Nota de prensa: Continúan investigaciones contra Dina Boluarte y altos mandos de las FFAA y PNP

Foto: Frontis del Ministerio Público: Demetrio Aroquipa padre de Jamileth Aroquipa, estudiante de universitaria de 17 años asesinada el 09 de enero de 2023 en Juliaca.

La Fiscalía de la Nación – Área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales – viene investigando preliminarmente a Dina Boluarte, en su calidad de Presidenta de la República y a Alberto Otárola como Primer Ministro, así como a los ministros de Defensa y del Interior por los delitos de lesa humanidad en su modalidad de Genocidio; delito contra la vida, integridad y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado y delito de Lesiones Graves, por los hechos ocurridos en Juliaca en Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones del Perú donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos desde el 07 de diciembre de 2022 (Caso 277-2022).

Mega proceso
En este proceso se vienen acumulando las denuncias penales que tiene Dina Boluarte a nivel nacional. Si bien como Presidenta de la República tiene inmunidad presidencial, conforme lo señala la Constitución Política, también es cierto que esta circunstancia de inmunidad no anula la posibilidad de iniciar investigaciones preliminares en su contra, siempre que existan justificaciones razonables. Por ello, en estas semanas se ha venido citando a los deudos de las personas asesinadas en diferentes regiones de nuestro país, con la finalidad que puedan declarar sobre los hechos ocurridos y las circunstancias en las que encontraron a sus familiares fallecidos.
Así también, en estos días se ha citado a declarar a David Guillermo Ojeda Parra, comandante General del Ejército para el día 26 de mayo del 2023; Julio Santos Mauricio Contreras, jefe Policial de la Región Puno, para el 29 de mayo de 2023 y; Dina Boluarte, Presidenta de la República para el 31 de mayo de 2023.

Esta es la segunda citación a Dina Boluarte en este megaproceso. La declaración prevista para el 7 de marzo de 2023 no se pudo realizar, porque se encontraba pendiente la resolución judicial sobre la Audiencia de tutela de derechos solicitada por la Procuraduría del Estado. Esta diligencia es de vital importancia, porque en la misma se podrán esclarecer muchas aristas de la represión, como quiénes la coordinaron, quiénes impartieron las órdenes para reprimir, cómo se hizo, etc.

El abogado de FEDEPAZ, David Velazco, que junto con Red Muqui, viene brindando asesoría legal a los familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca, lamentó: “que uno de los abogados de la Procuraduría del Estado se haya opuesto a que preguntemos en las declaraciones alegando que no somos parte en el proceso y que la investigación era sólo por delito de genocidio. Al respecto nos vimos precisados a señalar de que estaba equivocado porque la investigación era, además, por los delitos de asesinato y lesiones graves; que se había aceptado nuestro apersonamiento como abogados de los deudos en condición de agraviados, que estábamos presentes como abogados de los agraviados y que esa era la razón por la que la Fiscalía había aceptado nuestro apersonamiento como parte agraviada y que podamos participar activamente en todas las diligencias que se dispongan …”. Lo aquí sostenido, continúa “… fue confirmado por el Fiscal presente y la declaración continuó con nuestras preguntas …”

Precisamente, durante las declaraciones de familiares de víctimas que viajaron a Lima para aportar con sus testimonios, Faustina Huanca, madre de Elmer Zolano Leonardo Huanca, joven de 17 años que iba a iniciar el quinto año de secundaria y que fue asesinado el 09 de enero de 2023, detalló que el personal médico del hospital de Juliaca le informó que, durante la necropsia, encontraron una “bala de guerra” en el pecho de su hijo. También explicó que vivía cerca del aeropuerto y que ese día su hijo se encontraba ayudándole en su puesto de venta de comida. Escenario que cambió abruptamente con la llegada de helicópteros a la zona, que lanzaron gran cantidad de bombas lacrimógenas en las calles aledañas al aeropuerto de Juliaca.

Otra de las declaraciones correspondió a Vilma Quispe, hija de Marcos Quispe Quispe, asesinado el 09 de enero de 2023, obrero de construcción civil, que no participaba de las protestas y que murió por disparos de armas de fuego. También declaró, Demetrio Aroquipa, padre de la menor de 17 años Jamileth Nataly Aroquipa Hancco, estudiante universitaria que, también, fue asesinada el 9 de enero de 2023. En su declaración expuso que el personal médico que realizó la necropsia en el hospital de Juliaca le informó que extrajeron una bala de 9mm. de la cadera de su hija, un tipo de bala normalmente utilizado por la policía, por lo que responsabilizó a la misma del asesinato.

Finalmente, cabe informar que los abogados Wilmer Quiroz y César Quispe, ejercen la defensa legal en Juliaca de los deudos antes citados, en los procesos de investigación fiscal que se siguen allí contra los que resulten responsables. Exigen, que se fortalezca la labor de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Juliaca y que los casos no sean asignados al “equipo especial” nombrado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.