Organizaciones de la Red Muqui piden mayor precisión sobre el uso de la fuerza en conflictos sociales
Las Organizaciones miembros de la Red Muqui enfocadas en derechos humanos y temas de defensa legal, mostraron su satisfacción por la reciente aprobación de la ley que regula el “uso de la fuerza” de la policía nacional, como parte del ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución.
Si bien es cierto, desde hace algún tiempo, la sociedad civil reclamaba una normativa como el recién aprobado Decreto Legislativo No. 1186, las organizaciones de la Red Muqui advirtieron que el texto de la norma aún muestra generalidades, respecto al accionar policial en un contexto de protestas y conflictos sociales.
En ese sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz expresó su preocupación sobre algunas expresiones usadas para el uso del arma de fuego, por parte de efectivos policiales, en caso de protestas sociales. Para Fedepaz, algunos términos como: “Medios de policía”, “…otros elementos de apoyo” (inciso C, artículo 3), o “peligro real o inminente de muerte” (inciso E, artículo 8.3) no están del todo definidos, y podrían llevar a un efectivo policial a tomar una decisión arbitraria del uso de la fuerza. En atención a ello, Fedepaz pidió al Estado la pronta aprobación del reglamento de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que podrían perjudicar a la población civil.
Para el abogado que lleva la defensa de casos en Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, José Ramiro Llatas, estas imprecisiones en la ley causan una sensación de impunidad, debido a que la policía nacional no suele cumplir con sus atribuciones de saber mediar en casos de conflicto (artículo 11, numeral 6 de la Ley de la Policía Nacional). Para Llatas es recomendable, no solo reforzar el texto legal del “uso de la fuerza”, en cuanto a conflictos sociales y protestas, sino analizar también cómo actúa el Poder Judicial y la Fiscalía frente a los casos donde la policía es denunciada por abuso de autoridad. “Es curioso cómo los procesos contra dirigentes sociales avanzan con rapidez, mientras que los de algunos malos efectivos policiales, terminan siendo archivados”, aseveró Llatas.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dio cuenta en su informe anual de un total de 125 civiles muertos por uso excesivo de la fuerza, durante los conflictos sociales ocurridos entre el año 2002 y julio de 2015, es decir en los últimos 13 años. Dicha base de datos, realizada en base a fuentes como la Defensoría del Pueblo, centros médicos y algunos medios de comunicación, muestra que hubo 17 fallecidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 80 durante el gobierno de Alan García y en lo que va del gobierno de Ollanta Humala registra 45 fallecidos.