¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las
regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI. Un informe del diario Gestión afirma que según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Al respecto, para el mismo diario, el economista de CooperAcción comentó que «hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia».  También, llama la atención, como a pesar de no haber gran aporte social, se sigue impulsado la minería y el extractivismo en dichas regiones. Un ejemplo es la cantidad de territorio concesionado para futuros proyectos. Apurimac tiene el 46% del territorio en concesión, Cajamarca 21% y Huancavelica 26%.


Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Caso Atuncolla. Sentencia 2da Instancia by Juan Carlos Ruiz Molleda on Scribd

Esperan  reglamentación de la Ley

Organizaciones sociales agrupadas en el Grupo Perú Ambiente y Clima, del que forma parte Red Muqui, presentaron observaciones a la Ley Marco de Cambio Climático, sostienen que reglamento debe darse en los plazos establecidos por tratarse de una problemática urgente de abordar. Las organizaciones resaltaron que era positiva la aprobación de esta Ley, que representa un avance en la Legislación y coloca al país entre los pioneros en América Latina con respecto a normativa ambiental.

Durante la última reunión del Grupo Perú Ambiente y Clima realizada en la La Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC, la semana pasada, se debatió la importancia de la Ley de Cambio Climático. Las organizaciones sostuvieron que son muchos los aspectos positivos de esta norma. La Ley de Cambio Climático va alinear otros instrumentos y directivas que ya existen con respecto al Cambio Climático. También, va permitir que la ciudadanía exija al Estado políticas públicas al respecto. Otro de los puntos positivos, es que el Gobierno tendrá que rendir cuentas y hacer publica información al respecto, así como, sus acciones de mitigación.

Preocupaciones

Romina Rivera, coordinadora nacional de MOCICC, afirma que en la Ley no se establece que Ministerio del ambiente (MINAM) será la máxima autoridad en Cambio Climático y en general, hay un vacío, porque no se especifica quién es la autoridad rectora del tema que decide. “En determinadas decisiones sobre Cambio Climático podrían pesar otras entidades como Energía y Minas, aunque MINAM se haya pronunciado en contra”, afirmó a Red Muqui.

También, comentó que se trata de una Ley amplia, que abarca tantas temáticas y que no va ser posible hacer un reglamento para tantos aspectos. La participación ciudadana, es un punto importante que deja dudas. En la Ley se señala que la participación va estar normada según el Convenio 189 de la OIT, que involucra comunidades y pueblos indígenas, pero no se incluye a sociedad civil como ONGs o colegios de especialistas.

Finalmente, Rivera resaltó que preocupa la fuente de financiamiento para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Afirma que recién se van a destinar fondos para ello en el 2020 y que “al parecer al Ministerio de Economía y Finanzas no tiene como prioridad dar un presupuesto para crear instrumentos de gestión del Cambio Climático”.

Se espera que en el reglamento de Ley Marco de Cambio Climático se especifiquen aspectos de suma relevancia como el concepto de gestión climática. Las organizaciones sociales que forman parte del Grupo Perú Ambiente y Clima estarán vigilantes.

Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.

Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.

En la carta notarial la PNP señala que:

“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.

Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.

En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.

Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:

1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?

2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.

3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.

4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore – Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.

5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.

6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

Cusco, 27 de abril del 2018

Un artículo publicado en el portal Deutsche Welle de Alemania en Berlín afirma que la minería es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en el Perú. Es “una actividad impulsada por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de aparatos electrónicos, resalta. A su vez, se difundió una investigación sobre la minería y su impacto en Cajamarca y Junín.

La organización alemana de Misereor, junto con la ONG peruana «Red Muqui”, coordinaron la elaboración de un proyecto interdisciplinario de investigación sobre el impacto medioambiental y social en dos regiones Cajamarca y Junín. El primero analiza los impactos de la ampliación de una mina de oro en Cajamarca

El articulo afirma que “un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt, de Berlín, se propuso investigar si, dada esta ecuación de costo y beneficio, le conviene al país seguir apostando por la minería como actividad prioritaria o diversificar su economía a largo plazo respaldando otras actividades estratégicas como la agricultura. El resultado fue publicado en un estudio titulado: «Alternativa de desarrollo en las regiones mineras de Perú».

Susanne Priess, asesora en minería y desarrollo de la organización episcopal alemana Misereor declaró al medio: «Tenemos unas 30 instituciones socias en Perú que trabajan en el tema minero, y desde hace 15 a 20 años sólo escuchamos quejas. Dicen que la minería los contamina, los desprestigia, los envenena, los expulsa y se agrava la pobreza”.

El geógrafo Constantin Bittner afirmó que en Cajamarca, aunque existen los mismos conflictos socio-ambientales, el gobierno regional utiliza su influencia para limitar la actividad minera. Allí encontramos movimientos que buscan una regulación en la minería, incluso con el cierre de regiones a la actividad minera. Son iniciativas locales que, sin embargo, no son tomadas en cuenta a nivel nacional”.

Por su parte, Javier Jahncke Benavente, secretario ejecutivo de la Red Muqui, resaltó para la prensa alemana que el estudio realizado por los investigadores no sólo plantea cuestiones sobre la política minera en el Perú, sino sobre el modelo de desarrollo. «Los precios invisibles de nuestro estilo de vida, afirmó.

«Nos estamos conectando con grupos en Alemania que hablan sobre decrecimiento, sobre un modelo alternativo en el futuro, no sólo en Perú sino en países industrializados como Alemania. Este estudio nos hace ver de manera directa el alto precio que paga Perú por este modelo. Y está claro quién se beneficia”, comento el secretario ejecutivo de Red Muqui.

El experto en Economía Internacional, Moritz Fichtl recuerda que el ministerio del Medioambiente existe apenas hace diez años, y que el gobierno alemán e instituciones como la Sociedad para la Cooperación Internacional ayudaron a crear el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que debería hacer los peritajes de la actividad minera, pero está al frente alguien que viene del sector minero. «Si se continúa con la actividad minera masiva sobre el territorio peruano, habrá consecuencias que trascenderán las fronteras del Perú, afectando el ecosistema del Amazonas y sus reservas de agua dulce”.

Alemania, país pobre en metales preciosos, suscribió en 2012 un convenio minero con Perú y es el principal importador de las exportaciones mineras del país andino. «Alemania importa bastante material mineral de Perú; cobre, plata, zinc, plomo. El propósito de aquel convenio era garantizar el acceso indiscriminado y barato a materias primas del Perú”, afirma Susanne Friess

La experta añade que son los peruanos los que pagan el precio del consumo de países industrializados. «Necesitamos sus materias primas y nos beneficiamos de una política minera, en el Perú, que nos favorece a nosotros, los consumidores alemanes”.

Puedes revisar la nota AQUI:  http://www.dw.com/es/per%C3%BA-paga-un-alto-precio-por-su-modelo-minero/a-43473962

El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que

«El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación»

El día 12 de abril, mediante Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, se prorrogó nuevamente el estado de emergencia, en el denominado “corredor minero” del sur, que involucra zonas de actividad minera en Cusco, Apurímac y Arequipa, sin que se configuren los supuestos constitucionalmente establecidos.

La Constitución Política establece determinados supuestos de hecho para se declare un estado de emergencia: “en casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Sólo configurándose estas circunstancias el gobierno puede decretar este régimen de excepción donde se suspenden determinadas libertades como el derecho a reunión , la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y se habilita a las fuerzas armadas a intervenir en el territorio.

Los estados de emergencia constituyen un régimen excepcional sin embargo la política del actual gobierno del presidente Vizcarra, que es continuidad de la aplicada por Kuczynsku, es la del uso de este mecanismo constitucional como si fuese la regla. Durante el segundo semestre del 2017 el gobierno declaró continuamente en estado de emergencia varios distritos de Cusco y Apurímac fueron alrededor de 120 días[1], a inicios de enero de 2018 el Ejecutivo mediante Decreto Supremo 006-2018-PCM declaró estado de emergencia el denominado Corredor Vial Cusco-Apurímac-Arequipa, extiendo así el territorio que anteriormente ya se encontraba bajo este régimen, y en febrero volvió a prorrogar el Estado de emergencia

El Decreto Supremo N° 037-2018-PCM señala que es el Director General de la Policía Nacional del Perú con el fin de “garantizar el accionar de las fuerzas del orden”, quien recomienda prorrogar el estado de emergencia[2], sin embargo en las zonas intervenidas no existen las condiciones establecidas en la Constitución para que se configure el estado de emergencia.

La lógica del gobierno sigue siendo la de evitar las manifestaciones sociales pacíficas y/o reprimirlas, sin embargo los estados de emergencia no pueden tener naturaleza preventiva, no se puede hacer uso de la fuerza pública para resolver los conflictos sociales y desnaturalizar los mecanismos constitucionales porque estaríamos ante regímenes inconstitucionales, y no estaríamos resolviendo los problemas de fondo que generan las situaciones de conflicto, lo que las mantiene en el tiempo sin solución.

El documental Historias de agua ya se encuentra disponible en la cuenta de YouTube de Red Muqui subtitulado en inglés y Alemán. Esto permitirá a mayor número de personas alrededor del mundo conocer la problemática ambiental generada por la minería que aqueja varias regiones del centro del Perú. Esta semana será proyectada en países de Europa: Alemania, Inglaterra, Bélgica y Suiza.

El largomertraje, producido por RED MUQUI, Viajando Filmando y Killa Kuyay con el apoyo de OXFAM y 11.11.11 , da a conocer la problemática del agua y la minería en regiones como Pasco, Junín y la sierra de Lima. Los documentalistas y realizadores de Historias de Agua, Juan Manuel Torres Solari y Gabriela Delgado Maldonado siguieron la ruta de las nacientes de los ríos más importantes de estas regiones, encontrando y registrando a su paso la contaminación ambiental generada por la minería que lastima los ecosistemas y daña la salud de las personas.

Se hizo tomando como base el Informe de salud y Pasivos ambientales realizado por el médico ambientalista Fernando Osores, quien realizó muestras de sangre a niños y niñas de Pasco y Junín. Encontró que la mayoría de ellos tenía hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado por entidades internacionales como altamente cancerígeno.

En el caso, de San Mateo, el documental muestra como existen montañas de deshechos mineros en zonas cercanas al río Rímac sin remediar, que se filtran a aguas subterráneas y están en riesgo de desplomarse y contaminar el Rímac, principal río de la capital peruana.

En Youtube, el documental ya supera las 2 mil vistas. El Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke presentará el documental en Europa y dará a conocer la situación de los pasivos ambientales mineros, la contaminación del agua y las condiciones de salud en las que viven las personas.

El Perú está otra vez en los ojos del mundo por la Cumbre de las Américas, que  reúne a 20 jefes de Estado en Lima. Esta Cumbre tiene como tema principal la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente Martín Vizcarra anunció hace poco la reactivación de la economía, apostando por atraer las inversiones al país sin dar señales de cambios hacia el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Una vez más los pueblos indígenas ven amenazado su territorio por políticas y normas como los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el Proyecto de Ley 1718, contra los que se han manifestado diferentes organizaciones indígenas, pidiendo que se los declare inconstitucionales.

Los líderes y lideresas indígenas reunidos en el Foro de los Pueblos indígenas, el día 10 de abril, cuestionaron las políticas excluyentes de los Estados Americanos y denunciaron que las actividades extractivas y agroindustriales con frecuencia se dan en territorio de los pueblos indígenas, ocasionando problemas de vulneración, despojo y/o compra fraudulenta de sus territorios.  Asimismo, evidenciaron que existe una estrecha relación entre desconocimiento de derechos, corrupción y conflictividad social.

Para denunciar esta problemática, organizaciones de la sociedad civil realizaron una intervención en la Vía Expresa. En una banderola colocada en uno de los puentes de la zona empresarial de San Isidro se leía “Bienvenidos al Perú, se venden tierras indígenas”. Este llamado de atención busca sensibilizar a la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las comunidades, que son quienes protegen las reservas de agua y bosque del país.

Si te interesa seguir las actividades de esta campaña sigue el Hashtag #PerúTierraenVenta.

Preocupante situación. Activos Mineros SAC, empresa del sector Energía y Minas, logró que se transfieran más de 34 hectáreas donde habitan pobladores de Morococha, para beneficiar la ampliación del proyecto minero Toromocho de propiedad de la empresa Chinalco.

Esta situación facilitaría el desalojo inminente de la población que aún se mantiene en la antigua ciudad de Morococha que aún no ha sido reasentada, incluso con el apoyo de la fuerza pública.  El secretario ejecutivo de RED MUQUI, Javier Jahncke advierte que se está utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria, que acabaría con el problema pendiente que tiene la empresa minera Chinalco para culminar con un conflicto socio ambiental que aún se mantiene pendiente sin solución.

Cabe recordar, que Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua de Morococha contiene pasivos mineros de alto riesgo, sin embargo, un grupo de pobladores se negaban a realizar el traslado al no tener certeza de que se les asegurará un lugar digno donde vivir y trabajar.

¿Cómo se hizo posible la expropiación?

El gobierno aplicó la Ley 30680, que se dictó en el marco de la reconstrucción tras el fenómeno de El Niño, para facilitar la expropiación de predios. El artículo 49 de esta ley, regula la posesión de bienes inmuebles en las zonas de riesgo y zonas intangibles, señala que solo se podrá ejercer posesión en zonas que sean habitables, mientras que en zonas de riesgo no mitigable el derecho de posesión será ilegal y otorga facultades a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) para ejecutar la desocupación de los pobladores de estas zonas.

Estas medidas de expropiación de bienes inmuebles se ven facilitadas por el Decreto Legislativo N° 1192, como señala Beatriz Cortez, abogada de RED MUQUI.  Ella nos explica que en “el artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito”.

Estas disposiciones vulneran el derecho a posesión y propiedad configurando la inconstitucionalidad de la Resolución emitida por la SNB ya que viola el artículo 70° de la Constitución Política, afirma Cortez.

El Consejo Municipal de Morococha, Frente de Defensa, el Comité de Lucha y pueblo de Morococha han manifestado su preocupación por esta resolución mediante un comunicado:

“Se está vulnerando la propiedad privada. Rechazamos la transferencia de las 34 hectáreas para la ampliación del proyecto Minero Toromocho”, se asevera en el documento. Se demanda la nulidad de la resolución dada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como, el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa minera Chinalco. “Nos declaramos en pie de lucha”, suscribe el pronunciamiento. El día de mañana realizarán una conferencia de prensa en Huancayo al medio día para dar a conocer su posición frente al tema y las medidas que adoptarán.