Campesinos en Lima logran que viceministro de Políticas Agrarias viaje a Cusco para atender agro en emergencia

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Decenas de campesinos y campesinas de la región Cusco pertenecientes a la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco(FARTAC), llegaron el lunes 21 a Lima para exigir que el Gobierno asuma con seriedad la remediación de la crisis agrícola que se produjo por las heladas y sequías en diferentes regiones del Perú.

Los campesinos al no poder producir con normalidad, han perdido entre el 70 y el 80% de su producción. Aunque el Estado declaró el estado de emergencia para la región del Cusco y otras regiones, hasta ahora los agricultores no han recibido compensación por la pérdida de su producción. El Estado ha destinado solo 107 mil soles para paliar los efectos de las heladas y sequías; que en toda la región tuvo una pérdida de más de 13 mil hectáreas de producción. Un presupuesto que sería lo equivalente a 7 u 8 soles por hectárea, ni siquiera lo que vale un jornal.Para remediar los daños se necesitarían por lo mínimo 1 millón 500 mil soles; “esa es la base para que de alguna manera podamos remediar la agricultura en toda la región”, destaca Saúl Mamani, vocero de la delegación de la FARTAC, quien dio declaraciones al colectivo Emancipación en medio de las protestas que desarrollaron en el centro de Lima.

Apoyemos las Alternativas al desarrollo

De acuerdo al informe de la FAO, el 75 % de la producción para nuestra alimentación proviene de las comunidades campesinas. Aunque el porcentaje es tan alto, la inversión del gobierno en el sector agrícola es muy baja en comparación con otros sectores. El presupuesto nacional se ha restringido para el sector agropecuario en este año; ha reducido del 2% al 1.8 %. Según Saúl Mamani, vocero de la delegación, el Estado se ha olvidado completamente del sector, sobre todo de la agricultura familiar en el país. Es importante promover la biodiversidad del país, fortaleciendo la agricultura familiar; cuanto más se invierte en la agricultura familiar, menor es la dependencia de otras fuentes de ingresos como la minería, que es un sector que se extiende por todo el Cusco y que no es una actividad económica ambientalmente sostenible a diferencia de la agricultura familiar.

Resultados

Finalmente, tras días de protesta en el centro de Lima, el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, William Arteaga, los atendió, y se comprometió en desarrollar una reunión este lunes 28 en la ciudad de Cusco, entre una comitiva de su equipo técnico y los representantes de la FARTAC.

El objetivo de la primera reunión es que el Gobierno presente la cartera de proyectos que tiene relacionados al sistema de riego tecnificado en la región. Asimismo, que se conozcan los proyectos que tiene el Gobierno Regional del Cusco, y los alcaldes provinciales y distritales, para que se coordinen esfuerzos y se tenga en cuenta qué proyectos ya cuentan con presupuesto y cuáles no; para que en una próxima reunión con la presencia del viceministro William Arteaga, los alcaldes distritales y el gobernador regional, se pueda discutir la aprobación de nuevos proyectos para la cosecha de agua, siembra de agua, represamientos de agua y riego tecnificado; estableciendo metas conjuntas.

Durante la conferencia de prensa realizada el día de hoy, 25 de enero, en Cusco, en la sede de la FARTAC, los representantes campesinos precisaron que es urgente un Plan de Contingencia porque los efectos del cambio climático a través de las heladas y sequías ocurren desde hace años y no hay atención del gobierno central y del gobierno regional frente a este suceso.

Remarcaron también qué en su reunión con los funcionarios del Ministerio de Agricultura, se enteraron que el Gobierno Regional del Cusco solo destina 290 mil soles anuales de presupuesto para atender los efectos del cambio climático en la agricultura de toda la región. Y, agregaron, que solo el 19% de los campos de cultivo de papa y de maíz cuentan con riego tecnificado.

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Pronunciamiento: Alto a la criminalización de la protesta social, no más represión a los agricultores y pueblo del Valle de Tambo.

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  1. En los últimos 10 años, la empresa minera Southern en contubernio con los gobiernos de turno (Alan García, Ollanta Humala y otros) ha pretendido a como dé lugar imponer su proyecto minero Tía María y La Tapada apelando a una serie de argucias y mentiras; pero el pueblo del Valle de Tambo en consulta popular (2009) le dijo ¡NO! al proyecto minero con más del 90 por ciento. El Valle de Tambo está convencido de que Tía María y La Tapada perjudicará su hábitat, su ambiente, su agua y su agricultura; por eso los agricultores se mantienen en pie de lucha defendiendo su territorio, protagonizado una serie de acciones de protesta y sobretodo dos históricos paros indefinidos (2011 y 2015), con el lamentable saldo de 8 hermanos tambeños caídos por la brutal represión policial y militar, además de decenas de heridos, detenidos y más de un centenar de denunciados hoy procesados ante la justicia.
  2. Esta criminalización de la protesta social apunta a descabezar y desarticular la respuesta cívica-social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado Peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino una asociación ilícita para delinquir; este argumento que carece de toda lógica elemental contraviene lo establecido en la Constitución que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano, que todo estado democrático debe garantizar
  3. Y como si esto no fuera poco, este estado represor cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, pretende “hacerlos escarmentar” a nuestros defensores del Valle de Tambo amenazándolos con meterlos a la cárcel por varios años. Por otro lado, la Procuraduría del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que “solidariamente deben pagar” a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa (disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc.), cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos.
  4. Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú, para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra que junto a la minera Southern intentarán este año 2019 imponer una vez más Tía María y La Tapada, ya lo anunció su ministro de energía y minas Francisco Ismodes, sólo están a la espera del mejor momento para hacerlo. La minera Southern -por su parte- invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública señalando que el pueblo del Valle de Tambo en alto porcentaje acepta su proyecto. Eso es una reverenda mentira. Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno está convencido de su modelo de desarrollo que quiere tener en base a la agricultura, el Valle de Tambo nos enseña el camino y estamos seguros que juntos defenderos el agua, la vida y la agricultura.

¡AGRO SÍ, MINA NO!

¡SALVEMOS EL VALLE DE TAMBO!

¡EL VALLE NO SE VENDE, EL VALLE SE DEFIENDE!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Pronunciamiento de organizaciones de la Plataforma: Salvemos el Valle de Tambo

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Fusion de minas – Chinalco se hace cargo de Centenario

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Según información publicada en el diario oficial El Peruano y propalada por Diario Radio Karisma La Oroya, el 10 de diciembre del 2018, la Minera Chinalco Perú S.A. y Minera Centenario S.A.C han aprobado una fusión por absorción. La fusión de sociedades implica la fusión de sus patrimonios; tanto los activos como los pasivos de las empresas que pasan a fusionarse formarán parte del nuevo patrimonio constituido de Minera Chinalco Perú S.A. En éste caso, extinguiéndose sin liquidarse Minera Centenario.

Minera Centenario S.A.C tiene un total de 14 concesiones mineras en el centro del Perú. Con la fusión con la Minera Chinalco, que despojó de sus tierras a las familias de propietarios que aún quedaban de Morococha para poder explotar el proyecto minero Toromocho; las inversiones y actividades de la empresa minera china se amplían a gran escala en la región Junín.

Morococha antigua hoy en día se ha convertido en una ciudad fantasma; Carhuacoto, la «Morococha Nueva», a la que fue trasladada la mayor parte de la población; se ha convertido también en una ciudad inviable, sin actividades económicas por el incumplimiento de la empresa Minera Chinalco S.A de establecer en dicha ciudad el campamento de sus trabajadores para promover la economía local, por lo que muchas familias se han visto obligadas a migrar.

Exigimos que las empresas asuman con responsabilidad las nuevas obligaciones que conlleva la fusión en curso; que el procedimiento sea el legalmente correcto, y que ante todo se respeten los acuerdos y convenios suscritos y las decisiones sean participativas, respetando los derechos fundamentales de las personas de Morococha antigua y Carhuacoto (Morococha nueva).

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Vizcarra también busca afianzar modelo económico extractivista minero mediante la Política Nacional de Competitividad y Productividad

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El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

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OEFA ordena paralización inmediata de la empresa Minera Shougang para evitar contaminación de la bahía San Nicolás

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El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta  de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.

En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.

Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.

En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Antecedentes

No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

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Se reimpulsa el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú para promover el agro frente al avance del proyecto minero Río Blanco

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Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia – parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

 

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En el 2019, Red Muqui plantea lucha contra la corrupción a fondo, pero también exige garantizar los derechos de todas y todos los peruanos, no sólo de las empresas

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RED MUQUI, en su pronunciamiento de balance al final del año 2018, planteó su apoyo a la lucha frontal contra la corrupción, ratificando nuestra adhesión a la voluntad de miles de peruanos y peruanas que, indignados por presenciar la corrupción al más alto nivel que implican a ex presidentes, grandes empresarios y funcionarios públicos, se han movilizado para exigir una reforma total en el país, respaldando a fiscales probos como José Domingo Pérez y Rafael Vela, y exigiendo la renuncia de Chavarry como Fiscal de la Nación, en el inicio de una larga lucha por cambiar nuestro país en crisis, visibilizando las responsabilidades de los corruptos y el sistema que lo genera.

En ese sentido, queremos hacer énfasis en lo señalado en nuestro pronunciamiento (ver aquí: https://goo.gl/wh2kge ), en que la corrupción también se reproduce en “el mantenimiento de las puertas giratorias que permiten que funcionarios de empresas mineras ingresen como funcionarios del Estado para facilitar autorizaciones y normativas para dichas empresas”,  fundamentalmente en el campo del sector minero, donde se ha visibilizado un claro conflicto de ntereses y negociaciones ocultas para que puedan darse estas facilidades (ver aquí:  http://puertagiratoria.convoca.pe/).

Asimismo, señalamos en el Pronunciamiento, que para una reforma total que haga justicia también en las personas y en las comunidades campesinas e indígenas que han sido afectadas por la minería, debe cambiarse la política económica que es la misma impulsada por el gobierno de Kuczynski, que sigue aplicando el actual gobierno en su segunda etapa con el presidente Martín Vizcarra; quién sigue “impulsando las inversiones orientadas a la extracción compulsiva de recursos naturales facilitando especialmente nuevos proyectos de exploración y explotación minera. Estos proyectos mineros se impulsan en base a los marcos normativos y políticas que dictó el gobierno de Kuczynski, que eliminan garantías para las tierras de comunidades en favor de los proyectos de inversión prioritarios (como el D. Leg 1333 que sigue vigente), el acaparamiento de tierras con intereses económicos, la flexibilización de estándares ambientales (como el D.S 003-2017/MINAM y D. Leg. 1285) y, ahora, planteando incluso, flexibilizar los derechos laborales; medidas con las que no estamos de acuerdo, pues con ello el Estado sigue dejando de lado su rol garante de derechos, y sigue priorizando un rol promotor de la actividad minera, poniendo a las personas al servicio de la economía”.

También señalamos que debe erradicarse la criminalización de la protesta social, los Estados de Emergencia preventivos y la privatización del rol de nuestras fuerzas policiales como estrategia para “proteger” la actividad minera mediante convenios.

Queremos incidir en que el diálogo es vital para el logro de la paz social, por ello invocamos a que el gobierno impulse procesos de diálogo y no los elimine, como acaba de ocurrir hace unas semanas a través de un Decreto Supremo. Es vital que para la discusión de agendas sobre el desarrollo del país en minería participen las y los afectados por la actividad minera. Por ello, “nos oponemos a cambiar la lógica del diálogo por la negociación o la fuerza; las personas no pueden renunciar a sus derechos fundamentales por privilegiar una actividad económica”, como señalamos en el pronunciamiento.

En esa perspectiva, exigimos desde Red Muqui que se abra un diálogo nacional público para abordar los temas de los impactos sociales y ambientales que genera la minería y los límites de su crecimiento a nivel nacional; la reforma laboral que afecta los derechos fundamentales de las personas; la reforma del sistema de justicia y la eliminación de “puertas giratorias” en el sector minero para evitar se afiance la corrupción; y la necesaria diversificación económica que nos es tan necesaria para la seguridad alimentaria y no depender sólo de una actividad económica.

Finalmente, invitamos al gobierno y a la sociedad civil en general, a revisar nuestra Agenda Muqui: https://es.scribd.com/document/396106674/Agenda-Muqui-2018-2021, que en sus 8 ejes sintetiza los temas que ponemos en agenda para la discusión pública en el año que inicia, que visibiliza los temas que no fueron parte del referéndum, pero que son fundamentales para discutir y poner la economía al servicio de las personas, recuperando el respeto por sus derechos; ese es el rol que esperamos del gobierno y la sociedad civil.

Para ver nuestro pronunciamiento completo, hacer click aquí: https://goo.gl/wh2kge

Lima, 07 de enero del 2019.

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Sentencia da la razón por segunda vez a la comunidad indígena supayaku en proceso de amparo contra el MINEM por haber afectado su derecho a la consulta previa

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FEDEPAZ- Después de un largo proceso judicial y de un importante recorrido de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento junto a las hermanas y hermanos awajún de la Comunidad Nativa de Supayaku (San Ignacio, Cajamarca), el día 10 de diciembre de 2018 (Día Internacional de los Derechos Humanos), el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, volvió a expedir sentencia declarando FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Recordemos que el pueblo indígena awajún de Cajamarca está organizado en 2 comunidades: Naranjos y Supayaku. La delimitación política las ubica en distintos distritos (San José de Lourdes y Huarango, respectivamente) pero ambas pertenecen a la provincia de San Ignacio y, lo más importante, ambas habitan el mismo bosque amazónico y tienen como principal fuente de agua el río Chirinos.

En septiembre de 2013, el MINEM aprobó el Proyecto de Exploración Minera “Yagku Entsa” (Quebrada amarilla) de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C., ubicado en zona de cabecera de cuenca del río Chirinos que corresponde a la jurisdicción de Naranjos y, por ello, solo consideró a ésta como zona de influencia.

Desde una visión integral del territorio awajún, aprobar un proyecto minero exploratorio en base a acuerdos tomados solo con Naranjos, sin considerar en ninguna fase del proceso a Supayaku, cuando son las dos únicas comunidades awajún de la región que comparten el mismo bosque y sus recursos, resulta todo un despropósito; más todavía si la decisión viene del propio Estado peruano, representado por el MINEM.

En este proceso, el 2 de agosto de 2016 el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda en primera instancia, sin embargo, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima en abril de 2017 la declaró nula, basándose en observaciones formales, señalando que el Juzgado no se había pronunciado sobre otros puntos incorporados por el MINEM en la contestación de la demanda, puntos que trataban sobre cuestiones secundarias. Por ello, a efecto de dar cumplimiento a esta disposición de la instancia superior, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima se ha pronunciado ampliamente sobre todos los puntos que son materia de la demanda y de la contestación de la misma.

Esta nueva sentencia de primera instancia, utiliza fundamentos claves como el que expresara el Tribunal Constitucional, en el año 2009, en aplicación del Convenio 169, estableciendo en su jurisprudencia que los “pueblos interesados” comprenden comunidades afectadas y colindantes, como sucede con Supayaku y Naranjos. Cabe resaltar que en esta nueva sentencia, como consecuencia de haberla declarado fundada nuevamente, el juez dispone la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución Administrativa que aprobó el Proyecto “Yagku Entsa” en 2013, así como dispone la suspensión inmediata de las actividades de exploración minera, hasta que el MINEM tome medidas paradeterminar su viabilidad, previa aplicación del derecho a la consulta previa que le asiste a la Comunidad Awajún de Supayaku y a los pueblos indígenas que pudiesen ser afectados.

Como se recordará, FEDEPAZ ha defendido legalmente a la comunidad de Supayaku durante todo este proceso y ha acompañado los periodos de mayor tensión y agresividad que surgieron en su relación con su comunidad hermana, Naranjos; proporcionándoles herramientas para fortalecer sus capacidades de diálogo y de recomponer los lazos afectados por el conflicto socioambiental, a raíz del irresponsable actuar del MIMEM y la empresa Águila Dorada SAC.

Eso explica porque la incidencia sobre este caso emblemático ha sido permanente y articulada con diversos actores locales, regionales, nacionales e internacionales, en respaldo de la legítima oposición del pueblo awajún de Cajamarca a dicho proyecto minero, y de las denuncias sobre sus negativos impactos ambientales, sociales y económicos.

Al respecto, el equipo de FEDEPAZ expresa su satisfacción por este favorable resultado, después del largo camino para la comunidad de Supayaku. Se trata de un gran paso y precedente en la lucha y la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena awajún y de todos los pueblos originarios afectados por la minería en el Perú.

Gracias por difundir.

Lima, 14 de diciembre de 2018

Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

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Comunidad de Cañaris en alerta permanente ante anuncio de Minera Candente Cooper de reinicio de actividades

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Ante el anuncio de la empresa minera Candente Cooper en octubre del presente año respecto al reinicio de actividades para implementar el proyecto de exploración Cañariaco en territorio de la comunidad indígena San Juan de Kañaris, provincia Ferreñafe, región Lambayeque; la comunidad se viene organizando para desarrollar una estrategia que les permita que se respete la voluntad popular expresada en el 2012, en que el 95% de la comunidad le dijo NO al proyecto minero Cañariaco a través de una consulta popular realizado por la propia comunidad, según las declaraciones del presidente de la comunidad, Hermógenes Tantarico.
La empresa canadiense Candente Cooper anunció que estaría reiniciando las operaciones del proyecto minero cuprífero Cañariaco en el marco de la delegación de facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en el mes de septiembre, en que se emitió el Decreto Legislativo  N° 1394, que modifica algunas disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA) respecto al plazo de pérdida de vigencia de la certificación ambiental cuando no se inicia la ejecución de un proyecto.
A pesar de los impactos ambientales de gran magnitud que generaría el proyecto minero, ya que se encuentra en una zona de bosque de neblina, ecosistema de alta fragilidad y complejidad; éste cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) aprobado el 2012 y una modificatoria aprobada el 2014 por el Ministerio de Energía y Minas.  De los estudios que ha podido realizar Red Muqui, a través del informe de la ingeniera consultora Mary Chávez, respecto a los EIA aprobados; se concluye que los impactos generados en el medio ambiente serían irreversibles:
“El desbosque en la parte alta de la cuenca del río Cañariaco trae como consecuencia directa la erosión de suelos, la interrupción del ciclo hidrológico y la pérdida de la biodiversidad. Los impactos ambientales negativos se agudizarían por fenómenos naturales como el Niño y la actividad sísmica. Sin embargo, para la empresa CCPSA, son impactos de baja significancia en sus EIA-sd.
Entre las especies afectadas se encuentran el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp., estos dos, últimas especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú (información que se señala en el informe EIA-sd 2014). Los hábitats afectados no podrían suplirse con un Plan de Revegetación o un Plan de Rescate».
Entre otros impactos ambientales se tendrían:
–  Las perforaciones tienden a impactar las aguas freáticas de manera irreversible: cambio en la dirección y flujo del agua freática, y también, por la cavidad de perforación, puede fluir agua subterránea lixiviando metales hacia la superficie.
–  Afectación a los cuerpos de agua superficial. Para la aprobación del EIA-sd 2012 tuvieron que reubicar 13 plataformas por encontrarse a menos de 50 m de un cuerpo de agua; sin embargo, en el EIA-sd 2014 se aprobó plataformas ubicadas a menos de 50 m, un  gran número de ellas a unos 10m de distancia de las quebradas; y llama la atención que se aceptó como “medida” el uso de tinas y/o tanques metálicos de 1m3 para evitar el vertimiento al agua superficial (río Jatun Yacu y las quebradas adyacentes).
–  Contaminación de suelos, y también de las aguas subterráneas y superficiales.
Los lodos de perforación –agua con aditivos de perforación-, serían enterrados en las pozas de sedimentación instaladas en las plataformas (alrededor de 600 pozas en total). Cabe acotar que el material de las pozas son de geomembrana; esto es, se deja plástico, más residuo de la perforación en los suelos donde se tiene bosques con gran biodiversidad.
Ante el anuncio del inicio de actividades por parte de la empresa Candente Cooper el presidente de la comunidad Hermógenes Tantarico ha señalado que la población de Cañaris se encuentra en alerta y preocupada por esta situación en tanto se generarían impactos ambientales dentro de su territorio que afectarían sus actividades productivas, ya que ellos basan su economía en la producción agrícola y ganadera, y para esto la protección de los cuerpos de agua y suelos es fundamental. «Nosotros hemos realizado una consulta popular el 2012 y el 95% de la comunidad dijo NO a la minería. Esto debe ser respetado por el gobierno central»
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Vizcarra elimina “Mesas de Diálogo” a través de un Decreto Supremo

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Días después del Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las industrias extractivas como la minería.

El presente Decreto, señala el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma” con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM. Asimismo, los espacios generados con las comunidades amazónicas, víctimas de la contaminación petrolera, también fueron eliminados.

El Ejecutivo señala que en los casos en que se hayan creado Comités de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, estos continuarán, como en el caso de la provincia de Cotabambas de la región Apurímac. Sin embargo, las comunidades de Cotabambas han venido exigiendo la reactivación de la Mesa de Diálogo desde fines del 2016 en que el gobierno la suspendió. En la provincia aún no se levanta el Estado de Emergencia que se ha renovado durante estos años; se mantiene el convenio de la empresa minera y la policía para resguardar sus intereses; la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para la comunidad; y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor del sur, continúan.

La fundamentación del Decreto se basa en la necesidad de lograr mayor “eficiencia” en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de las competencias y funciones. En el sector vinculado a la minería, las mesas que el Ejecutivo está eliminando son las referidas a las “Mesas de Diálogo para el Desarrollo….”. La eliminación de las Mesas de Diálogo no han sido de mutuo acuerdo entre las comunidades y el Poder Ejecutivo; es más, durante estos años ha sido visible que diversas protestas se han reanudado porque el Estado no cumplía con implementar los acuerdos arribados en las Mesas de Diálogo y porque el Estado desarrollaba una lógica de negociación con las comunidades para que el proyecto extractivo vaya sí o sí en sus territorios, generando diversos incentivos de obras de infraestructura y el mejoramiento de servicios públicos. Por estos motivos, el desarrollo de varias Mesas de Diálogo se ha extendido durante meses para llegar a acuerdos, sin contar con la fase de implementación.

Por ello, al parecer este Decreto se emite con el objetivo de que los procesos de diálogo se concentren en la fase de negociación. Con esto lo que se estaría haciendo es generar menos condiciones para un mejor diálogo para la prevención y resolución de conflictos.

Como ya se ha señalado por Red Muqui durante la campaña “Todo está amarrado”, el Estado Peruano no concibe el diálogo como política preventiva y reduce los procesos a una negociación y muchas veces imposición de las condiciones de desarrollo de los proyectos mineros. Bajo las lógicas de eficiencia, el diálogo es concebido como si fuese un costo operativo para las empresas, por lo cual busca reducirse. No se concibe en el diálogo que las comunidades puedan decir NO al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Cabe recordar que en la reciente CADE, los grandes empresarios hicieron alusión a la “negociación como método para la resolución de conflictos con las comunidades y el Estado. Señalaron que en la negociación todos tienen que renunciar a “algo” para lograr acuerdos.

Nos preocupan este tipo de lógicas que son contrarias a la defensa de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo son parte del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la consulta previa y a la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas. Desde Red Muqui señalamos que los derechos humanos no son negociables, son irrenunciables.

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