Fueron expuestos ante sesión paralela a la de la ONU las violaciones de derechos humanos de cuatro proyectos mineros dirigidos por empresas de capitales chinos: Las Bambas, Chinalco, Shougang y Río Blanco Cooper.

En el marco del tercer Examen Periódico Universal de China, EPU, que se realizará en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el 6 de noviembre, representantes de Perú y de otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), participaron en la Sesión paralela de la ONU, donde compartieron información y testimonios sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos que operan con financiamiento chino en territorios latinoamericanos. Entre los casos expuestos están cuatro casos de empresas mineras de capitales chinos en el Perú: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

En estos cuatro casos de acuerdo al informe alternativo presentado a la ONU, se sustenta que se vienen vulnerando losderechos humanos, derechos laborales y sindicales, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a la vida y a la integridad de las comunidades indígenas y campesinas.

En el caso de la mina Las Bambas, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y la población en general de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, han protestado porque no se han producido procesos de consulta previa y participación ciudadana, para producir modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Han protestado por el polvo, la vibración y el ruido que produce el tránsito de 370 camiones diarios por una carretera sin asfaltar, la misma que no fue incluida en el EIA, y que atraviesa los territorios de 18 comunidades campesinas. El conflicto suscitado por este y otros temas ha tenido el lamentable saldo de 4 personas fallecidas por disparos de bala, de manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, en el marco de un Convenio de Seguridad firmado entre la comandancia policial y la empresa minera. La Mesa de Diálogo que se instaló entre el Gobierno Nacional, las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC y la Empresa china MMG ha sido suspendida inconsultamente desde fines del 2016. Las OSC vienen demandando la reanudación del diálogo para atender temas urgentes como la reparación a las familias de las víctimas, la realización de una Actualización del EIA y la celebración de un Convenio Marco de Responsabilidad Social entre la empresa MMG y la población.

“El proyecto minero representa una problemática para nosotros las comunidades campesinas porque nuestros derechos están siendo violados, estamos siendo criminalizados y no existe ningún compromiso sostenible de la empresa para nuestros pueblos y comunidades campesinas”, sostuvo Víctor Limaipuma, representante del Frente de Defensa de Cotabambas, Apurímac, quien expuso las condiciones bajo las que opera el proyecto minero Las Bambas.

En el caso del proyecto Toromocho, la población de la ciudad de Morococha fue desplazada a una nueva ciudad; sin embargo, la población reubicada denuncia el incumplimiento del EIA del Reasentamiento, el cual forma parte del EIA del proyecto Toromocho cuyo titular es la empresa estatal china Chinalco. Sostiene que, el reasentamiento, lejos de mejorar su calidad de vida, como fue comprometido, se ha venido deteriorando debido a que la nueva ciudad no cuenta con condiciones para desarrollar actividades económico-productivas que permitan el sustento diario de las familias. Asimismo, señalan que Nueva Morococha ha sido construida en una zona de alto riesgo ambiental, debido a la cercanía a una laguna de relaves y al hecho de haber sido construida sobre un bofedal (pantano) que hace que exista un alto porcentaje de humedad con los consecuentes impactos en la salud de la población. Actualmente, en la Antigua Morococha todavía se encuentran viviendo entre escombros más de 60 familias, quienes no quieren reubicarse en la nueva ciudad, debido a la ausencia de oportunidades laborales y la falta de condiciones de salubridad.

En el caso de la mina Marcona operada por la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Group, uno de los principales problemas es que a pesar de que Shougang tiene una alta rentabilidad en sus operaciones, las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores no son las adecuadas. Mientras que las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones. Los trabajadores de Shougang denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias. Shougang ha negado reiteradamente el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Así, la empresa china Shougang mantiene un historial de prácticas que vulneran los derechos laborales desde hace 26 años con un récord de 16 huelgas por parte de los trabajadores. “Las remuneraciones que Shougang otorga están por debajo del promedio de la gran minería; además, las condiciones de trabajo son precarias y se producen despidos y amenazas a los trabajadores de manera permanente”, mencionó Nelly Ledesma, Asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú en su intervención frente a la sesión.

Finalmente el caso del proyecto minero Río Blanco operado por el consorcio chino Zijin, es un proyecto que tiene como antecedente la usurpación de tierras, actúa sobre el territorio de comunidades campesinas de manera irregular desde mediados de los años noventa. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto Río Blanco son: las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) en Piura y las comunidades y poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), en tanto el principal río de dicha localidad (Chinchipe) tiene sus nacientes en los páramos y bosques de neblina de ésta zona. Los pobladores de las comunidades campesinas afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. De realizarse la actividad minera se afectaría irreversiblemente este ecosistema.

Julia Cuadros, miembro ejecutivo de CooperAcción señala que lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas.

Hasta este momento, los delegados de la CICDHA −cuyo objetivo es exigir al Estado Chino proteger, cumplir y respetar los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de las empresas chinas− se han reunido con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay y Nueva Zelanda.

Las reuniones que prosiguen serán con la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de la ONU, a la que asistirán cuatro representantes de pueblos indígenas latinoamericanos, y una reunión paralela con las Misiones de Irlanda y Suiza, a la que asistirán representantes de la CICDHA.

Cabe señalar que el Colectivo de la Sociedad Civil está integrado por organismos no gubernamentales como: CooperAcción, Aprodeh, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Perú Equidad, EarthRights International, Veecht Mee Tegen Onrecht, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, el Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas.

Documental interactivo Inversiones Chinas en el Perú:

http://inversioneschinasperu.org/

Ginebra. La delegación del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente –que agrupa a 21 organizaciones sociales de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina- presentaron hoy en la sesión paralela ante la ONU rumbo al EPU China el informe alternativo que demuestra violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de empresas Chinas en Latinoamérica. El informe presenta un análisis de casos por país, donde se ilustra los tipos de vulneraciones en 18 proyectos (mineros, petroleros e hidroeléctricos), por ejemplo, 15 de estos proyectos se encuentran en territorio indígena, 11 en áreas naturales protegidas y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

En la actividad que duró hora y media, ocho representantes de los cinco países impactados por los proyectos de inversión china informaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de leyes y convenios de derechos humanos en los que vienen incurriendo los consorcios y bancos chinos. Por ello, señala Julia Cuadros, miembro ejecutivo de la Ong peruana CooperAcción: “En nuestro informe recomendamos que China debe ratificar el Convenio 169 de la OIT, y estamos complacidos de que el Consejo de Derechos Humanos haya recogido en su Resumen las  comunicaciones de las partes interesadas”.

En la sesión paralela, Sofía Jarrín enfatizó en las recomendaciones del colectivo, que la República Popular China respete, proteja y cumpla los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas y que la forma de hacerlo es incorporando los principios, convenios y tratados de DD.HH. en los acuerdos bilaterales y en los contratos de los proyectos”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) miembro del colectivo señaló que hay un patrón recurrente de comportamiento de las empresas e inversionistas chinos, marcado por la violación de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente y que dada la escala de del financiamiento chino, China se ha tornado un actor crítico, a nivel global, para la vigencia de los derechos humanos.

La delegación que se encuentra en Ginebra ha sostenido diversas reuniones con los altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos – OHCHR y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea, y con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay  y  Nueva Zelanda.

La Oficina del Alto Comisionado reconoció el trabajo del CICDHA y de las 21 organizaciones suscriptoras de los 8 informes sombra y la importancia de un proceso que articule a los afectados en el territorio, las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los impactos de las empresas chinas en la región. Así, Sebastien Guilioz responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado, destacó que la información proporcionada contribuye sustantivamente al aterrizaje de las estrategias diseñadas para que Consejo de Derechos Humanos apoye al Estado Chino y la implementación de una agenda de Derechos Humanos.

En la reunión también participó la responsable de las Américas de los cinco países afectados, la responsable de Pueblos indígenas y grupos étnicos, la responsable de empresas y derechos humanos y la responsable del tema de defensores.

Una delegación del CICDHA, también participó en la sesión consultiva entre la sociedad civil y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea. En el encuentro con delegaciones de todo el mundo se presentó la iniciativa regional, los resultados del proceso y las recomendaciones para el Estado chino.

Reporte regional: http://chinaambienteyderechos.lat/reports/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8DbTFVBIZGI&t=50s

Inversiones chinas en Perú es un documental interactivo que analiza el comportamiento de cuatro empresas mineras chinas en Perú: Las Bambas, Shougang, Chinalco y Río Blanco Cooper, en cuanto a derechos humanos, derecho laboral y sindical, derecho a la tierra, el territorio; derecho a la vida, a la integridad.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones.

Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Los principales productos exportados a China son los minerales de cobre y sus concentrados con un valor de más de 5 millones de 67% del total de las exportaciones tradicionales. Esto ha generado que China tenga gran influencia en el mercado de América Latina. En el Perú las empresas chinas han cometido una serie de atropellos a los derechos humanos como en el caso de Las Bambas, en Apurimac donde, además, el Estado tiene alianzas con la policía nacional. El otro caso emblemático es el de Río Blanco ubicado en Piura.

Dirigentes de comunidades de Piura siguen denunciando públicamente que la minera china Xiamen nunca ha contado con el permiso social y ocupa ilegalmente el territorio. A pesar de ello, el 2016, Perú y China firmaron un convenio para la promoción del proyecto minero Río Blanco. En el campo laboral, varias empresas mineras chinas que operan en Perú se destacan por desconocer los derechos fundamentales en el trabajo, amparados por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la empresa Shougang Hierro Perú SAA, donde prevalecen bajos niveles remunerativos, altos niveles de conflictividad laboral, así como un largo historial de denuncias por malas prácticas laborales.

Te invitamos a navegar y conocer estos cuatro casos que representan más de US$17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

http://inversioneschinasperu.org/index.html

Esta semana se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en EE.UU. un informe donde se señala la “Grave situación de la salud de los trabajadores mineros en Perú y responsabilidad del Estado y las empresas”. Estuvieron presentes para dar su testimonio, dos ex trabajadores mineros: Saúl Juárez y Richard Herrera Gálvez, ambos con serios problemas de salud. El Estado por su parte afirmó que no tiene la información suficiente respecto a este tema.

Las organizaciones que sustentaron el documento ante la CIDH fueron la Red Muqui – Perú, Instituto Natura – Chimbote, Perú y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible- GRUFIDES – Cajamarca, Perú. La abogada Mirtha Vásquez quien expresó su preocupación por la situación de salud de trabajadores y poblaciones expuestas a metales tóxicos en zonas de minería. “Detectamos que vacíos e insuficiente regulación, incluso el Estado ha flexibilizado normas ambientales para beneficiar a empresas y esto ha generado que se incremente el riesgo en la salud de las poblaciones”, afirmó.

Agregó que “se tiene conocimiento de varios casos, por ejemplo, en La oroya donde se ha detectado que el 99% delos niños tiene plomo en la sangre. También en una situación similar se encuentran los poblados de Simón bolívar en Pasco. Otra población afectada es la de Hualgalloc en Cajamarca y el caso emblemático de Choropampa donde ocurrió un derrame de mercurio que afectó gravemente la salud de la personas”.

Alan Richard Herrera Gálvez, ex trabajador de Minera Yanacocha, afirmó que laboró de 1998 hasta fines del 2012, durante el tiempo que trabajó tuvo problemas de alergias, luego, presentó   una ginecomastia. En los exámenes que la empresa le realizaba no se registraban mayores problemas. “Sin embargo, mi persona presenta altos niveles de mercurio, bario y arsénico” en el organismo y añadió que ello fue a causa de la exposición en el desempeño de sus labores.

Juárez Flores, ex trabajador de Antamina, aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos, que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

Por su parte, Guillermo Martínez, director del Instituto Natura en Áncash, aseveró que se demanda al Estado, la atención inmediata a la problemática de salud. También, que se trabaje una normativa que coloque los derechos de las personas por sobre un interés económico. El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke sostuvo ante la CIDH: “ Consideramos que el Estado debe asumir un rol fiscalizador y garante de derechos humanos. Debe apostar por un desarrollo que sea sostenible y respetuoso de la vida y la salud, no solo los trabajadores mineros porque los trabajadores viven con sus familias en las zonas donde hay actividad minera. Hay personas que están afectadas directamente por las actividades mineras”.

El procurador del Estado lamentó la situación de salud de los trabajadores presentes y aseguró que el Estado , tiene entidades encargadas de supervisión de la seguridad y la salud en el trabajo. Afirmó que tiene un sistema de reglamentación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y leyes que “aseguran un dialogo social”. Afirmó que se están generando instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El comisionado cuestionó si existen investigaciones en curso y ya con resultados sobre la problemática de salud, trabajadores mineros y poblaciones afectadas Y qué mecanismos de remediación existen en materia salud para los trabajadores. Las organizaciones sociales, por su parte, señalaron en su informe que se debería “ Establecer normativa y políticas públicas de prevención y protección de la salud, que exijan a las empresas mineras asumir y brindar una atención primaria, prioritaria y especializada a todos sus trabajadores afectados por los impactos generados por la actividad minera durante su época laboral activa como posterior, y también a sus familias y personas en general, afectadas por la exposición crónica a metales tóxicos”. También suscriben que el Estado sebe “asumir un rol supervisor, fiscalizador y garante de un desarrollo sostenible que permita el goce de un ambiente equilibrado en respeto a la vida y la salud humana de los trabajadores mineros, sus familias y las personas que habitan en entornos mineros”.