JNJ: Congreso aplaza su posible golpe a la justicia en medio de la indignación ciudadana

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¡Esta democracia, ya no es democracia! Advierten en distintos pronunciamientos organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma por la Democracia, un espacio ciudadano organizado para -como su nombre lo señala- defender la democracia, hoy en peligro frente a la insistencia del Congreso de la República de capturar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la última institución que le faltaría tomar para hacerse de todo el poder en el país.

Precisamente, esta mañana estaba programado en el Congreso el debate y la votación del informe de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de los miembros de la JNJ, pero la sesión fue reprogramada para el 8 de noviembre, fecha donde los integrantes de dicho organismo autónomo podrán ejercer su derecho a la defensa.

Recordemos que este intento del Congreso de tomar la JNJ inició con investigaciones a sus miembros por parte de un grupo de congresistas, entre ellos Patricia Chirinos. Al respecto, un informe técnico-legal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso reconoció que no existe ninguna causa grave para proseguir con la destitución de los siete miembros de la JNJ. Sin embargo, la mencionada comisión -contrario a lo reconocido en su informe- termina por concluir que sí se han cometido faltas graves sin argumentos legales concretos. Al respecto, es preciso resaltar que ninguna investigación o acción realizada hasta la fecha contra los actuales miembros de la JNJ ha demostrado la existencia de alguna causa grave que justifique su destitución.

¿Qué podría ocurrir con el país si el Congreso captura la Junta Nacional de Justicia?

Esta situación genera gran preocupación en la ciudadanía que teme un golpe congresal contra la justicia y la lucha anticorrupción en el país. Y comparan este hecho con lo ocurrido en el gobierno de Alberto Fujimori, en el cual se destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), y ahora se pretende destituir a los integrantes de la JNJ, de manera que puedan colocar jueces y fiscales. Esto pondría en peligro las investigaciones contra Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Vladimir Cerrón, César Acuña y de los parlamentarios con acusaciones de corrupción y otros delitos. Además, podrían cometer más actos de corrupción en total impunidad.

De concretarse este golpe, el Congreso -copado por una coalición autoritaria- tendría el poder de atacar otros órganos que no obedezcan sus intereses, los siguientes miembros de la Junta Nacional de Justicia estarían bajo su control y las próximas elecciones serían un fraude: el voto del pueblo nuevamente sería burlado.

Acciones ciudadanas por la defensa de la democracia

Ante el anuncio de la votación programada inicialmente para hoy, la Plataforma por la Democracia convocó a un plantón frente al Congreso en la ciudad de Lima. Decenas de ciudadanos participaron en defensa de la democracia.

Si no pudiste asistir, puedes firmar las siguientes peticiones:

https://www.change.org/p/por-dignidad-justicia-y-democracia-real?recruiter=1320345803&recruited_by_id=a600d190-74dd-11ee-904d-11c19511da2a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_gmothxf59b7OwjKaXSg3U5Nxlh71XmIeqLdQiVhzq0yTQ/viewform?usp=send_form

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Red Muqui: 20 años caminando con los pueblos en la defensa de su derechos colectivos y territoriales

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Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Este mes de octubre nos encontramos de aniversario, ya que la Red Muqui este año cumple 20 años en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Quizá por ello es importante explicar de dónde viene el nombre de Red Muqui, y en realidad lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” en las ultimas décadas.

En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD. HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

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Reinicio de operaciones de La Oroya dispara alarmas de defensoras y especialistas ambientales

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

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Red Muqui organiza el Foro nacional sobre la situación de las comunidades frente a la expansión minera en el actual contexto de crisis política en el país

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Representantes de la sociedad civil, de comunidades y organizaciones sociales afectadas por la minería y reconocidos políticos nacionales participarán en el Foro Nacional “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, que organiza la Red Muqui en el marco de sus 20 años de vida institucional.

En este espacio se presentará la síntesis y las conclusiones de los foros macrorregionales del sur, norte y centro realizados en los meses de septiembre y octubre en Cusco, Piura y Huancayo, respectivamente. Allí dirigentes/as y defensoras/es ambientales analizaron sus luchas y procesos de resistencia, formulando propuestas de reformas en el régimen minero y político para lograr la protección efectiva de los derechos humanos, así como de sus derechos
ambientales y colectivos.

La primera mesa temática abordará un balance de la defensa de los derechos, agenda y desafíos de las comunidades en contextos mineros. El panel estará integrado por el exdirigente del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, Luis Enrique Riofrio Crisanto; exvocera coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, Yolanda Zurita Trujillo; y la defensora ambiental Elsa Merma Ccahua, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana – Cusco.

La segunda mesa planteará los principales cambios y reformas que se deben realizar en el sector minero. Los panelistas serán: la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín; el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave Cáceres; el exviceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Paulo Vilca Arpasi; el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari.

Al finalizar con el desarrollo de las dos mesas, se leerán las conclusiones a partir del diálogo y análisis de las y los participantes. Además, por la tarde, a las 3:00 p. m. se proyectará el documental “Valle de Condebamba, donde nace la vida”, producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone.

DETALLES:
Fecha: Miércoles 25 de octubre
Hora: 9:00 a 1:00 pm
Lugar: Hotel Carrera (Jirón León Velarde 123, Lince)
Link de inscripción: https://forms.gle/rqsayxxL6sSUguv29

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Red Muqui presentará estreno del documental “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

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Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

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Comunidad campesina de Accomarca cuida memoria por los crímenes cometidos por el Estado y enfrenta burocracia por minería informal

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Por: Mayra Zambrano – Área Legal – Red Muqui

Masacre de Accomarca durante el conflicto armado interno

Uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por el Estado peruano, y que despertó el repudio nacional e internacional, ocurrió el 14 de agosto de 1985 (Vilcashuamán, Ayacucho), cuando el ejército peruano, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a aproximadamente 69 comuneras y comuneros desarmados, entre ellos ancianos y 28 niños. Según APRODEH (1), en octubre de 1985, la comunidad denunció a Hurtado por el delito de homicidio; sin embargo, el Fuero Militar inició una contienda de competencia frente a la Corte Suprema para poder encubrir sus crímenes. Dicha instancia aplicó en 1995 las leyes de amnistía promulgadas por el dictador Alberto Fujimori. No obstante, debido a la incansable lucha de los familiares once años después, en agosto de 2016, la Sala Penal Nacional condenó a la línea de mando militar que estuvo involucrada en la ejecución extrajudicial de los comuneros de Accomarca a 25 años de prisión. Un fallo que fue calificado como histórico ya que no dejó impune el crimen de lesa humanidad del Estado en contra de su propia población (2).

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, se integraron en la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca (AHIDA), así como en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFVPDA) (3), quienes mediante actos culturales, han recreado la dolorosa experiencia de la matanza a través de una actuación anual presentada durante el carnaval ayacuchano, con coreografías y canciones testimoniales para seguir exigiendo justicia para las víctimas de la masacre, evidenciando así la desgarradora violencia política y la discriminación sufridas, con la finalidad que las futuras generaciones no las olviden.

Actividad minera sin consulta ni consentimiento previo

Actualmente la histórica comunidad campesina de Accomarca, productora de cultivos de palta, viene afrontando otra problemática: actividades de pequeña minería realizadas por el empresario Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417, en la concesión Huacachina 2016 III, cuyo titular es Edgardo Rojas Anayaipoma. De acuerdo con el expediente de la concesión minera (4), se encontró con las siguientes limitaciones: la existencia del sitio arqueológico “Quilquikucho”, y una zona agrícola parcial. La concesión minera sin embargo, no tomó en cuenta el área restringida del área urbana ni expansión urbana, es decir la existencia de las comunidades superpuestas, tal como la comunidad campesina de Accomarca.


Fuente: Red Muqui

Tal como se puede apreciar en el mapa realizado por la Red Muqui, el territorio de la comunidad se encuentra superpuesto no solo por la concesión en referencia, sino también por ocho más que se encuentran tituladas y tres, aún en trámite (5). Es decir, se incumple el artículo 3 del Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana – D. S. Nº 008-2002-EM, la cual expresa que una de las limitaciones para los petitorios mineros es la existencia de zonas urbanas o expansión urbana, como es el caso del territorio de la comunidad campesina.

La problemática recae en las actividades informales del operador minero Ismael Medina, quien explota sulfuro de cobre, cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que, sin embargo, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública presentado por el área legal de Red Muqui (6), no entregó el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Aquí, la indicación textual del INGEMMET: “[..] respecto de los requisitos presentados por los mineros antes citados para la culminación del proceso de formalización minera (entre ellos el IGAFOM) ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, advirtiendo que no se encuentra sistematizado ningún IGAFOM. En tal sentido, no se cuenta con información respecto de los instrumentos ambientales, así como de las opiniones técnicas favorables del SERNANP, ANA, o SERFOR, respecto de la evaluación del IGAFOM”. (subrayado agregado)


Fuente: REINFO
De esta forma, aparentemente la empresa no cuenta con el instrumento de gestión ambiental necesario para el inicio de la explotación minera. Según el punto N° 3 del Informe Técnico N° 35-2023-GRA/GG-DRDE-DREMA-MRJH de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA), el IGAFOM estaba en estado de evaluación por la Ventanilla Única de la Dirección.
Instrumento que fue desaprobado por la DREMA posteriormente y, pese a ello, el operador minero continuó sus actividades de extracción de mineral en el lugar denominado Chamana, zona que no fue incluida en ningún instrumento de gestión ambiental (IGA), el cual solo mencionaba al área de Pichuscucho que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. En otras palabras, mediante el IGAFOM desaprobado -que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales- se pretendió engañar a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y el impacto socioambiental que genera sobre la comunidad campesina.
En ese sentido, la Junta Directiva de la comunidad campesina de Accomarca con el acompañamiento técnico – legal de la Red Muqui, decidió presentar medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del empresario. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello estuvo condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado. Posteriormente, el operador informal presentó el 10 de agosto un recurso de apelación de derecho referido a la resolución mencionada, argumentando razones insuficientes para la paralización de su campamento minero y alegando una vulneración de derechos.

Estigmatización y criminalización de dirigentes comunales de Accomarca

Mediante Acta de Asamblea General la comunidad campesina de Accomarca rechazó unánimemente la explotación minera y determinó que la harían respetar. De este modo, se acordó que el 25 de agosto se iba a realizar el desalojo de la operación minera, lo que llevaron a la práctica en la fecha mencionada. Sorpresivamente, el Ministerio Público respondió a la acción citando el mismo día al presidente y otros comuneros parte de la Junta Directiva de la C.C. Accomarca para una acción preventiva de esclarecimiento de hechos frente a la denuncia del empresario Medina. Se les acusa por el delito de daños contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal (7), porque los comuneros retuvieron temporalmente los bienes de su campamento minero.
Así empieza la estigmatización y criminalización por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán (8); cuyo caso está a cargo de la Fiscal Provincial Jeny Prado, quien abrió una investigación preliminar en contra del presidente Zósimo Sulca Quispe y otros directivos de la comunidad, en agravio del operador informal. La Fiscal los ha citado en reiteradas oportunidades al despacho, a pesar de que el costo de la movilización implica un gasto adicional no previsto por los comuneros, desatendiendo así el principio de interculturalidad que debe ser parte del proceso penal.
A la par, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ayacucho exhorta a la DREMA dar cumplimiento de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM e iniciar investigación preliminar en contra de Ismael Medina por la presunta comisión de delito ambiental – delitos de contaminación, en la modalidad de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Así, se realizaron múltiples diligencias, entre ellas se puede resaltar un extracto de la copia del acta testimonial de Zósimo Sulca (9), quien expresa textualmente: “quiero agregar que la comunidad de Accomarca no quiere actividad minera, las zonas de Pichuscucho y Chamana son zonas de agricultura y plantaciones frutales”. De este modo, queda expresada la voluntad de la Asamblea basada en las principales actividades económicas que ejercen. Sin embargo, por parte de la explotación minera, no hubo diálogo con resultados suficientes y se siguió extrayendo los recursos minerales sin consentimiento previo ni permiso de uso de terreno superficial por parte de la comunidad campesina.
Por todo lo expuesto, se evidencia una total falta de transparencia, buen gobierno y articulación de la información entre entidades multinivel y la Ventanilla Única instalada en la DREMA. Asimismo, por distintas presiones económicas e intereses políticos del Congreso de la República, se ha venido ampliando y desnaturalizando el acceso al REINFO, ya que luego de 21 años de fracasos normativos, hasta la fecha no se cuenta con una debida formalización integral de la pequeña minería, lo que permite la ilegalidad y se avala la impunidad. Son principalmente las comunidades nativas y campesinas las afectadas por la falta de consulta previa por la entrada de actividades extractivas en sus territorios. Resaltamos la necesidad de un correcto diálogo intercultural y el respeto a la autonomía comunal, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; así como la Ley N° 24656 y el Pleno 310/2023.

Fuentes bibliográficas:
(1) Más información en: https://www.aprodeh.org.pe/caso-accomarca/
(2) https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/el-caso-accomarca-y-la-judicializacion-de-violaciones-de-derechos-humanos-31-anos-despues/
(3) https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/lum_-_memoria_2_-_accomarca_pdf.pdf
(4) https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/sidemcat?CodDM=010104417&TipoDoc=0
(5) https://muqui.org/noticias/ayacucho-comunidad-campesina-de-accomarca-en-riesgo-por-la-presencia-de-pequena-mineria/
(6) Datos obtenidos a partir de accesos a la información: Expediente N° 3489105 del Ministerio de Energía y Minas; Expediente N° 4359528/3508851 del Gobierno Regional de Ayacucho; y, Expediente N° 3490475 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(7) Información recaída en la carpeta fiscal N° 2023-313
(8) https://muqui.org/noticias/alerta-comuneros-de-accomarca-de-ayacucho-son-denunciados-por-productor-minero/
(9) Solicitada a Miguel Angel Guerrero Moscoso, Fiscal Adjunto Provincial de la FEMA de Ayacucho

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Nueve meses para que Fiscalía inicie diligencias para esclarecer asesinatos en Juliaca y en Cusco el cambio de fiscal atrasaría investigaciones

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Después de nueve meses, el equipo fiscal a cargo de Nancy Chávez, ha llegado a Juliaca y recorrido parte de los lugares donde las fuerzas del orden asesinaron a 18 personas. El presidente de la Asociación de Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán, lamentó que el lunes solo avanzaron con cuatro casos y el martes, el equipo fiscal culminó a la medianoche, tomando las declaraciones de todos los familiares de las personas asesinadas.

“Los peritos no querían que se les diga nada. No cumplieron con las expectativas que teníamos. La diligencia solo era para verificar los hechos donde ocurrieron las muertes y culminó con un acta. Mañana viernes los fiscales continuarán constatando el lugar donde varias personas fueron heridas”.

El abogado de las personas asesinadas y heridas el 9 de enero en Juliaca, César Quispe explicó que con ayuda de los deudos se está realizando hasta la próxima semana la verificación en el lugar de los hechos, que permite la ubicación exacta de las víctimas al momento de recibir los disparos fatales y relacionar esos lugares con la posición de las escuadras de la Policía Nacional de Perú (PNP) que se encontraban en las inmediaciones. Eso permitirá “ubicar en el tiempo y en el espacio, no sólo a aquellos que efectuaron los disparos, sino también las cadenas de mando hasta llegar a los responsables de dar las órdenes”, expresó el abogado.

Quispe valoró la oportunidad que les abre estas diligencias, ya que es una posibilidad para la defensa de recolectar las pruebas que puedan ser usadas para enjuiciar a los responsables, pese a las adversidades relacionadas con un equipo fiscal constituido en Lima por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Máxima autoridad del Ministerio Público que, como se ha develado en numerosos reportajes de medios de investigación periodística, está blindando a la actual gobernante de facto y a su Premier Alberto Otárola de los intentos de avanzar en las investigaciones judiciales en su contra por las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante los primeros meses de su mandato y que pudiesen llevar a sus condenas.

Por otra parte, el letrado explicó que contrariamente a la lógica ventaja que brindaría contar con un equipo fiscal proveniente de la región, este equipo encabezado por Nany Chávez y conformado en Lima ni tiene noción de los lugares ni conoce a los deudos y a los abogados querellantes y por lo tanto necesita más tiempo y recursos para desentrañar los casos.

Investigación en Cusco sufre retraso

Referente a las investigaciones en curso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en Cusco, la abogada de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Yudith Conto, integrante de la defensa legal de los familiares de Rosalino Flórez y Remo Candia, asesinados durante las protestas desarrolladas en el departamento contra el régimen el 11 de enero, informó a Red Muqui que la fiscal a cargo del “Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales – EFICAVIT” en Cusco, Cynthia Gamarra, ha sido removida de sus funciones este miércoles. Un hecho que genera preocupación debido a que las investigaciones estaban avanzando diligentemente. Incluso ya se había realizado la reconstrucción de los hechos en el lugar donde los manifestantes recibieron los disparos y se habían tomado las declaraciones de los policías que estuvieron en los lugares de los hechos.

Recientemente, también, ha aparecido un herido que hasta ahora no había denunciado su caso, que aún tiene un proyectil alojado en su brazo desde el 11 de enero. En estos momentos se encuentra esperando junto a la defensa legal de DHSF, la fecha en la que será citado para la extracción de la munición con presencia del equipo fiscal, debido a que la policía quería extraerle el proyectil en el hospital de Sicuani en enero pasado sin la presencia del Ministerio Público. Según la abogada Conto, la ahora removida fiscal, estaba a punto de programar esa fecha. Otro hecho que demuestra el avance en los trabajos que había desarrollado la funcionaria.

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Concluye Perumin y los gremios mineros insisten en más expansión minera en un contexto de crisis climática

La convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin 36, finalizó, el viernes último, en la ciudad de Arequipa con una indudable alianza entre los gremios mineros y el régimen de Dina Boluarte. Ambas partes reafirmaron la narrativa de que, sin la minería, el Perú no puede lograr el desarrollo traducido en el crecimiento de la inversión privada.

El debate sobre la necesidad de reducir la tramitología que, para este sector empresarial, retrasa la ejecución de los proyectos mineros fue una de las propuestas, la misma que el gobierno desde hace meses intenta “solucionar”: la fallida iniciativa de fusionar las entidades ambientales como SENACE, ANA, Serfor y Sernanp es una muestra. Esta vez, el premier Alberto Otárola anunció la creación de la Ventanilla Única Digital que agilizará los permisos y autorizaciones, del mismo modo, el destrabe de nueve proyectos mineros que representan una cartera de inversión de 10,555 millones de dólares.

Diálogo de espaldas a la realidad nacional

La temática de los 5 días que duró el Perumin 36 estuvo ajena a la problemática ambiental y social en contextos de las actividades extractivas mineras. Como era de esperarse, no se abordaron los 7.668 pasivos mineros detectados al 2022 ni la exposición a metales tóxicos que alcanza a 10 millones de personas en el país. Restaron importancia a las movilizaciones pacíficas registradas en el primer día de la convención minera por agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, que rechazaron, una vez más, el proyecto Tía María y la posible presencia de Dina Boluarte. Incluso, Otárola y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se contradijeron si está o no en la agenda el proyecto Tía María.

Tampoco se analizaron las causas de fondo de los 141 conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Precisamente, sobre este punto, la mayoría de las protestas sociales se originaron por el incumplimiento de las empresas mineras con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos y la tardía respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal como ocurrió en Llata, provincia de Huamalíes, región de Huánuco, donde la ciudadanía organizada acató un paro masivo de 24 horas contra la minera Antamina, el día en que concluyó el Perumin, 29 de septiembre.

El economista José de Echave Cáceres, investigador de Cooperacción, cuestionó el intento del gremio minero de sacar adelante proyectos seriamente cuestionados como Tía María en Valle de Tambo.

“Ha sido un evento del empresariado para hacer incidencia y lograr algunas decisiones políticas a su favor, con este discurso de la tramitología, la permisología y las regulaciones ambientales, y ya lo están logrando. Claramente se ve la influencia del empresario”, declaró.

La minería como oportunidad extraordinaria

El discurso del sector minero también se orientó en la importancia de gozar de una estabilidad política asociada a cero conflictividad social, puesto que la inversión minera cayó a pesar de la demanda mundial de cobre por la transición energética, debido -según el gremio minero- a las tensiones sociales que repercutieron en la producción de minerales e inversión privada. Frente a esta óptica del empresariado minero, José de Echave analizó los factores externos que explican con mayor detalle este asunto.

“Los conflictos sociales son lucecitas rojas que nos avisan y tratan de decirnos de que algo no funciona bien. Las inversiones van a caer, pero son producto del contexto internacional que vivimos post pandemia, con una economía global estancada, con un conflicto bélico, con una economía China que no está creciendo. Eso está teniendo un impacto en el flujo económico. Hay varios factores, no únicamente la tramitología, además, las carteras han cambiado, no hay proyectos como Las Bambas, Quellaveco, ampliación de Cerro Verde, ahora tenemos proyectos de menor envergadura. Esto explica la caída de la inversión minera”.

Antesala de lo que se viene

Un día después de la marcha masiva en Arequipa contra el proyecto Tía María, el discurso de Otárola dejó en claro que la represión policial y la violación de los derechos humanos seguirán siendo la única vía que utilizará el régimen de Boluarte para contrarrestar las protestas sociales: “No nos temblará la mano en poner orden en defensa de los derechos de los peruanos y la estabilidad del país”, “Quien diga que el Perú no es un país minero, hace demagogia”.

Por ello, los pormenores del Perumin parece marcar la antesala de lo que se viene para el país, según el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari.

“Básicamente los acuerdos del Perumin 36 es que seguirán apostando por la minería bajo la figura de donde sea y como sea, y que quienes se oponen a los proyectos mineros son ‘antimineros radicales’. Esta vez si sienten el respaldo del gobierno de Boluarte, lo que quiere decir que las amenazas de cambios o reformas en el MINAM y SENACE, en favor de la inversión minera y contra de los estándares ambientales se mantendrán, así mismo han señalado que proyectos como Tia María se deben sacar adelante, cuando la población local en más de una ocasión ha rechazado este proyecto”.

Además, para el secretario ejecutivo, la narrativa y el argumento de los gremios mineros son los mismos. “Los gremios mineros en realidad no quieren escuchar a la gente, solo se habla de aprovechar precios altos de los minerales en el mercado internacional como el cobre. Todo parece indicar que ya hemos vuelto al escenario de reactivación de los conflictos mineros en los próximos meses por lo anunciado en los acuerdos del Perumin realizado en Arequipa recientemente”.

Proyecto Tía María

El vocero de Valle de Tambo, Miguel Meza Idma, consideró que tanto las declaraciones de Otárola como la del presidente de Southern Cooper, Gonzáles Rocha, deberían ser también analizadas, sobretodo cuando Rocha afirmó a su salida de Perumin que “entonces tendremos que cambiar de gobierno”, luego de que el premier afirmara que Tía María no está en agenda del Gobierno. La versión de Alberto Otárola contrastó con lo dicho días antes por Óscar Vera.

“Las circunstancias generadas por nuestras marchas y asambleas populares, han hecho que él (Otárola) diga que el proyecto no está en agenda. Los grandes grupos de poder son los que cambian al gobierno y ponen ministros”, aseveró.

Sobre la importancia del Perumin para las comunidades y población que habitan en zonas con actividad minera, el defensor mencionó que fue un encuentro de empresarios para hablar de las “bondades” de la minería que distan con la realidad.

“Si fuera así, Cerro de Pasco y Cajamarca serían las mejores regiones, pero son los lugares más pobres. Lo que hacen (las mineras) es saquear y dejar todo contaminado. Ahora vamos a fortalecer la organización y rechazar el proyecto Tía María como siempre lo hemos hecho en consultas populares, pues el 27 de septiembre de 2009, el 96 por ciento le dijo no a Tía María, La Tapada, entre otros proyectos mineros”, finalizó.

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Alerta en Madre de Dios por el retorno de la minería ilegal en La Pampa

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De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

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Población de Llata acata paro contra la empresa minera Antamina por promesas incumplidas

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La población del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, en Huánuco, acató, el viernes último, un paro masivo de 24 horas contra la empresa minera Antamina, en demanda por incumplimiento de una serie de compromisos suscritos en mesa de diálogo con las comunidades.

Se trata de acuerdos pactados hace 6 años como el asfaltado de la carretera Antamina – Llata – Tingo Chico, construcción de instituciones educativas y un hospital, entre otros proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Según la ciudadanía movilizada, a la fecha no se ha cumplido con la entrega del expediente técnico de dicha obra de asfaltado de doble vía. Por el momento, la carretera es un peligro para la seguridad vial.

“No es posible que Antamina que se lleva minerales de este territorio peruano, y tiene tanta riqueza, no sea capaz de elaborar un expediente técnico, tal como se ha comprometido con Provias Nacional a través de un convenio suscrito en el año 2016”, declaró uno de los dirigentes en radio Llata.

Al no tener respuesta oportuna de la minera ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, decenas de personas llegaron hasta el campamento minero Yanacancha. Un grupo ingresó al lugar, volviéndose un momento tenso y crítico en el que se lamenta probables heridos aún no reportados. La Policía Nacional del Perú habría realizado disparos y lanzado bombas lacrimógenas. En las redes sociales circulan fotografías de dos hombres con presuntas heridas de perdigones, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado este hecho.

PERUMIN

Tras la presencia de un fuerte contingente policial, representantes de la empresa minera plantearon a la ciudadanía movilizada reunirse en noviembre próximo para abordar sus demandas; sin embargo, la población solicitó que la fecha sea entre el 10 y 15 de octubre por tratarse de temas importantes para el desarrollo y el bienestar social, no únicamente la construcción de la carretera.

Más tarde, con presencia del fiscal, ambas partes firmaron un acta, en el cual se fija para el próximo 15 de noviembre el desarrollo de una reunión de la mesa de diálogo, fecha donde Antamina deberá entregar el segundo entregable del expediente del proyecto de la carretera. También en el documento se establecen otros acuerdos. Firmaron el Frente de Defensa de los Intereses de Llata, representantes de la empresa y de la población.

Días antes de concretarse el paro preventivo, en la convención minera Perumin, el presidente y CEO de Antamina, Víctor Gobitz, declaró que posiblemente pronto tendría la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la aceptación de las comunidades para ampliar la vida útil de sus operaciones mineras al 2036.

Crédito de la foto: Radio Llata

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