Dónde quedó la democracia: Tia Maria y un Estado que se pretende imponer por la fuerza
Cecilia Blume, consultora de empresarios, en un artículo comenta una grabación de audio, en donde un conjunto de voces masculinas – al estilo de una tropa -, guiados por una voz varonil, gritan en forma cadenciosa y sostenida lemas crueles y violentos.
Ella manifiesta que le han informado que serían miembros de Sendero Luminoso presentes en las protestas de Cocachacra, Arequipa. Hace más de una semana, estuve en Cocachacra como parte de una misión para evaluar la situación de derechos humanos. Cientos de agricultores y pobladores de esta localidad vinieron a nuestro encuentro.
Lo que vimos fue un lugar con fuerte presencia policial y una población preocupada por su valle, un oasis verde en medio de un desierto. Los pobladores nos dijeron que se movilizaban para manifestar su desacuerdo con el proyecto minero Tía María, muy próximo al río y al valle. Decían que trataban de ir a otros pueblos para comunicarles lo que les estaba pasando y buscar su apoyo pero que la policía no les permitía salir con el pretexto de que no tenían permiso; que al insistir en continuar caminando, la policía les tiraba bombas lacrimógenas, perdigones y los dispersaba.
Muchas personas habían resultado heridas y otras detenidas bajo estas circunstancias. Mientras los visitantes caminábamos al lugar que se había improvisado para darnos la bienvenida y luego, a donde se tomarían los testimonios, los pobladores de Cocachacra se nos acercaban para decirnos que no son violentos, que lo único que llevan a las movilizaciones es un poco de agua, para calmar la sed que produce el calor intenso de la zona.
Cuando todos se agruparon comenzaron a corear, algunos pocos lemas como: «Agro sí, mina no», «siempre de pie, nunca de rodillas», «el valle no se vende, el valle se defiende». Los lemas los lanzaban voces distintas, masculinas y femeninas, de manera espontánea.
Luego de este viaje, no me sorprendió del todo, aunque si me produjo una profunda indignación, el que días más tarde, un policía colocara un objeto punzo cortante en manos de un agricultor que acababa de ser detenido, para luego dejar que lo fotografíen y sea publicado en la prensa. Varios testimonios que escuchamos en Cocachacra nos dijeron lo mismo: “la policía nos siembra armas para presentarnos como violentos”.
La decisión del gobierno de imponer el proyecto minero a la población de Cocachacra, lo lleva a situaciones de arbitrariedad y abuso muy grandes. El gobierno actual, parece haber olvidado que el Estado representa a todos los peruanos, y que la persona humana es su fin supremo. Esta pérdida de sentido, alimentada por normas que promueven la inversión a cualquier costo, criminalizan la protesta y permiten la impunidad de violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares en ellas y está generando la agudización de los conflictos sociales y una situación de ingobernabilidad, en donde perdemos todos los peruanos. En este contexto, urge que el gobierno actúe con mesura, construya confianza y demuestre que respeta los derechos de la personas y que es justo en las decisiones que toma.
Ana Leyva
Cooperacción