Militarizar y declarar estado de emergencia en el corredor minero no es la salida al conflicto en Las Bambas

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Militarizar y declarar estado de emergencia en el corredor minero no es la salida al conflicto en Las Bambas

Las organizaciones sociales y sociedad civil en general nos dirigimos al Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y a la opinión pública para señalar lo siguiente:

Primero: El día 27 de abril el Poder Ejecutivo ha publicado el Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM que declara Estado de Emergencia, una vez más de forma inconstitucional y por 30 días, en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac. El único fundamento que sustenta esta decisión del Poder Ejecutivo, a decir de la propia norma, son informes policiales no públicos que señalan la presunta comisión de delitos en la zona, contraviniendo así los estándares y principios que ya estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia EXP. N° 00964-2018-PHC/TC. Sentencia en la cual se exige al Poder Ejecutivo que una decisión como la tomada, tiene que ser, primero, de carácter excepcional y, segundo, debidamente motivada. Además que incorpore y describa los criterios de temporalidad, proporcionalidad en la medida y necesidad de la misma.

La experiencia de los últimos años ha comprobado que la declaración y utilización de los estados de emergencia no constituyen un mecanismo idóneo para resolver el conflicto social. Por el contrario, genera un grave escenario para el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la policía y las fuerzas armadas, hechos que lamentablemente ya vienen ocurriendo en este momento en la zona del conflicto.

 Segundo: La empresa minera MMG Las Bambas publicó un comunicado el pasado 14 de abril, señalando que la empresa paraliza sus operaciones debido a que miembros de la comunidad de Fuerabamba ingresaron a la propiedad de la minera por reclamar “supuestos” incumplimientos de compromisos con dicha comunidad. Así mismo, informaron que la comunidad de Choaquere y Chila se sumaron a la protesta, motivo por el cual la empresa ya no podrá continuar produciendo cobre a partir del 20 de abril de 2022.

Al respecto es preciso señalar que NO es la primera vez que MMG Las Bambas suspende sus operaciones. Ya lo hizo en el pasado. Por tanto este anuncio busca presionar al Ejecutivo a fin de que haga uso de la fuerza a través de la intervención de la PNP y las FFAA para militarizar los territorios como ya viene ocurriendo.

Tercero: En el caso del llamado “corredor minero”, particularmente en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en los últimos meses la conflictividad social y ambiental se ha ido complejizando, debido a los impactos socio ambientales del proyecto minero e incumplimiento de diversos compromisos de la empresa MMG Las Bambas. El escenario es de suma preocupación debido a su posible agudización y la falta de una política integral de resolución de conflictos del Ejecutivo, y, la instalación de mesas de diálogo no está coadyuvando a canalizar las justas demandas de la población. Es importante señalar que en el corredor minero hay una serie de afectaciones de derechos como la omisión de la consulta previa, falta de transparencia y acceso a la información en materia ambiental, entre otras demandas que deben ser atendidas en su integralidad.

Por ello, exigimos al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el Estado de Emergencia, garantice la seguridad e integridad de las comunidades campesinas y sus integrantes, así como asegure la vida e integridad de las defensoras y los defensores de territoriales, ambientales y de derechos humanos. Asimismo, exigimos que se implemente una política estatal que considere al diálogo como su instrumento base, para la resolución de los conflictos sociales. Políticas en la que asuman seriamente su rol protagónico el Viceministerio de Gobernanza Territorial,  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, con el objeto de que se garanticen realmente los derechos de los pueblos originarios involucrados.

Apurímac – Cusco – Puno, 27 de abril del 2022.

Firman:

Colectivo de Abogados y Abogadas de Red Muqui Sur

Red Muqui Sur

Red Muqui

Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH

Acción Solidaria el Desarrollo, CooperAcción

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP Ayllu.

Instituto del Sur Andino y Acción Solidaria, ISAIAS

Centro Andino de Educación y Promoción, CADEP

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz, DEFEPAZ

Federación Unificada de Campesinos de Melgar, FUCAM.

Federación Departamental de Campesinos de CuscoFDCC

Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana

Derechos Humanos y Medio Ambiente, DHUMA.