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La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional:

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio». Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).

Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

Los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático» realizaron su tercer recorrido más largo, al pedalear desde Pasco hasta la capital de Lima para participar en la gran marcha mundial por el clima que se realizó en simultáneo con otras principales ciudades del mundo para exigir un acuerdo climático justo y vinculante ante los líderes que participaron en la COP21.

En esta jornada, los deportistas fueron intercambiando experiencias con los manifestantes de la marcha como es que el cambio climático ha afectado la región de Pasco y que es lo que se espera.

El Director del Centro Labor Pasco, Wilmer Cosme, y promotor de este grupo de deportistas comentó que su conformación nació a raíz de los problemas que el cambio climático viene causando en las zonas altoandinas del Perú, como Pasco, lugar de donde provienen los “Ciclistas de los Andes”.

“En las zonas andinas de nuestro país ya se viven los efectos del cambio climático de manera más evidente, uno de ellos es la desglaciación. En Pasco tenemos el nevado Huaguruncho, el cual ya perdió más de la mitad de la superficie glacial, según dice la Autoridad Nacional del Agua el año pasado. Otro de los efectos es la afectación en la salud de los niños, debido a las fuertes heladas y el friaje que también está agudizando a las actividades agrícolas y pecuarias”, indicó.

Cosme recalcó que los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático” está integrado por 17 ciudadanos pasqueños, que desde este año realizan largas travesías recogiendo inquietudes, así como propuestas y demandas de los pueblos respecto a cómo les afecta el cambio climático en sus localidades.

“Viendo esta problemática, hemos tenido la iniciativa de formar un grupo de ciudadanos sensibilizados en el tema ambiental para recoger mensajes y también difundirlos. Esperamos que en estas travesías que continuaremos realizando en adelante, se puedan ir sumando más personas”, agregó el Director del Centro Labor Pasco.

El grupo «Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático» hizo su primer recorrido el 22 y 23 de octubre cuando salieron de Cerro de Pasco con destino a la ciudad de Huancayo donde se realizó una Audiencia climática.

“En este recorrido de más de 240 km nos hemos ido entrevistado con autoridades como representantes de gobiernos regionales, con los mismos alcaldes y varios sectores de la sociedad civil quienes nos han ido entregando sus propuestas y demandas, a modo de mensajes”, recordó Cosme.

Un segundo recorrido, lo realizaron al centro poblado de la Quinua en Pasco, donde existe un bosque altoandino que se encuentra en situación vulnerable debido a los embates del cambio climático.

El tercer recorrido, que llegó hasta Lima, ha sido el más largo. Los ciclistas pedalearon desde la zona de Carhuacoto (región Junin), nuevo poblado donde los habitantes de Morococha fueron reubicados debido a la actividad extractiva. En Carhuacoto hemos conversados con varias personas y continuamos sensibilizando a la población sobre la necesidad de desarrollar acciones frente al calentamiento global”, puntualizó.

El domingo último, miles de personas de varias ciudades del mundo participaron en la Marcha Mundial por el Clima y Perú no fue la excepción. Bajo lemas como: «Paris escucha, Lima está en la lucha», “¡Urgente, urgente, salvemos el ambiente!”, «Es tiempo de cambiar, la Tierra es nuestro hogar», decenas salieron a las calles uniendo su voz al clamor global hacia los líderes mundiales, quienes se reunirán mañana en Paris en la cumbre climática COP21.

Desde la mañana, la marcha climática se concentró en el parque Washington, cerca al Centro de Lima, para luego recorrer la avenida  Arequipa, una de las principales de la capital, hasta el parque Kennedy y terminar finalmente en el Faro de Miraflores.

Los ciclistas de Pasco participaron junto a otros grupos de ciclistas, escolares, organizaciones sociales y religiosas, asociaciones de recicladores, ONG´s,  partidos políticos, diversos artistas y ciudadanos y ciudadanas, quienes al ver al grupo entonando arengas exigiendo una acción definitiva en la COP21, se unieron a los cánticos convirtiéndose así en una manifestación ciudadana cálida y festiva.

Fotos: Centro Labor de Pasco