Pronunciamiento: Promoción de la inversión minera no puede seguir sacrificando Derechos Humanos y Ambientales

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Durante la 35 Convención Minera (PERUMIN), desarrollada en la ciudad de Arequipa entre el 26 y 30 de setiembre del presente año, el gobierno de Pedro Castillo, a través de sus ministros de Economía y Finanzas Kurt Burneo, de Energía y Minas Alessandra Herrera, y posteriormente el Premier Anibal Torres, ha anunciado una serie de acciones de continuidad del modelo extractivo, favoreciendo a los gremios mineros en el país. Frente a estos anuncios desde la Red Muqui manifestamos nuestra preocupación:

 

  • En primer lugar, el anuncio se ha dado en el marco del Plan “Impulso Perú” que fuera presentado por el MEF semanas atrás y que tiene como objetivo “reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleo” y contiene 36 medidas aplicadas para diferentes sectores del Estado. En estos días el ejecutivo está presentando proyectos de ley al Congreso de la República para viabilizar sus medidas. Para el caso de la minería, el ministro Burneo ha señalado que se propone realizar tres ejes: Reducir la burocracia, incentivos a la inversión minera, cierre de brechas en las comunidades, entre otros cambios. Estos anuncios evidencian que el gobierno de Castillo ha optado abiertamente por la continuidad del modelo, priorizar y promover la minería, dejando de lado los cambios y reformas que había planteado al inicio de su gobierno.

 

  • En el PERUMIN de Arequipa el Ministerio de Energía y Minas ha señalado que a la fecha existe un portafolio de 43 proyectos mineros por un total de US $53.168 millones. Los mismos que se encuentran en distintas etapas, la gran mayoría de ellos en fase de estudio de factibilidad o prefactibilidad; sin embargo, no se ha señalado que debido a los precios altos de los minerales en el mercado internacional la mayoría de las empresas mineras han ganado ingentes ingresos económicos. Al respecto, desde la sociedad civil, se planteó una reforma tributaria para un impuesto especial a las sobreganancias mineras, tema que fuera planteado en el Congreso por el mismo Ejecutivo el año pasado y que lamentablemente es dejado de lado con este anuncio del Ejecutivo.

 

  • El anuncio del Premier Anibal Torres sobre la decisión del gobierno de promover la exploración minera y sus afirmaciones que “sin exploración de nuevos proyectos no hay minería en el futuro” y que además “se buscará simplificar los trámites administrativos para que sus inversiones en el Perú estén seguras” son más que preocupantes. Sabemos que cuando se habla de simplificación de trámites, estova dirigido a debilitar los instrumentos degestión ambiental, como son la reducción de tiempos y plazos para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. Si ya tenemos una institucionalidad ambiental muy precaria en el país, con estos anuncios, lamentablemente, no se garantiza la protección del ambiente, los ecosistemas frágiles y el agua donde se asientan muchos proyectos mineros.

 

  • Lamentablemente, el presidente Castillo está cediendo ante los intereses económicos de los grandes gremios mineros, para mantener el modelo extractivista y profundizarlo. Así mismo, la forma tradicional del gobierno de encarar los conflictos socioambientales, a través de las mesas de diálogo, firmando actas y acuerdos que muchas veces no se cumplen, terminan siendo insuficientes para solucionar los problemas estructurales que afrontan las comunidades y poblaciones que sufren los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la actividad minera en sus territorios. Más aún, al final terminan siendo paliativos y medidas poco efectivas, que pasado un tiempo terminan por reactivar nuevamente los conflictos sociales.

 

Finalmente, el anuncio del Gobierno de Pedro Castillo de “abrazar el extractivismo minero” como única fuente de ingresos económicos, dando más beneficios tributarios al sector minero, flexibilizando los instrumentos ambientales, entre otros, va a generar la reactivación de los conflictos sociales en el país, y puede ser entendido por las comunidades y poblaciones afectadas por la minería como un abandono a sus promesas electorales y sobre todo al tan anhelado cambio que esperaba el pueblo peruano.

 

Lima, 07 de octubre del 2022.