Dos proyectos de Ley ponen en riesgo las tierras de las comunidades campesinas de Piura
Riesgos que implica para las comunidades campesinas de Piura la aprobación del Proyecto de Ley n° 1910/2017-cr y el 1718/2017-cr que promueven la titulación de tierras y la eliminación de la autonomía comunal
RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional y regional en Piura para manifestar lo siguiente:
1. La iniciativa legislativa presentada por el congresista piurano de Fuerza Popular Luis Humberto López Vilela, que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la demarcación y titulación de tierras comunales, se constituye como un riesgo a la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Piura. Este Proyecto de Ley bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo del sector agrícola atenta contra la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, debilitando sus procesos de titulación colectiva.
2. Los efectos de este Proyecto de Ley deben analizarse en función de todo el marco normativo recientemente dictado, teniendo como fundamento a la Ley N° 30230, que establece procedimientos especiales para el saneamiento físico legal en territorios que aún no se encuentran titulados, o teniendo título no lo tuvieran inscrito en registros públicos, o tuvieran problemas en su formalidad y fueran «imperfectos» por problemas de linderos y otros. Según el art. 38 inciso b) de dicha norma, se aplica dicho saneamiento, entre otros casos, a proyectos que cuenten con concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional o con la participación de PROINVERSION. Es decir, el derecho a concesión minera incluiría la facultad del titular de iniciar los procesos de saneamiento físico y legal por sobre la voluntad colectiva de las comunidades directamente afectadas.
3. Está también el Decreto Legislativo N° 1333, norma aún vigente, que crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) que tiene como objetivo facilitar la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura priorizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las facultades de saneamiento físico y legal que se le otorgan y que incluye incluso, la facultad de convocar a asambleas comunales para lograr estos fines. Las facultades otorgadas al APIP modifican también las competencias de Gobiernos Regionales y Locales respecto a titulación y saneamiento de propiedades comunales de tal forma que se constituye como una instancia centralizadora de la toma de decisiones a nivel nacional, pasando por encima incluso de la autonomía de las comunidades establecida en la Constitución.
4. Esta perspectiva normativa, que consideramos tiene como objetivo eliminar a las Comunidades Campesinas, se basa en la lógica de una política económica que el Estado peruano viene impulsando gobierno tras gobierno desde hace 25 años, y que hoy se ha exacerbado, priorizando los proyectos de inversión, fundamentalmente mineros y de infraestructura como ejes de a economía, a través de las asociaciones público-privadas en éste último caso, de tal forma que para lograr esto se busca impulsar la reconcentración de tierras a través de su adquisición a partir de procesos de individualización de la titularidad y hasta la expropiación y no la protección de los procesos de titulación colectiva de las comunidades campesinas, de tal forma que el “interés nacional” se ve guiado por la priorización de proyectos de inversión en infraestructura o proyectos de inversión de industrias extractivas y no el interés colectivo de las comunidades campesinas y poblaciones, que debiera ser el fin de la economía.
5. La aprobación del Proyecto de Ley presentado sobre Piura, y del proyecto de ley N° 1718/2017-CR, que no es otra cosa que el mismo proyecto de ley N° 1333, con modificaciones que lo hacen más agresivo para los derechos colectivos, a la luz del marco jurídico vigente, terminaría profundizando la débil protección jurídica de la propiedad comunal y vulnerando el artículo 89° de la Constitución Política que declara la autonomía de las comunidades campesinas.
6. El fundamento del “interés nacional” al que apela el proyecto de ley N° 1910/2017-CR resulta ser un argumento genérico y ambiguo cuando en la práctica la instancia gubernamental que va a terminar decidiendo y priorizando sobre el uso del territorio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de PROINVESIÓN, y no las Comunidades Campesinas quienes son las que deberían tener las garantías jurídicas para decidir sobre el uso de su territorio y su desarrollo económico.
Desde RED MUQUI esperamos que ambos Proyectos de Ley sean archivados, pues atentan contra la autonomía de las Comunidades Campesinas y buscan su desaparición en favor de facilitar el acceso a sus tierras de intereses económicos, como los mineros, favorecidos por las normas dictadas por el gobierno y el Congreso de la República.
Lima, 18 de octubre de 2017
