Amedrentamiento a organizaciones que denuncian abuso hacia las comunidades en Corredor minero sur
Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.
Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.
En la carta notarial la PNP señala que:
“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.
Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.
En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.
Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.
Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:
La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:
1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?
2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.
3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.
4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore – Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.
5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.
6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.
Cusco, 27 de abril del 2018
