Amedrentamiento a organizaciones que denuncian abuso hacia las comunidades en Corredor minero sur

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Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.

Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.

En la carta notarial la PNP señala que:

“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.

Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.

En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.

Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:

1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?

2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.

3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.

4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore – Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.

5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.

6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

Cusco, 27 de abril del 2018

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Medios internacionales afirman que el Perú paga un alto precio por su modelo minero

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Un artículo publicado en el portal Deutsche Welle de Alemania en Berlín afirma que la minería es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en el Perú. Es “una actividad impulsada por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de aparatos electrónicos, resalta. A su vez, se difundió una investigación sobre la minería y su impacto en Cajamarca y Junín.

La organización alemana de Misereor, junto con la ONG peruana «Red Muqui”, coordinaron la elaboración de un proyecto interdisciplinario de investigación sobre el impacto medioambiental y social en dos regiones Cajamarca y Junín. El primero analiza los impactos de la ampliación de una mina de oro en Cajamarca

El articulo afirma que “un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt, de Berlín, se propuso investigar si, dada esta ecuación de costo y beneficio, le conviene al país seguir apostando por la minería como actividad prioritaria o diversificar su economía a largo plazo respaldando otras actividades estratégicas como la agricultura. El resultado fue publicado en un estudio titulado: «Alternativa de desarrollo en las regiones mineras de Perú».

Susanne Priess, asesora en minería y desarrollo de la organización episcopal alemana Misereor declaró al medio: «Tenemos unas 30 instituciones socias en Perú que trabajan en el tema minero, y desde hace 15 a 20 años sólo escuchamos quejas. Dicen que la minería los contamina, los desprestigia, los envenena, los expulsa y se agrava la pobreza”.

El geógrafo Constantin Bittner afirmó que en Cajamarca, aunque existen los mismos conflictos socio-ambientales, el gobierno regional utiliza su influencia para limitar la actividad minera. Allí encontramos movimientos que buscan una regulación en la minería, incluso con el cierre de regiones a la actividad minera. Son iniciativas locales que, sin embargo, no son tomadas en cuenta a nivel nacional”.

Por su parte, Javier Jahncke Benavente, secretario ejecutivo de la Red Muqui, resaltó para la prensa alemana que el estudio realizado por los investigadores no sólo plantea cuestiones sobre la política minera en el Perú, sino sobre el modelo de desarrollo. «Los precios invisibles de nuestro estilo de vida, afirmó.

«Nos estamos conectando con grupos en Alemania que hablan sobre decrecimiento, sobre un modelo alternativo en el futuro, no sólo en Perú sino en países industrializados como Alemania. Este estudio nos hace ver de manera directa el alto precio que paga Perú por este modelo. Y está claro quién se beneficia”, comento el secretario ejecutivo de Red Muqui.

El experto en Economía Internacional, Moritz Fichtl recuerda que el ministerio del Medioambiente existe apenas hace diez años, y que el gobierno alemán e instituciones como la Sociedad para la Cooperación Internacional ayudaron a crear el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que debería hacer los peritajes de la actividad minera, pero está al frente alguien que viene del sector minero. «Si se continúa con la actividad minera masiva sobre el territorio peruano, habrá consecuencias que trascenderán las fronteras del Perú, afectando el ecosistema del Amazonas y sus reservas de agua dulce”.

Alemania, país pobre en metales preciosos, suscribió en 2012 un convenio minero con Perú y es el principal importador de las exportaciones mineras del país andino. «Alemania importa bastante material mineral de Perú; cobre, plata, zinc, plomo. El propósito de aquel convenio era garantizar el acceso indiscriminado y barato a materias primas del Perú”, afirma Susanne Friess

La experta añade que son los peruanos los que pagan el precio del consumo de países industrializados. «Necesitamos sus materias primas y nos beneficiamos de una política minera, en el Perú, que nos favorece a nosotros, los consumidores alemanes”.

Puedes revisar la nota AQUI:  http://www.dw.com/es/per%C3%BA-paga-un-alto-precio-por-su-modelo-minero/a-43473962

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Corredor minero: Se derramó líquido de apariencia industrial de un camión convoy en Apurimac

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El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que

«El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación»

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Política de imposición de Estados de Emergencia en corredor minero de Cusco-Apurímac-Arequipa no soluciona problemática generada por la actividad minera

El día 12 de abril, mediante Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, se prorrogó nuevamente el estado de emergencia, en el denominado “corredor minero” del sur, que involucra zonas de actividad minera en Cusco, Apurímac y Arequipa, sin que se configuren los supuestos constitucionalmente establecidos.

La Constitución Política establece determinados supuestos de hecho para se declare un estado de emergencia: “en casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Sólo configurándose estas circunstancias el gobierno puede decretar este régimen de excepción donde se suspenden determinadas libertades como el derecho a reunión , la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y se habilita a las fuerzas armadas a intervenir en el territorio.

Los estados de emergencia constituyen un régimen excepcional sin embargo la política del actual gobierno del presidente Vizcarra, que es continuidad de la aplicada por Kuczynsku, es la del uso de este mecanismo constitucional como si fuese la regla. Durante el segundo semestre del 2017 el gobierno declaró continuamente en estado de emergencia varios distritos de Cusco y Apurímac fueron alrededor de 120 días[1], a inicios de enero de 2018 el Ejecutivo mediante Decreto Supremo 006-2018-PCM declaró estado de emergencia el denominado Corredor Vial Cusco-Apurímac-Arequipa, extiendo así el territorio que anteriormente ya se encontraba bajo este régimen, y en febrero volvió a prorrogar el Estado de emergencia

El Decreto Supremo N° 037-2018-PCM señala que es el Director General de la Policía Nacional del Perú con el fin de “garantizar el accionar de las fuerzas del orden”, quien recomienda prorrogar el estado de emergencia[2], sin embargo en las zonas intervenidas no existen las condiciones establecidas en la Constitución para que se configure el estado de emergencia.

La lógica del gobierno sigue siendo la de evitar las manifestaciones sociales pacíficas y/o reprimirlas, sin embargo los estados de emergencia no pueden tener naturaleza preventiva, no se puede hacer uso de la fuerza pública para resolver los conflictos sociales y desnaturalizar los mecanismos constitucionales porque estaríamos ante regímenes inconstitucionales, y no estaríamos resolviendo los problemas de fondo que generan las situaciones de conflicto, lo que las mantiene en el tiempo sin solución.

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Historias de agua se presentará en Alemania, Inglaterra, Bélgica y Suiza

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El documental Historias de agua ya se encuentra disponible en la cuenta de YouTube de Red Muqui subtitulado en inglés y Alemán. Esto permitirá a mayor número de personas alrededor del mundo conocer la problemática ambiental generada por la minería que aqueja varias regiones del centro del Perú. Esta semana será proyectada en países de Europa: Alemania, Inglaterra, Bélgica y Suiza.

El largomertraje, producido por RED MUQUI, Viajando Filmando y Killa Kuyay con el apoyo de OXFAM y 11.11.11 , da a conocer la problemática del agua y la minería en regiones como Pasco, Junín y la sierra de Lima. Los documentalistas y realizadores de Historias de Agua, Juan Manuel Torres Solari y Gabriela Delgado Maldonado siguieron la ruta de las nacientes de los ríos más importantes de estas regiones, encontrando y registrando a su paso la contaminación ambiental generada por la minería que lastima los ecosistemas y daña la salud de las personas.

Se hizo tomando como base el Informe de salud y Pasivos ambientales realizado por el médico ambientalista Fernando Osores, quien realizó muestras de sangre a niños y niñas de Pasco y Junín. Encontró que la mayoría de ellos tenía hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado por entidades internacionales como altamente cancerígeno.

En el caso, de San Mateo, el documental muestra como existen montañas de deshechos mineros en zonas cercanas al río Rímac sin remediar, que se filtran a aguas subterráneas y están en riesgo de desplomarse y contaminar el Rímac, principal río de la capital peruana.

En Youtube, el documental ya supera las 2 mil vistas. El Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke presentará el documental en Europa y dará a conocer la situación de los pasivos ambientales mineros, la contaminación del agua y las condiciones de salud en las que viven las personas.

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Tierras de comunidades en peligro por leyes que promueven la expropiación

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El Perú está otra vez en los ojos del mundo por la Cumbre de las Américas, que  reúne a 20 jefes de Estado en Lima. Esta Cumbre tiene como tema principal la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente Martín Vizcarra anunció hace poco la reactivación de la economía, apostando por atraer las inversiones al país sin dar señales de cambios hacia el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Una vez más los pueblos indígenas ven amenazado su territorio por políticas y normas como los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el Proyecto de Ley 1718, contra los que se han manifestado diferentes organizaciones indígenas, pidiendo que se los declare inconstitucionales.

Los líderes y lideresas indígenas reunidos en el Foro de los Pueblos indígenas, el día 10 de abril, cuestionaron las políticas excluyentes de los Estados Americanos y denunciaron que las actividades extractivas y agroindustriales con frecuencia se dan en territorio de los pueblos indígenas, ocasionando problemas de vulneración, despojo y/o compra fraudulenta de sus territorios.  Asimismo, evidenciaron que existe una estrecha relación entre desconocimiento de derechos, corrupción y conflictividad social.

Para denunciar esta problemática, organizaciones de la sociedad civil realizaron una intervención en la Vía Expresa. En una banderola colocada en uno de los puentes de la zona empresarial de San Isidro se leía “Bienvenidos al Perú, se venden tierras indígenas”. Este llamado de atención busca sensibilizar a la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las comunidades, que son quienes protegen las reservas de agua y bosque del país.

Si te interesa seguir las actividades de esta campaña sigue el Hashtag #PerúTierraenVenta.

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Estado expropia tierras a población de Morococha para beneficiar ampliación del proyecto minero Toromocho

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Preocupante situación. Activos Mineros SAC, empresa del sector Energía y Minas, logró que se transfieran más de 34 hectáreas donde habitan pobladores de Morococha, para beneficiar la ampliación del proyecto minero Toromocho de propiedad de la empresa Chinalco.

Esta situación facilitaría el desalojo inminente de la población que aún se mantiene en la antigua ciudad de Morococha que aún no ha sido reasentada, incluso con el apoyo de la fuerza pública.  El secretario ejecutivo de RED MUQUI, Javier Jahncke advierte que se está utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria, que acabaría con el problema pendiente que tiene la empresa minera Chinalco para culminar con un conflicto socio ambiental que aún se mantiene pendiente sin solución.

Cabe recordar, que Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua de Morococha contiene pasivos mineros de alto riesgo, sin embargo, un grupo de pobladores se negaban a realizar el traslado al no tener certeza de que se les asegurará un lugar digno donde vivir y trabajar.

¿Cómo se hizo posible la expropiación?

El gobierno aplicó la Ley 30680, que se dictó en el marco de la reconstrucción tras el fenómeno de El Niño, para facilitar la expropiación de predios. El artículo 49 de esta ley, regula la posesión de bienes inmuebles en las zonas de riesgo y zonas intangibles, señala que solo se podrá ejercer posesión en zonas que sean habitables, mientras que en zonas de riesgo no mitigable el derecho de posesión será ilegal y otorga facultades a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) para ejecutar la desocupación de los pobladores de estas zonas.

Estas medidas de expropiación de bienes inmuebles se ven facilitadas por el Decreto Legislativo N° 1192, como señala Beatriz Cortez, abogada de RED MUQUI.  Ella nos explica que en “el artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito”.

Estas disposiciones vulneran el derecho a posesión y propiedad configurando la inconstitucionalidad de la Resolución emitida por la SNB ya que viola el artículo 70° de la Constitución Política, afirma Cortez.

El Consejo Municipal de Morococha, Frente de Defensa, el Comité de Lucha y pueblo de Morococha han manifestado su preocupación por esta resolución mediante un comunicado:

“Se está vulnerando la propiedad privada. Rechazamos la transferencia de las 34 hectáreas para la ampliación del proyecto Minero Toromocho”, se asevera en el documento. Se demanda la nulidad de la resolución dada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como, el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa minera Chinalco. “Nos declaramos en pie de lucha”, suscribe el pronunciamiento. El día de mañana realizarán una conferencia de prensa en Huancayo al medio día para dar a conocer su posición frente al tema y las medidas que adoptarán.



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Representantes de Cotabambas a Vizcarra: “Esperamos que el gobierno rompa con el pacto entre empresa – Estado y llame a diálogo”

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Especialistas de CooperAcción presentaron  observaciones técnicas a la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas realizadas . A ello se le suma, el descontento social en la zona que se acrecienta con un continuo Estado de Emergencia que restringe derechos.

En Cotabambas se vive un Estado de Emergencia permanente, donde los comuneros y comuneras ven restringidos sus derechos. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas. Nos preocupa los impactos que generará el proyecto y no nos podemos manifestar, por eso, estamos pidiendo diálogo, afirmó a Red Muqui, Victor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.

Por su parte, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. “Tenemos la esperanza de que este gobierno rompa con este pacto entre empresa y Estado, y llame al diálogo”, agregó Cavero.

Los dirigentes del Frente de Defensa le recordaron a Vizcarra que él realizó una visita a Cotabambas donde anunció 150 proyectos de inversión pública para ser implementados. Participó en el proceso de diálogo del conflicto originado en el 2016, en calidad de vicepresidente y se espera que ponga fin al Estado de Emergencia y retome un verdadero diálogo.

Uno de los mayores cuestionamientos al proyecto minero ha sido que tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental EIA de Las Bambas, se han realizado una serie de modificaciones. Al cambiar las características e impactos iniciales del proyecto se ha generado desconcierto y malestar en la población.

Así una revisión independiente realizada por especialistas ambientales da luces sobre el Estudio de Impacto Ambiental modificado. En conferencia de prensa, José de Echave, subdirector de CooperAcción y Dionel Martinez, del área de Geografía y ambiente de CooperAcción señalaron un conjunto de observaciones y recomendaciones a la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental.

Las observaciones ambientales

El informe técnico presentado reúne un total de 22 observaciones y recomendaciones. En principio, se señala que no hay un diagnostico actualizado de los parámetros ambientales clave en el caso de ríos o cuencas. También, faltan estudios a nivel de factibilidad, hay vacíos en cómo se realizará el tratamiento y recirculación del agua. Otras observaciones importantes tienen que ver con que no se precisa cómo crecerá el flujo de vehículos y se manejarán los impactos de polvareda constante y vibraciones.

Dionel Martínez, del área de Geografía y ambiente de CooperAcción señaló que preocupa la forma en que se va manejar el depósito de minerales. A los especialistas les preocupa que puedan filtrarse contaminantes hacia aguas subterráneas. Esto, debido a la cercanía con la cuenca Ferrobamba representa un impacto considerable a largo plazo.

Frente a ello, las organizaciones y representantes que participaron en la Conferencia de prensa, piden a SENACE no aprobar esta tercera modificatoria y por el contrario que se realice un Estudio de Impacto Ambiental Integrado que permita conocer de forma adecuada los impactos acumulativos del proyecto minero.

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Documental transmedia sobre el impacto social y ambiental de la minería en Espinar

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La vida no vale un cobre es el primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera en el sur de Perú. La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por esta actividad.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, otros- forman parte del documental transmedia La vida no vale un cobre. Su formato permite al espectador conocer de cerca los conflictos que genera la mina en la provincia de Espinar, Cusco, donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore, que viene extrayendo de esta provincia más de 160 mil toneladas de concentrado de cobre al año para ser llevados hasta China.

Espinar cumple este año 36 años de explotación de minerales, sin embargo las cifras de pobreza no se han revertido en la zona.

El documental cuya producción duró año y medio, da un principal protagonismo a las mujeres en sus diversas piezas, como el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida,video arte Otros tiempos y el teaser del largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

Corto animado La Vida no vale un cobre:https://bit.ly/2H17MHm

La segunda pieza de La vida no vale un cobre es el teaser del largometraje Melchora, que se estrenará en noviembre de este año, cuyo personaje principal es una dirigente social de Alto Huancané (Espinar), Melchora Surco, quien a raíz de los resultados de estudios oficiales del Censopas (Minsa) inicia su lucha, recorrerá todas las instituciones nacionales e internacionales denunciando que toda su comunidad consume agua contaminada por la actividad minera. El teaser relata cómo su vida y la de sus vecinos ha cambiado desde que ingresó el gigante de cobre que prometía prosperidad a su localidad. Ella tiene más de 10 metales en su cuerpo, los habitantes de su comunidad también están enfermos, Melchora suplica al Estado nacional, local y regional que sean atendidos con salud especializada y con acceso al agua.

Teaser Melchora: https://bit.ly/2GZEIjG

La directora del documental Magali Zevallos señala que el objetivo del proyecto es visibilizar la alarmante contaminación ambiental que hay en Espinar y el daño irreversible en la salud de su población. Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña han demostrado que cerca a 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) tienen metales pesados tóxicos en su organismo y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados. Asimismo desde el 2012, el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos -instaladas hace seis años a raíz del conflicto social- que se identificarían las causas de la contaminación en la zona, han pasado seis años y no hay respuesta del Estado.

“Desde hace 16 años se alerta de la contaminación en la zona mediante monitoreos ambientales. Desde hace ocho años el Estado ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto. Estamos frente a un Estado indolente, que no está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente”, señala Zevallos.

Añade que hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar. “Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo, tras el conflicto de Espinar, se ha comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la ciudadanía en la zona. Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta  alarmante situación”.

El documental recoge a través de sus infografías animadas cifras y data oficial sobre temas sociales, pues según el Censo del 2007 del INEI, el 64.7% de la población de la provincia de Espinar es pobre, el distrito de Espinar: 56.3%. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

En 2007 la desnutrición crónica afectaba al 42,1% y el 2009 al 47,1% de los niños menores de cinco años de la provincia, lo que significaba que hubo 2,916 y 3,567 niños con desnutrición crónica entre 2007 y 2009.  Según la Micro Red Yauri (2014) de las 764 mujeres evaluadas, 445 presentaban anemia entre leve (231), moderada (213) y severa.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones,  el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos. Proyecto que tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, Cuba.

 

Se puede revisar el documental AQUI:  http://lavidanovaleuncobre.com/

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Exigimos el esclarecimiento por el uso desmedido de la fuerza y la violencia en contra de ciudadanas/os de alto Huarca por parte de la PNP y la empresa minera Glencore en Espinar

 

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

  • El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.
  • Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.
  • La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.
  • Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

Cusco, 05 de abril del 2018.

Red Muqui – Perú

Red Muqui Sur

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

CooperAccion

Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.

IDECA – Puno.

Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno.

APRODEH

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