Sobre declaraciones del ministro Tamayo en Feria Minera PDAC 2017 en Canadá

RED MUQUI, colectivo nacional de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompañamos a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, en la defensa y promoción de sus derechos, nos dirigimos a la opinión pública para declarar lo siguiente:

1.       Mostramos nuestra preocupación por las declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, durante la inauguración del stand de Perú durante la Convención de Exploración Minera PDAC 2017 que se desarrolla entre los días 05 y 08 de marzo en Toronto Canadá, y el contexto en que las ha planteado.

2.       El Ministro Tamayo ha señalado que “el gobierno viene desarrollando estrategias para impulsar el desarrollo minero que comprenden la simplificación de trámites para operaciones mineras, la actualización normativa para las actividades exploratorias, y la puesta en marcha del Adelanto Social; así como la aplicación de estrategias diferenciadas para cada proyecto”.

3.       Está claro que las “estrategias” del Ministro y del gobierno, están contenidas en los cambios normativos realizados recientemente, por el actual gobierno, con los decretos legislativos, que se complementan con los paquetazos del anterior gobierno y con otras normas que de manera sinérgica han eliminado garantías a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, han reducido los estándares ambientales que tendrán ahora criterios económicos y políticos, y no técnicos para su establecimiento, han reducido las funciones de la ya frágil institucionalidad ambiental, han formalizado actividades mineras informales sin exigir medidas ambientales y sociales necesarias, entre otras. En suma, han preparado el camino para facilitar aún más la minería, sin mayores exigencias, con los riesgos que ello conlleva, como generar una mayor conflictividad social en el país.

4.       Se evidencia que todos éstos cambios obedecen a las presiones ejercidas por los grupos de poder económico a los gobiernos de turno, que en el caso actual pretenden impulsar nuevos proyectos mineros con el solo “adelanto social”, es decir con la “plata por delante”, sin considerar que antes que el dinero que es importante, están pendientes temas de fondo de las poblaciones, que deben ser abordados en espacios de diálogo previo e informado, que brinden asesoramiento independiente a los afectados, en procesos de consulta previa adecuados, y en el respeto a los derechos de las personas y los derechos colectivos, y no actuar como ha ocurrido en Apurímac con la imposición de Estados de emergencia y la suspensión de derechos, para poder realizar operaciones mineras que de esa manera, sólo generarán mayor conflictividad social.

5.       La reciente creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial, el pasar a un segundo plano el rol de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad a cargo de Rolando Luque, que tenía una perspectiva de diálogo previo muy marcada por su experiencia en la Defensoría del Pueblo, y muy diferente a la declaración de Estados de Emergencia que se ha empezado a utilizar en el caso Las Bambas, deja sólo dudas respecto al interés del gobierno por dialogar para prevenir, y más queda la perspectiva de la imposición para sacar adelante los proyectos que hoy se “ofertan” en Canadá.

6.       No podemos dejar de mencionar a los países de origen de las empresas, entre ellos Canadá, que promueve la feria en cuestión. Existen emprendimientos mineros en nuestro país que son impulsados por sus empresas, entre ellos muchos en proceso de exploración minera, que es lo que el Ministro Tamayo anuncia se va a impulsar en su gestión. Éstos países deben asumir su responsabilidad también frente a la presión que ejercen sus empresas en nuestro país, y establecer reglas claras para dicho accionar debiendo exigir que apliquen los mismos marcos normativos que en sus países.

Finalmente, esperamos que los cambios anunciados por el Ministro Tamayo sobre la aprobación de un nuevo Reglamento para la Exploración Minera, no sólo consideren como ha adelantado, “modificaciones de simplificación administrativa y reducción de trámites”, sino también mecanismos de participación ciudadana y consulta previa adecuados, con asesoramiento técnico que limite las asimetrías, zonas de exclusión minera que respeten los recursos hídricos y los ecosistemas que son sus fuentes de generación, así como las zonas de importancia agro ecológica para mantener los recursos que son necesarios para nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

 

Lima, 06 de marzo de 2017

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Carta dirigida a Justin Trudeau sobre Defensor de Derechos Humanos para industrias extractivas canadienses en el extranjero

Lima, el 27 de febrero de 2017

Honorable Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Gabinete del Primer Ministro
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2

Asunto: Llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Señor Primer Ministro,

Tenemos el agrado de comunicarnos con usted en representación de Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH, Asociación Nacional de Centros-ANC y la Red MUQUI; organizaciones de la sociedad civil de Perú comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos.

Hemos tomado conocimiento de la iniciativa “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA) para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero, cuyo objetivo sería atender las reclamaciones de las personas afectadas por las compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Mediante esta carta, queremos expresar nuestro apoyo a dicha iniciativa, que responde a una gran preocupación de parte las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil de la región, incluyendo a Perú, ante los graves impactos en el ambiente y las vulneraciones a los derechos humanos generados por el sector extractivo canadiense.

En efecto, en nuestra región, un estudio del Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina analizó proyectos de veinte (20) empresas con casas matrices en Canadá, constatando “graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales, así como vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo”. Particularmente, dicho estudio incluye el análisis de los impactos de cuatro (4) proyectos implementados en Perú por empresas con casa matriz en Canadá.

Ante las afectaciones mencionadas y la ausencia de atención a las reclamaciones, tanto los Canadienses como los ciudadanos de todos los países de la región esperan del gobierno de Canadá que honre su compromiso en materia de derechos humanos. La promoción y protección de los derechos de las personas son parte integrante de los esfuerzos realizados por Canadá en el extranjero, lo cual también debería reflejarse en la manera en la cual atiende las preocupaciones y las reclamaciones relacionadas con los impactos del sector extractivo canadiense en el extranjero.

Asimismo, a nivel global va creciendo la conciencia de los Estados a favor de lograr el goce efectivo de los derechos humanos que pueden verse afectados por actividades empresariales transnacionales. Así, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, ha establecido que los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades.

En esa perspectiva, la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero tendría una repercusión favorable para la democracia, la justicia y la protección de los derechos humanos, además de tener un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense. En efecto, permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas por éstas. Asimismo, la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo significaría un paso fundamental en la justiciabilidad internacional de los derechos humanos.

Creemos importante opinar que este nuevo mecanismo tendrá que ser independiente y eficiente. Para ello, es indispensable que la oficina creada sea independiente de toda influencia de parte del gobierno y del sector corporativo y que la participación de las empresas al proceso sea obligatoria. Asimismo, esta oficina debe tener la facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, evaluando el cumplimiento de la empresa con un conjunto de estándares y averiguando si se ha ocasionado el daño alegado. También tiene que poder llevarse un proceso transparente que incluye la publicación de un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (incluyendo el gobierno canadiense), el seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de sus recomendaciones y la realización periódica de informes públicos para que se difundan los resultados de las investigaciones. Finalmente, se debería prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses en caso de no cumplir con las recomendaciones.

En ese sentido, recomendamos que se utilice el modelo de proyecto de ley elaborado el Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA), cuyo título es The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector.

Considerando que la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero constituyó uno de los compromisos del Partido Liberal en el marco de la campaña electoral de 2015, nos mantendremos a la expectativa de los pasos concretos que dará su gobierno hacia la creación de este mecanismo.

Reciba, Señor Primer ministro, nuestros saludos más cordiales.

 

Francisco Soberón Garrido
Director Fundador – APRODEH

Gloria Margarita Cano Legua
Directora Ejecutiva – APRODEH

Jorge Bracamonte
Secretario Ejecutivo – CNDDHH

Josefina Huamán
Secretaria Ejecutiva – ANC

Javier Jahncke
Secretario Ejecutivo – Red Muqui

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Decretos Legislativos: el nuevo paquetazo violatorio de derechos

RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que las facultades legislativas, solicitadas por el actual gobierno del presidente Kuczynski, se hayan utilizado para dictar algunas normas que ponen en riesgo nuestro medio ambiente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, además de ser violatorias de derechos fundamentales. De esta manera, se sigue en el camino de los paquetazos normativos emitidos por el gobierno de Humala, y el afán de eliminar regulaciones ambientales y sociales para facilitar la actividad empresarial e inversiones, en lugar de servir y beneficiar a las peruanas/os y no perjudicarlos, generando condiciones de mayor conflictividad social.

2. En éste primer pronunciamiento de RED MUQUI sobre los decretos, abordamos el Decreto Legislativo N° 1333 que “simplifica el acceso a la propiedad para proyectos de inversión priorizados” con el fin de “garantizar el adecuado uso de cada proyecto”. Como premisa, el gobierno y los intereses económicos establecen que la actividad minera es «la principal fuente de exportaciones y de ingresos tributarios”, debido a esto buscan flexibilizar aún más las facilidades que ya existen para el acceso a la propiedad de los predios, en especial para los proyectos mineros y de infraestructura.

3. Como complemento de la Ley N° 30230 de los paquetazos, el D.Leg. N° 1333 establece que los proyectos de “gran envergadura priorizados” por el gobierno, requieren el “saneamiento físico y legal” de los predios ubicado en las zonas donde se ejecutaran; es así que, para los próximos 3 años, se dispone la creación del “Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP)” a cargo de PROINVERSION.

4. El APIP se encarga de determinar las diferentes formas de posesión existentes, es decir, cuando se pueden –o no- utilizar los predios, la declaración de prescripción adquisitiva, la reubicación de pobladores -convocando incluso a las Asambleas Comunales que son autónomas según Ley 24656 y la Constitución-, la rectificación de títulos de propiedad individual que presenten “errores” de cualquier naturaleza -definiendo «per se» cuando los hay-, promover la “conciliación entre propietarios y poseedores -para facilitar el acceso a la tierra-”. A través de la APIP, en resumen, el gobierno facilita acciones para favorecer los intereses económicos por encima del derecho a la propiedad y posesión de la tierra individual y colectiva de las personas y comunidades campesinas y nativas respectivamente.

5. Complementariamente al D.Leg. N° 1192 del gobierno de Humala, El APIP también busca liberar las interferencias para la expropiación de inmuebles y la transferencia de predios estatales, estos últimos vinculados especialmente con las tierras eriazas -a las que facilitó acceso la Ley N° 30327 de los paquetazos-.

6. Para ello, el APIP aplica “la presunción de posesión a favor del Estado” y busca la recuperación extrajudicial de predios, dejando de lado la posesión que puedan tener las comunidades campesinas y nativas, especialmente. Ante ello, es obligación del Estado cumplir el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú. En éste caso, si bien se considera en su disposición complementaria final cuarta, que se solicita al MINCUL información sobre presencia de Pueblos Indígenas “a fin de garantizar el derecho de propiedad y posesión”, es claro que la base de datos del MINCUL es incompleta, y no considera a todas las comunidades campesinas como tales, ni siquiera todas las que mantienen su lengua materna y habitan es sus territorios ancestrales, que no lo debieran exigir, como la propia Defensoría del Pueblo lo informó en su momento, por lo que estas medidas son un riesgo para su existencia.

7. El D.Leg. N° 1333, finalmente, modifica el art. 25 del TUO de la Ley General de Minería, y agrega un párrafo en el que se amplía en 2 años más “excepcionalmente”, la suscripción del contrato de transferencia o el contrato de opción minera para adquirir la titularidad de la concesión en zonas de “exclusión minera”. Ello evidentemente facilita el otorgamiento de una concesión en zonas excluidas para ello por el propio INGEMMET, y pone en riesgo las tierras en las que ésta concesión se pretende otorgar. Recordemos que la Ley 30230 posibilita, que con sólo una concesión, el titular ya pueda solicitar se realice el proceso de “saneamiento físico y legal” de un predio, claro en favor de intereses económicos detrás del “proyecto de inversión priorizado”.

RED MUQUI, se seguirá pronunciando sobre los decretos legislativos dictados por el gobierno que consideremos sólo favorecen a intereses económicos particulares, en desmedro de los derechos individuales y colectivos de peruanas y peruanos a nivel nacional.

Exigimos al Congreso de la República una revisión minuciosa de la constitucionalidad y legalidad de los decretos, y sobre las violaciones de derechos que pudieran estar ocasionando o facilitando. Estaremos vigilantes respecto de dicha tarea.

Lima, 02 de febrero de 2017

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Decreto Legislativo 1333 es una amenaza para los derechos a la tierra y territorio de las comunidades

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten que la creación de la APIP afectarían los derechos territoriales de las comunidades

El 7 de enero de 2017 se cumplió el plazo de facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República que establecía 90 días para legislar al Poder Ejecutivo. Como resultado de dicho proceso se aprobaron 112 decretos legislativos.

Uno de ellos, el D.L. 1333 – Para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, con el objeto de facilitar obras de infraestructura y crea el Proyecto Especial para el Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) dependiente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya función principal es disponer de predios saneados para entregarlos a proyectos de inversión priorizados.

Recordemos que, en el Gobierno de Ollanta Humala, bajo la justificación de reactivar la economía, se aprobaron cinco “paquetazos” normativos que debilitaron la protección de derechos territoriales y ambientales de las comunidades. El Decreto Legislativo 1333 complementa y va más allá del Título III de la Ley 30230, otorgándole al APIP funciones que exceden las facultades entregadas por la Ley 30506 y que a la vez vulneran derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Dichas funciones de la APIP le permiten sanear física (demarcar y georreferenciar) y legalmente (entregar derechos) tierras comprendidas en el ámbito geográfico de proyectos de inversión priorizados, sin importar si son tierras formales o informales, públicas o privadas.

El APIP podrá realizar una serie de acciones como identificar tierras, reconocer derechos, rectificar planos, linderos, medidas perimétricas, rectificar títulos de propiedad e incluso definir la necesidad de reubicación de pobladores y convocar a asambleas comunales, además de otras.

El Decreto desconoce el ordenamiento jurídico y los avances en institucionalidad gubernamental en materia de saneamiento físico legal, creando un conflicto de competencias con el MINAGRI y Gobiernos Regionales como ente rector y ejecutor en materia de titulación de tierras comunales, obstaculizando los recientes proyectos de reconocimiento y titulación comunal que se implementaran entre ellos el PTRT-3.

Por esto, consideramos que esta norma de “saneamiento express” pone en riesgo los derechos de las comunidades y desconoce la deuda histórica que mantiene el Estado con los pueblos indígenas en la titulación de sus tierras.

Cabe recalcar que la norma se articula con la Ley 30230 que actualmente viene siendo revisada por el Tribunal Constitucional en el marco de un proceso de inconstitucionalidad.

Siguiendo la línea de los “paquetazos”, el D.L. 1333 contraviene el artículo 88 y 89 de la Constitución, vulnera la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 24 657 – Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de Comunidades Campesinas, la Ley 22175 – Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario, la Ley 29785 – Ley de Consulta Previa, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas de 2007 y la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de territorio.

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski demuestra con esto la continuidad de una política legislativa que atenta contra los derechos de las aproximadamente 9,500 comunidades campesinas y nativas, que existen en el país bajo la justificación de “reactivar la economía”.

Exhortamos que el Estado peruano, a través del Congreso y la Comisión de Constitución, reconozca la inconstitucionalidad de este Decreto Legislativo y que el Poder Ejecutivo cumpla con la obligación de titular y brindar seguridad jurídica sobre la tierra y territorio indígena.

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LAS CONSULTAS DEL BANCO MUNDIAL Y LAS REFORMAS NEOLIBERALES

Las organizaciones firmantes mostramos preocupación por los impactos de la relación entre el Grupo del Banco Mundial (GBM) y nuestro país en el marco del proceso de Alianza con el Perú 2017-2021. El 2015 nuestras organizaciones participaron en el evento alternativo a la Reunión Anual del Banco Mundial y del FMI bajo el lema “Desmintiendo el Milagro Peruano”. En aquel momento se advirtió acerca de las reformas y recortes de estándares y condiciones institucionales en materia ambiental y social de la banca multilateral.

En ese escenario, el actual gobierno viene implementando acciones de reactivación macroeconómica, mediante cambios normativos a través del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Como resultado, entre diciembre de 2016 y enero de este año se han emitido 112 Decretos Legislativos, 65 de los cuales están enfocados en la reactivación económica, y en algunos de ellos hay un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas, transparencia y acceso a la información, seguridad territorial, flexibilización de la normativa minera, el derecho al agua, la minería informal, flexibilidad laboral, entre otros.

Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental. Esta ley implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA, reduciendo o dando amnistía a multas por infracciones, impidiendo la sanción a las empresas en favor de medidas correctivas, además de imponer negocios de infraestructura afectando derechos indígenas.

Asimismo, El GBM financió la ley marco de APP (Asociación Público Privada) , en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros. En línea con esta política, el DL 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por DL 1333.

Las condicionalidades de política económica de los préstamos que ofrece el GBM unido a funciones tan sensibles como las de indicar qué países deben recibir más o menos recursos financieros de fuentes tanto públicas como privadas, les ha permitido imponer desde reformas estructurales derivadas del “Consenso de Washington”, hasta las políticas de austeridad para enfrentar la actual crisis económica que vive el mundo y que, en su momento, no ayudaron a prever. La aplicación de estas medidas provocaron la precarización del trabajo y no ha sido solución a la gran informalidad laboral, la pérdida del derecho al acceso universal a servicios básicos de salud y educación y priorizaron los intereses del mercado al de las personas. Dicho consenso junto a las políticas de austeridad son responsables del aumento de la exclusión y la desigualdad a nivel global y en especial de América Latina.

Actualmente el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú por lo que las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses. En ese sentido, rechazamos los cambios normativos promovidos por el Gobierno Peruano ya que debilitan aún más la institucionalidad y el rol del Estado, sobre todo la ambiental, social y de transparencia y acceso a la información.

Los cambios deben ser respaldados o promovidos por estrategias y/o estándares internacionales y de la misma manera los procesos de participación y transparencia implementados adecuadamente convocando a los actores organizados de la sociedad civil, llámese trabajadores, pueblos indígenas, entre otros.

Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa.
El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Al contrario, flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha probado su fracaso. La ley 30230 prometía mayor inversión, sin éxito, ya que el Perú, desde el 2011 se ha mantenido en el puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business, por lo que aquí hay ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones. Dónde si hay indicadores es el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura.

Por ello, pedimos lo siguiente:

1. Tener la oportunidad de conocer y comentar el borrador del Marco de Alianza entre el Banco Mundial y el Gobierno de Perú antes de que esté finalizado; por lo cual solicitamos que se encuentre disponible públicamente, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer su retroalimentación.

2. El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores.

3. El GBM asuma su responsabilidad en la lucha contra los flujos financieros ilícitos promoviendo mecanismos de transparencia para las transnacionales a fin de que paguen los impuestos correspondientes en los territorios donde obtienen renta. La atracción de inversiones extranjeras no debe estar sustentada en estímulos y exoneraciones fiscales.

4. Es necesario que la igualdad de género sea considerada como principio de ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía económica, en todas las políticas y mecanismos de las instituciones financieras.

5. Es esencial se considere la vigilancia indígena y social de la inversión en las intervenciones del GBM, en especial respecto al oleoducto no incluido en DL 1292.

6. Igualmente promover que los países que quieran recibir préstamos brinden protección legal a la orientación sexual, a la identidad de género y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad. El GBM debe incluir una referencia explícita a la no discriminación y a la identidad y expresión de género, así como a la orientación sexual (de manera transversal) en sus políticas operativas.

7. El GBM debe promover el respeto por las leyes laborales de los países y trabajo digno, en el Perú las normas laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores ha sido menoscabo en los últimos años, por lo que el GBM en el nuevo Marco de Alianza con el Perú debe incidir en fortalecer los derechos laborales de los trabajadores y no flexibilizar las normas a favor de los grandes inversionistas.

8. El GBM debe promover y asegurar que no se debilite el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país, tal como ha sucedido con el actual gobierno a través del DL N°1353. Teniendo en cuenta además que el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

9. El GBM debe reducir la presión sobre los bosques y contra la población que depende de los mismos, la biodiversidad y las reservas de carbono. Debe incrementar su rol coherente en la lucha contra el cambio climático, especialmente en las áreas cubiertas de bosques y en las cabeceras de cuenca y otras zonas generadoras de agua, lo cual implica que los fondos actuales que administra tengan una mejor coordinación y no dupliquen esfuerzos, y corregir el tráfico de concesiones mineras promovido por el DL 1336 y la desregulación de concesiones maderable del DL 1283. Asimismo, debe aumentar las iniciativas de adaptación en su cartera de proyectos, en concordancia con el Acuerdo de París.

10. Lograr lo anterior a través del apoyo del GBM a la inversión estatal en la titulación territorial colectiva indígena; el manejo holístico de recursos; la implementación del REDD+ Indígena y planes de adaptación climática con rol central de las mujeres indígenas.

11. Asimismo, creemos importante que el GBM se asegure un mejor planeamiento energético, donde se financie de manera clara y oportuna las energías renovables y se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles.

12. El GBM no debe seguir promoviendo políticas de privatización de los servicios públicos, ni la flexibilización socio-ambiental en ningún país del mundo. Las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

13. EL GBM debe modificar la flexibilización socio ambiental que ha traído consigo el cambio de sus estándares ambientales y sociales para inversiones públicas y privadas, esto acarreará conflictos socio-ambientales, como los recientemente vividos en la región, especialmente en Perú en proyectos mineros como el proyecto Las Bambas, donde se están aplicando instrumentos de gestión sin una adecuada gestión ambiental y participación ciudadana (por ejemplo, ITS).

14. Considerando esta tendencia nacional (e internacional) es importante el fortalecimiento por parte del GBM de procedimientos claros para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

15. El GBM debe respetar y cumplir en todas sus operaciones y recomendaciones de políticas, los convenios y recomendaciones de la OIT, especialmente en cuanto a la promoción de trabajo digno y decente.

16. Es necesario que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos. Que permita y garantice el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el DL 1353.

Lima, 27 de enero de 2017.

Suscriben:

1. Alianza Internacional de Habitantes

2. Alianza Mexicana contra el Fracking

3. Asociación Arariwa

4. Asociación Civil Eco Raíces (Argentina)

5. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT

6. Asociación Gilberto Bosques

7. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

8. Asociación Nacional de Centros – ANC

9. Asociación, Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia)

10. Bank Information Center – BIC

11. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

12. Centro de investigación, documentación y asesoría poblacional – CIDAP

13. Centro Humboldt (Nicaragua)

14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA

15. Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES

16. CEPIS – Proyecto Amigo

17. Climate Action Network Latin America – CAN-LA

18. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente – CIMA (Argentina)

19. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

20. Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP

21. Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú – CITE

22. Confederación Nacional Agraria – CNA

23. Consejo Machiguenga del río Urubamba – COMARU

24. CooperAcción

25. Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI-SL

26. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

27. Derechos Humanos y Medio Ambiente

28. Environmental Investigation Agency – EIA

29. Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud – FENUTSSA

30. Federación Nacional de Trabajadores en las Universidades del Perú – FENTUP

31. Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Perú – FETRAMUNP

32. Foro del Buen Ayre (Argentina)

33. Foro Juvenil de Izquierda

34. Forum Solidaridad Perú

35. Freshwater Action Network – FAN

36. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS

37. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe – GFLAC

38. Grupo Propuesta Ciudadana – GPC

39. ILLA – Centro de Educación y Comunicación

40. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS

41. International Work Group for Indigenous Affairs – IWGIA

42. Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

43. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)

44. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andina y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

45. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

46. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

47. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

48. Pobladores

49. Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas – RLIE

50. RED MUQUI

51. Salud Preventiva Andina

52. Servicios en Comunicación Intercultural – Servindi

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Autoridad para la transparencia: Una promesa incumplida

Pronunciamiento sobre el Decreto Legislativo N° 1353 sobre Transparencia y acceso a la información pública

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, dedicadas a hacer el seguimiento de los compromisos de Perú ante la Alianza para el Gobierno Abierto desde su adhesión en 2012, llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza. Esta norma menoscaba la institucionalidad de la transparencia y el acceso a la información por lo siguiente:

• Resta por completo el nivel jerárquico requerido por una autoridad nacional, al establecer esta entidad como una oficina dentro del MINJUS y no un organismo técnico especializado con autonomía para fiscalizar y sancionar a toda la administración pública.

• Crea una “Autoridad” carente de capacidad para dejar sin efecto los argumentos antojadizos o arbitrarios que las entidades públicas utilizan con frecuencia para calificar como reservada, confidencial y secreta la información que poseen.

• Permite a las entidades públicas fijar unilateralmente el plazo de respuesta a las solicitudes de información pública, retrocediendo en el cumplimiento de este derecho.

• Instaura un Tribunal Administrativo en paralelo a la “Autoridad”, al anterior del MINJUS, como instancia ministerial para resolver quejas por falta de acceso a la información pública, que tampoco cuenta con atribuciones para acceder a la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por las entidades públicas, limitándose así sustantivamente la eficacia de sus funciones.

• Limita la labor sancionadora del mismo Tribunal frente a quienes violan la ley, toda vez que únicamente conocerá casos en apelación cuando primero la propia entidad pública hubiera sancionado al funcionario responsable, y este no estuviese satisfecho con esa decisión.

Cabe anotar que contar con una entidad autónoma dedicada a promover la transparencia y la adecuada implementación del derecho de acceso a la información pública, fue una demanda de la sociedad civil y materia de un amplio consenso con el Estado peruano al interior de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que derivó en una propuesta legislativa entregada a la Presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 2016.

Satisfacer esta demanda fue parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, por lo que en setiembre de 2016 el gobierno instaló un grupo de trabajo integrado por expertos del sector público y privado dentro del MINJUS para diseñar un organismo especializado con autonomía técnica y presupuestal, capaz de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley. La propuesta de la CAN fue la base de ese trabajo, y diversas organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Presidencial de Integridad fueron invitadas para dar aportes.

Sorprendentemente, el gobierno no recogió ninguna de las propuestas sustantivas del grupo de trabajo y tampoco incorporó los aportes de sociedad civil. Por el contrario, el Decreto Legislativo N° 1353 deja en una situación de indefensión a la ciudadanía en el campo de las libertades informativas, pilares de toda sociedad democrática. Por ello, demandamos al Poder Ejecutivo una pronta rectificación, presentando a la brevedad ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que derogue el citado Decreto Legislativo y permita crear una real Autoridad Autónoma.

Lima, 24 de enero de 2017.

FIRMAN:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Intercultural Bari Wesna
6. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
7. Asociación Nacional de Centros (ANC)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
11. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
12. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
13. Centro Peruano De Estudios Sociales (CEPES)
14. CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú
15. Consejo de la Prensa Peruana
16. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
17. Consejo Nacional de Desarrollo Social (CONADES)
18. Confederación Campesina del Perú (CCP)
19. Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
21. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
22. Culturaperu.org
23. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
24. EarthRights International (ERI)
25. Environmental Investigation Agency (EIA)
26. Foro de la Sociedad Civil en Salud (FOROSALUD)
27. Foro Ecológico del Perú
28. Foro por el Derecho a la Comunicación
29. Fórum Solidaridad Perú
30. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
31. Grupo Propuesta Ciudadana
32. Illa – Centro de Educación y Comunicación
33. Instituto del Bien Común (IBC)
34. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS PERÚ)
35. Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)
36. Liber – Centro de Libertades Informativas
37. Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC)
38. Open Data Perú (ODPE.org)
39. Paz y Esperanza
40. Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
41. Red Científica Peruana (RCP)
42. Red Muqui Perú
43. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
44. Salud Preventiva Andina
45. Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)
46. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
47. Suma Ciudadana

Adhesión Personal:

Rocío Silva Santisteban Manrique
Roberto Pereira

/por

Solidaridad con el pueblo Shuar y campesino de Morona Santiago en Ecuador

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón

Defensoría del Pueblo de Ecuador

[email protected]

[email protected]

Javier Felipe Córdova Unda

Ministro de Minería

[email protected]

Abg. Cristina Silva Cadmen

Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

[email protected]

Dra. Inés Arroyo

Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria

[email protected]

Dr. Galo Chiriboga Zambrano

Fiscalía General del Estado

[email protected]

19 de diciembre de 2016

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCCTongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podrían haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firmado:

1. Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)

2. Amazon Watch, U.S.

3. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada

4. Bios Iguana, México

5. CATAPA, Belgium

6. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia

7. CEIBA, Guatemala

8. Censat Agua Viva, Colombia

9. Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canada

10. Colectivo CASA, Bolivia

11. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá

12. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia

13. Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canada

14. CooperAcción, Perú

15. Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador

16. Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canada

17. Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia

18. Earth Law Center, U.S.

19. Environmental Defender Law Center (EDLC), U.S.

20. The Esperanza Project, U.S.

21. Friends of the Earth – Canada

22. Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú

23. The Gaia Foundation, U.K.

24. GRUFIDES, Perú

25. Intercontinental Cry, Canada

26. Justiça nos Trilhos, Brasil

27. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile

28. KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives

29. Kalikasan Peoples Network for the Environment, Philippines

30. Kanaka, Ecuador

31. Listen To The Amazon, U.K.

32. McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canada

33. Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canada

34. Mining Justice Action Committee – Victoria, Canada

35. Mining Justice Alliance – Vancouver, Canada

36. MiningWatch Canada

37. Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional

38. Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México

39. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional

40. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile

41. Otros Mundos Chiapas, México

42. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México

43. Red Muqui, Perú

44. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México

45. Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canada

46. United for Mining Justice, Canada

/por

Frente a los resultados de la COP22 en Marruecos y las contribuciones nacionales de Perú

El Grupo Perú Ambiente y Clima (anteriormente Grupo Perú COP), saluda la entrada en vigencia del Acuerdo de París en noviembre pasado, lo cual representa simbólicamente la intención de los países – entre ellos el Perú – de cumplir con sus compromisos para que la temperatura global del planeta no sobrepase los 2°C, que de por sí ya nos coloca en una situación crítica.

La expectativa para la COP22, realizada en Marruecos en noviembre de este año, estuvo en que los países aprovechen el impulso de la entrada en vigencia del Acuerdo de París y se llegue a decisiones que permitan la implementación del Acuerdo. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que los avances concretados no dan señales de entrar firmemente en la ruta de reducción de emisiones de GEI hacia el 2021 y posteriormente 2030.

Uno de los hechos que pone en riesgo la implementación del Acuerdo es la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, del cual se teme que no cumpla con los compromisos climáticos asumidos por su país. El nombramiento de un abierto negacionista del cambio climático como responsable de su política ambiental confirma que estamos en un momento de alto riesgo para lo avanzado en Paris y se pueda incubar un proceso de “Brexit Climático”.

Consideramos igualmente preocupante que los negociadores hayan postergado hasta el 2018 el plazo para definir las reglas que permitan la implementación del Acuerdo de París; este retraso hace peligrar la meta de no superar los dos grados de aumento de temperatura, y la meta de 1.5 grados se aleja cada vez más. En este contexto, es esencial aumentarlos esfuerzos de mitigación y definir metas más ambiciosas para el periodo previo al 2020, sobre todo por parte de los países desarrollados.

Por otro lado, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación y muchas decisiones de particular importancia para los países vulnerables, como el financiamiento climático o la agricultura han sido postergadas para ser tratadas el próximo año.

En relación al financiamiento climático, respaldamos el pedido de los países en desarrollo, que exigen mayor claridad y garantías sobre el incremento en la movilización y suministro de recursos financieros, en particular para las acciones de adaptación. Aunque se ha avanzado en definir orientaciones para el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), y para el Comité Permanente de Finanzas, aún no se logra establecer una hoja de ruta para alcanzar la meta de US$ 100 billones anuales de financiamiento climático prometida por los países desarrollados.

Nos preocupan los desacuerdos que surgieron en la COP22 respecto a la continuidad del Fondo de Adaptación dado que fue creado bajo el Protocolo de Kyoto que ya fue reemplazado por el Acuerdo de París. Concordamos con la propuesta de que este Fondo sirva al Acuerdo de París, 2 como lo plantean los países en desarrollo. Este fondo es importante, pues permite un acceso más directo al financiamiento, con menos trabas burocráticas que exigen otras fuentes financieras, además los países en desarrollo tienen una mayor representatividad en las instancias directivas, lo que no sucede en otros casos.

La transparencia es otro de los pilares del Acuerdo de París, por lo que es preocupante observar que subsiste el desacuerdo en relación a si los países en desarrollo deben someterse a las mismas reglas que los países desarrollados. A este respecto, respaldamos la propuesta de AILAC sobre la relevancia de transitar de los esfuerzos actuales de reporte y revisión hacia un marco común y robusto de transparencia.

También consideramos preocupante el escaso avance respecto a la transparencia del financiamiento climático, ya que aún no se ha acordado un plan de trabajo que establezca plazos y procedimientos para contabilizar los recursos canalizados para la acción climática. La suma de estos elementos evidenció en la COP22, que muchos de los gobiernos querían eludir la responsabilidad por la aplicación de las Contribuciones Nacionales (NDC), hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones; en ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas, como sabemos, la participación privada en el fondo no será por filantropía ambiental, en el mejor de los casos debe ser la oportunidad para un debate y diálogo abierto con la sociedad civil.

Asimismo, lamentamos que las negociaciones sobre Agricultura no hayan logrado resultados concretos, pese a que el propio Acuerdo de París reconoce «la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la especial vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los impactos del cambio climático». Hacemos un llamado a los negociadores a promover en las próximas reuniones de la CMNUCC la adopción de una decisión en relación a la Agricultura que reconozca la prioridad de las medidas de adaptación y permita construir capacidades y canalizar recursos a los agricultores familiares.

Reconocemos algunos avances en relación a diversos temas que el Grupo Perú Ambiente y Clima considera prioritarios.

  • Adaptación

Consideramos positivo que en la COP22 se haya establecido un plazo corto para que los países presenten sus propuestas sobre las características que debe tener la Comunicación de Adaptación. También saludamos que el Comité de Adaptación iniciara la discusión sobre cómo pueden reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo y cómo se evaluará la adecuación de estos esfuerzos; y concordamos igualmente con la necesidad de que este Comité cuente con financiamiento suficiente para implementar su plan de trabajo, dada la importancia de la Adaptación para países vulnerables como el Perú que requieren apoyo en la implementación de sus Planes Nacionales de Adaptación.

  • Programa de Nairobi

Se analizó la relación entre el cambio climático y la salud, áreas en que nuestro país ya siente los impactos negativos; reconocemos como un avance la aprobación de un plan de trabajo de 5 años para abordar las pérdidas y daños por impactos climáticos que no pueden ser enfrentados con medidas de adaptación, como el retroceso glaciar en el caso peruano.

  • La construcción de capacidades para la adaptación y mitigación

Como prioridad para los países en desarrollo y para el Perú, saludamos que el Comité de París para la Creación de Capacidades haya iniciado sus labores, ya que consideramos que puede contribuir a que todos los países sean capaces de cumplir con sus compromisos climáticos. Destacamos que se haya decidido que este Comité aborde temas como la equidad de género, los conocimientos indígenas y los derechos humanos. También destacamos la puesta en marcha de la Iniciativa de Construcción de Capacidades para la Transparencia, que ya cuenta con más de US$ 50 millones para operar, pero advertimos que esta cifra es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo.

  • Plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático de comunidades y pueblos indígenas. En el caso peruano esta iniciativa es muy pertinente considerando el amplio bagaje de conocimientos y prácticas indígenas tradicionales. Esta Plataforma debería ser un espacio permanente en las futuras COP.

Respaldamos el planteamiento de los sindicatos, que exigen a los gobiernos que las NDC deben estar garantizadas por fondos públicos y que los países que han contribuido históricamente al cambio climático son los que deben asumir responsabilidades; asimismo que respeten y garanticen el trabajo digno, a los derechos humanos y ambientales e incorporen medidas de transición justa, que incluyan consultas con las organizaciones de trabajadores, empresas y comunidades campesinas y nativas. Debe especificarse como se afrontarán los impactos sociales de las políticas climáticas en los trabajadores, y como éstas serán reportadas en las NDC.

Asimismo, hacemos un llamado a no perder de vista la estrecha vinculación entre el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los resultados de Hábitat III, las metas de Biodiversidad de Aichi, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La planificación e implementación de los compromisos derivados de estos instrumentos internacionales debe ser integral.

Al Perú le corresponde dar un ejemplo de responsabilidad climática en América Latina, y un primer paso ha sido la pronta ratificación del Acuerdo de París. Ahora enfrentamos el reto de garantizar la compatibilidad entre los compromisos asumidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional y las políticas de desarrollo. En este sentido, instamos a que el Estado peruano evite contradicciones entre los compromisos climáticos y las medidas de promoción de inversiones.

Es urgente la asignación de recursos necesarios para la implementación de las NDC, particularmente en lo relacionado a las condiciones habilitantes, la gobernanza de los bosques, el fortalecimiento de la institucionalidad y estándares ambientales, el ordenamiento territorial, la protección de tierras de comunidades para evitar el cambio de uso para actividades no sostenibles, la participación de la población y comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, protección de zonas productoras de agua y gestión de la recarga hídrica con enfoque de cuenca, la protección de los flujos de agua superficial y subterránea para consumo humano y actividades sostenibles, y la priorización de medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria; todo ello con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos territoriales y a la consulta previa.

13 de diciembre de 2016

/por

RÍO BLANCO: No se pueden imponer proyectos que afectan el ambiente y los derechos humanos de las personas

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

/por

Preocupación por la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos en China y sus actividades económicas en el Perú

Ante la visita oficial del Presidente de la República Popular China

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, red que desde hace más de 30 años articula a 78 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en todo el Perú, ante la visita oficial del Presidente de la República Popular China Xi Jinping a nuestro país,ante la sociedad peruana y la comunidad internacional:

Expresamos nuestra extrañeza ante la decisión de condecorar hoy con la Medalla de Honor del Congreso en el Grado de Gran Cruz a la máxima autoridad de uno de los países más cuestionados por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el mundo. China es uno de los principales aplicadores de la pena de muerte; sus normas legalizan la represión, acoso e intimidación contra toda persona que cuestione el régimen político, en especial contra defensoras y defensores de los derechos humanos; controla el acceso a Internet y recorta las libertades de expresión, información y culto, incluso demoliendo iglesias.

Reiteramos nuestra preocupación por las prácticas de los capitales chinos en Perú respecto a los derechos humanos y laborales. Son múltiiples los abusos laborales registrados por parte de las mineras chinas Rio Blanco Cooper en el proyecto Río Blanco (Huancabamba, Piura), Shougang (Marcona, Ica) y Chinalco (Toromocho, Junín). Y recientemente, en Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), la empresa china MMG Limited coordinó directamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú la represión de una protesta ciudadana, incluso omitiendo las órdenes de su comando, y que finalmente costó la vida de Quintino Cereceda, según ha señalado el Ministerio del Interior.

Instamos al gobierno peruano a cumplir su deber de garante de los derechos humanos, colocándolos como principio fundamental no negociable en su relacionamiento con las autoridades de la República Popular China, en especial expresada su intención de profundizar nuestro intercambio comercial con ella, toda vez que sus autoridades no se han distinguido por el respeto fundamental a la condición humana ni en su territorio ni en su actividad en el extranjero.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos insistimos en que el desarrollo económico nunca es contrario al respeto de los derechos humanos de todos y todas, al contrario es un requisito esencial para el desarrollo integral del país y de su ciudadanía. Por este motivo, seguiremos monitoreando la actuación de las empresas y los países sin tener en cuenta el color político de sus gobiernos sino más bien su actuación tanto a nivel nacional como su accionar en los lugares del mundo donde también desarrollan sus actividades económicas.

Lima, 21 de noviembre de 2016

/por