César Padilla / Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina (OCMAL)

Abril 2020

Sin duda, la nueva situación que han tenido que enfrentar un sinnúmero de actividades económicas en los últimos meses han puesto de manifiesto una enorme falta de preparación para coordinar las acciones necesarias tendientes a proteger a la población de un invitado de piedra, la COVID 19.

La gran minería siempre se ha jactado del número de empleos que proporciona y con ello ha intentado legitimar una actividad tan lucrativa como destructiva.

Mas allá del hecho que la gran minería emplea relativamente poca gente comparada con otras actividades económicas, lo cierto es que esa masa de trabajadores mineros se mueve como rebaño desde las faenas a sus lugares de vivienda y viceversa.

También es cierto que esos desplazamientos generalmente desde y hacia lugares alejados, se realiza en masa, es decir cientos de trabajadores, en su mayoría hombres, se trasladan en buses hasta las ciudades mas cercanas y también muchas veces en avión a sus lugares de origen.

El empleo local es poco y lo que vemos es la instalación de tercerizados que ocupan los pueblos y localidades cercanas para desde allí, prestar servicios a la gran compañía minera. Son trabajadores mineros, pero ciertamente de segunda o tercera categoría pues no dependen de la planilla de sueldos de la empresa minera sino de intermediarios contratistas que son quienes tienen los contratos con la gran minera.

Estos dos grupos de trabajadores tienen ciertas características: trabajan en el entorno de las faenas mineras y tienen un contacto intensivo, tanto en los campamentos como en los medios de desplazamiento hacia la faena, en los comedores de los casinos, en los espacios abiertos y cerrados donde tienen que realizar las labores mineras.

También es imprescindible mencionar que la cadena extractiva de la minería requiere protocolos que no son de fácil alteración. La cadena extractiva es muy estricta en sus prodecimientos y muchos de ellos no pueden alterarse sin riesgo de que algo colapse en medio de tantas actuaciones humanas.

Cabe por otro lado señalar la sorpresa que han experimentado las poblaciones cercanas a las grandes faenas mineras al ver que los decretos de cuarentena y confinamiento afectaron a casi todas las actividades económicas excepto las mineras.

Ha sucedido en varios países de la región, bajo la presión de los gremios mineros con apoyo de los Estados, con el objetivo de sostener la actividad minera a modo de discriminación positiva para el bien del país.

Si bien es cierto, los precios de los minerales, exceptuando el oro, han descendido producto de la menor actividad que ha generado la emergencia sanitaria mundial, también es cierto que los stocks deberían soportar una menor producción, compensada con un menor consumo.

Pero la lógica minera ha funcionado siempre al revés: a menor precio de los minerales, mayor producción para compensar las pérdidas por precio. La OPEP, que intenta de manera articulada regular los precios del petróleo, hace exactamente lo contrario: reduce la producción para impulsar los precios.

Sólo se piensa en suspender actividades mineras cuando los costos de producción son mayores al precio de venta.

Esta parece ser la situación minera actual en la región. Las preocupaciones se dirigen a la productividad y comercialización en primer lugar y luego las otras prioridades, entre ellas la salud.

“Esta semana tomamos la decisión de contratar vuelos chárter y buses especiales para el traslado de nuestros trabajadores desde sus ciudades de origen, hasta llegar a las faenas. Con este transporte ida y vuelta, aseguramos que las medidas sanitarias se mantengan durante el trayecto completo”

Lo anterior suena al menos extraño. Con ciudades con cercos sanitarios que controlan a quienes ingresan y salen, con municipios con cuarentena total o parcial, con vuelos prácticamente suspendidos en su totalidad por la misma situación, la minería contrata vuelos chárter para distribuir a los trabajadores desde y hacia la mina.

Conociendo el comportamiento de la COVID 19 que entre sus características más particulares y al mismo tiempo más riesgosas tiene aquella que hace que el período de incubación sea de hasta 14 días, las mineras ponen énfasis en los desplazamientos de los trabajadores invirtiendo en buses y vuelos especiales para repartirles sin reparar en las probabilidades de contagio, tanto en las faenas como en los lugares de vivienda de los trabajadores.

Hemos visto también con asombro, cómo las empresas mineras en este caso se hacen cargo de decisiones que deben estar exclusivamente en manos de la autoridad y mejor aún, con apoyo de la población.

Es que la minería no sólo goza en la mayoría de los países de la región de un estatus especial, sino que tiene el poder de permear la autoridad e incidir en sus decisiones, desde criterios económicos, por sobre la salud, como ya mencionamos. (https://www.ocmal.org/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/)

Actividad de “utilidad pública” y con eso, lo que venga será tratado con la misma deferencia. Mientras tanto sabemos que lo que algún día pudo haber sido considerado de “utilidad pública” ya ha dejado de ser hace tiempo.

Si observamos el aporte fiscal que realiza la minería en América Latina vemos que no sólo es muy restringido, sino que en muchos casos los Estados terminan subsidiando la actividad minera. (https://www.ocmal.org/subsidiando-a-las-empresas-mineras/)

Las medidas drásticas se toman cuando la sangre ha llegado al río como ha sido el caso de Panamá que a fuerza de comprobar contagios ha tenido que clausurar una actividad minera considerada importante y estratégica para alimentar el extractivismo. (https://www.business-humanrights.org/es/ordenan-suspender-proyecto-minero-panam%C3%A1-0)

Finalmente, vemos que la delicada situación de crisis sanitaria que viven los países de América Latina es muy bien aprovechada por el empresariado minero. Reparten elementos de protección a la población y donan equipamiento médico. Una forma de quedar bien en tiempos de crisis y de paso blanquear la imagen deteriorada que tiene el sector por las consecuencias ambientales y sociales por las afectaciones a las comunidades, las destrucciones de fuentes de agua, la contaminación con metales pesados y tantos otros ejemplos de desprecio por la vida y seguridad ecológica del planeta.

Por cierto, sus donativos no compensarán el enorme daño causado a comunidades y ecosistemas; por el contrario, agravarán su responsabilidad en el contagio en este delicado momento que viven las comunidades. Y todo ello con la aprobación de nuestros débiles Estados.