Exhortamos al gobierno a derogar el decreto inconsulto que autoriza el ingreso de minera canadiense nuevo Arco Iris SAC en Tambogrande y las Lomas

El gobierno nacional, mediante Decreto Supremo N° 027-2020-EM, publicado en día feriado hace una semana, ha declarado de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, autorizando a la empresa minera Nuevo Arcoiris SAC, de capitales canadienses, a adquirir y poseer concesiones y derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera en los distritos de Tambogrande y Las Lomas de Piura. Al respecto, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional queremos señalar lo siguiente:

1.- El año 2002 la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito y más del 98% de la población optó por la agricultura del valle de San Lorenzo que comprende principalmente los distritos de Tambogrande y Las Lomas, y rechazó el riesgo de incorporar la minería en su economía y en su territorio. La empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. pretendía ingresar por la fuerza con sus operaciones mineras; sin embargo, en diciembre del 2003, al no contar con la licencia social y tener serias observaciones técnicas y legales, Centromin Perú resolvió el contrato de opción que tenía con la Minera Manhattan sobre las concesiones mineras y la empresa tuvo que retirarse de Piura y del país el año 2005.

2.- El valle de San Lorenzo es uno de los valles más fertiles y productivos del norte, y es conocido por su sobresaliente producción de mango y limón siendo esta la más importante fuente de ingreso para los agricultores y pobladores de la zona. El estudio “Valor Económico del Valle de San Lorenzo” encargado por la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, antecedente de Red Muqui en 2001-2002, concluyó que ni la renta que dejarían 30 proyectos mineros en Tambogrande superaría la utilidad neta y el empleo generado por los 8 mil agricultores del valle. Intentar nuevamente autorizar proyectos mineros en una zona agrícola reconocida a nivel nacional es un acto de provocación para la población local y la reactivación de un posible conflicto social en plena pandemia, siendo ademas Piura una de las regiones más golpeadas.

3.- No es nueva la forzada figura legal de emitir un decreto supremo para autorizar proyectos mineros en zonas de frontera en el Perú, cuando la Constitución Política, en su artículo 71, establece que: “dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”, esto por ejemplo debe ser uno de los temas a revisar en la discusión por una Nueva Constitución, que pone en riesgo la seguridad nacional en favor de intereses extranjeros en nuestro país.

4.- El referido  decreto supremo señala que la minera “Nuevo Arcoiris S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona jurídica constituida en Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %”. Si bien el DS es legal, carece de la legitimidad, porque los agricultores, pobladores y comuneros de los distritos de Tambogrande y Las Lomas no fueron informados ni consultados previamente sobre esta decisión.

Finalmente, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional exhortamos al gobierno peruano, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Energia y Minas y demás autoridades competentes a revisar y derogar el mencionado decreto supremo, y que en adelante este tipo de decisiones sean informadas y consultadas previamente a las comunidades y población, ya que el riesgo y los impactos sociales, económicos y ambientales que puede generar el ingreso de la actividad minera en el valle de San Lorenzo son incalculables, y éste tipo de normas debe ser un tema de agenda en la discusión por una nueva Constitución.

 

Piura – Lima, 17 de diciembre del 2020.