxima Acuña, entre los seis ganadores del Premio Ambiental Goldman 2016, el mayor galardón que esta organización les otorga a los activistas que trabajan en pro del medioambiente y por sus respectivas comunidades en casa región del mundo.

Goldman la hizo merecedora del premio por su defensa del medio ambiente en el conflicto con la empresa minera Yanacocha, con lo cual ha sido reconocida como un símbolo de resistencia y lucha al ser constante en hacer valer su derecho a vivir en paz y vivir en su propio terreno.

Cabe recordar que su caso es conocido en todo el mundo, luego de haber sido capaz de enfrentarse a las empresas mineras Newmont y Buenaventura a las que derrotó en dos instancias judiciales tras demostrar -con documentos- que en 1994 compró la propiedad que la minera reclama haber adquirido entre 1996 y 1997.

Con esta acción, Acuña y su familia defendieron su derecho a vivir en paz y vivir en su propio terreno, además de impedir que la entrada del proyecto Conga utilice una laguna importante como vertedero de desechos, tras la explotación de oro y cobre. Precisamente, esta cuenca se encuentra en la entrada de la vivienda y las áreas de cultivo de Máxima.

A consecuencia de ello, su caso también fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la constante hostilización que ella y su familia ha venido sufriendo por parte del personal de Yanacocha quienes contrataron seguridad privada y policías para este fin.

Newmont da un paso al costado

Su reconocimiento coincide con el anuncio de la principal accionista de Yanacocha, Newmont, que acaba de renunciar a la ejecución del Proyecto minero Conga. En su informe anual publicado este año, la trasnacional admite en la página 22 que no anticipa poder desarrollar el proyecto Conga por ahora, debido a la reciente expiración de licencias de operación y construcción y la incertidumbre sobre la renovación de estas licencias. Prosigue que además del aplazamiento del proyecto, Newmont ha retirado a Conga de su declaración de Reservas y reclasificado el proyecto como “Material Mineralizado”.

Premiación

Máxima Acuña se encuentra ya en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). La ceremonia de premiación será en el Teatro de la Ópera, este lunes 18 de abril. Ella será invitada a brindar un discurso ante mil personas. Luego permanecerá en este país, invitada por la Fundación Goldman, por espacio de una semana para cumplir con una importante agenda dentro de la cual se prevé incluso una recepción en la Casa Blanca, al ser considerada un símbolo mundial de resistencia y defensa del agua.

El Premio Goldman reconoce cada año a seis héroes medioambientales «por logros significativos en la protección del entorno y sus comunidades». Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional que elige a partir de nominaciones confidenciales hechas por una red mundial de individuos y organizaciones ambientales.

Otra peruana fue premiada en el 2003

La actual directora del Instituto Natura de Chimbote (Áncash), María Elena Foronda. También fue galardonada con el premio Goldman en el año 2003. Foronda logró concitar la atención internacional, luego de lograr que periodistas extranjeros se interesaran en la grave contaminación que afecta al mar chimbotano que diariamente recibe alrededor de 1,000 toneladas métricas de residuos orgánicos y fecales. Actualmente ha sido elegida como congresista en representación de Áncash.

Desde 1990, Natura –organización que forma parte de la RED MUQUI- se inició una campaña de educación y concientización en las comunidades afectadas sobre su derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. De pronto, comenzó a gestarse un fuerte movimiento ciudadano que empezó a exigir a las autoridades que hicieran cumplir las normas de salud ambiental vigentes en el país, y a los industriales que utilicen «tecnología limpia» en sus fábricas, que minimice el impacto ambiental en su entorno.

DATOS

Otros ganadores del Premio Goldman de este año son:

  • Edward Loure (Tanzania): Encabezó la propuesta para dar títulos de propiedad a comunidades indígenes garantizando la protección de más de 200,000 acres de tierra.
  • Leng Ouch (Camboya): Trabajó en la clandestinidad para documentar la tala ilegal, exponiendo la corrupción que privaba a las comunidades rurales de sus terrenos.
  • Zuzana Caputova (Eslovaquia): Encabezó la campaña que causó el cierre de un vertedero de residuos tóxicos estableciendo un precedente para la participación pública en su país.
  • Luis Jorge Riverar Herrera (Puerto Rico): Ayudó a liderar una exitosa campaña para establecer una reserva natural en el Corredor Ecológico de Puerto Rico.
  • Destiny Watford (Estados Unidos): Motivó a los residentes de un barrio de Baltimore a derrotar planes de construcción para la mayor incineradora del país, a menos de una milla de distancia de su escuela preparatoria.

 

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) / Diario Perú21 / Diario El País

Foto: Goldman Prize

Video: Goldman Environmental

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Paro indefinido en Challhuahuacho se suspende ante próxima reunión con ministros

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LAS BAMBAS

  • PCM garantiza presencia de ministros en la zona para este 27 de abril

El jefe de la Oficina de Sostenibilidad y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONSD-PCM), José Ávila, garantizó que este miércoles 27 de abril se llevará a cabo un reunión ejecutiva entre las organizaciones sociales de Challahuahuacho (Cotabambas, Arequipa), y los ministros que participaron directamente en la mesa de desarrollo de este distrito que es la principal zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En respuesta, se acordó la suspensión del paro indefinido que se acata en todo el distrito desde el 5 de abril. Esta tregua se dará hasta el miércoles 20 de abril, día en que se llevará a cabo una reunión previa con los viceministros de los sectores involucrados en la Mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, y los dirigentes de las organizaciones sociales quienes acudirán con sus respectivos asesores técnicos.

El pasado 15 de abril, José Ávila llegó hasta Challhuahuacho y  se reunió con los dirigentes de las organizaciones sociales que sostienen este un paro distrital indefinido. En dicho encuentro, como representante del Ejecutivo, el jefe de la ONSD-PCM reconoció las causas legales del paro y su expresión pacífica, además de aceptar negociar la plataforma de lucha de las 35 comunidades indígenas de la zona, según indicó el alcalde distrital, Antolín Chipani, desde su cuenta de Facebook.

Chipani, aseguró a través de un comunicado, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, el Frente de Defensa de los intereses del distrito de Challhuahuacho y la asociación de jóvenes PAKIS WARAKA, buscan el camino a la paz, mediante el desarrollo local y el diálogo.

Finalmente, el burgomaestre, dijo esperar que los acuerdos tomados en esta reunión con Ávila, contribuya a la paz y la estabilidad social en el distrito.

La medida de fuerza, que ha sido suspendida por el momento, responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Fotos: Facebook de Antolín Chipani

 

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Este martes Challhuahuacho retoma paro indefinido y demanda presencia de ministros

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GORE Cajamarca destinará casi 38 millones de soles en remediación de pasivos ambientales

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  • Proceso de remediación comenzarán entre el 2016 y 2017
  • Inversión abarca 173 zonas de cinco distritos de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca

El Gobierno Regional de Cajamarca (GORE Cajamarca) decidió invertir 37.46 millones de soles para la remediación de pasivos ambientales en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca anunció Sergio Sánchez, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) de esta  región.

Luego de haber llevado a cabo diversas reuniones en todos los niveles del GORE Cajamarca, fue posible aprobar dicho financiamiento para atender las 173 zonas más contaminadas a causa de la actividad minera en la región. Cabe recordar que Cajamarca cuenta con un inventario de 1,078 pasivos ambientales, de los cuales 953 se encuentran en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, es decir, un 88.4%.

“Estos trabajos de remediación se llevarán a cabo durante este 2016 y el 2017, y de manera coordinada con autoridades locales, regionales y representantes de diversas bases de comunidades”, comentó Sánchez.

En el distrito de Chugur (Hualgayoc) se aceptó que la remediación de la zona del Sinchao sea trabajada por la empresa Activos Mineros, el mismo que será supervisado por un Comité que oficializará el inicio de sus funcionar, a partir de este jueves 14 abril. La labor principal del comité liderado por la RENAMA, es el monitoreo conjunto –autoridades y población- de cada paso del proceso de remediación. Más adelante, en octubre de este año, los trabajos de remediación comenzarán en las  zonas de Cleopatra, La pastora, Los Negros y Dorado Barragán. El trabajo con cada una de estas zonas corresponde a un proyecto de Inversión Pública que es financiado por el Gobierno Central.

Este es el detalle de cómo se distribuirá esta partida de casi 38 millones de soles, en los distritos de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca:

  • Cleopatra (19 zonas)   inversión 11.96 millones de soles.
  • La Pastora (82 zonas) inversión de 4.99 millones de soles.
  • Los Negros (49 zonas) inversión 9.38 millones de soles.
  • Dorado Barragán (5 zonas) inversión: 1.13 millones
  • Chugur (18 zonas) inversión estimada de 10 millones de soles.

El gerente de RENAMA Cajamarca, señaló que aún hay muchas zonas pendientes de remediación ambiental, la cual es responsabilidad de las empresas mineras, quienes en su mayoría tienen concesiones siguen vigentes y no se ocupan de los pasivos ambientales que son producto de su propia actividad.

“En un pasivo ambiental, la empresa que tiene la concesión vigente -y que está en actividad- es la que tienen la obligación de remediar; una vez identificada las empresas que tienen pasivos ambientales se tiene que notificar al Gobierno Central para hacer visible a estas empresas y para que estas hagan su Plan de Cierre”, explicó Sánchez.

DATOS:

  • La atención que el Gobierno Regional brinda a los pasivos ambientales mineros, está dentro de las actividades; sin embargo, la remediación de los mismos no es de su competencia, sino el de las empresas mineras en concesión.
  • GORE Cajamarca se encarga de monitorear el nivel de contaminación del agua y manejo de suelos, así como lograr que se lleve a cabo la remediación.
  • De los 1078 pasivos ambientales que existen en Cajamarca, y 500 cuentan con un Plan de Cierre, lo cual no significa que estos se cumplan.
  • Los pasivos ambientales son más peligrosos cuando ingresan al torrente subterráneo y también cuando va por aguas superficiales que son captadas para riego.

 

Foto: Facebook Bambamarca Medio

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Caso de contaminación por metales en población de Espinar fue expuesto ante la CIDH

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  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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Este martes Challhuahuacho retoma paro indefinido y demanda presencia de ministros

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LUEGO DE ELECCIONES

Autoridades locales, dirigentes sociales y población del distrito de Challahuahuacho anunciaron que  este martes 11, se retomará el paro indefinido que iniciaron el 5 de abril y que fue suspendido debido a las elecciones generales, así lo dio a conocer el alcalde de dicho distrito, Antolín Chipani Lima, a través de su cuenta personal de Facebook.

Según refirió el burgomaestre local, las organizaciones sociales le informaron esta decisión al Minisitro de Vivienda, Francisco Dumler, quien llegó hasta Apurímac liderando una comisión del Ejecutivo con el fin de coordinar la ejecución pendiente de obras en Challhuahuacho, además de trasladarse a Tambobamba para supervisar la mesa de trabajo pendiente con toda la provincia de Cotabambas.

“(Durante) el cuarto día, del conflicto activo, y el primer día de suspensión del paro indefinido debido al proceso electoral, los representantes de organizaciones sociales recibieron en Challhuahuacho al Ministro Dumler, y le informaron muy respetuosamente que el diálogo y negociación iniciara solo bajo la presencia de Pedro Cateriano y los titulares de las siguientes carteras: MVCS, MINEM, MINAM, MTC, MINDIS, MINSA, MINEDU, MINAGRI, MINJUS Y CULTURA”, indicó Chipani.

El alcalde de Challhuahuaho señaló que esta medida de fuerza responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En diálogo con RED MUQUI, el alcalde Chipani, aclaró que este paro distrital indefinido es acatado por ocho federaciones sociales, 34 comunidades campesinas y ocho barrios del distrito de Challhuahuacho. “La mesa provincial que se lleva en Tambobamba y el pedido de diálogo de las 47 comunidades Chankas-Yanawara son plataformas distintas”, agregó.

Mesa de diálogo, no de trabajo

De otro lado, en Tambobamba, el Ejecutivo se comprometió una vez más a cambiar la denominación de la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” por una mesa de diálogo, acuerdo que las organizaciones sociales y autoridades locales de la provincia de Cotabambas (Apurímac) vienen esperando que se cumpla desde que se instaló oficialmente el 29 de febrero de este año.

Este viernes 8 de abril, el Ejecutivo comisionó al Ministro de Vivienda, Francisco Dumler, para atender los asuntos de la mesa de trabajo de Cotabambas, tras el retiro de las organizaciones sociales que exigían la presencia de un ministro de Estado. Tras sostenerse una reunión en la sede de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Dumler junto con algunos alcaldes y dirigentes sociales, acordaron que se modificará la resolución que denomina la mesa como un grupo de trabajo para el desarrollo.

De igual modo, acordaron reprogramar las fechas de inicio de los los sub grupos establecidos en la mesa de trabajo, que no se llevaron a cabo entre el 21 y 23 de marzo. Ronald Bello del Frente de defensa de los intereses de Tambobamba, comentó a RED MUQUI que, a raíz de este acuerdo, las organizaciones sociales decidieron reincorporarse a la mesa de trabajo.

Es así que fueron decididas las fechas de los ejes de trabajo:

  • Medio Ambiente: Jueves 21 de abril en Tambobamba.
  • Derechos Humanos: Viernes 22 de abril en el distrito de Mara – Pisaccasa.
  • Desarrollo Sostenible: Lunes 25 de abril en el distrito de Haquira.
  • Responsabilidad Social Empresarial: Martes 26 de abril en el distrito de Coyllurqui.

DATOS:

  • A Francisco Dumler, lo acompañó el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el Viceministro de Transportes, Henry Zayra, así como representantes de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.
  • Por parte de las autoridades locales asistieron la alcaldesa encargada de la provincia de Cotabambas, Olinda Bolívar; y los alcaldes distritales de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano y de Cotabambas, Fortunato Mantilla Huaracc. También acudieron algunos dirigentes del Frente de Defensa de Cotabambas, Virginia Pinares, Ronald Bello, Rodolfo Abarca y Allem Torre.

Fotos: Facebook Antolín Chipani / Ministerio de Vivienda

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Policía Nacional brindará seguridad a la familia Chaupe Acuña

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POR DISPOSICIÓN DE LA ONAGI

  • Gobernación de Cajamarca asegura que tiempo de garantías personales es indeterminado
  • Si Yanacocha irrumpe en Tragadero grande tendría que responder ante el Poder Judicial

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) dispuso que la región policial de Cajamarca se traslade dos veces por mes hasta el predio de Tragadero grande para asegurar que el personal de la empresa minera Yanacocha deje de irrumpir y hostilizar a la campesina Máxima Acuña y a su familia.

La abogada de los Chaupe Acuña, Mirtha Vásquez, detalló que la resolución directoral N° 0014 – 2015 emitida por esta dependencia del Ministerio del Interior, precisa que estos desplazamientos serán de manera inopinada a bordo de motocicletas, además de proporcionar teléfonos móviles a Máxima Chaupe Atalaya, así como a sus hijos Daniel e Isidora Chaupe Acuña, quienes podrán estar en permanente contacto con la policía y alertarlos en caso de alguna emergencia.

Además Vásquez detalló que esta disposición se da en atención a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Habla el gobernador

Por su parte, el gobernador político de Cajamarca, Edwin Edquen Sánchez, indicó que la duración de estas garantías es de carácter indeterminado.

“Se han venido tramitando garantías, y estas ya llegaron a su punto final, es decir, están consentidas. Es por eso que se ha emitido un documento de cumplimiento por parte de la región policial y las acciones de protección ya se están llevando a cabo. La duración de las garantías es indeterminada”, recalcó Edquen.

Edquen indicó que desde que las garantías son efectivas, la policía ya cuenta con mecanismos de comunicar a la autoridad competente, si la tranquilidad de los Chaupe Acuña se está trasgrediendo. También aseguró que se le está comunicando a la minera Yanacocha sobre esta decisión de su despacho, así como de la resolución de la ONAGI, con el fin de que faciliten el cumplimiento de estas garantías.

“En caso de incumplimiento por parte de la empresa minera, a la gobernación ya no le correspondería continuar algún otro proceso, sino al Poder Judicial”, puntualizó.

 

DATO:

La última incursión de la minera Yanacocha al terreno de los Chaupe Acuña se dio el 15 de marzo último. Esta vez el personal de seguridad privada de la minera rosearon unos químicos en spray sobre el terreno.

 

Foto: Número-zero.net

Video: YouTube de Manuel Giovanni Quiroz Santaya

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