En el país se han identificado un total de 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación exige una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas, advirtió hoy el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 171 denominado “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, el funcionario detalló que 4,281 pasivos de alto riesgo son producto de la actividad minera, mientras que 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Asimismo, informó que el número total de pasivos ambientales registrados en el sector minero es de 8,616. En el sector hidrocarburos, se tienen registrados 156 pasivos ambientales; no obstante que, en el año 2002, Perupetro informó que existirían más de 6 mil pozos mal abandonados.

En cuanto a las responsabilidades señaló que, en el sector minero, 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Incluso, manifestó que existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. “Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, enfatizó el funcionario.

Añadió que, al cierre de este informe, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En cuanto al sector de hidrocarburos, durante la investigación realizada, se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la Ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007. Dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Por ello, recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática. Además, solicitó al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.

Exhortó también tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado.

Finalmente, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.

Lima, 15 de julio del 2015.

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Fernando Eguren, sociólogo y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), explica en esta entrevista los problemas, desafíos y nuevas dinámicas del mundo rural. La pobreza, la reducida garantía sobre los recursos naturales de numerosas personas que habitan en el medio rural, las nuevas dinámicas entre sus habitantes, la falta de apoyo a la pequeña agricultura –que representa la mayor fuente de empleo del mundo rural– y el contraste entre gran y pequeña agricultura constituyen nuevos elementos para tomar en cuenta.

¿Cuáles son las tres principales transformaciones que se han generado en el espacio rural peruano en los últimos 15 años?

El surgimiento de un sector agroexportador, muy moderno en términos tecnológicos y de gestión. Asociado a lo anterior, un rápido proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa, principalmente en áreas ganadas al desierto gracias a la inversión pública en irrigaciones; y, finalmente, la continuación del proceso de atomización de la propiedad de la tierra: hay medio millón de unidades agropecuarias más entre 1994 y 2012. Estos procesos han reproducido una agricultura bipolar, por un lado con latifundios, y por otro lado con pequeña propiedad y minifundio.

¿Considera que seguimos con la mirada del ‘perro del hortelano’ impresa por Alan García? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los riesgos de esa mirada?

Lamentablemente sí, y la esencia de la mirada del ‘perro del hortelano’ es que los campesinos e indígenas no están en la capacidad de aprovechar los recursos naturales que poseen, pues son pobres e ignorantes; mientras que la gran empresa sí tiene dinero y sí sabe aprovechar los recursos. La continuación de la concentración de la propiedad, de una política extractiva y las recientes medidas para estimular el crecimiento de la economía demuestran esta continuidad. Todo ello profundiza la desigualdad social y económica en nuestro país, lo que, según los mejores economistas de desarrollo del mundo, ralentiza el crecimiento.

¿En qué sentido ralentiza el crecimiento? Muchos argumentarán que se requiere capital y tecnología de punta para impulsar justamente el desarrollo del campo.

La concentración de la propiedad contribuye a la concentración de los ingresos e inhibe a otros potenciales actores económicos a intervenir y contribuir al crecimiento económico. Impide, además, que el crecimiento económico sea más equitativo y más redistributivo; por tanto, más justo y democrático.

Una investigación de Richard Webb de hace unos dos años, habla de un sector rural diferente al que se percibía siempre. Señala que ya no se trata de un sector excluido y que se ha transformado en un actor importante dentro del contexto económico y social del país. Comenta sobre una suerte de despegue rural. ¿Qué opina al respecto?

¿Qué cosa es ser ‘incluido’? El término se utiliza con mucha ligereza. Hace muchos años, Anibal Quijano –uno de los más ilustres sociólogos peruanos– rechazaba el término ‘población marginada’, afirmando correctamente que no había tal exclusión, sino que era población incluida pero explotada. En cuanto al estudio de Webb, lo interesante es que muestra que romper con el aislamiento territorial de los campesinos, gracias a la construcción de caminos y desarrollo de las comunicaciones, hace más por ellos que las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura. Desde los años del Gobierno de Fujimori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha incrementado los esfuerzos por mejorar y extender la red vial. Uno de los programas más interesantes del Ministerio de Transportes fue el de Caminos Rurales.

¿Cómo han venido afectando la globalización y el comercio internacional las dinámicas y economías del mundo rural? A unos 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., donde se identificaron sectores ‘perdedores’ agrarios que debían ser compensados, ¿qué análisis hace?, ¿se acrecentaron las brechas sociales en el espacio rural por este acuerdo?

El Perú ha establecido acuerdos comerciales con decenas de países. Estos acuerdos han beneficiado sobre todo a los grandes exportadores agrarios y también a importadores de cereales. No encuentro que haya beneficios para el resto de productores agrarios, que son la inmensa mayoría. En contraste, ha perjudicado a algunos sectores de la pequeña agricultura, como los algodoneros, enfrentados –entre otros factores– a precios subsidiados, y cuya área de cultivo ha ido disminuyendo. Estos acuerdos han contribuido, como he mencionado, a la generación de un agro bipolar: en un extremo está la gran agroindustria de exportación, y por otro lado, una pequeña agricultura que produce sobre todo para el mercado interno y que es la base de la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo romper o reducir esa bipolaridad entre estos dos tipos de agricultura?

Resulta obvia la necesidad de un cambio de prioridades, adjudicando una mayor inversión pública a infraestructura y servicios que favorezcan a la agricultura familiar. Pero también es importante regular la propiedad de la tierra, mediante el establecimiento de impuestos progresivos, para evitar la formación de más neolatifundios.

A la luz de los nuevos resultados de Censo Nacional Agrario (Cenagro 2012), ¿qué lectura y recomendaciones de política sugiere?  

El Cenagro 2012 muestra la fuerte presencia de la pequeña agricultura o agricultura familiar (más de 2 millones de unidades agropecuarias, sobre un total de un poco más de 2,2 millones unidades agropecuarias). No puede haber desarrollo rural sin el desarrollo de esta agricultura. Tampoco puede haber un desarrollo regional, que es uno de los principales objetivos del proceso de descentralización. La principal recomendación es que el Gobierno priorice la agricultura familiar e invierta fuertemente en su promoción. Además de ser la principal abastecedora de alimentos del país, la pequeña agricultura es la que crea más empleo en el campo, muchísimo más que la agroindustria, y representa la manera más eficaz de combatir la pobreza rural.

¿Por qué las autoridades y otros grupos subestiman el minifundio a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria del país?

Si definimos el minifundio como aquella extensión de tierra que hace imposible, en las condiciones actuales, que una familia pueda vivir por encima de la línea de la pobreza, entonces más del 90% de nuestros productores agrarios son minifundistas. El que no reciban apoyo suficiente es para mí un asunto principalmente de poder: estos pequeños agricultores no lo tienen. Sus organizaciones son débiles, no pueden alterar el curso neoliberal de nuestra economía, que favorece a los grandes. Es cierto que existen acciones a favor de la pequeña agricultura, como los que ejecuta Agrorural (Ministerio de Agricultura y Riego –Minagri–), pero son esfuerzos minúsculos comparados con las necesidades de la abrumadora presencia de la agricultura familiar en el país.

Dentro de las actividades productivas, el capital y las tecnologías de punta están principalmente en manos de empresas medianas y grandes. Sin embargo, hay estudios en zonas muy específicas de la serranía que hablan de una suerte de revolución tecnológica de productores familiares. ¿Cómo evalúa este proceso?

Que la pequeña agricultura ha incrementado sus rendimientos, es cierto. Solo así se explica que haya podido alimentar a 10 millones de personas más de las que había en 1993 en el Perú, lo que muestra la gran capacidad de esta agricultura para responder al crecimiento de la demanda. Pero me parece excesivo hablar de una revolución, para lo cual se hubiese requerido un significativo apoyo estatal y privado. Este apoyo se ha reservado en beneficio de la gran agroindustria.

Hablar de desarrollo rural es mucho más amplio que hablar de agricultura. ¿Cree que hay ese enfoque en las políticas, tomando en cuenta que existe una estrategia nacional de desarrollo rural?

El año 2004 fue prolífico en estrategias nacionales, pero muchas se quedaron en el papel. Es el caso de la de desarrollo rural. Una de las razones es que era una estrategia multisectorial, pero ya sabemos que los ministerios suelen cuidar celosamente sus ámbitos y son incapaces de llevar adelante una colaboración intersectorial. Esa situación no ha cambiado a pesar de varios intentos. Además, la manera en que ha evolucionado la descentralización político-administrativa ha debilitado la posibilidad de que el Gobierno central alinee a los Gobiernos regionales y locales alrededor de estrategias únicas. Las agencias agrarias dependen de los Gobiernos regionales, y poco caso hacen al Ministerio de Agricultura. Recíprocamente, este no ejerce ningún liderazgo en las regiones.

¿Qué ha pasado con los programas de asistencia social y de transferencias condicionadas como Juntos y otros de desarrollo productivo como Haku Wiñay? ¿Están funcionando? Las cifras de pobreza rural parecen no disminuir.

No me animo a responder a esta pregunta, pues no tengo suficiente información.

Un tema en el espacio rural, como usted ha mencionado, es la presión sobre tierras. ¿Cómo garantizar que no se vulneren los derechos de las comunidades sobre sus tierras?

En este punto hay retrocesos. Las disposiciones recientes para estimular a una economía que se aletarga adelgazan los derechos de las comunidades sobre sus tierras. No hay, pues, garantías de que se respeten esos derechos. Este y los anteriores Gobiernos optaron decididamente por la industria minera y la de hidrocarburos, asentadas ambas en buena medida precisamente sobre las tierras de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amazónicas.

Hay investigadores que proponen ciudades intermedias, dado lo difícil del desarrollo de la pequeña agricultura en zonas muy remotas y golpeadas fuertemente por el cambio climático. ¿Cuál es su opinión?

Independientemente de las políticas oficiales, las poblaciones rurales están migrando a ciudades intermedias. Este dinamismo no responde, pues, a ninguna política premeditada. Las ciudades suelen ofrecer mejor calidad de vida y más oportunidades a los jóvenes. Ahora bien, estas dinámicas poblaciones urbanas constituyen importantes mercados para la producción rural, y ofrecen servicios que son importantes tanto para la producción agraria como para la propia población, como servicios de salud, de educación, oferta de insumos para la producción, etc. Además, en las ciudades intermedias el Estado está presente, acercándose así a las poblaciones rurales del entorno.

Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre los transgénicos y la actual moratoria? Hay quienes promueven esta opción de producción como la solución al hambre.

Para afrontar la creciente demanda de alimentos hay tres alternativas: aumentar la frontera agrícola, intensificar el uso de la tierra (más cosechas por año) e incrementar los rendimientos. Sobre el aumento de rendimientos, hay mucho por hacer, sin necesidad de recurrir al uso de semillas transgénicas. Hay variedades mejoradas e híbridas que pueden contribuir a aumentos significativos del rendimiento de los cultivos, y hay toda una tarea por delante para difundir las variedades de alto rendimiento que ya se cultivan pero que no están suficientemente aprovechadas. Aquí el papel de la extensión técnica es muy importante. Creo que debe mantenerse la moratoria a la importación y uso de las semillas transgénicas.

Cecilia Niezen
Periodista interesada en temas económicos, sociales y ambientales. Espacio para compartir información e ideas. @cniezen

Hoy martes 14 de julio durante el Foro Público, “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles?”, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a las 5:30 pm. Se presentará el libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” elaborado por la Red Muqui Sur, Cooperacción y Broederlijk Denle.

El libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” presenta un análisis multifacético y completo de las tendencias de la minería en estas dos regiones del Sur Andino del Perú, en donde se pueden identificar tres rasgos centrales:  el aumento de la conflictividad, por la ausencia de instituciones adecuadas para procesar los conflictos socioambientales y territoriales; la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la actividad minera, por la incapacidad del Estado peruano de cumplir adecuadamente con su rol de garante de derechos; y,  el insuficiente aporte de la minería al desarrollo local, que tiene como evidencia la pobre performance de las regiones y las provincias mineras en temas de reducción de la pobreza y de desnutrición.

Así mismo, se presentan los libros  “Extractivismos: Ecología, economía y políticas de un modo de entender el desarrollo  y la naturaleza” de Eduardo de Gudynas el cual habla sobre los extractivismos como la explotación minera o petrolera, o los monocultivos que se están ocasionando severos impactos sociales y ambientales en toda América Latina. En donde están vinculadas distintas formas de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente y “Alternativas para la vida, más allá del desarrollo. Documento de sistematización, encuentro en Lima 25 al 29 de agosto” fruto de cuatro días de intensos análisis, acción, intercambio y compartir acerca de las rutas para llegara a este «otro mundo» que soñamos como movimientos sociales y organizaciones de solidaridad internacional, en el marco del Encuentro Broederlijk Delen, copartes y aliados, organizado y facilitado por el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).

El Foro Público “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles? por tendrá como ponentes a Eduardo de Gudynas del CLAES,  José De Echave de Cooperaccion, María Isabel Remy del IEP, Elsa Merme por la Federación Provincial de la Mujer de Kana Espinar y Raphael Hoetmer de Broederlijk Dente.

El jueves 09, se llevó acatado con contundencia el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú.

En la ciudad de Cusco, en horas de la mañana se hizo notar la decisión de los transportistas de no acatar la paralización, ya que el transporte público se realizaba con normalidad, sin embargo a partir de las 9 de la mañana los piquetes en las principales calles de la ciudad detuvieron el tránsito.

En la movilización participaron diversos gremios de cusco, entre ellos, el sector de construcción civil, el magisterio, una facción del sindicato de Transportes, la Universidad Nacional de San Antonio abad del Cusco, algunos movimientos políticos que quisieron mostrar su apoyo a las demandas de esta medida de fuerza, entre otros.

Los distintos gremios participantes se movilizaron indistintamente por las calles de la ciudad, haciendo sentir su voz de protesta.

Entre las demandas por las que fueron convocados los sindicatos del Perú y de Cusco están: Aumento de sueldos, salarios y pensiones. Especialmente de la Remuneración Mínima Vital, la derogatoria de leyes que afectan a los trabajadores del sector privado y público. Pedido de una Nueva Ley General de Trabajo, rechazo a las intenciones de privatización de las empresas públicas encargadas de salud, agua, entre otros, cancelación del proyecto minero Tía María, y la defensa del derecho de los  pueblos sobre sus territorios (rechazo a los paquetazos ambientales).

Derechos Humanos Sin Fronteras

Albercio Bazan Jempekit, Presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y de la comunidad de Supayacu en el Distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio, dijo en entrevista con Radio Marañón, que aún están esperando un análisis formal a sus fuentes de agua.

Como se recuerda, el año pasado, se denunció la inexplicable muerte de peces en la cuenca del río Miraflores, en la jurisdicción de las comunidades indígenas. Fue entonces que organizaciones como el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), realizaron estudios al agua, encontrando aceites que al parecer fueron la causa de la muerte de peces.

Sin embargo, los integrantes de las comunidades awajún, aún esperan un análisis que les confirme hoy en día en qué condiciones se encuentran sus aguas.

“Con el apoyo de otras entidades hemos hecho análisis, entonces se ha presenciado algunos elementos que se utilizan en fábrica de plásticos, perforación de mineras, uno de ellos se llama fenoles, son aceites. En gran cantidad es tóxico para los peces, entonces esa ha sido la causa de la muerte de los peces” expresa.

Si bien, se informó que los peces ya no mueren, la población ha quedado asustada y prefiere no consumir aún los peces.

Albercio Bazán dijo que ellos siguen creyendo que la contaminación del río se debió al vertimiento de líquidos extraños por parte de la empresa Águila Dorada, la misma que realizaba hace meses actividades de exploración minera en la zona.

También informó que actualmente la empresa no realiza ya actividades de exploración y esperan que tampoco anuncie el inicio de actividades de explotación.

“La empresa ya no trabaja, su contrato fue finalizado los meses de abril, esperamos que no vuelva para no generar problemas. Ya hemos agotado la vía legal, la demanda de amparo sigue; si pudiera darse nuevamente nosotros vamos a hacer una lucha de acción, salir a protestar” dice Bazán.

El dirigente awajún, dijo que esperan que la gestión municipal en el distrito de Huarango los incluya en el trabajo que se viene realizando. Pidió por ejemplo que se tenga en cuenta el mantenimiento de la carretera que dirige a Supayacu.

Fuente: Radio Marañón

EL 6 de mayo del año 1986 se crea la Cooperativa Agraria de Trabajadores Huapalas, con 49 socios, ex trabajadores de la empresa ganadera EPSA, que les dejó maquinarias, ganado vacuno, vehículos mas no las tierras. El Ministerio de Agricultura le adjudicó irregularmente estos terrenos a esta cooperativa. A pesar de que las personas que viven ahí por más de 100 años cuentan con una Resolución Dictatorial N° 220 emitida en 1979, que los califican con derecho preferencial a la adjudicación definitiva de las tierras.

En el año 1993, el gobierno de Fujimori declara una ley que señala que cada propietario que goce de un título de propiedad puede vender su terreno. Aprovechando esta ley, en el año 1994 y 1997 la cooperativa en cuestión vende las 3 mil hectáreas a 250 mil soles a la empresa Negociación Agrícola Huapalas, es decir, cerca de 85 soles por hectárea  y esta empresa inicia un proceso de desalojo contra más de 300 familias la asociación Velasco Alvarado de Huapalas.

Hemos venido un grupo de moradores de San Agustín de Huapalas, de la Asociación Velasco Alvarado, para pedirle a la primera sala civil constitucional y social permanente  del Palacio de  Justicia  para que de una vez por todas se ponga fin a esta materia de desalojo por parte de la Empresa Negociación Agrícola Huapalas S.A., el día de mañana vamos a tener la vista de la causa y por eso estamos desde hoy reunidos, pedimos justicia para Huapalas, estamos haciendo acto de presencia.

¿Cómo les quitaron sus tierras?

Se valieron de un plano que desconocía las viviendas, lo presentaron al Ministerio de Agricultura y el mismo ministerio les adjudica a ellos las tierras, pero nosotros tenemos una resolución 220 anterior del año 1979 por el mismo Ministerio de Agricultura y la esta desconociendo ahora y por eso hemos venido de Chulucanas para que la sentencia salga a nuestro favor.

¿Qué les ha dicho el Ministerio de Agricultura?

Fuimos al ministerio de agricultura pero los ingenieros  que  habían firmado esta resolución ya no estaban porque estamos hablando del año 79 y la empresa compra las tierras en el 94.

Los miembros de la Comunidad de San Agustín de Huapalas, van a pernoctar en los exteriores del Palacio de Justicia hasta el día jueves 08 de julio, esperando recibir a las 10:00 a.m. el fallo correspondiente.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó el evento académico “Fiscalización Ambiental para el Cambio” en la ciudad de Arequipa, con la participación de docentes y alumnos de las Universidades Alas Peruanas, Católica Santa María, Católica San Pablo, San Agustín y Tecnológica del Perú, así como de miembros de los Colegios Profesionales de Biólogos e Ingenieros.

Durante el evento, el Presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, remarcó la importancia de que exista un adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades extractivas (como es el caso de la minería) y la protección ambiental. Asimismo, resaltó que la fiscalización ambiental debe ser vista como una herramienta para promover la inversión —y no como un obstáculo— y, al mismo tiempo, como una garantía de que las actividades extractivas no dañen el ambiente ni la salud de las personas.

La fiscalización ambiental realizada por el OEFA promueve ese equilibrio a través de la transparencia, la participación ciudadana, la promoción de la remedición ambiental y sobre todo a través de una fiscalización eficiente que genere confianza en la población y reduzca los conflictos socioambientales.

Para lograr sus objetivos, el OEFA tiene la potestad de dictar medidas preventivas cuando evidencie un peligro inminente a la salud de las personas, a los recursos naturales o al ambiente. Estas medidas se pueden dictar incluso en los casos en los que no exista un incumplimiento al instrumento de gestión ambiental por parte de la empresa.

El OEFA también puede solicitar la actualización del instrumento de gestión ambiental cuando identifique que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa con los declarados en la documentación que propició la certificación ambiental.

El Presidente del Consejo Directivo del OEFA exhortó a los asistentes al evento y a la población en general a confiar en la fiscalización ambiental y en su papel de garante de una adecuada protección ambiental. Una mayor confianza en la fiscalización ambiental genera una mayor confianza en la inversión.

Durante el evento, los funcionarios del OEFA explicaron el macroproceso de fiscalización ambiental, así como las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización llevadas a cabo en el departamento de Arequipa. En este departamento se realizaron 7 monitoreos ambientales y existe uno programado para fines del presente año.

Además, se informó que en dicho departamento se realizaron 509 supervisiones, desde el 2011 a mayo del 2015, en los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria. Con relación a las entidades de fiscalización ambiental (EFA), desde el 2014 a mayo del 2015 se realizaron 63 supervisiones a las EFA (gobierno regional y municipalidades provinciales y distritales) para asegurar que cumplan sus funciones de fiscalización ambiental de manera eficiente y eficaz.

Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
OCAC – OEFA

El día 3 de Julio se llevó a cabo el Foro Debate Técnico y Social «Minería y Agro», en el local del Colegio de Abogados de la Ciudad de Arequipa.

Dicho debate conto con la participación Javier Janhcke, Red Muqui; Marlene Castillo, CooperAcción y Otto Ito, Especialista e Investigador; quienes debatieron frente a Darío Oviedo, director de Servicios Ambientales; José Vargas, gerente de Construcción; Jaime Arana, gerente del proyecto y Fernando Núñez, gerente de exploración del proyecto Tía María – Southern Perú.

Durante el evento, se mostró la extrañeza en cómo fue aprobado el EIA del proyecto Tía María, ya que, luego de que el MINEM solicitara información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó, la empresa minera entregó un informe el 25 de julio del 2014, y en menos de una semana –incluyendo los días de fiestas patrias del país-, el 01 de agosto fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 392-MEM/DGAAM con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Una institución pública con la fragilidad técnica del MINEM, donde la DGAAM tiene a cargo 400 expedientes, y sólo cuenta con 40 personas contratadas para hacerlo, donde el 50% son CAS o Secigristas y ganan S/. 2,000.00, como puede revisar “rigurosamente” en sólo dos días la información complementaria solicitada expedientes en la DGAAM, es imposible.

Y esto no sólo ocurrió con Tía María. En sólo 3 meses se aprobaron dos EIA de Southern: Tía María y la Ampliación de EIA de la Planta Concentradora de Toquepala, con lo que se convertiría en la mayor productora de cobre del país. Demasiada coincidencia.

En los temas referidos al EIA, se incidió en que el EIA está orientado a una explotación entre 300 a 400 metros de profundidad en los tajos, confirmando la presencia de sulfuros. Éstos generarán acidez en el agua al mezclarse, ocasionando que se disuelvan los metales y ello generar impactos por infiltración en la napa freática y las aguas subterráneas.

Toquepala, otro proyecto de Southern, finalmente ha tenido una profundidad de 800 metros en su tajo. Las perspectivas de mayor impacto en la infiltración de sulfuros son mayores en esa perspectiva.

Se ha cuestionado también, que el propio EIA establece que el agua subterránea está a profundidades que varían entre los 6 m. y los 300 m. Se trata de distancias muy heterogéneas que además están vinculadas con una serie de fracturas complejas que filtran el agua.

La información y los elementos técnicos utilizados en el EIA, no brindan resultados suficientes como para concluir, como dice la empresa, que serán bajos los niveles de impacto. En realidad hay un alto grado de incertidumbre puesto que en el EIA se trabaja con escenarios hipotéticos, que no permiten afirmar los niveles de presencia de las aguas subterráneas y por consiguiente la probabilidad de que puedan ser impactadas. En el propio estudio hidrogeológico del EIA, se habla de la incertidumbre mencionada.

Finalmente, se señaló que en el capítulo 12 del EIA se habla de una serie de estudios que se deben realizar para reducir la incertidumbre de los resultados, pero claro, el EIA fue aprobado así, sabiendo que eran insuficientes los estudios y resultados.

Es lamentable que la presión de empresas como Southern, para lograr paquetes normativos a su medida, haya generado niveles de desregulación normativo y ambiental, que permiten que sólo haya observaciones una sola vez a los proyectos mineros, además de exigir a los funcionarios del MINEM, cumplir plazos bajo pena sufrir sanciones administrativas y penales incluso.

El EIA aprobado de Tía María, es un ejemplo de la desregulación que han logrado los paquetes normativos y la insuficiencia de los mecanismos de “participación ciudadana” en minería, pues no consideran en el proceso minero a los Gobiernos Regionales y Locales ni a las poblaciones y comunidades, que en éste caso presentaron 10 tomos de observaciones sin que ninguna haya sido considerada finalmente al momento de decidir la aprobación del EIA.

Quienes suscribimos, consideramos, que no importa quién sea o donde viva, toda persona tiene derecho a la salud; por eso, la salud y el desarrollo tienen una relación directa, reconocida por la Constitución del Estado que afirma que toda persona tiene derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”(articulo 2), y también la Ley General de Salud que dice: “La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”

Por tal motivo, todos los esfuerzos para avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, deben coincidir primero en el objetivo de mejorar las condiciones en que vive la persona humana.

Sin embargo, existen procesos intensivos de la actividad humana que pueden menoscabar gravemente la salud, alterando las condiciones tanto ambientales como socioeconómicas que afectan a la población. Así podemos mencionar la contaminación industrial en La Oroya, que se extiende hasta el agotamiento de recursos naturales, el colapso de los sistemas rurales de subsistencia y la presión hacia las condiciones de hacinamiento urbano con altos riesgos ambientales que inciden sobre la salud.

Para poder hacer frente a los problemas que acarrea este tipo de industrias, resulta indispensable estar conscientes de la jerarquía relativa de los problemas de salud ambiental predominantes en La Oroya y la Región Junín. Numerosos estudios nos inducen con insistencia al perfil epidemiológico de la población, los que deben servirnos de base para definir prioridades en la materia y saber que la salud no es una mercancía y el Estado peruano debe protegerla.

Por tanto, frente a la inminente venta y reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que es la industria que contaminó severamente por muchos años y contribuyó a dejar pasivos ambientales, sin solución a la fecha; expresamos nuestra posición en los siguientes términos:

  • Demandamos al Ministerio de Energía y Minas – MINEM y al Ministerio del Ambiente- MINAM, no flexibilicen más los estándares ambientales vigentes, manteniendo el Estándar de Calidad Ambiental de aire para el dióxido de azufre en un valor diario de 80 ug/m3. Es conocido que, la exposición a niveles menores a 20mg/m3 de dióxido de azufre en el aire pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas por ser irritante y corrosivo en el ambiente (Organización Mundial de la Salud).
  • Solicitamos, el establecimiento de una plataforma virtual de información accesible a la sociedad civil organizada y población en general, que publique los resultados de la calidad ambiental recogidos mediante prácticas de monitoreo participativos.
  • Demandamos, que los diferentes sectores del gobierno vinculados a la actividad minero metalúrgico y la salud, mantengan información pública accesible de los reportes diarios y mensuales de los registros de PLOMO, ARSENICO, MERCURIO, CADMIO, PM10, PM 2.5 y SO2 emitidos en la ciudad de La Oroya.
  • Insistimos en la implementación de sistemas de alerta temprana efectivos para prevenir riesgos y salvaguardar la salud de los residentes de la ciudad de La Oroya y la Región Junín.
  • Invocamos por el establecimiento de una instancia del Gobierno Regional de Junín para la coordinación intersectorial en materia de salud, ambiente y desarrollo, buscando diagnosticar y monitorear los problemas sanitarios relacionados con la contaminación ambiental, planear y ejecutar acciones y programas para resolverlos.

Esperamos que en esta oportunidad el Estado peruano, asuma una posición de defensa de la vida digna y la salud para todos los peruanos y peruanas.

Huancayo, 06 de julio del 2015

MESA TECNICA DE LA OROYA, MOVIMIENTO POR LA SALUD DE LA OROYA, RED UNIENDO MANOS PERU, ORGANIZACIONES ZONALES DE ATENCION EN ALIMENTACION Y SALUD LA OROYA, RED DE PROMOTORES Y PROMOTORAS ECOLOGICOS DE LA REGION JUNIN EL MANTARO REVIVE, PASTORAL SOCIAL DE DIGNIDAD HUMANA-COMISION DE ECOLOGIA, ARZOBISPADO DE HUANCAYO- PASTORAL DE SALUD, VICARÍA I – HUANCAYO, VICARÍA III – CONCEPCIÓN, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL PROVINCIA YAULI-LA OROYA, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL DE LA REGION JUNIN, CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER Y MESA DE DIALOGO DE LA MUJER HUANCAYO, CARITAS ARQUIDIOCESANA DE HUANCAYO, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL PROVINCIA JUNIN, CPDR EL DIA DEL PUEBLO, RED MUQUI PERÚ, RED MUQUI CENTRO.

Pronunciamiento del Monseñor Pedro Barret Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo sobre la calidad de vida de la población de La Oroya y de la Región Junín.

 

Pronunciamiento La Iglesia y La Oroya by prensamuqui